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lunes, 25 de julio de 2011

La perdiz electoral mareada y con náuseas.

Decididamente, los calores estivales están haciendo mella en las neuronas de nuestros políticos. Si no es así, no hay manera de comprender lo errático y descerebrado de muchas de las declaraciones con que nos están obsequiando estos días en torno a la necesidad o no de adelantar las elecciones generales, habida cuenta el agotamiento de la presente legislatura.
El Partido Popular ha venido reclamando desde hace meses el adelanto electoral. Todos y cada uno de sus dirigentes no desaprovechan ocasión alguna para reclamar la convocatoria inmediata de las elecciones. Hace unos días, Esperanza Aguirre era entrevistada en Alemania sobre el sistema alemán de formación profesional y sobre las prácticas de los estudiantes en las empresas y al valorar dicho sistema introducía, como quien no quiere la cosa, la necesidad de elecciones generales. Y como ella, todo los líderes populares. Entienden, y no les falta razón, que la legislatura está agotada y que su prolongación sólo puede seguir ocasionando más perjuicios a la delicada situación económica y social del país.
Sólo hay dos formas de convocar elecciones generales, competencia exclusiva del Presidente del Gobierno: o las convoca Zapatero de forma inmediata lo cual exigiría una grandeza política y personal de las que carece el Sr. Presidente o las convoca un nuevo Presidente elegido ex profeso mediante una moción de censura. No hay vuelta de hoja. Zapatero ya ha deicho que su intención es agotar la legislatura para acometer más reformas, a pesar de que hace tan sólo tres meses decía que ya no había más reformas (más recortes sociales) que hacer.
Por tanto, la pelota está en el tejado del Partido Popular. Si el Partido Popular quiere y está convencido de que son necesarias unas elecciones generales tiene la obligación política y moral de presentar una moción de censura, con Rajoy de candidato o con un tercero, con un único programa de gobierno: la convocatoria de elecciones. Esto es tan evidente que hasta el más torpe de los dirigentes populares lo sabe. Es, díganlo o no, una cuestión de patriotismo.
Por eso no se entiende el cruce actual de declaraciones. Aparece el Sr. Durán Lleida (o Lérida para los hispano parlantes) quien, por otra parte estaría encantado de ser ministro de un Gobierno del Partido Popular, y dice que su partido apoyaría ahora una moción de censura. Bueno, bien, más vale tarde que nunca. Y, a continuación el Sr. Pons rechaza una posible moción de censura al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como planteaba el portavoz de CiU, al entender que hay «otros mecanismos políticos» como, por ejemplo, «tratar de convencer» a PNV para convocar elecciones. Pero, alma de cántaro, si el PNV no puede convocar elecciones y lo sabes, sólo puede hacerlo Zapatero y aunque el PNV no apoye los próximos presupuestos tampoco esa circunstancia obliga a Zapatero. Pons recuerda a CiU que «ha tenido muchas oportunidades» para convocar elecciones y, sin embargo, las «ha dejado pasar». Así, y en alusión ala moción de censura, aseguró que no es necesario «llegar tan lejos», puesto que hay otros «mecanismos» para llevar a cabo esta «exigencia nacional». ¿A qué juega el Sr. Pons? Si la situación de emergencia nacional es tan grave como para tener que adelantar las elecciones y el Sr. Zapatero se niega a ello, no hay más mecanismos que la moción de censura. De nada sirve engañar a los ciudadanos ni andar realizando reproches sobre oportunidades perdidas. Lo inteligente, lo patriótico es aceptar el ofrecimiento y ponerse manos a la obra, aunque se pierda.
Claro que no es el único en decir semejantes cosas. El argumentario es el mismo para todos y el Sr. Soria pone eco a las palabras de Pons y repite "CiU tuvo ya una oportunidad para haber propiciado el final de la agonía política de Zapatero" y el Sr. Arenas recalca que el apoyo de CiU a una moción de censura "llega tarde". ¡Qué oportunidad desperdiciada para estar callados!
Entre unos que no quieren adelantar las elecciones, otros que antes no querían adelantar las elecciones y que ahora se ofrecen para adelantarlas y otros que siempre han querido adelantarlas pero que ahora les falta lo que hay que tener para ponerse a ello, la perdiz electoral está más que mareada y los ciudadanos, mientras tanto, a padecer el continuo espectáculo de los políticos y las terribles consecuencias de su ineptitud.
Santiago de Munck Loyola


martes, 24 de mayo de 2011

La cuestión de confianza, una exigencia democrática.

Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado  22 de mayo han supuesto un profundo cambio en la distribución del poder territorial en España. No se trataba de unas elecciones generales, pero para casi todo el mundo esta cita electoral tiene una lectura que trasciende su ámbito territorial y, por tanto, unos efectos y consecuencias sobre la política nacional. Y señalo lo de para “casi todo el mundo” porque es evidente que ni para el Presidente del Gobierno, ni para los máximos dirigentes socialistas es así.

El derrumbe por doquier del PSOE ha sido despachado por el Sr. Zapatero como una consecuencia de la crisis económica. Ni tan siquiera ha sido capaz de asumir la más mínima responsabilidad. Sigue sin darse cuenta de que no se trata de la crisis en si, sino de la pésima gestión que él ha hecho de esta crisis. Los ciudadanos españoles han dado una patada a Zapatero en los traseros de miles de candidatos socialistas, algunos de los cuales, buenos gestores de sus Ayuntamientos, no se la merecían con seguridad.

Es indudable que la inmensa mayoría de los españoles ya no confía en el PSOE como partido gobernante de España y lo ha manifestado castigando a esos candidatos socialistas que concurrían a las urnas el pasado domingo.

Es igualmente evidente que si existe una pérdida tan clara y rotunda de la confianza de los ciudadanos en el partido del gobierno, no hay, hoy por hoy, una correspondencia entre la voluntad del electorado y su representación en el Parlamento. Y eso sólo puede ser definido como una grave crisis política. El Sr. Zapatero manifiesta que no va a haber adelanto electoral y que necesita acabar la legislatura para terminar las reformas económicas necesarias, a pesar de que hace tan sólo unas semanas había manifestado que el ciclo de reformas profundas había terminado. ¿En qué quedamos?

Para situaciones como éstas, nuestra Constitución prevé en el Artículo 112 la posibilidad de que el Presidente del Gobierno plantee ante el Congreso una cuestión de confianza. Y existen dos motivos más que importantes para evidenciar la necesidad de plantear la cuestión de confianza. Por una parte, la pérdida tan acusada de la confianza del electorado en el partido del gobierno debe ser contrastada con la confianza que pueda aún subsistir en el Congreso, máxime cuando se trata de un Gobierno sin mayoría parlamentaria propia. Por otra parte, la presunta necesidad de acometer reformas antes de agotar la legislatura debe contar con apoyo parlamentario previo suficiente y ello sólo puede ser comprobado con la cuestión de confianza.

Plantear frente a esta previsión constitucional, tal y como ha hecho hoy el Portavoz socialista, Sr. Alonso, que lo que tiene que hacer la oposición es presentar una moción de censura constituye un ejercicio de cinismo y una escapatoria fácil sin sustento racional y político. Quien no tiene credibilidad es el partido del gobierno, quien ha perdido de una manera brutal la confianza del electorado es el PSOE y quien debe, por tanto, demostrar que puede seguir gobernando sin problemas hasta el final de la legislatura es el Presidente Zapatero. Planteando la cuestión de confianza podrá reflejarse públicamente qué grupos políticos están dispuestos a prologar la agonía gubernamental a pesar del dictamen de las urnas.

Si unas simples elecciones municipales fueron motivo suficiente para proclamar una república, es de suponer que otras bien pueden motivar que un Presidente del Gobierno se someta a una simple cuestión de confianza. Así de fácil.

Santiago de Munck Loyola

sábado, 7 de mayo de 2011

UNA SENTENCIA HISTÓRICAMENTE VOMITIVA.

Ocurrió lo que tenía que ocurrir en un país en el que la justicia, en su más alta instancia, está politizada o más bien podrida por la partitocracia. El guión que al parecer había pactado el gobierno socialista con ETA se ha cumplido, tal y como predijo hace meses Jaime Mayor Oreja y tal y como se deducía de las famosas actas de ETA, cuya veracidad, es de suponer, no será nuevamente puesta en duda.
Demostrado ha quedado que ETA había diseñado una estrategia para estar presente en las instituciones municipales. Demostrado ha quedado que los batasunos son etarras en labores de activismo político y social. Demostrado está también que en las listas de Bildu, junto a personas no terroristas, se han situado muchos batasunos, muchos etarras. Demostrado está entonces que en las listas de Bildu hay etarras.

La infame decisión del Tribunal Constitucional no es comprensible desde una óptica de estricta observancia jurídica ni desde una perspectiva ética o moral. En el fondo el Tribunal Constitucional ha optado por la supremacía del Art. 23.2 de la Constitución “…tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes” sobre el Art. 15 del mismo cuerpo legal “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra”. El derecho de los asesinos y sus cómplices a presentarse a las elecciones frente el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral. Ni más, ni menos. Y el Tribunal Constitucional ha elegido proteger el derecho de los primeros.

A partir de hoy, los asesinos y sus cómplices dispondrán de los censos electorales con los nombres y domicilios de todos los ciudadanos, recibirán dinero público por presentarse y, en caso de resultar elegidos, podrán gestionar unos 225 millones de euros con lo que ello implica.

Los “buenistas” llevan días diciendo que es bueno que se presenten a las elecciones, que hay que integrar a esta gente en las instituciones, que hay que dar una oportunidad a la paz y más simplezas del mismo calibre. ¡Qué flaca memoria la suya! Deberían repasar las hemerotecas y comprobar que cuando Batasuna ha estado en los Ayuntamientos, ETA ha matado, robado y extorsionado más. Y que cuando Batasuna ha salido de los mismos, la actividad de ETA ha decrecido radicalmente. Ahí están los datos, compruébenlos y si después de hacerlo siguen pensando lo mismo es que son necios o algo peor.

La paz no puede llegar por la vía de los acuerdos y concesiones a los asesinos. La paz sólo puede llegar con la victoria de las víctimas y del Estado. Aquí debe haber vencedores y vencidos y entre éstos todos los terroristas y sus cómplices.
                
Sabemos los nombres de los autores de esta vomitiva sentencia: Pascual Sala, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Elisa Pérez Vera, Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega. Sabemos el nombre del partido impulsor de esta decisión: PSOE. Aún no sabemos el nombre de la próxima víctima de ETA y ojala tardemos mucho en saberlo pero, sin duda, sabemos quienes están ayudando, voluntaria o involuntariamente, a la organización terrorista.
Santiago de Munck Loyola