Uno corre el riesgo de
que le llamen pesado por insistir, desde estas páginas, en la necesidad de que
el Gobierno tome ciertas medidas para ayudar a salir de la crisis, pero la
coincidencia en la publicación de algunas noticias no deja otra alternativa. Es
el caso de la propuesta desde aquí formulada de aprobar una Ley sobre
Retribuciones Públicas. Es cierto que una Ley como ésta sólo constituiría una
gota en el inmenso vaso de la crisis y del gasto público, pero sería, sin
ninguna duda, una Ley ejemplarizante y absolutamente solidaria con unos
ciudadanos hartos de recortes y cada vez más distanciados de los únicos
culpables de la situación actual, la clase política española sin distinción de
siglas o colores. Y no hay más que echar un vistazo a la calle estos días para
comprobar ese distanciamiento. Que una gran parte de la sociedad no se movilice
puede que sea porque no se identifique con los convocantes o con los métodos
elegidos para manifestar la repulsa por esta situación, pero el “cabreo” está
ahí.
El pasado mes de agosto,
el Ministro de Economía, el inefable De Guindos, declaraba que existía poco
margen para más recortes. Hoy, hemos desayunado con la noticia de que 3.000.000
de españoles van a perder, por tercer año consecutivo, parte de su poder
adquisitivo porque el Gobierno vuelve a congelar los salarios de los empleados
públicos, espoleando con ello la caída del consumo y generando con ello más
paro y gasto social. Es decir, que lo que se ahorra con la congelación se lo va
a tener que gastar en prestaciones sociales. Es lo que se dice “desnudar a un
santo para vestir a otro”.
Y ayer, sin ir más lejos,
se hicieron públicos los salarios del presidente y del vicepresidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, y que alcanzaron en el
último ejercicio los 149.325 euros al año cada uno, el doble de lo que se le
asigna al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los otros dos consejeros que
tuvieron una remuneración anual completa, Luis Pedroche, destituido como
director de la Agencia Tributaria en 2008, y Ana Isabel Fernández, persona
vinculada al antiguo presidente y al PSOE, se metieron al bolsillo 129.604
euros cada uno. Por su parte, los 21 directivos del regulador que trabajaron
todo el año cobraron una nómina media de 132.300 euros.
La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) es un organismo dependiente de la Secretaría de
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y
Competitividad, fundado en 1988, encargado de la supervisión de los mercados de
valores en España. Es decir, que los jefes de los directivos de este organismo
público son el Ministro de Economía y el Presidente del Gobierno. ¿Tiene alguna
lógica que los empleados ganen el doble que los Jefes? ¿Ocurre algo similar en
el ámbito de la empresa privada? ¿Es lógico o decente que se recorte el sueldo
a un empleado público mileurista mientras que estos “servidores públicos” gozan
de semejantes salarios? Habría quien lo vea bien alegando que desempeñan
puestos de gran responsabilidad. ¡Ya! ¿Y no tiene más responsabilidad el
Presidente del Gobierno? ¿Y un cirujano de la Seguridad Social?
Pues bien, al igual que
estos señores de la CNMV hay en España miles de Directivos con retribuciones
pagadas por los contribuyentes que superan en mucho las del Jefe de todos, las
del Presidente del Gobierno. Esta situación ni es lógica, ni es decente. Aquí
tiene el Sr. De Guindos un excelente margen para recortes, aunque en muchos
casos tenga que recortar a sus amigos.
¿Y cómo puede hacerlo?
Pues aquí tiene una propuesta: aprobando una Ley sobre Retribuciones con origen
en Fondos Públicos. Tendría que ser una Ley de ámbito estatal. Una Ley
aplicable a todas las administraciones públicas, a las empresas públicas y a
las empresas privadas y entidades financieras que se beneficien de cualquier
ayuda pública directa o indirecta sea cual sea su forma. Se trataría de una Ley
que estableciese en los casos citados los límites salariales a percibir bajo
cualquier forma y cuyo tope se estableciese en función de la retribución del
Presidente del Gobierno. Con ella podría impedirse que un Alcalde o un
Presidente de una Comunidad Autónoma cobre más que el Presidente del Gobierno,
se podría impedir que los directivos de entidades financieras que reciben
ayudas públicas, dinero de los contribuyentes, sigan cobrando los sueldos
astronómicos que están percibiendo. Y al que no le interese que se vaya al
sector privado que siempre habrá candidatos a sucederle y seguramente con más
méritos si en lugar de las afinidades políticas o las amistades se usa el
mérito profesional y la capacidad para realizar tales nombramientos. Ya está
bien de exprimir al contribuyente mientras algunos se van de rositas con el
dinero de todos, el que nos detraen de las nóminas y los impuestos. Si no hay
ejemplaridad, habrá que pensar en romper la baraja.
Santiago de Munck Loyola