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domingo, 27 de mayo de 2012

El PSOE contra la Iglesia Católica.

Hoy, todos los medios de comunicación se hacen eco de la ofensiva anticlerical del PSOE emprendida bajo la excusa de que la Iglesia debe pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La dirección socialista ha cursado las instrucciones precisas para que sus grupos municipales debatan en los Plenos una moción tipo exigiendo dicho pago. D. Gaspar Zarrías, ese pulpo tramposo a la hora de votar, ha sido el encargado de remitir a sus grupos municipales esa moción tipo. Se trata de una antigua técnica socialista: usar los Plenos municipales como caja de resonancia de asuntos cuya resolución no corresponde a los Ayuntamientos, sino a instancias superiores. Saben de sobra que los Plenos municipales no pueden modificar la Ley de Haciendas Locales, ni la Ley de Bases del Régimen Local, ni la Ley del Mecenazgo y Fundaciones, ni los Acuerdos con la Santa Sede, requisitos previos e indispensables para que pueda prosperar esta propuesta, pero a la dirección socialista eso no le importa. Su intención evidentemente es volver a convertir los Plenos de los Ayuntamientos en caja de resonancia de sus iniciativas, en provocar debates que fracturan y enfrentan a los vecinos sin que de ello pueda derivarse la efectividad de sus propuestas. Esta técnica de usar los Plenos municipales ya la desarrollaron en tiempos de los gobiernos de Aznar. Cada vez que una mujer era asesinada presentaban mociones a los Plenos culpando al Gobierno de España y criminalizándolo por desarrollar unas políticas cuyos frutos, según ellos, eran esas muertes. Parecía que era Aznar el asesino. Se trataba de una miserable utilización de las víctimas de la violencia machista como se puso en evidencia con el hecho de que durante los Gobiernos de Zapatero no se repitieran mociones similares, a pesar de los cientos de mujeres asesinadas en este período.

Se plantean muchos interrogantes sobre las razones y la oportunidad de esta iniciativa socialista. La primera es ¿por qué no lo han regulado los socialistas durante sus casi ocho años de gobierno? ¿No ha tenido tiempo el PSOE para hacerlo bajo los mandatos del Sr. Zapatero? Y no será porque el PSOE no tuvo tiempo, ni porque el PSOE no abordase la cuestión de la financiación de la Iglesia ante otras prioridades, porque sí lo hizo. Es más, la regulación actual es la que la Vicepresidenta Fernández de la Vega negoció y acordó con la jerarquía eclesiástica. Por tanto ¿a qué viene ahora esta campaña? Todo parece indicar que se trata de poner en apuros al Gobierno al introducir en la agenda política un asunto que distraiga la atención sobre la grave situación económica que han legado y que, a pesar de que apesta a rancio anticlericalismo, debe ser considerado electoralmente rentable por los estrategas electorales socialistas. Claro que en esta ceremonia de la confusión, no han faltado a la cita algunos alcaldes del PP bastante indocumentados como D. Bartolomé González de Alcalá de Henares.

Sin ir más lejos, hoy el secretario de Organización del PSOE, D. Óscar López, ese brillante candidato que un mitin no recordaba que tres razones iba a esgrimir para votar al PSOE, ha pedido a la Iglesia que "haga un esfuerzo" como "hace todo el mundo en épocas" de crisis como ésta y que pague el IBI. La duda es ¿por qué mencionan sólo a la Iglesia? ¿Por qué se centran en la Iglesia cuando no se trata de la más beneficiada de la exención de este impuesto? Es verdad que la moción tipo habla de las diversas confesiones religiosas, pero en sus discursos y declaraciones los socialistas centran su mirada en la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa con las Fundaciones de los Partidos Políticos y de los Sindicatos? ¿No tienen también que hacer ese esfuerzo fiscal? ¿Y la Cruz Roja y las demás instituciones y fundaciones deportivas o culturales que no pagan el IBI? De esas ni palabra. No queda más remedio que deducir lo dicho anteriormente que estamos ante una campaña anticlerical y anticatólica, ante una campaña oportunista e ineficaz.


No se discute que todos debamos hacer un esfuerzo superior en tiempos de crisis, no. Pero resulta francamente impresentable que el Sr. Óscar López pida ese esfuerzo fiscal mientras él disfruta de unos privilegios fiscales que no tenemos el resto de los españoles. ¿Cómo se puede tener tanta cara dura? ¿Van a hacer también ese esfuerzo nuestros parlamentarios y se van a someter al régimen fiscal general y al Régimen general de la Seguridad Social? El Sr. Óscar López, el Sr. Zarrías y todos lo demás parlamentarios viven a costa de los impuestos de todos los ciudadanos y amparados en un paraíso fiscal: las Cortes Españolas. Estos señores que piden esfuerzos fiscales y sacrificios a todos son los primeros que se benefician de un régimen fiscal escandaloso. Pagan a Hacienda, independientemente de sus retribuciones, como si fueran mileuristas y dejan la mayor parte de sus ingresos exentos de tributación, además de beneficiarse de toda clase de prebendas como las relativas a los períodos de cotización para cobrar la pensión de jubilación máxima. Pues así no se tiene legitimidad alguna para pedir esfuerzos ni a la Iglesia ni a nadie. El día que la clase política no tenga esos privilegios fiscales, el día que nuestra clase política tenga un comportamiento ejemplar en cuanto al uso y destino de los fondos públicos que ponemos en sus manos para que nos representen, ese día podrán tener alguna credibilidad sus propuestas. Mientras tanto, que nos dejen en paz y que no nos traten de engañar con fuegos de artificio.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 23 de enero de 2011

LA REFORMA DE LAS PENSIONES DE LOS PARLAMENTARIOS: UN PRIMER PASO.


Desde estas páginas se ha venido denunciando la inmoralidad que supone hoy en día el mantenimiento de un privilegiado sistema de pensiones de los parlamentarios mientras se discute la necesidad de reformar el sistema para el resto de los ciudadanos. El mantenimiento de privilegios y prebendas para la clase política resta legitimidad a sus decisiones. Quien no está dispuesto a realizar sacrificios carece de legitimidad para exigirlos a los demás. Ayer, en la Convención del Partido Popular en Sevilla, Mariano Rajoy manifestó lo siguiente: "Vamos a dar la talla, vamos a ser austeros, vamos a dar ejemplo", "y ahora que hay debate sobre pensiones, vamos a presentar la revisión del sistema de pensiones para diputados y senadores y la eliminación de cualquier cosa que suponga un privilegio respecto del resto de los españoles". Hace poco más de un mes, el Partido Popular en el Congreso se opuso, junto a los demás partidos, a una iniciativa de Rosa Díez en este sentido.

Estas declaraciones de Rajoy son una buena noticia. Esta intención de revisar las pensiones y privilegios de los parlamentarios puede ser un paso importante, pero no debería ser el único a dar si lo que se pretende es terminar con unos modos y prácticas de la clase política que la alejan cada día más de la apreciación positiva del conjunto de los ciudadanos. La dedicación política hoy es considerada por muchos más que como un desarrollo vocacional al servicio de los demás, como un medio de vida fácil y enriquecedor. Las prácticas y los hábitos vigentes en nuestra sociedad en torno a la dirección y gestión de la “cosa pública” propicia la proliferación de toda una gigantesca bolsa de militantes partidistas impacientes por aterrizar en los escalones superiores de las administraciones públicas y desde allí usar los recursos disponibles. Sin embargo, la relación entre las burocracias y los gestores de las mismas sería otro tema. Lo relevante ahora es que este anuncio no se quede en un simple retoque de carácter populista, sino que signifique un primer paso hacia un objetivo mucho más ambicioso: la regeneración de la clase política y la ejemplaridad de la misma. No es posible hablar de la regeneración de nuestra democracia sin que, de forma previa, se aborde la necesidad de regeneración de la clase política acabando con las prácticas que la distancian de la normalidad ciudadana.

Y, para ello, propuestas no faltan pues son muchos los privilegios y situaciones anómalas que suponen una afrenta comparativa respecto al conjunto de los ciudadanos, los contribuyentes. En plena crisis económica y política, la elaboración y aprobación de un Estatuto de los Cargos Políticos sería una saludable iniciativa. Este Estatuto debería impulsar reformar legislativas para:

- Encuadrar las pensiones de los parlamentarios nacionales y autonómicos en el sistema general de pensiones, sin privilegio alguno. No existe ninguna razón que justifique un sistema diferenciado.

- Establecer para los mismos un baremo de retribuciones transparente en el que las dietas e indemnizaciones sean las mismas que las asignadas en los PGE para los funcionarios de más alto nivel.

- Modificar las pensiones vitalicias de Presidentes de Gobierno y Presidentes Autonómicos, estableciendo incompatibilidades con otros ingresos.

- Suprimir los privilegios fiscales de los parlamentarios y demás cargos públicos.

- Incompatibilizar el desempeño simultáneo de dos puestos electivos, por ejemplo, ser alcalde y diputado nacional o autonómico o senador. No se puede pertenecer al legislativo y al ejecutivo de forma simultánea ni desempeñar íntegramente dos cargos sin merma en la dedicación a uno de ellos o a ambos.

- Incompatibilizar la percepción de ingresos de carácter público o semipúblico con las retribuciones de sus cargos. Es preciso terminar con la práctica habitual por la que muchos cargos públicos perciben dos o más ingresos públicos o de origen público como los provenientes de sus partidos políticos.

- Incompatibilizar el desempeño de un cargo público con actividades privadas o de representación en consejos de administración.

- Reducir de forma drástica el número de cargos de confianza en todas las administraciones públicas.

- Reducir ostensiblemente el número de coches oficiales en todas las administraciones públicas.

- Limitar los gastos de representación.

Estas son algunas propuestas que ayudarían a sanear la imagen de la clase política y, por tanto, el funcionamiento de las instituciones democráticas. No se trata de un número cerrado de propuestas y seguramente hay más medidas a añadir en un posible y necesario Estatuto de los Cargos Políticos. Revisar el sistema de las pensiones de los parlamentarios era una exigencia de higiene democrática, pero no es la única y, en todo caso, habrá que ver en qué sentido se aborda esa reforma. Ojala no se trate de un simple anuncio electoralista.

Santiago de Munck Loyola

martes, 28 de diciembre de 2010

PARAISO FISCAL ESPAÑOL: LAS CORTES GENERALES.


Dice Wilkipedia que un paraíso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos. Las autoridades europeas señalan entre los paraísos fiscales a los siguientes países o territorios: Andorra, Anguila, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Islas Cook, Islas Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Vanuatu. A ellos habría que añadir, entre otros, a Mónaco o San Marino por sus ventajosas reglas fiscales.

Y sin llegar a tanto, tenemos los españoles unos territorios muy pequeños y céntricos que se caracterizan por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a ciertos ciudadanos. Se trata del Congreso y del Senado, de las Cortes Generales. Allí donde reside la soberanía nacional se aplica un régimen especialmente favorable para sus señorías que contrasta poderosamente con el régimen aplicable al resto de los contribuyentes, los que pagan el sueldo a sus señorías.


Bien es cierto que el Reglamento del Congreso en su Artículo 8.3 señala que todas las percepciones de los Diputados estarán sujetas a las normas tributarias de carácter general. Pero esta disposición sólo se cumple formalmente porque las normas tributarias de carácter general establecen la excepción para sus señorías que así resultan especialmente beneficiadas. Es lo que se dice legislar para uno mismo. Así, en su artículo 17.2, apartado b, de la Ley del IRPF se dejan exentas de tributación las cantidades que los parlamentos y otras instituciones públicas "asignen para gastos de viaje y desplazamiento" a los representantes públicos. Según los expertos fiscales entre el 40% y el 75% del sueldo real de diputados, senadores y, en general, de cualquier cargo de representación pública, goza de exención fiscal, es decir, que no tributa a Hacienda gracias a las abultadas dietas que cobran sus señorías.

Con la suma total de sus ingresos, un diputado o senador, si tributase como cualquier ciudadano, podría llegar a hacerlo fácilmente al tipo máximo marginal del IRPF, establecido en el 43%. Pero ésa no es la realidad, sino otra muy distinta. Sus señorías incluyen como dietas de gastos por manutención, transporte o alojamiento cantidades muy superiores a las reales disminuyendo así sus ingresos sujetos a imposición. Con esta técnica quedan libre de impuestos entre el 40 y el 75 por ciento de su renta real y tributan a un tipo marginal de entre el el 10 y el 25 por ciento, es decir, igual que los contribuyentes de renta media o baja.

Todo dentro de la más estricta legalidad y, a mi juicio, de la más estricta inmoralidad. No hay razones políticas, económicas o sociales que justifiquen esta nueva quiebra al principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Del mismo modo que sus señorías deberían renunciar a sus privilegios en materia de pensiones e indemnizaciones y someterse al régimen general, cada vez más exigente, que imponen al resto de los ciudadanos, también deberían hacerlo en el ámbito fiscal. Sus señorías y los demás cargos públicos beneficiados con estas triquiñuelas fiscales deberían pensar y asumir que son, ante todo, servidores públicos y que están ahí para servir a los ciudadanos y no para servirse de los ciudadanos. La dedicación política puede ser dura y sacrificada, pero es voluntaria y, por tanto, no puede tener mejor compensación que la de la satisfacción por servir lo mejor posible a los ciudadanos. Sin ejemplaridad de la clase política no es posible ni ético pedir a los ciudadanos asumir sacrificios en tiempo de crisis.

Una ventaja sí que tienen nuestros parlamentarios por sul nivel de renta y es que no pueden tener acceso a determinadas subvenciones como las que se otorgan para la adquisición de VPO. Y es que si tuvieran acceso a las mismas verían que cuando uno recibe una subvención para comprar una casa porque su renta es baja, después tiene que declarar esa subvención como renta y tributar a hacienda por ella. Eso que se ahorran sus señorías.



Santiago de Munck Loyola.