La
grave crisis que atraviesa nuestra Nación genera incesantes noticias a diario.
La prima de riesgo, la Bolsa, los recortes, los rescates, el desempleo o los
desahucios se han convertido en los protagonistas informativos y en una fuente
de preocupación permanente para los españoles. Esta impresionante crisis o
recesión, que hace dos años era tan sólo una desaceleración para los
socialistas y sindicatos, se está llevando todo por delante y está obligando al
Gobierno Popular a hacer recortes y auténticas podas, aunque prefieran hablar
de ajustes. Por cierto, si hay una característica que une a la clase política,
sea del color que sea, es su afición a pervertir el lenguaje, a utilizar
eufemismos para suavizar sus acciones e hipérboles para definir las del
adversario.
Ayer,
el Diario ABC ofrecía en sus páginas una entrevista realizada al Presidente
Rajoy. Preguntado sobre los sacrificios impuestos a los ciudadanos, el
Presidente manifestaba que “estamos
intentando ser justos y equitativos a la hora de repartir los esfuerzos”.
Reflexionando sobre ello y sobre la realidad que los ciudadanos sentimos en
nuestras vidas diarias, se puede pensar que el Gobierno efectivamente lo está intentando, pero sin conseguirlo. Lo
cierto es que los esfuerzos y sacrificios no se están distribuyendo de una
forma justa y equitativa y hay muchos ejemplos que pueden ilustrar esta
afirmación. La justicia y la equidad de las medidas adoptadas, de los recortes
que se están produciendo, no están a la altura del programa y de los principios
ideológicos del Partido que sustenta al Gobierno, ni por supuesto, de la
inmensa mayoría de los ciudadanos. Hace tan sólo ocho meses, en el mes de
enero, en otra entrevista al Presidente Rajoy afirmó que había optado por
incrementar el IRPF porque era más justo y equitativo, quien más tenía debía
contribuir más, que incrementar el IVA, que supondría un aumento indiscriminado
de la imposición, igual para ricos que pobres al no considerar el nivel de
renta. Y ¿ahora qué? ¿En qué quedamos?
A
ninguno nos gusta que nos suban los impuestos o que nos recorten el sueldo año
tras año, como en el caso de los empleados públicos, pero nos gusta aún menos
cuando constatamos que las cargas que se nos imponen para salir de esta crisis
no se distribuyen con justicia y equidad. Y voy a referirme a un aspecto que ya
he mencionado en varias ocasiones en estas páginas pero que ilustra, como
pocos, la posibilidad real de redistribuir mejor y de forma más justa las
cargas de la crisis. Me refiero al uso del dinero público, del dinero de los
contribuyentes, a la hora de pagar salarios.
Buena
parte de nuestro dinero recaudado por las administraciones públicas se destina
a pagar el sueldo de los empleados públicos (políticos y asimilados,
funcionarios, funcionarios de empleo, laborales, etc.) y otra buena parte de
ese dinero se destina a empresas privadas a través de ayudas o subvenciones, en
las que como es lógico se pagan sueldos. En cualquier caso, se trata de dinero
público que se destina al pago de retribuciones. Pues bien, tratándose de
dinero público no tiene mucho sentido que en España, en medio además de esta
situación económica que impone criterios de austeridad, no exista una norma que
regule y unifique las tablas salariales que puedan aplicarse. Nos encontramos
con una curiosa situación: el máximo jefe del dinero público, el Presidente del
Gobierno, gana en muchos casos menos que muchos de sus subordinados. Una
situación impensable en el ámbito de la empresa privada. Los reinos de taifas
salariales son una realidad en España.
Por
una parte, los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente los topes
retributivos de los empleados públicos pero de esta limitación se escapan todos
los cargos políticos (nacionales, autonómicos y locales) de modo que muchos
Alcaldes y Presidentes autonómicos ganan hasta un 50 % o más que el Presidente
del Gobierno. Por otra parte, los directivos de las empresas públicas y algunos
empleados, como los de RTVE con contratos superiores a los 150.000 € anuales,
también se escapan de las tablas salariales fijadas en los Presupuestos del
Estado. Hay directivos de ADIF y de otros entes públicos que triplican el
salario del Presidente del Gobierno, del “Jefe” de la “empresa”. Por último,
nos encontramos que empresas privadas o semi-privadas que subsisten gracias a
las ayudas o subvenciones públicas, es decir, al dinero de los contribuyentes
abonan retribuciones de 500.000 € anuales como en el caso de las entidades
financieras que reciben ayudas públicas. No tiene lógica, ni sentido común esta
situación. Si para percibir subvenciones o determinadas ayudas públicas una
empresa privada tuviese que ajustar las retribuciones de su personal a los
baremos públicos el panorama cambiaría radicalmente. Es inaceptable, por
ejemplo, que una empresa que acude a un ERE y concierta jubilaciones
anticipadas que tienen un elevado coste para las arcas públicas, no sólo siga
repartiendo beneficios entre sus accionistas, sino que además mantenga
retribuciones multimillonarias entre sus directivos.
Hay
quien justifica esta situación sosteniendo que estas retribuciones son
necesarias en el sector público para captar a los mejores gestores que, en caso
contrario, podrían marcharse al sector privado. Pues bien, este argumento no es
válido. Primero, porque todos sabemos que la mayoría de los directivos de
empresas públicas no llegan al puesto por ser los mejores en su ramo, sino
porque son poseedores de un carnet político y tienen un buen padrino. Y en el
ámbito público los méritos y la capacidad se miden conforme a la Ley. Otros
justifican esos sueldos por la “enorme responsabilidad” que su desempeño
conlleva. Ya. Y el funcionario “cirujano” en cuyas manos ponemos nuestra vida
¿no tiene una enorme responsabilidad? Y
el funcionario “profesor” en cuyas manos ponemos la educación de nuestros hijos
¿no tiene también una enorme responsabilidad? Pues seguramente tienen una
responsabilidad mucho mayor que la de esos directivos y cargos públicos y, sin
embargo, su sueldo está perfectamente regulado y limitado año tras año. Y lo
que es peor, perfectamente recortado (o ajustado) año tras año también. Que un
directivo de una Caja de Ahorros arruinada pueda cobrar 500.000 euros anuales
apelando a la responsabilidad que ello conlleva mientras que un médico no pase
de 50 ó 60.000 euros al año, no tiene nombre.
Por
ello, cuando se constata que a los empleados públicos, gobierne quien gobierne,
es a los primeros a los que se les pide e imponen sacrificios, porque su
salario lo pagamos todos, mientras que a los directivos de empresas y entes
públicos y a los de empresas privadas y entidades financieras fracasadas no
sólo no se les exige lo mismo sino que, además, se les mantiene en un plano
salarial privilegiado, aunque su sueldo también lo paguemos todos, surge la
indignación y la exigencia de una política de austeridad más justa y más
equitativa.
Hace
falta ya una Ley sobre retribuciones con fondos públicos. Una Ley que afecte a
todos cuantos perciban un salario con origen directo o indirecto en la hacienda
pública, sea en el sector público o en el sector privado Un Ley que establezca
unas tablas salariales como las que se aplican a los empleados públicos y que
impida que, con cargo al dinero de los contribuyentes, nadie cobre un euro más
que el Presidente del Gobierno. Así, cuando se habla de justicia y equidad en
el reparto de las cargas de la crisis no habría tanto hueco para la
incredulidad y el escepticismo.
Santiago
de Munck Loyola