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lunes, 21 de noviembre de 2011

Rajoy Presidente: empieza lo más difícil.

Dicen los expertos que las elecciones las pierden los gobiernos, no las ganan las oposiciones. El socialismo español en su versión zapaterista acaba de sufrir una derrota histórica, una debacle en toda regla al bajar del listón del 30 % de los votos en las elecciones del 20N. El PSOE, que ganó en 2008 montado a caballo del engaño y la mentira respecto a la crisis, ha recibido un justo premio a su desastrosa gestión evidenciada en los pésimos números que en todos los frentes deja al descubierto: paro, déficit, deuda, quiebra de empresas, etc. El “buenismo” zapaterista se ha manifestado como una visión errática y carente de rigor intelectual en la gestión de los asuntos públicos. El PSOE ha hecho todos los méritos posibles para recibir el castigo electoral que ha recibido. Su campaña electoral, dirigida por la alicantina Valenciano, ha sido una de las peores campañas que se recuerdan en esta etapa democrática; sin imaginación, sin propuestas, sin programa, con mensajes erróneos y con tonos grisáceos. El PSOE afrontó el sombrío panorama con un mensaje negativo, un mensaje de confrontación y división, “la pelea”. Todo lo contrario que el Partido Popular que, frente al mismo panorama, transmitió un valor positivo, el de la integración, “sumar”. Ha sido, por tanto, la del PSOE una campaña incapaz de hacer remontar mínimamente las negativas expectativas electorales iniciales. Peor no se podía haber hecho. El PP debería enviar un regalo a Dª Elena Valenciano y rendirle un sincero homenaje por la inesperada ayuda recibida desde Ferraz. El Gobierno ha perdido con la inestimable ayuda de su propio partido.

La antítesis ha sido la campaña del Partido Popular, certeramente encaminada a no soliviantar a nadie, a hacer poco ruido y a consolidar así las expectativas iniciales. Una campaña que ha brillado en las redes sociales con numerosas iniciativas y ofertas audiovisuales atractivas capaces de tocar fibras muy sensibles en un país con tantas heridas sociales abiertas. Un buen trabajo el de Ana Mato y de su equipo que ha sabido cosechar los frutos ya maduros de la huerta electoral proporcionando al Partido Popular un buen margen de maniobra para afrontar la legislatura con un sólido respaldo parlamentario.

Si difícil ha sido llegar hasta aquí, más difícil va ser gobernar los próximos cuatro años. La primera tarea de Mariano Rajoy va a ser la de conformar una gobierno sólido y cohesionado compuesto por políticos preparados y con capacidad gestora. Y a partir de ahí ponerse manos a la obra para hacer realidad los compromisos electorales. No va a haber milagros, lo decía ayer Rajoy, ni nada parecido. Sólo cabe aplicar una receta compuesta a partes iguales de esfuerzos, sacrificios y solidaridad. El Partido Popular y el próximo Presidente del Gobierno tienen la obligación política de concitar adhesiones a la gran tarea que supone sacar a los españoles de la actual situación de emergencia nacional en la que nos encontramos. Con diálogo y con consenso cuando sea y hasta donde sea posible, pero con firmeza cuando así lo exijan las circunstancias.

La mayoría de los españoles ha apostado por el cambio y ha depositado su confianza en quienes creen que mejor pueden hacer frente a la crisis. Y ahora empieza lo más difícil para Mariano Rajoy: no defraudar esa confianza, ni las esperanzas de tanto millones de españoles.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 20 de noviembre de 2011

¡A votar, por fin!

Y llegó el día esperado, el día de las votaciones. Casi 36 millones de españoles tienen hoy la oportunidad de decidir qué rumbo ha de seguir España durante los próximos años: el de la continuidad o el del cambio. Termina con ello una tediosa y aburrida campaña electoral en la que los partidos políticos, digan lo que digan, no han escatimado en gastos para atraer el voto de los electores y en la que hemos asistido, incluso, a la resurrección escénica de verdaderos cadáveres políticos vinculados a la etapa más negra del terrorismo de estado. Y concluye también una no menos pesada precampaña de varios meses originada por la insólita decisión del Presidente Zapatero de anunciar la convocatoria de elecciones con tantos meses de antelación, es decir, haciendo una vez más las cosas mal para ser coherente con su trayectoria gubernamental.

Con casi total seguridad, la jornada electoral transcurrirá con normalidad y tranquilidad, excepción hecha quizás de las habituales anécdotas que puedan producirse y de las que protagonizarán algunos “indignados” que según parece se personarán en las mesas electorales para solicitar que se certifique que no votan, Se trata de un disparate más, surgido de no se sabe qué mente preclara, que no se sostiene y que resulta de imposible cumplimiento por parte de los responsables de las mesas electorales. Si uno de estos “indignados” se presentase en una mesa electoral, por ejemplo, a las 13 horas solicitando tal certificado sería imposible emitirlo pues nada le impediría volver a las 18 horas y votar, con lo que el certificado sería falso. Tampoco podrían personarse después de la hora de cierre de las votaciones porque los colegios deben cerrarse y, por tanto, deberían permanecer dentro de los mismos para que una vez finalizado el escrutinio pudiese emitirse semejante e inútil certificado. Es lamentable que con esta iniciativa se pretenda cuestionar y dificultar el derecho más básico y elemental de los ciudadanos en una democracia, el de poder elegir a sus representantes. Está claro de qué lado de la democracia se sitúan algunos, no todos, de los integrantes de este movimiento que ya está dando, como era de esperar, síntomas evidentes de agotamiento.

En todo caso, hoy, sean cuales sean los resultados electorales se cierra una etapa y se abre una nueva. Se cierra la etapa del peor Presidente de Gobierno de la Democracia, del más incompetente e insolvente de los jefes de ejecutivo de esta etapa democrática. Un Presidente que llegó a serlo porque se produjo el peor atentado terrorista de la historia española. Un Presidente que deja la peor herencia que nunca un gobernante legó a su sucesor: unas arcas públicas en bancarrota, España al borde del rescate europeo, 5.000.000 de parados, los derechos sociales recortados, la imagen de España desprestigiada por el mundo,…

Y se abre, por tanto, un nuevo período de ilusión y de esperanza, aunque también de más esfuerzos y sacrificios por parte de todos para intentar desprenderse de la herencia de Zapatero y sus colaboradores. Porque, no puede ni debe olvidarse, que son corresponsables de esta situación todos los partidos que con sus votos han sostenido a los minoritarios gobiernos de Zapatero y que hoy intentan aparecer ante los electores como grupos absolutamente desvinculados de esta herencia. Y no, sin ellos, esta herencia no sería la que es.

Ojala la jornada transcurra en paz, con alegría y con tranquilidad y mañana podamos todos levantarnos con un nuevo y mejor horizonte.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 10 de noviembre de 2011

El programa oculto.

Parece que, a medida que avanza la campaña electoral, las cosas no le están saliendo bien al PSOE: el efecto Rubalcaba se está convirtiendo en el defecto Rubalcaba. Un defecto que está mermando las, ya de por si escasas, expectativas iniciales de los socialistas.

Encaró su mejor oportunidad, la del debate, asumiendo resignadamente la posición inicial de perdedor y otorgándole a Mariano Rajoy la de próximo Presidente del Gobierno de España. Una oportunidad evidentemente perdida que lo único que ha puesto de manifiesto es quizás una vocación tardía y frustrada de periodista inquisidor.

De las insinuaciones de Rubalcaba en el debate sobre la existencia de un programa oculto del Partido Popular, el PSOE ha pasado a establecer y a centrar su estrategia electoral en denunciar la certeza de la existencia de ese supuesto programa oculto. Flacos de memoria son estos chicos. Primero nos machacaron durante años pregonando que no había alternativa porque el PP no tenía programa. Rubalcaba demostró en debate que habían mentido, que era falso que el PP no tuviera programa y lo hizo formulando preguntas a Rajoy sobre el contenido del programa popular una y otra vez. El PP tiene programa y Rubalcaba se lo conoce. Otra cosa es que no lo entienda o que no le guste. Ahora, los socialistas han dado un paso más: el PP no sólo tiene un programa de gobierno, sino que tiene dos.

El PP tiene el programa que es público y que también se conoce Rubalcaba y otro programa, el oculto. Y tras este brillante descubrimiento, los socialistas se han lanzado en tromba a enviar mensajes denunciando la existencia de ese supuesto programa oculto. Es decir, que están montando su campaña sobre una falacia que dan por cierta sin prueba alguna. Confunden sus deseos con la realidad y tratan de convencer de ello al electorado.

Ya vimos que Rubalcaba en el debate fingió no conocer a Zapatero ni sus políticas. En ningún momento enarboló o exhibió logro alguno del gobierno que él mismo ha vicepresidido. También se pudo constatar que ningún momento sacó a la palestra su propio programa electoral que seguramente existirá, pero del que nadie habla.

De programas ocultos, los españoles ya conocemos uno: el del PSOE en 2008. Porque, como bien recordó Mariano Rajoy, en el programa socialista de 2008, por mucho que uno se lo lea, no aparece el recorte de los salarios de los empleados públicos, ni la congelación de las pensiones, ni la supresión del cheque bebé, ni la desaparición de la desgravación de 400 euros, ni las negociaciones con los etarras, ni el retraso de la jubilación a los 67 años, ni el aumento del período de cotización para percibir una pensión, ni la destrucción sistemática de empleo, ni las medidas restrictivas para la financiación de los municipios ni ninguno de los “logros” con que los socialistas han obsequiado a la ciudadanía durante esta lúgubre legislatura que afortunadamente concluye ahora. Había un programa oculto del PSOE y todos los ciudadanos lo hemos podido sufrir en nuestras propias carnes.

Y si hubo programa socialista oculto en 2008 nada permite hacer suponer que no exista ahora otro programa oculto del PSOE. Y vete a saber que nuevas fechorías esconden. Mejor no saberlo, aunque uno se las pueda imaginar. Mejor mirar el futuro con ilusión y con esperanza sabiendo que sin ellos en el Gobierno cualquier programa será mejor.

Santiago de Munck Loyola

martes, 8 de noviembre de 2011

El debate: Rajoy y Rubalcaba.

Vaya por delante que, con la que está cayendo, gastar más de 500.000 euros en la celebración del debate entre Mariano Rajoy y Pérez Rubalcaba, Alfredo para los amigos, constituye un auténtico despilfarro económico, un pésimo ejemplo para los ciudadanos a los que tantos sacrificios se les impone y, lo que es peor, un mal augurio sobre cómo la clase política piensa seguir gastando el dinero, gane quien gane las próximas elecciones.

Por otra parte, un debate a dos, limitado a los candidatos de los dos partidos políticos mayoritarios, es un debate devaluado e incompleto que no hace otra cosa que reforzar el bipartidismo y a evidenciar el abismo que existe entre los discursos sobre la necesidad de regenerar nuestro sistema político mejorando la representatividad y la verdadera voluntad de las cúpulas del PSOE y del PP.

Este debate ha puesto en evidencia algunos aspectos cuando menos curiosos y ha revelado que algunos de los tópicos con que desde hace años se nos ha venido machacando no son más que eso, tópicos y no realidades. Durante mucho tiempo, desde las filas socialistas se ha venido lanzando el mensaje de que el partido Popular no tenía programa y que Rajoy no hacía propuesta alguna para salir de la crisis. Hoy, curiosamente, el candidato P. Rubalcaba ha demostrado que ese mensaje era una falsedad más. Machaconamente a lo largo del debate ha venido formulando preguntas a su oponente sobre distintos aspectos del programa popular tratando de subrayar sus presuntas inexactitudes o inconcreciones, en su caso. Con su persistente actitud, Rubalcaba ha dejado claro que el PP sí que tiene un programa de Gobierno y que durante años los socialistas han estado mintiendo a la opinión pública diciendo lo contrario. Podrá gustar más o menos el programa, pero lo evidente es que sí existe y, de hecho, durante el 90 % del debate se ha hablado de dicho programa y no del programa socialista que sí que constituye una verdadera incógnita.

Otro aspecto más que curioso que ha revelado el debate es que parece que el candidato socialista no ha formado parte del gobierno del Sr. Zapatero, es como si no le conociese. Rubalcaba ha sido incapaz de defender el conjunto de la gestión socialista de estos últimos años y prácticamente no ha mencionado ni al Presidente del Gobierno ni a su labor. El candidato socialista se ha comportado durante todo el debate como si se tratase de un periodista mordaz o como si estuviese examinando a un Presidente del Gobierno. Su actitud no ha sido la de un rival con opciones de ganar, sino como la de un candidato que se sabe perdedor y que da ya por ganador a su adversario político y así lo dejaba traslucir a lo largo de sus intervenciones.

Rajoy ha tenido una actitud más segura, más presidenciable. Ha sido la de quien se cree ya ganador y que no necesita arriesgar en el debate, que es tenido como un trámite más en una carrera ya ganada. Ha sabido concretar algunas propuestas y ha utilizado un lenguaje a veces excesivamente didáctico.

Por último, y parece pactado a propósito, ninguno de los dos candidatos ha mencionado la corrupción. Esta ausencia es especialmente significativa cuando en estos días está aflorando el caso Campeón, con el ministro Blanco bajo los focos de la sospecha, y cuando aún colea el caso Gürtel. Mal síntoma este silencio, este tupido velo sobre un aspecto esencial en el objetivo de regeneración democrática.


Santiago de Munck Loyola




viernes, 14 de octubre de 2011

¡Manda huevos! Con la candidatura alicantina del PP.

La elaboración de las candidaturas de los partidos políticos, sean para la convocatoria que sean, siempre conlleva tensiones en las organizaciones políticas y terminan deparando, en muchas ocasiones, sorpresas, unas agradables y otras no tanto.

Y sorpresa, no precisamente agradable, es la que más de uno se ha llevado al conocer las informaciones que en el día de hoy se han publicado en torno a la candidatura del PP para las próximas elecciones generales del 20-N (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/10/14/pp-auna-sectores-lista-20-n/1178496.html) y ello a pesar de la presencia en la misma de personas de contrastada capacidad y experiencia como Macarena Montesinos.

Pase que no se considere la opinión de los afiliados y militantes del Partido Popular de Alicante para elaborar las listas. Así lo establecen los Estatutos del Partido y cuando uno se afilia debe conocerlos y respetarlos. Ya se sabe, los afiliados y militantes del Partido Popular de Alicante o de cualquier Provincia están para pagar la cuota, para ser apoderados e interventores el día de las elecciones y para rellenar los actos públicos cada vez que se les convoca. Pero no valen ni para opinar sobre quién ha de representar a los alicantinos en el Congreso o el Senado ¡faltaría más! Y, en ocasiones, los afiliados o militantes no pueden opinar en libertad porque te pueden eliminar de la página del Partido de Facebook y ya se sabe lo que ocurre con Facebook: o estás o es como si no existieras o, al menos, eso creen algunos mentecatos.

Para hacer la lista están los que están, aunque no sean ni siquiera miembros del Comité electoral pertinente. No son pocos los que intentan, y en ocasiones consiguen, meter la cuchara en el plato de la lista electoral. Unas veces es Madrid, desde la Calle Génova, quien decide quien encabeza la lista de una Provincia. Siempre hay alguien al que colocar y aunque su vinculación con la Provincia sea escasa o su dedicación al partido provincial sea nula se les sitúa en cabeza. Es de suponer que por razones de estado que al común de los mortales se nos escapan. Otras veces es desde las Casas Consistoriales con peso desde donde se procura buscar un hueco en la lista para algún conocido o amigo. Otras es desde Valencia. En definitiva que desde muchos sitios distintos se procura, se intenta y se consigue un puesto para alguien afin. Claro que todo ello sería asumible, un amargo cáliz que tragar, si las razones a tan variopintas intervenciones fueran la defensa mejor de los intereses de los alicantinos.

Pero cuando se constata que un determinado nombre es incorporado en la lista para compensarle por haber cedido el puesto del puerto a Ripoll, otro porque es familiar de no sé quienes, otra como Amparo Ferrando porque hizo el trabajo sucio que alguien le encomendó pidiendo el voto contra el PP en las últimas elecciones municipales y finalmente, la guinda, porque se trata de la secretaria de Federico Trillo y éste la ha impuesto pues ¡manda huevos!

Ya en tiempos Federico Trillo nos obsequió con el fulgurante ascenso de la pluriempleada Adela Pedrosa que, afortunadamente y vista su labor en el Congreso, no repite esta vez y ahora nos coloca a los alicantinos a Dª Julieta De Micheo Carrillo de Albornoz, con tan largo e ilustre apellido como inexistente curriculum profesional, al menos, en las redes sociales. ¿Su mérito? Ser Secretaria de D. Federico. ¿Su vinculación con Alicante? Muy escasa. ¿Con el PP de Alicante? Ninguna.

Sinceramente, la utilización de los cargos públicos representativos para satisfacer cuestiones y agradecimientos personales y no para servir a los ciudadanos representados resulta deleznable y constituye la antitesis de lo que una sana regeneración democrática debería suponer. Estas prácticas caciquiles merecen la máxima repulsa y rechazo. Pase tener que admitir candidatos paracas o semiparacas, pero tener que admitir además a su equipaje resulta demasiado. ¿No se merecen un mínimo de respeto las bases del Partido Popular y los alicantinos en general? Esta vez y por primera vez un servidor se va a replantear su voto para la lista del Congreso. ¡Qué remedio!



Santiago de Munck Loyola.

domingo, 9 de octubre de 2011

La puja electoral: escaparate de ofertas cosméticas.

En el zoco electoral acaban de aparecer dos ofertas destinadas a hacer un guiño a los que se sienten indignados con el funcionamiento de nuestro sistema democrático. De una parte, el candidato socialista P. Rubalcaba ha propuesto (http://www.laverdad.es/alicante/rc/20111008/espana/rubalcaba-propone-reducir-parlamentarios-201110081405.html) que los políticos sólo cobren un sueldo y, además, no le hace “ascos” a la propuesta (la segunda oferta) de su adversario, Mariano Rajoy, de reducir el número de diputados y concejales en España (http://www.larazon.es/noticia/3192-rajoy-asegura-que-el-pp-sabe-como-se-sale-de-la-crisis-aunque-llevara-tiempo).

Se deduce claramente de la propuesta del candidato socialista que hay políticos, y no deben ser pocos, que cobran más de un sueldo de las administraciones públicas y no sería, por tanto, un mal ejercicio de transparencia democrática que los ciudadanos pudiéramos conocer los nombres y las cuantías que están cobrando de los presupuestos públicos.

La propuesta de Mariano Rajoy parece guardar una finalidad exclusivamente económica: reducir el gasto de las administraciones públicas ahorrando sueldos de cargos electos, de políticos. Reducir el número de diputados del Congreso supone un importante ahorro pero si la reforma que ha de hacerse de la Ley electoral no entra a fondo en los criterios que determinan la representatividad para corregirlos, la reducción del número de diputados llevará, inevitablemente, una importante pérdida de representatividad de nuestros diputados y un aumento de la desigualdad del voto entre los ciudadanos. Y ¿por qué no reformar la Constitución y suprimir el Senado? Hay prácticamente unanimidad a la hora de valorar como inoperante el actual funcionamiento del Senado. Llevan años nuestros políticos hablando de la necesidad de reformarlo y no lo hacen. El Senado nos cuesta casi 10.000 millones de las antiguas pesetas al año. Suprimirlo supondrá un gran ahorro y seguro que su inexistencia no será echada de menos, salvo por los que viven de él.

Estas ofertas que salen ahora al mercado electoral no terminan de entrar en el fondo del asunto que no es otro que la mala imagen de la clase política y la desconfianza que genera, tal y como señalan todos los estudios sociológicos. La brecha entre el ciudadano y el político es cada vez mayor y, por consiguiente, la identificación ciudadana con el sistema.

Nuestro sistema político presenta síntomas de agotamiento y de ahí que sea necesario ir planteando medidas que impliquen su regeneración democrática. Medidas que implican reformas profundas de las instituciones, de las leyes y un cambio profundo de la mentalidad de la clase política. No se trata pues sólo de ahorrar, sino de algo mucho más profundo.

Buena parte del origen del problema radica, en el fondo, en la aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley de los españoles. Es evidente que a lo largo de los últimos años la clase política ha ido construyendo todo un sistema que permite a sus componentes eludir el principio de igualdad ante la ley y dotarse a si mismos de numerosos privilegios y excepciones. Si los ciudadanos no pueden percibir por ley más de un ingreso proveniente de las administraciones públicas ¿por qué los políticos sí pueden? Si los ciudadanos somos los que teóricamente decidimos ¿por qué nuestro voto no vale igual dependiendo su valor de la provincia en la que residamos?

A las ofertas anunciadas por lo candidatos bien podrían añadirse muchas otras que contribuirían, sin duda, a sanear la economía de las administraciones y, lo que es más importante, a regenerar nuestro sistema político:

1º Reforma constitucional eliminando el senado.

2º Reforma constitucional para eliminar duplicidades de competencias entre las administraciones.

3º Reforma de la Ley Orgánica del Régimen electoral para reducir el número de cargos públicos, reformar las Diputaciones y mejorar la representatividad del voto.

4º Aprobación de un Estatuto de los Cargos Públicos que incluya, entre otras, las siguientes medidas:

-          Establecimiento de incompatibilidades absolutas (prohibición de ostentar más de un cargo público).
-          Prohibición de percibir más de un ingreso económico (sueldo, dietas, pensiones, indemnizaciones, etc.) proveniente de las administraciones públicas.
-          Dedicación exclusiva de diputados nacionales y regionales.
-          Prohibición de dedicaciones exclusivas de los ediles (salvo los alcaldes) en los municipios de menos de 100.000 habitantes.
-          Sometimiento de los cargos públicos al régimen general de la seguridad social en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
-          Sometimiento de los cargos públicos al IRPF en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
-          Supresión de pensiones o indemnizaciones especiales de los cargos públicos.
-          Prohibición del ejercicio de la política para miembros del poder judicial o, en su caso, de retorno a la carrera judicial.

5º Eliminación de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.

6º Remover los obstáculos legales que impidan la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en los diferentes territorios.

7º Reforma del poder judicial reforzando los mecanismos que aseguren su independencia del poder político.

8º Reforma del Tribunal constitucional en cuanto a la designación de sus miembros y su competencia.

La lista de medidas que podrían adoptarse puede ser muy larga. Sirvan las anteriores a modo de ejemplo, pero no conviene olvidar que no se trata de un arreglo cosmético y superficial de nuestro sistema, sino que es preciso y urgente revisarlo en profundidad.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 30 de septiembre de 2011

¿Recortar o no recortar? Ahí no está la cuestión.

La precampaña ha empezado a calentarse gracias a la hoguera dialéctica del los partidos y la leña que alimenta el fuego está hecha de los famosos recortes o reajustes presupuestarios. P. Rubalcaba y sus asesores han creído encontrar una leñera llena en las medidas que muchos gobiernos autonómicos del PP están empezando a adoptar, una vez que han accedido al poder y se han encontrado con las arcas más que vacías.

Es como si el Sr. P. Rubalcaba no perteneciera al PSOE y nunca hubiese tenido responsabilidades de gobierno y, menos aún, responsabilidad alguna en el Gobierno de los recortes por excelencia, el Gobierno del Sr. Zapatero. Como si se tratase de un candidato virginal, ajeno a la dura realidad actual, Rubalcaba y su Equipo se dedica a censurar las medidas que distintos gobiernos autonómicos populares han venido tomando: reducción del número de sindicalistas liberados, aumento de las horas lectivas del profesorado, eliminación de empresas públicas, reducción del número de cargos de confianza, etc. Y la condena rubalcabiana se resume bajo la etiqueta de “recortes sociales”, “no a los recortes sociales”. ¡Que viene el lobo! Se olvida que el lobo ya vino y se comió el cheque – bebé, los 400 euros de desgravación, el período de cotización para el cobro de la pensión, las pensiones, el sueldo de los funcionarios, etc. y dejó 5.000.000 de parados. Ah, claro, es que eso no eran recortes, no, eran reajustes propios de la “champions league”. ¿Que ZP – Rubalcaba bajan los sueldos un 5% a los maestros? No es un recorte en educación, es un reajuste. ¿Qué el PSOE en Andalucía impone 21 horas lectivas a los maestros? No es un recorte en educación, no. Es una optimización de recursos. ¿Qué esperanza Aguirre impone 20 horas lectivas a los maestros? ¡RECORTE, RECORTE! Parece de broma, pero ésta es la realidad. Y los sindicatos, cómo no, de palmeros y cómplices de esta burda estrategia.

Lo cierto es que la cuestión no estriba en si hay que recortar o no, sino en qué hay que recortar. Hay un hecho evidente: no hay dinero para mantener las actuales prestaciones públicas. La alta tasa de paro y la baja actividad económica tiene dos claros efectos: menos recaudación, menos ingresos públicos, y más gasto social. Las cuentas no pueden cuadrar. Por tanto, es evidente que hay que recortar por algún sitio. No es posible seguir gastando más de lo que se tiene, como en cualquier casa, en cualquier hogar mínimamente organizado. Por tanto, asumido esto, hay que decidir qué es prioritario, qué hay que seguir conservando y manteniendo y qué es prescindible, qué se puede recortar. Ahí es donde radica la diferencia entre unos partidos y otros.

Parece que la Generalidad catalana lleva meses de conflicto con el personal sanitario. Entre otras cosas el ejecutivo catalán pretende rebajar las retribuciones del personal sanitario para ahorrar de aquí a fin de año 45 millones de euros. El Sr. Mas ha decidido ahorrar con el personal sanitario y, mientras tanto, no toca los 400 millones de euros presupuestados para el sostenimiento de las seudoembajadas catalanas, organizadas por el Sr. Carod Rovira, y demás programas de proyección exterior y publicidad de su Gobierno. He ahí una clara muestra de elección prioritaria para CIU: opta por su sentido nacionalista antes que por la atención sanitaria de sus ciudadanos.

Los gobernantes deben plantearse y decidir qué podemos mantener y qué no podemos mantener con los ingresos actuales. ¿Es posible seguir manteniendo unas Fuerzas Armadas profesionales? ¿Podemos mantener 17 parlamentos, 17 gobiernos autonómicos, 17 defensores del pueblo, 17 Tribunales de la Competencia, etc.? ¿Podemos seguir subvencionando a los Partidos Políticos, a los Sindicatos y a la Organizaciones Empresariales? ¿Podemos seguir manteniendo a nuestras Tropas en Misiones de Paz en el Extranjero? …

La cuestión no está en si recortamos o no recortamos. Quien diga que no va a hacer recortes sencillamente miente. La cuestión está en decir qué se va a recortar y ahí es dónde se va a retratar cada uno. La foto de algunos ya la conocemos, aunque la pasen por el photoshop.

Santiago de Munck Loyola

martes, 13 de septiembre de 2011

Incógnitas del programa del PP que deberían despejarse.

A medida que se acercan las elecciones, el ruido de los partidos políticos va aumentando. Estamos acostumbrados a que las campañas electorales se conviertan en una carrera de descalificaciones, en muchos casos de una gran simpleza, más que en un debate serio y constructivo sobre las diferentes propuestas de los programas de los partidos políticos.

España está en una situación sumamente delicada que algunos califican incluso de emergencia nacional. Hoy más que nunca es necesario que todos los partidos concurran a las elecciones con programas y propuestas claras en las que nos digan a los electores cómo piensan sacarnos de esta desastrosa situación.

Todas las encuestas vaticinan un claro triunfo del Partido Popular y un derrumbe del PSOE. De ahí que existan dos riesgos, dos tentaciones contrapuestas de enfocar la campaña electoral. Desde la perspectiva del Partido Popular es muy posible que la tentación estribe en ajustarse lo máximo posible a la “doctrina Arriola”: ya que el viento es favorable, mejor no hacer nada o hacer lo menos posible para no incurrir en errores o no movilizar el voto ajeno. Esta tentación, de prosperar, se traducirá sin duda en muchas inconcreciones programáticas, en no detallar medidas que pudieran resultar “dolorosas” aunque sean necesarias e inevitables. Por parte del PSOE la tentación puede traducirse en descentrar sus propuestas para captar los votos que pierde por su izquierda y centrar sus mensajes en la resurrección de viejos fantasmas: apelar el voto del miedo a ver si funciona una vez más. Parece que algunos editorialistas del Diario El País así como los habituales grupos de agitadores subvencionados ya están en ello.

Para quienes durante estos últimos años hemos seguido apoyando al Partido Popular lo que haga o diga el PSOE nos da más o menos igual, pero no ocurre lo mismo con la actitud que vaya a adoptar el Partido Popular. Desde una perspectiva de la regeneración democrática es perfectamente exigible la claridad, la transparencia y el compromiso electoral y programático. Desear un triunfo del Partido Popular no puede ser, ni mucho menos, la entrega de un cheque en blanco. El respaldo electoral debe venir avalado, en primer lugar, por la plena coherencia con los postulados mantenidos durante los años de oposición. Sería francamente decepcionante contemplar cómo se dan por amortizadas las críticas y propuestas sostenidas en el período de oposición. Y, en segundo lugar y en consonancia con la anterior, el respaldo electoral debería estar avalado por la presentación y oferta de un programa de gobierno claro, preciso, valiente y coherente.

Por ello, hay una serie de cuestiones que, a pesar de los que digan los bien retribuidos “gurús” electorales, el Partido Popular debería clarificar en la campaña electoral. A título de ejemplo, no estaría de más saber si, en caso de gobernar, el Partido Popular va a:

-          Promover la reforma constitucional para garantizar la igualdad de derechos entre todos los españoles.
-          Desarrollar las reformas legislativas precisas para garantizar un sistema educativo, un sistema sanitario y prestaciones sociales de ámbito nacional.
-          Promover la ilegalización de todas las marcas de ETA.
-          Clarificar todas las dudas sobre el 11-M y depurar responsabilidades en el Ministerio del Interior.
-          Eliminar la pseudo asignatura de Educación para la Ciudadanía.
-          Profundizar en el sistema de incompatibilidades de los cargos públicos.
-          Acabar con los privilegios fiscales de los parlamentarios.
-          Reformar las administraciones públicas para acabar con las duplicidades.
-          Reforzar la independencia del Poder Judicial y adoptar medidas para despolitizar la Justicia.
-          Reformar la legislación sobre el aborto.
-          Acabar con las tributaciones privilegiadas de las grandes fortunas (SICAV, etc.).
-          Recortar o eliminar las subvenciones a Partidos, sindicatos y patronales.
-          Aprobar la dación en pago de la vivienda en las ejecuciones hipotecarias.
-          Reformar la legislación sobre menores.
-          Reformar la legislación que atenta contra la igualdad de sexos.
-          Poner en marcha el Plan Hidrológico Nacional.
-          Garantizar la libre elección de lengua en la educación en todo el territorio nacional.
-          Liberalizar realmente el Sector Eléctrico.
-          Hacer aflorar los balances reales de las entidades bancarias.
-          Garantizar la financiación de las entidades locales.

La lista de cuestiones que debería concretar el partido Popular no se acaba con estas que he apuntado. Quedan más que intentaré ir desgranando próximamente, aunque mucho me temo que la mayor parte de ellas no se clarificarán en la campaña electoral. Ya se sabe que las campañas no sirven de mucho y que se rigen fundamentalmente por cuestiones de marketing más que por la voluntad de apelar a la razón y al convencimiento.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 31 de agosto de 2011

Una reforma constitucional legal, pero con déficit de legitimidad.

Esta mañana, algunas tertulias radiofónicas se hacían eco de la innecesaria reforma constitucional puesta en marcha para intentar frenar el gasto de nuestras administraciones públicas. Y, al igual que en algunos periódicos, los intervinientes debatían sobre la legalidad y la legitimidad de esta reforma de la Constitución. Así, se argumentaba que la reforma era legal puesto que se hacía respetando al pie de la letra el mecanismo de reforma previsto en la carta Magna y legítima pues estaba respaldada, además, por más del 80 % de los representantes de la soberanía popular, los diputados socialistas y populares.

No es ésta la primera vez que puede observarse como, en los medios de comunicación, se usa el concepto de legitimidad política con tanta ligereza, como desconocimiento. Ya hace tiempo que, a propósito de la formación del primer gobierno de Rodríguez Zapatero, el periodista Jiménez Losantos, afirmaba con su rotundidad habitual que “este gobierno es legal y, por tanto, es legítimo”. Con ello, parecía asimilar el concepto de legalidad con el de legitimidad, error muy frecuente. Los gobiernos del dictador Fidel Castro serán muy legales porque se habrán constituido conforme a la legalidad cubana vigente, pero no son legítimos porque ni las leyes que los producen están elaboradas con criterios de legitimidad, ni dichos gobiernos cuentan con el respaldo democrático necesario. Es práctica frecuente también obviar la distinción, clásica en la ciencia política, entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio.

Volviendo a la reforma constitucional hay algunos aspectos que merece la pena ser considerados. Es cierto que la reforma es legal pues se está haciendo mediante el sistema constitucionalmente previsto. Como también lo es que los parlamentarios son los legítimos representantes de la soberanía popular. Pero también es un hecho cierto que cuando los partidos políticos presentaron sus programas electorales en la elecciones generales de 2008 no propusieron a los votantes reformar la Constitución en el sentido en que lo van a hacer. Los electores no respaldaron con su voto, no otorgaron mandato a los parlamentarios electos para que procediesen a reformar la constitución. Es decir que la soberanía popular no se pronunció en el año 2008 sobre este punto. El mandato y la representatividad de los parlamentarios, su legitimidad, se sustenta en esa relación de confianza que se puede resumir en “yo te voto para que hagas lo que me has propuesto en tu programa”. Por tanto, los parlamentarios socialistas y populares no tienen mandato alguno de los ciudadanos para emprender esta reforma, no cuentan con la legitimidad suficiente para realizar una reforma de tanto calado de la norma superior del estado, la norma que regula la convivencia y organización de la nación. Esto es un hecho evidente.

Subrayada la ausencia de mandato para reformar la constitución y la inexistencia de pronunciamiento de la soberanía popular sobre el asunto, resulta aún más llamativo que esta reforma se haga sin un referéndum, mecanismo legalmente no exigible, o que se haga sin esperar al resultado de las próximas elecciones generales en cuya campaña los partidos políticos tendrían una ocasión de oro para proponer y explicar a los votantes la necesidad y el alcance de esta reforma constitucional y de obtener así el mandato necesario de la soberanía popular para modificar la Constitución.

El déficit de legitimidad para realizar esta reforma constitucional es evidente por mucho que editorialicen en contrario determinados medios de comunicación. Podrán poner el énfasis sobre la legitimidad de esta decisión pero, por mucho que lo hagan, no podrán soslayar el hecho de que esta reforma se hace, pudiendo hacerlo, sin contar con el pueblo soberano.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 29 de julio de 2011

Elecciones anticipadas: tarde y mal.

Llegó la primera vez a la Presidencia del Gobierno de mala manera, tras el cruento atentado del 11-M, y se va de la misma también de mala manera: tarde y mal. Hasta para marcharse, el Sr. Rodríguez Zapatero hace gala de una incoherencia que raya la paranoia. No existe lógica alguna entre las razones que esgrime para justificar el adelanto electoral y la fecha que anuncia para la celebración de las elecciones. Si la razón para adelantar las elecciones es la necesidad de eliminar la incertidumbre y generar confianza en los mercados con el fin de mejorar la grave situación económica que atraviesa la nación, entonces no tiene ningún sentido que las elecciones generales adelantadas no se celebren en septiembre, sino a finales de noviembre. Hay una evidente incoherencia y contradicción entre la causa y el resultado. Todo hace pensar que siendo evidente la necesidad de adelantar las elecciones, opinión compartida hasta por el diario gubernamental El País, tal adelanto se retrasa por razones puramente partidistas, es decir, para que el nuevo candidato socialista P. y su partido tengan un mejor margen de maniobra de cara a la cita electoral, pasando así una vez más por encima de los intereses nacionales. La falta de patriotismo de Zapatero, su mezquindad política y su indigencia intelectual se ponen una vez más de manifiesto en esta tardía decisión política y, una vez más, será la sociedad española la que pague las consecuencias de la irresponsabilidad de este sujeto y de todos los que, hasta ahora, le han venido sosteniendo políticamente.



Zapatero que llegó a Presidente del Gobierno tras el más sangriento atentado terrorista de la historia de España se va, como no, dejando a los terroristas en las instituciones democráticas del país vasco. Se va dejando un país menos cohesionado social y políticamente hablando que al inicio de su mandato. Se va dejando cinco millones de parados y los mayores índices de pobreza de la historia reciente. Se va dejando las arcas públicas vacías y al borde de la bancarrota. Se va habiendo levantado viejos rencores y recelos y habiendo dinamitado el espíritu de la transición y del consenso. Se va tras haber efectuado los mayores recortes sociales de los últimos treinta años. Se va después de haber laminado el prestigio internacional de España. Se va tras haber situado a la educación española en el furgón de cola de Europa. Se va dejando al PSOE hecho unos zorros, convertido en un partido insolvente y  marginado del poder territorial español. Se va, en fin, dejando tras de si la peor herencia de la transición española. Llegó inesperadamente y llegó mal. Se va tarde y se va mal.



Hoy, la oposición y en especial el Partido Popular, debe empezar a cambiar el “chip”. No vale con seguir actuando bajo la doctrina Arriola: no hablar, no moverse, no hacer ruido y esperar a que la fruta madure y caiga por su peso. El Partido Popular debe “mojarse”, explicar a los ciudadanos cómo nos va a sacar de la crisis, cuáles son sus propuestas, sus ideas, su programa concreto y hacerlo desde la honestidad y la verdad, por dura que ésta sea. Para afrontar los próximos años con cierta garantía de éxito debe surgir en las urnas un Gobierno nacido de la ilusión, de la confianza y no de la resignación. Los próximos meses son decisivos para ello y esperemos que toda la clase política sepa estar a la altura de las circunstancias para sellar y olvidar estos siete años negros de la democracia española.



Santiago de Munck Loyola