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martes, 28 de mayo de 2013

Aznar y los votantes populares.


La entrevista que la semana pasada concedió José María Aznar a Antena 3 ha levantado muchas ampollas y ha obligado a muchos a “retratarse”. La irrupción de Aznar en el debate público no ha sido, pese a lo que muchos opinan, una novedad. El ex Presidente del Gobierno y Presidente de Honor del Partido Popular ha entrado en escena en muchas ocasiones a lo largo de los últimos diez años en el debate político y en la vida interna del Partido Popular. La novedad ha estado principalmente en el contendido de su intervención que no ha agradado lo más mínimo ni a la izquierda recalcitrante, obsesionada de forma enfermiza y patológica con José María Aznar, ni al Gobierno y miembros de la estructura burocrática del Partido Popular. ¡Curiosa coincidencia!

Al margen de los “dimes y diretes” o de las variopintas interpretaciones sobre los motivos de esta entrevista, llama mucho la atención algunos mensajes lanzados por Aznar así como la reacción de algunos “líderes” del PP. La verdad es que hablar de “líderes” en el caso de algunos dirigentes populares resulta irrisorio. Gente que debe su puesto al “dedazo” superior, a sus cualidades personales genuflexas y a su sumisión absoluta, incapaces de ganarse el puesto en una competición en las urnas podrá ser todo lo dirigentes que quieran, pero calificarles de “líderes”, en el amplio sentido de la palabra, resulta francamente ridículo. Pero, en fin, hecho este paréntesis, lo cierto es que algunos de estos presuntos líderes han hecho públicas sus sesudas reflexiones sobre la intervención de Aznar concluyendo, y lo que es peor, manifestando públicamente que el Sr. Aznar “tiene a los votantes, pero no tiene al partido”. ¿Se puede ser más memo políticamente hablando? ¿No se percatan de que reconocer que Aznar tiene a los votantes y no al partido significa que el partido ha abandonado a los votantes? Es más ¿qué es un partido sin votantes?

Aznar dijo muchas cosas con las que se identifican muchísimos militantes y votantes del Partido Popular. Eso es una evidencia que sólo pueden negar quienes permanecen aislados de la realidad social y de las bases del Partido Popular. Es probable que los cargos políticos institucionales, los que deben su puesto a la superioridad y no a las bases, crean que Aznar está equivocado o que compartiendo sus opiniones hagan gala de la tradicional cobardía que asegura su supervivencia política y por eso se nieguen a admitirlo, pero cualquiera que se moleste en hablar con los militantes y con muchos cargos públicos en privado escucharán siempre lo mismo: “no es esto, no es esto”.

Los políticos valen lo que vale su palabra. Los programas no están para incumplirlos, como decía el viejo profesor. Muchos, sobre todo los llamados de la vieja guardia, hemos aprendido y asimilado que un programa es un compromiso con el elector, un auténtico contrato por el que los políticos ofrecen propuestas a los votantes a cambio de su voto. Incumplido el programa, se rompe el contrato y quiebra la legitimidad del gobernante. Y cuando se obtiene una mayoría electoral tan importante como la que recibió el Partido Popular hace un año y medio es porque se recibe un mandato claro y expreso para aplicar un programa determinado con todas sus consecuencias, sin dilaciones y sin excusas. No es tan difícil entender, como tampoco es tan difícil explicar desde el primer día las dificultades que puedan ir apareciendo y que no estaban previstas.

Las declaraciones de Aznar han sido, a muy juicio, muy oportunas porque, además, han reflejado el sentir de muchos votantes y militantes populares profundamente desorientados. Se podrá estar o no en desacuerdo con los planteamientos concretos que se deslizaron en esa entrevista pero es indudable, para muchos, que España necesita un liderazgo más sólido, un proyecto claro que desde el cumplimiento del mandato de los votantes responda a los graves desafíos plateados tanto en el campo económico, como el social, el político y el institucional. Decir las cosas claras, abrir el debate sobre las políticas emprendidas o sobre su ritmo, recordar la responsabilidad del Partido Popular con sus votantes o impulsar reflexiones sobre las respuestas que hay que articular ante los grandes desafíos de España no puede, ni debe ser interpretado de forma beligerante, sino que debería llamar sobre todo a la reflexión y al cambio de rumbo y más en el caso de esos “líderes” que reconocen que se han quedado con las siglas pero no con el programa, con los principios o con los votantes, únicos destinatarios de la acción política de un partido político.

Santiago de Munck Loyola


martes, 15 de enero de 2013

¡Bien por Esperanza!



Escuchando hoy a algunos comentaristas políticos, presuntamente progresistas, se deduce que según ellos para dedicarse a la política hay que ser funcionario o millonario. Muchos de ellos andan aún rasgándose las vestiduras porque Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, ha abandonado su puesto de funcionaria al que se había reincorporado tras su dimisión como Presidenta Regional para empezar a trabajar en una empresa privada, Seeliger y Conde. Y parece ser que a estos señores les parece muy mal que Esperanza Aguirre trabaje para una empresa privada que, por cierto, no está en absoluto relacionada con las administraciones públicas, mientras conserva su puesto de Presidenta del partido Popular de Madrid, un puesto de carácter interno. Y ¿por qué? Pues sinceramente se mire por donde se mire no parece haber ninguna razón que justifique este rechazo, no hay ni incompatibilidad legal ni ética, para ello y tan sólo se puede intuir con el fondo lo que subyace es una inquina y una fobia política tan furibunda como rancia. De este rechazo y condena habría que entender que sólo se puede ocupar un puesto de responsabilidad en una organización política si uno tiene aseguradas las lentejas o porque es rico y no necesita trabajar o porque su sustento está garantizado por un salario público. Increíble, pero cierto.

Y lo que más llama la atención de estos adalides de la moralidad progresista es su sepulcral silencio en torno a la tradicional práctica de nuestros políticos cesantes de situarse en consejos de administración de empresas privadas o públicas o en instituciones inoperantes como el Consejo de Estado para llevárselo “calentito”. A estos señores, visto su silencio, les debe parecer de perlas como muchos de nuestros políticos cesantes cobren astronómicas cuantías por sentarse en Consejos de Administración de empresas cuyos ingresos y desarrollo ha dependido en buena medida de las decisiones políticas que ellos adoptaban cuando ejercían el poder. Ahí no ven reparo, ni incompatibilidad ética o legal ninguna. Si Esperanza Aguirre hubiese querido ocupar el puesto que le correspondía en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid como ex presidenta regional, como Joaquín Leguina, y percibiese por tanto unos buenos ingresos por ello ¿les parecería bien a estos críticos? Pues no, Esperanza, no lo ha hecho ahorrando con ello unos cuantos millones a los contribuyentes.

Otros políticos optaron por caminos muy distintos, muchos de ellos han recalado en el Consejo de Estado, por ejemplo, y otros han terminado en Consejos de Administración de empresas que en su día fueron afectadas por sus decisiones políticas. Ahí tenemos el caso de Felipe González presente en los consejos de administración de las 35 mayores empresas españolas. José María Aznar fue contratado por Endesa (en su caso en calidad de asesor externo). 

Hay más de una decena de ex ministros que ocupan buenos sillones directivos: Marcelino Oreja  en FCC, Luis Carlos Croissier  en Repsol, Javier Gómez Navarro  en Técnicas Reunidas, Miguel Boyer y Ángeles Amador  en Red Eléctrica, Ángel Acebes  en Iberdrola, José Borrell en Abengoa etc. Y cualquiera puede preguntarse ¿por qué están en estas empresas? ¿Cómo pago de favores recibidos? ¿Por agradecimiento? ¿Para utilizar sus influencias ante las administraciones públicas? ¿O por sus excelentes y hasta hace poco desconocidas cualidades profesionales y empresariales?

No es creíble este doble discurso: el silencio ante estos casos y el grito en el cielo por la decisión de Esperanza Aguirre. Como en tantas ocasiones, se ha abierto una falsa polémica con poca base y más bien sustentada en fobias ideológicas que en argumentos sólidos e inteligentes. Bien por Esperanza. Ha tomado una sabia decisión, buena para ella y buena para los contribuyentes. Y ojala cunda su ejemplo.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 9 de mayo de 2011

EL PARTIDO POPULAR ADEMÁS DE CORNUDO, APALEADO.

La decisión del Tribunal Constitucional de revocar la sentencia del Tribunal Supremo por la que se impedía a Bildu (la nueva marca electoral de ETA) participar en las elecciones ha constituido un auténtico mazazo para quienes se oponen rotundamente a ceder un milímetro ante la banda terrorista.

El Tribunal Constitucional ha terminado por perder cualquier atisbo de credibilidad como institución encargada de garantizar la supremacía de la Constitución española. Su composición, establecida mediante reparto entre los dos grandes partidos, obedece a la lógica partidista más que a una estructura democrática de la justicia, es decir, a una decisión democrática de los componentes del poder judicial. Su funcionamiento obedece igualmente a razones de oportunidad política más que a una estricta aplicación de criterios y valoraciones de índole jurídica, habiéndose finalmente convertido en una cuarta instancia del poder judicial que no guarda relación con los principios de profesionalidad imperantes en la totalidad de los órganos jurisdiccionales.

Su decisión de primar el derecho de los terroristas y de sus amigos a presentarse a unas elecciones municipales sobre el derecho de los ciudadanos a la vida y a su integridad física y moral supone, sin ninguna duda, poner en peligro a miles de potenciales objetivos de la banda asesina ETA.

La pasividad del Partido Popular, cómplice del anormal funcionamiento de esta Institución, ante esta repugnante sentencia no puede ser dejada pasar por alto. Las encomiables palabras al respecto del ex Presidente Aznar o de Esperanza Aguirre no son suficientes. Hace falta una actuación concreta y contundente de la dirección nacional del Partido Popular para responder a esta infamia y dar así satisfacción a los demócratas y a las víctimas.

Porque no se ha tratado de una decisión jurídica e independiente de un Tribunal, no. Se ha tratado de una decisión política adoptada exclusivamente por los magistrados nombrados por el PSOE. Es evidente que cuando el Sr. Zapatero pedía hace unos días al Sr. Urkullu tranquilidad hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciase es porque ya estaban dictadas las instrucciones pertinentes a los dóciles magistrados socialistas. Y el que quiera pensar o decir otra cosa que lo haga, pero a nadie va a engañar. El guión pactado con ETA se ha cumplido.

El Partido Popular debe mover ficha y debería romper el pacto que en el País Vasco mantiene con quienes deseaban y han apoyado e impulsado esta decisión, los socialistas. Ya que era tan aficionado el Sr. Basagoiti a las metáforas matrimoniales cuando negociaba con los socialistas debería recordar el dicho “además de cornudos apaleados”. Y eso es exactamente como está quedando el Partido Popular. Mantener un pacto portando semejantes “cuernos” sería una indignidad política igual o mayor que la de apoyar esta sentencia.

Santiago de Munck Loyola


martes, 5 de abril de 2011

LA MARCHA DEL PRÓDIGO ZAPATERO.

El anuncio de Zapatero sobre su renuncia a presentarse a un tercer mandato ha abierto un sinfín de comentarios en todos los medios de comunicación. Hay quien ha centrado sus observaciones sobre la carrera a la sucesión que se ha abierto dentro del PSOE y que culminará con las primarias a celebrar tras los comicios locales y autonómicos del 22 de mayo. Es cierto que la consigna socialista, respetada hasta hoy por sus dirigentes, es que “no toca” hablar de la sucesión pero esta consigna no ha hecho más que acentuar las miradas de los observadores y analistas políticos para descubrir alguna pista interesante detrás de cada gesto, por insignificante que pueda parecer.

Hay quien, por su parte, ha encendido el incensario y lo balancea con devoción ante la imagen del Presidente en vías de extinción. Todo alabanzas, todo elogios hacia el Presidente como si el anuncio efectuado obedeciera a una convicción profunda del personaje y no a una imposición de los barones del partido y del ambiente general.

Éste es el segundo caso de un Presidente del Gobierno que renuncia a un tercer mandato. El primero fue Aznar pero las diferencias entre ambos son más que notables.

Aznar, siendo sólo candidato, anunció que en el caso de ser Presidente nunca permanecería en el cargo más de dos legislaturas. Y así lo hizo. Cumplió su palabra y le sucedió en la candidatura a la Presidencia, Mariano Rajoy.

Rodríguez Zapatero nunca realizó un anuncio previo similar. Hasta el último momento ha mantenido abierta la posibilidad de presentarse a un tercer mandato y ha renunciado a ello cuando ha constatado que no existía ningún elemento favorable para conseguirlo.

Y el balance que dejan también es muy distinto. Una España situada en la primera línea de la política internacional en 2004, con un peso en la Unión Europea, conseguido en Niza, como nunca había tenido y que fue desdeñado por su sucesor relegándola al papel de simple comparsa del eje franco – alemán. Unas cuentas públicas saneadas en 2004 frente a la amenaza constante de quiebra económica de su sucesor. Un elevado ritmo de creación de empleo y unas bajas tasas de paro frente a los casi cinco millones de desempleados de Zapatero. Una banda terrorista en proceso de asfixia frente a las esperanzas de los terroristas de volver a las instituciones municipales. Una España cohesionada y solidaria frente al disparate de Estatutos rupturistas.

Se mire por donde se mire, Zapatero deja una España en condiciones mucho peores que las que se encontró. Dilapidó la herencia recibida sin agradecimiento alguno, cegado por el rencor y el sectarismo más radical de los últimos 35 años. Y ahora anuncia su marcha porque no le queda más remedio. Ni los suyos le quieren.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 12 de enero de 2011

AZNAR Y GONZÁLEZ: IMAGEN DE UNA MISMA CLASE POLÍTICA.


Hace pocas horas ha sido noticia el “fichaje” de José María Aznar como asesor de la compañía eléctrica Endesa por 200.000.- € brutos anuales. Se trata de una nueva actividad del ex Presidente del Gobierno que se viene a añadir a otras actividades privadas que viene desempeñando desde que abandonó el poder en 2004. Hace menos de un mes, otro ex Presidente, Felipe González, era noticia por haber “fichado” por la empresa energética Gas Natural Fenosa, como consejero independiente de la sociedad, percibiendo por ello 126.500 euros brutos anuales. Se trata también de una nueva actividad privada a añadir a otras que viene desempeñando.
Es público que ambos ex Presidentes perciben, gracias a estas actividades privadas, sustanciosos ingresos económicos. Puede ser discutible la conveniencia e idoneidad de algunas de estas actividades, pero desde el punto de vista legal no hay nada reprochable en ellas.

Pero ambos ex Presidentes, al margen de los enormes ingresos económicos generados en sus actividades privadas disfrutan de sendas pensiones vitalicias pagadas por todos los contribuyentes. En el caso de Felipe González su pensión vitalicia es de 90.000 euros brutos anuales. En el caso de José maría Aznar su pensión vitalicia es de 60.000 euros brutos anuales. Ambos tienen secretaria, asistente y escolta personal con cargo a los presupuestos generales del Estado.

También gozan de pensiones vitalicias algunos ex Presidentes autonómicos con cantidades que varían entre los 40.000 y los 90.000 euros brutos anuales.

Cuando estas pensiones vitalicias se perciben en un régimen de absoluta compatibilidad con otros ingresos provenientes del ámbito privado, no queda más remedio que plantearse qué finalidad tienen estas pensiones vitalicias y, sobre todo, qué compatibilidad ética y moral con el conjunto de un sistema de pensiones públicas como el que tenemos.

Es evidente que cuanto más alto sea el puesto desempeñado por un político más fácil es su reincorporación al mercado laboral. Los contactos y la agenda generada en los años de poder abren muchas puertas cerradas para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por tanto, terminada la etapa de gobierno, la concesión de una pensión vitalicia sólo puede ser entendida como una salida para evitar que se inicie una andadura profesional al amparo de las relaciones generadas en los años de gobierno, objetivo, por lo demás, de carácter más que saludable para la higiene democrática. Pero, si no existe incompatibilidad legal alguna entre la percepción de una pensión vitalicia y el ejercicio de actividades profesionales privadas entonces no hay razón alguna que justifique su existencia.

En cuanto al encaje moral y ético de este tipo de pensiones en el sistema público de pensiones no puede haber duda alguna: no existe. Basta para ello comprobar el panorama existente en el país para sostener esta afirmación. El sistema que soporta estas millonarias pensiones vitalicias es el mismo sistema que abona a los ciudadanos pensionistas una media de 874,97 euros al mes, cifra de enero de 2010. Es el mismo sistema que paga una pensión mínima de 587,80 euros al mes y máxima de 2.466 euros al mes. Es el sistema que abona 587,80 euros al mes a las viudas mayores de 65 años. Es el sistema de previsión pública que sólo puede abonar a los pensionistas del SOVI por vejez, invalidez o viudedad 375,70 euros mensuales.

Es el sistema de previsión de un país en el que el 20,8% de la población está por debajo del umbral de pobreza relativa, cifra que en 2009 se situaba en el 19,5%; de un país en el que tres de cada 10 hogares manifiestan llegar a fin de mes “con dificultad” o “mucha dificultad”, según los datos resultantes de la publicación provisional de la ECV del INE que ofrece información sobre los ingresos medios de los hogares durante el año 2009.

Estas son algunas de las cifras reales que describen el panorama, el estado de una sociedad que, curiosamente, sí tiene recursos para pagar pensiones vitalicias millonarias.

Parece que en estas cuestiones no hay color político, pero sí una clase política que comparte privilegios al margen del estado de la nación. Habrá quien argumente que esto es demagogia y que suprimiendo los privilegios de la clase política no se resuelven los problemas sociales de los ciudadanos. Y puede que sea cierto. Pero es evidente que desde una perspectiva ética y moral, la clase política no puede servirse de los ciudadanos, ni acogerse de forma permanente a privilegios fiscales, económicos y sociales que la aleja de la vida real que sus representados viven. O la clase política empieza a dar ejemplo o habrá que reemplazarla.

Es posible que en un futuro no muy lejano Iberdrola cuente con Zapatero como asesor. Será una excelente señal.


Santiago de Munck Loyola

viernes, 5 de noviembre de 2010

DEL DICHO AL HECHO.

La necesidad de proyectar una determinada imagen y unos valores concretos hace que muchos políticos terminen por decir y enunciar cosas en las que realmente no creen o que, ni siquiera, han formado parte de su bagaje intelectual o de sus reflexiones y compromisos personales. Tal es así que leen discursos grandilocuentes, evidentemente redactados por terceros, cargados de nobles ideas y buenos propósitos, pero que realmente no se corresponden con sus convicciones íntimas. Hay que suponer que es así, que no son plenamente conscientes del alcance de sus palabras y que, por tanto, es normal que su acción política no se corresponda con sus palabras e ideas. Porque, de lo contrario, lo que hay que suponer es que son unos auténticos cínicos y que no les importa usar la mentira como instrumento permanente de comunicación.

La decisión del PSOE de vetar las enmiendas de la Oposición en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 para impedir que en el Parlamento se pueda hablar de la congelación de las pensiones constituye una buena prueba de ello. Este veto socialista, escudándose en una interpretación restrictiva y posiblemente fraudulenta del Reglamento del Congreso, tiene por finalidad que ni tan siquiera se pueda discutir o hablar sobre la citada congelación de las pensiones. No se trata ya de que se rechacen las enmiendas destinadas a impedir la congelación, sino de impedir lo más elemental: que se pueda hablar de ello. Si el Congreso de los Diputados, si el Parlamento donde reside la soberanía nacional no es el lugar adecuado para que se discuta sobre ello algo muy profundo quiebra en el sistema democrático.

Hay que recordar lo que José Luis Rodríguez Zapatero manifestó en su discurso de investidura el jueves, 15 de abril de 2004, en el Congreso de los Diputados:

“Estoy decidido a propiciar que las Cámaras puedan ejercer efectiva y eficazmente su misión fundamental de controlar al Gobierno. Es una cuestión de racionalidad política: en esta Cámara reside la soberanía nacional. Es una cuestión de pedagogía política: un Parlamento anquilosado, prisionero del Gobierno, pierde su condición de referente político para el ciudadano. Es una cuestión de valores políticos: aquí es donde debe concretarse el diálogo y la transacción en una sociedad plural.”

¡Qué abismo entre estas palabras y la decisión de vetar las enmiendas de la Oposición! O simplemente mentía entonces o nunca se enteró de lo que leía. Y, en todo caso, es evidente que el deseo de revitalizar la acción parlamentaria nunca formó parte de su acervo democrático. Felipe González usó sólo una vez el veto. José María Aznar ninguna. Y Zapatero lo ha usado ya 60 veces. Las cifras hablan por sí solas de las convicciones democráticas del Presidente y, sobre todo, de su capacidad de mentir a la sociedad española.

Cada día es mayor la distancia y más acusado el contraste entre sus palabras y sus hechos. Tanto discurso escrito por terceros, tantos cientos de asesores en la Moncloa sólo consiguen evidenciar la profunda vaciedad intelectual del personaje.

Santiago de Munck Loyola