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viernes, 27 de junio de 2014

El PP de Alicante con “la polla insaciable”.


Bochorno, vergüenza o indignación son seguramente las sensaciones que tendrán muchos ciudadanos al leer estos días las informaciones relativas a las conversaciones que mantenían nuestros representantes políticos alicantinos, todos ellos del Partido Popular, con el empresario Enrique Ortiz, autodenominado en las mismas como “la polla insaciable”. Y a esa sensación se sumará el convencimiento de que los gobernantes de nuestro Ayuntamiento lo han puesto a los pies de los intereses de un particular. Una banda de políticos y empresarios han manejado a esta ciudad, a los colectivos ciudadanos y a su Ayuntamiento a su antojo amañando o apañando desde el Plan general de Ordenación Urbana hasta las contratas de los servicios públicos, logrando incluso que en tiempos de crisis sólo acudiera una empresa a la mayor licitación pública, 420 millones de euros, de la historia de nuestra ciudad. Y ya adivinará el lector a quién le tocó. Los jueces dirán en su momento si en todo ello hay o no delito, pero no hay quien pueda evitar que los ciudadanos digamos que todo lo visto y oído es cutre, repugnante y seudomafioso y que esta banda organizada, amparada en las siglas del PP y protegida por la dirección popular alicantina ha hecho un daño enorme al prestigio de nuestra ciudad y de nuestro Ayuntamiento.

Estamos ante un escándalo de enormes proporciones que refleja claramente la gran extensión de la podredumbre de parte de los actores del sistema político y que de haber sido conocido por la mayoría de los vecinos de Alicante habría supuesto un castigo electoral aún mayor que el recibido por el Partido Popular en las pasadas elecciones. Y los vecinos deben saber que los responsables de esta situación no son sólo los que aparecen en las grabaciones policiales, no, son muchos más y deben ser denunciados públicamente.

Hay que denunciar públicamente a la Alcaldesa Sonia Castedo y a su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi por poner el Ayuntamiento al servicio de los intereses del Sr. Oriz, “la polla insaciable”, y no al servicio de los intereses de los alicantinos que fueron quienes con su voto los encumbraron al sillón municipal.

Hay que denunciar públicamente a los concejales del Partido Popular, y que seún declaraciones del Sr. Barcala estarán con la Alcaldesa hasta el final, que han sido y son cómplices con su silencio y pasividad y que siguen apoyando a una Alcaldesa deslegitimada moral y políticamente, no sólo ya por su imputación en los procedimientos judiciales, sino también por la evidencia de sus  impresentables conversaciones publicadas con el Sr. Ortiz y de cuya veracidad nadie duda: apaños en el PGOU para el Estadio Rico Pérez, para IKEA, abuso sobre el Hércules para intentar colocar al Sr. De Gea y poder descabezar así a los comerciantes, etc.

Hay que denunciar públicamente a la Dirección Provincial del Partido Popular que se ha dedicado a perseguir y a expulsar a los afiliados que denunciábamos esta situación y que promovíamos el concepto para ella maldito, de la regeneración democrática, mientras toleraba y protegía a los responsables de este impresionante escándalo. Hay que denunciar públicamente al Presidente Provincial, José Ciscar, y al Secretario General Provincial, José Juan Zaplana, que desde el primer momento se han alineado con la Alcaldesa y en lugar de pedirle que abandonase el Grupo Municipal Popular al ser imputada, el segundo acudió raudo y veloz a presidir una cena de homenaje a la misma al conocerse su múltiple imputación y que, en vez de aplicar la línea roja de Alberto Fabra en virtud de la cual los imputados no podrían ostentar responsabilidades orgánicas en el PP, decidieron suprimir fraudulentamente el PP de la ciudad, trocearlo en distritos y nombrar a Sonia Castedo, nada menos, coordinadora de los mismos. Han preferido convivir con semejante panorama a correr el más mínimo riesgo ante una eventual pérdida de la Alcaldía. Han sacrificado los principios al materialismo y al más espurio pragmatismo.

Hay que denunciar públicamente a los militantes populares que, conocedores de toda esta situación, han preferido mirar para otro lado o han callado como siempre o han colaborado con su pasividad ante las maniobras de unos indignos dirigentes populares siempre encaminadas a mantener la red clientelar en la ciudad y a asegurarse el control del partido para que nada cambie y sigan ganado los mismos.

Y hay que denunciar públicamente a algunos medios de comunicación que han venido sacrificando la objetividad, imparcialidad e independencia periodística a la connivencia con el poder político y económico de la ciudad.

No nos engañemos, “la política de Sonia Castedo es la política del Partido Popular y por ello no puede ser criticada públicamente por los afiliados del PP”. Eso es lo que literalmente dice el Comité de Derechos y Garantías del PPCV y eso es lo que avala Madrid. Seguramente, en los próximos meses los dirigentes populares intentarán lavarse la cara. Podrán cambiar el nombre y los rostros de los carteles electorales pero eso no significará un cambio de política. La podredumbre actual es fruto del sistema de funcionamiento interno del PP. No se olvide que los alcaldes y concejales del PP en la ciudad de Alicante no fueron designados candidatos por las bases, sino impuestos desde arriba para ajustar los repartos de poder entre los clanes del PP. Y, por ello, los próximos candidatos populares al Ayuntamiento serán fruto también del dedazo, el mejor sistema para propiciar la corrupción.

Por higiene democrática este PP debe irse a su casa. Tras conocer todas las maniobras especulativas que se han llevado a cabo, este PP no está en condiciones de adoptar ni una sola decisión municipal sin que sea sospechosa. Y dado que este PP no tiene la más mínima intención de rectificar, de pedir perdón y de regenerarse es evidente que no debe volver al Ayuntamiento de Alicante en una buena temporada. Pero ello no significa que la solución esté en la izquierda ni que el votante de centroderecha se vaya a quedar huérfano porque hay opciones políticas dispuestas a no renunciar y a defender los principios éticos que el PP de Alicante hace tiempo que abandonó.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 23 de junio de 2014

El PP alicantino ensuciando el prestigio de Alicante.

Durante los últimos días, diversos medios de comunicación están publicando las escuchas policiales o la transcripción de las mismas efectuadas a varios de los implicados en los casos de corrupción que afectan a políticos municipales y a empresarios de la ciudad de Alicante. Los principales protagonistas de estas grabaciones son la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, (Partido Popular) y el empresario Enrique Ortiz. Es sencillamente vergonzoso tanto en el tono como en el contenido lo que se está publicando. El nombre de la ciudad de Alicante y su representación institucional quedan por los suelos. Hoy por hoy, la Alcaldesa está imputada por cuatro graves delitos y salvando su presunción de inocencia lo que sí se puede afirmar con absoluta rotundidad es que su grado de compadreo con el Sr. Ortiz, la sumisión al mismo de la representación municipal y el estilo cutre y tabernario de las conversaciones son inadmisibles e incompatibles con la más alta representación municipal. Ni la ciudad de Alicante, ni los vecinos se merecen tanta y tan cara basura.

Según el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, "la política de la Alcaldesa de Alicante es la política del Partido Popular y por ello no puede ser criticada públicamente por los afiliados del PP". Será por ello que al ser imputada se organizó una cena de homenaje que presidió nada menos que el Secretario General del PP de Alicante José Juan Zaplana, en claro y chulesco desafío a la justicia y a los ciudadanos decentes. Pero es indudable que el Partido Popular de Alicante es cómplice y encubridor de esta situación, al menos por su actitud pasiva y por su acoso a los que pidieron públicamente más honradez expulsándolos finalmente del PP.




Sea o no finalmente culpable o inocente la Alcaldesa, alguien debería pedir perdón a los alicantinos por la deplorable imagen que se está transmitiendo de nuestra ciudad en toda España y por el desprestigio de la institución municipal y de la clase política que han fomentado con estas peculiares formas de entender la gestión municipal.







Santiago de Munck Loyola
http://santiagodemunck.blogspot.com.es

jueves, 19 de junio de 2014

Felipe VI, nuevo Rey de España.


Tras unas semanas de polémicas e intensos debates públicos desencadenados por el anuncio de abdicación del Rey Juan Carlos I, hoy se han cumplido las previsiones constitucionales y D. Felipe de Borbón y Grecia ha prestado juramento ante las Cortes Generales y ha sido proclamado Rey de España. Durante estos últimos días se han cruzado toda clase de argumentos tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación entre los partidarios del cumplimiento de la Constitución y de los favorables a su quebrantamiento para promover un cambio de régimen, entre los defensores de la Monarquía y los republicanos. Hoy, sin embargo, todo ese ruido político ha quedado eclipsado, pese a los intentos de la izquierda radical, por la ceremonia de juramento y proclamación de Felipe VI.

Había mucha expectación entre los comentaristas políticos por el contenido del mensaje que iba a pronunciar en las Cortes el nuevo Rey y es evidente que, a la luz de algunas reacciones, el primer discurso de Felipe VI ha sido, ante todo, impecablemente constitucional. Se equivocan quienes esperaban un discurso cargado de novedades políticas que pudieran suponer un cambio de rumbo en la política española porque el Rey, con la Constitución, en la mano no puede anunciar en público lo que políticamente no le compete. La Constitución define perfectamente cuales son las tareas y el papel que el Rey como Jefe del Estado tiene y Felipe VI, como no podía ser de otra forma, se ha atenido a ello. Las supuestas decepciones que las palabras del nuevo Rey han provocado en algunos periodistas e incluso entre algunos políticos solo denotan su ignorancia sobre el papel constitucional de la Corona y de quien la encarna.

Felipe VI ha iniciado su reinado con un discurso constitucional en el que ha querido transmitir y recordar algunas ideas. De una parte ha hecho algo más que un protocolario agradecimiento y reconocimiento a la labor de su padre, su predecesor en la Corona, de quien ha subrayado que bajo su liderazgo fue posible la construcción de un modelo de convivencia para todos y un largo período de progreso, al ampliar este agradecimiento de forma emocionada al papel jugado por su madre, la Reina Sofía, cuyo prestigio entre los ciudadanos españoles, por cierto, está a la cabeza de la institución monárquica. 

De otra parte, ha recordado el papel que en nuestra Constitución se otorga a la Corona, sus funciones y las ventajas que su independencia partidista puede otorgar a la hora de desempeñar las labores de mediación y arbitraje entre los poderes del estado y las fuerzas parlamentarias. En este campo, además, ha hecho mención al sentido y a la orientación que quiere imprimir al estilo de su reinado apelando acertadamente a la transparencia de la institución y a la ejemplaridad que debe presidir la actuación de la Corona. Ha sido un acierto que hable de ejemplaridad, no sólo como referencia al descrédito generalizado de la política, sino especialmente como contrapunto de algunas actuaciones de su propio padre y de otros miembros de la Familia Real que han provocado la indignación de buena parte de la ciudadanía y una considerable pérdida de apoyo a la Institución. 

El nuevo Rey ha dejado claras dos cosas: que sabe que sin ejemplaridad la Monarquía pierde buena parte de su razón de ser y que sabe que tiene que ganarse día a día el puesto que la sangre y la legitimidad constitucional le han entregado. Felipe VI sabe que a la legitimidad histórica y a la legitimidad constitucional debe sumar la legitimidad de ejercicio. Por último, en su discurso el Rey no ha querido dejar de mencionar los problemas más candentes de nuestra sociedad: el desempleo, especialmente el de los jóvenes, la crisis y sus consecuencias, la necesidad de promover la investigación, el papel de la mujer en nuestra sociedad o las tensiones que sobre la unidad de España estamos viviendo, aunque lo haya hecho de una forma quizás excesivamente velada. Y, en este repaso a la actualidad general, posiblemente ha sido un olvido no mencionar a un importante sector de nuestra sociedad, los nueve millones de jubilados que tras una larga y muchas veces dura vida, están siendo imprescindibles para que muchas familias puedan sobrevivir en esta dura crisis.

Hoy a diferencia de lo que ocurrió hace 39 años no se abre una nueva etapa desde la ilusión y la esperanza colectiva, sino desde la desconfianza y el escepticismo de millones de ciudadanos a los que el sistema ha defraudado profundamente. Ojalá que la sucesión en la Corona sea sinónimo de regeneración de la misma y que su ejemplo sirva de impulso para promover también la regeneración en los demás ámbitos de las instituciones y en el propio sistema político. Ojalá Felipe VI acierte porque el éxito de su reinado supondrá un éxito colectivo.

Santiago de Munck Loyola


martes, 10 de junio de 2014

El lodazal municipal del PP de Alicante.


Que hablen mal de uno aunque sea mal dicen con no poco cinismo algunos políticos que prefieren los titulares al ostracismo de los medios de comunicación aunque, con la que está cayendo, es posible que no sea esa precisamente la preferencia de los dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y, en especial, de PP de la Provincia de Alicante. Y es que 127 cargos públicos del PPCV imputados o procesados por casos de corrupción dan para mucho.

En pocos días se han sucedido noticias relacionadas con las investigaciones judiciales que afectan al PP de Alicante en nuestra ciudad y, en concreto, en nuestro Ayuntamiento. Produce sonrojo y vergüenza que un día sí y otro también el nombre de nuestro Ayuntamiento se vea arrastrado por las salas judiciales como consecuencia de las acciones de unos políticos y las omisiones de otros, más prestos a ser tolerantes y complacientes con los imputados que con quienes exigen honradez y limpieza en la vida pública.

Así, en pocos días hemos sabido que el Vicealcalde de Alicante, Andrés Llorens ha sido procesado por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental por un supuesto caso de obras amañadas y que el fiscal acaba de pedir tres años de prisión por esos hechos. Y como era de esperar, la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal por cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos en el supuesto amaño o apaño, vaya usted a saber, del PGOU de Alicante, se ha apresurado a apoyar en el presente y en futuro al Sr. Llorens en su decisión de no abandonar sus cargos en el consistorio alicantino tras su procesamiento. 

Hay que subrayar que la actitud política de la Alcaldesa apoyando a su Vicealcalde pese a su situación procesal no es ninguna novedad en el PP alicantino ya que ella misma recibió el apoyo del propio secretario general provincial del PP, José Juan Zaplana, que presidió una cena de homenaje a la Alcaldesa cuando se conoció su imputación. Hoy por ti, mañana por mí. Actitud congruente también con la mantenida, por ejemplo, por el concejal popular Luis Barcala quien tras la imputación declaró que los concejales estarían del lado de la Alcaldesa pasase lo que pasase. Es evidente que para el PP de Alicante las líneas rojas de Fabra no existen, aunque ello le esté costando al PP alicantino un auténtico varapalo electoral como el recibido hace pocos días.

Y, por si fuera poco lo anterior, hoy un medio de comunicación ha publicado que “La Policía detecta una red para amañar contratos en Alicante” y ha hecho públicos extractos de los “pinchazos” telefónicos del caso que investiga sobornos en el Plan E. Nótese que cuando se habla de una red para amañar contratos en Alicante se está haciendo referencia, desgraciadamente, al Ayuntamiento de Alicante. ¿En qué han convertido estos “señores” nuestra Casa Consitorial? El informe de la Policía relata cómo se adjudicaban obras sin concurso y cómo se inflaba su precio. 

Según este informe los contratos se adjudicaban después de haberse empezado a ejecutar, los precios que se incrementaban arbitrariamente por los técnicos y se fraccionaban los contratos para no superar el límite legal de 18.000 euros y poder concederlos así a dedo. Todo ello forma parte de un sumario que investiga una presunta trama de sobornos en Alicante para amañar contratos millonarios, entre ellos tres del Plan E. Y en las conversaciones grabadas, además de algún técnico, aparece también el Vicealcalde de Alicante.

Y para completar las noticias sobre el panorama judicial que salpica a nuestro Ayuntamiento, los medios también se han hecho eco de la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad declarándose  incompetente para continuar con la causa abierta contra el ex alcalde de Alicante y ex diputado autonómico Luis Díaz Alperi por presuntos delitos fiscales, al no ser ya aforado, e inhibiéndose en favor de los juzgados de Alicante.

Se trata de un panorama desolador de nuestro Ayuntamiento que dura ya demasiado tiempo. La desesperante lentitud de la Justicia es inaceptable porque el daño a la imagen de las instituciones de nuestra ciudad es enorme. Es inaceptable porque, además, en el caso de que los acusados resultasen finalmente inocentes se les ha habría sometido a una larga presión injusta. Y es inaceptable porque, finalmente, si resultasen culpables habrían seguido manejando la administración demasiado tiempo. Pero aún aceptando que la Justicia en España tiene sus tiempos y que los implicados han podido contribuir intencionadamente a la prolongación de las causas, lo cierto es que el daño a la imagen de nuestro Ayuntamiento y a la de la clase política, en general, está hecho. Alicante no se merece tanto paseíllo judicial. Alicante se merece un Ayuntamiento transparente y libre de sospechas, un Ayuntamiento digno de confianza y unos regidores dispuestos a sacrificar sus intereses personales por los de la ciudad. Tan es así que los electores se han dado cuenta de ello y ya han dado un serio aviso al principal responsable de esta situación, al Partido Popular de Alicante, que ha sido castigado el pasado 25 de mayo con más fuerza que el resto del PPCV al bajar un 4 % más que la media.

La Asociación Esperanza Popular de Alicante, desde su nacimiento, ha venido denunciando esta penosa situación y ha reivindicado la necesidad de una profunda regeneración política que se traduce en más transparencia, más ejemplaridad, más honradez y más eficacia en la gestión pública. Y pronto dará un paso más pasando de la denuncia y la reivindicación a las propuestas concretas y a las alternativas, porque ni la Provincia de Alicante, ni la ciudad de Alicante, ni quienes han visto defraudado su voto se merecen este lodazal.


Santiago de Munck Loyola

miércoles, 4 de junio de 2014

Alicante languidece y nuestros ediles en Babia.


Un somero repaso por la actividad de los Plenos de miles de Ayuntamientos permite constatar en los mismos la presencia de una multitud de estadistas frustrados disfrazados de humildes concejales al servicio de sus vecinos. En los salones de Plenos de muchísimos Ayuntamientos resuenan grandilocuentes discursos de concejales metidos a estadistas para defender mociones y propuestas sobre asuntos de Estado que escapan a las competencias de los Ayuntamientos y cuyas resoluciones carecen de la más mínima efectividad legal. Parece que vale todo y hay grupos municipales que no tienen rubor alguno en embarcar a sus consistorios en debates sobre la OTAN, sobre la Guerra de Irak, sobre la República o sobre el sexo de los ángeles si es menester y si ello contribuye a la consecución de sus fines partidistas por encima, si hace falta, del interés de sus representados y de la propia institución municipal. Y en esta estrategia, que bien podría ser calificada de filibustera, la izquierda española es especialista. Cuando la izquierda no gobierna en el Estado o en una comunidad autónoma concreta los Ayuntamientos son usados como caja de resonancia de sus propuestas: lo que no han conseguido en las urnas lo agitan en los plenos municipales para provocar el desgaste político del adversario aún sabiendo que los Ayuntamientos carecen de competencias legales sobre la mayor parte de los asuntos que en esas mociones son llevados a debate.

Y, si no lo saben, deberían saberlo. Sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Alicante, los concejales Pavón y Simón de Izquierda Unida han solicitado un Pleno extraordinario para tratar un asunto que, al parecer, es muy urgente: un hipotético referéndum sobre la monarquía o república, saltándose por supuesto las previsiones de reforma de la Carta Magna. D. Miguel Ángel Pavón y D. Daniel Simón piden que ese pleno se celebre cuanto antes ante la urgencia con la que el Gobierno de España quiere tramitar la ley orgánica que daría amparo legal a la abdicación de Juan Carlos I y a su sucesión por Felipe VI. Y como no quieren quedarse atrás en esta carrera de despropósitos, los concejales del Grupo socialista del Ayuntamiento alicantino también llevarán al Pleno una propuesta de reforma de la Constitución que abarque el modelo de Estado y, además, demandas sociales y económicas, de garantías jurídicas y de derechos ciudadanos. No parece que se trate de un asunto de simple ignorancia política, de desconocimiento de las competencias de un Ayuntamiento, no, porque tratándose de un Ayuntamiento como el de Alicante que cuenta con 55 asesores para 29 concejales, parece que los ediles están suficientemente asesorados e informados sobre su misión y sobre el contenido y alcance del trabajo por el que cobran. Parece más bien que a nuestros ediles les importa un pito las competencias municipales atribuidas a los Ayuntamientos por nuestras leyes y que anteponen sus intereses partidistas, sus soflamas ideológicas, al interés y a las necesidades de los vecinos de Alicante que les pagamos el sueldo con nuestros impuestos.

Argumentarán en su favor que el Pleno debe debatir y reflejar el sentir de la calles y que su libertad de opinión prevalece ante cualquier otra consideración. Lo de siempre. Pero lo cierto es que un Ayuntamiento y sus concejales están para lo que dice la Ley y para satisfacer las necesidades de los vecinos desde las competencias municipales. Y para otras materias que no son de competencia municipal los contribuyentes ya costeamos un parlamento regional y otro nacional. Utilizar los medios municipales y el dinero de los contribuyentes para otros fines que no sean los expresamente señalados por la Ley se llama malversar fondos públicos.

Elegimos a los concejales y les pagamos para que se ocupen de nuestra ciudad y falta le hace, por cierto. Nuestros concejales están unos para gobernar y otros para controlar la acción de gobierno y proponer alternativas de gobierno municipal. Falta hace que alguien se ocupe en serio de acabar con la sensación de podredumbre que parece haber invadido la gestión municipal. Falta hace que se denuncie el abandono que se detecta en muchos de nuestros barrios y nuestras calles, que se acaben infraestructuras aletargadas desde hace años y que se planifiquen las imprescindibles para maximizar la posición estratégica de nuestra ciudad. Falta hace que se potencie nuestro comercio, nuestro turismo, nuestras actividades empresariales. Falta hace que se acabe con la espiral inflacionista de los tributos municipales y que se acabe con la falta de transparencia y las irregularidades en las contrataciones municipales. La lista de las tareas a realizar por nuestros concejales es inmensa y es para esas tareas exclusivamente municipales para las que los contribuyentes alicantinos les pagamos. No para otras. Y mientras algunos no cambien el paso será imposible que nuestra ciudad recupere el peso y el brillo que algunos incompetentes le han robado.

Santiago de Munck Loyola

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martes, 3 de junio de 2014

2 de junio de 2014, un día para la historia.


El pasado dos de junio pasará, sin lugar a dudas, como una fecha señalada en los libros de historia por el anuncio oficial de la abdicación del Rey, Juan Carlos I. Un anuncio que nos ha cogido por sorpresa a los ciudadanos españoles enfrascados muchos aún en los análisis y los debates sobre las recientes elecciones europeas y sus consecuencias y desplazando, afortunadamente, de los titulares de los medios de comunicación al líder de “Podemos” cuya saturada presencia mediática empezaba a aburrir hasta a las ovejas.

El anuncio de la abdicación del Rey supone el cierre de una larga e importante etapa de nuestra historia y el inicio de otra nueva llena de incertidumbres. Es muy pronto para realizar un análisis y un balance objetivo del reinado de Juan Carlos I. Será el paso del tiempo el que permita en el futuro tener una mejor perspectiva de estos 39 años de reinado. Pero sí podemos, aunque sea con toda la subjetividad del mundo, plasmar cada cual nuestras opiniones y sensaciones sobre una etapa histórica que es la nuestra y sobre quienes han ostentado las máximas responsabilidades institucionales durante la misma.

A pesar de las explicaciones oficiosas y de los razonables argumentos que muchos comentaristas han expuesto para justificar las razones y el momento elegido para esta abdicación, da la sensación de que algo se oculta, de que algo no se nos cuenta o de que no se dice toda la verdad. ¿Razones exclusivamente políticas? ¿Personales? ¿De salud? ¿La solidez de la Institución monárquica?… No parece que el momento elegido sea, a primera vista, el más oportuno sobre todo desde la perspectiva del interés nacional, que no tiene por qué ser coincidente con el de la Institución Monárquica, ante el desafío de los separatistas que requiere, entre otras cosas, la presencia de un Jefe del Estado firme, pero dialogante, experimentado y moderador.

Como era de esperar la izquierda más radical ha aprovechado este anuncio para iniciar movilizaciones callejeras reivindicando la tercera república y la convocatoria de un referéndum para ello. Una vez más se hace gala de un absoluto desprecio de la legalidad constitucional, de las reglas de juego, que establecen un claro cauce para canalizar esa legítima aspiración. Si se quiere instaurar una república en España hay que hacerlo a través de los mecanismos que la propia Constitución establece y hacerlo, por tanto, a través de una iniciativa en las Cortes, en la sede de la soberanía nacional, y no en la calle ni en los Ayuntamientos. El continuo desprecio que algunos vienen haciendo gala de la Constitución, que es la garante de nuestros derechos y libertades, es una clara expresión y anticipo del riesgo que en sus manos correrían esas mismas libertades públicas. Y hay que subrayar que no promueven la instauración de una república de y para todos, con ha sido y es la actual Monarquía Parlamentaria, sino de una república de izquierdas sectaria y excluyente tal y como lo simbolizan con el uso de la bandera del régimen del año 31. No quieren promover un nuevo proyecto político republicano, sino hacer un paréntesis de 75 años y retrotraernos al pasado republicano lo que, sin duda, espanta a muchos republicanos que encuentran en la Monarquía Parlamentaria un espacio de libertades y convivencia de una calidad y amplitud democrática mucho más amplia que la propuesta por esta izquierda republicana. Y es obvio que la democracia está por encima de la forma de la jefatura del estado.

El Rey deja la corona en el momento de más baja popularidad de la Institución. La memoria colectiva es frágil y en el ánimo ciudadano pesan más los recientes escándalos protagonizados por el propio Monarca y algunos de sus familiares que los años de dedicación, de trabajo eficaz y de arbitraje constitucional. Hoy, para muchos, la Monarquía solo puede tener sentido si es ejemplar porque solo desde la ejemplaridad puede desempeñar, sin la legitimidad periódica de las urnas, las tareas de representación y de arbitraje que la Constitución establece. Y es evidente que muchas informaciones de los últimos tiempos no evidencian esa ejemplaridad en la conducta del propio Monarca que ha incurrido en el tremendo error de mezclar su vida íntima con la pública.

Hoy no parece el momento más adecuado para plantearse si queremos Monarquía o una República. Los ciudadanos tenemos problemas muchos más graves y acuciantes que deben ser atendidos por nuestros representantes políticos y sería una frivolidad y una irresponsabilidad absoluta de la clase política que pasaran a segundo plano. La actual Monarquía Parlamentaria ofrece un espacio de libertades democráticas idóneo para ofrecer entre todos soluciones a los graves problemas que nos aquejan, un espacio que lamentablemente no se vislumbra por ninguna parte en la propuesta tricolor y excluyente de algunos.

Santiago de Munck Loyola