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viernes, 18 de enero de 2013

Chorizos a granel.




¡Vaya semanitas que llevamos! Parece que ningún partido se libra de salir en los papeles de los trincones. Hace tan sólo unos meses se hablaba de los Gürtel, después de los ERES falsos andaluces, más tarde de Pepiño el campeón y sus entrevistas en gasolineras, hace unas semanas empezaron a correr noticias en torno a los cinco hijos millonarios de Pujol y sus aficiones a las montañas suizas y a los complejos hoteleros caribeños, hace unos días nos centrábamos en los independentistas de Durán y su amor a la formación remunerada con fondos europeos y ahora estamos en plena tormenta ocasionada por el Sr. Bárcenas, alias Luis “el cabrón” según las contabilidad gurteliana, y su pasión por el alpinismo suizo. 

Y seguiremos dentro de unas semanas con nuevos y jugosos casos protagonizados por parte de nuestra sacrificada clase dirigente. Aquí el que no corre vuela, desde el yerno del Rey hasta el ex presidente de los empresarios, pasando por políticos de distintos colores y jerarquías, desde independentistas a constitucionalistas. Todos ellos unidos por una misma “pasta”, todos ellos compartiendo afición al trinque de lo ajeno. Corrupción trasversal. Mal está que 30.000 ciudadanos cobren ilegalmente la dependencia de fallecidos, pero con el ejemplo que algunos dirigentes de este país ofrecen ¿qué menos se puede esperar? 

¡Ya está bien! Es hora de que los ciudadanos que nos las vemos y deseamos para cumplir con nuestras cargas familiares y con nuestras obligaciones tributarias, digamos ¡basta! Y nos posicionemos de forma clara y rotunda contras este estado de cosas. Nada de tibiezas porque con ellas no cambiarán, no reaccionarán quienes tienen la obligación de hacerlo. Con tanta tibieza lo que sí han conseguido es que la conducta inmoral de unos pocos manche el nombre de toda la clase política.

Es muy probable que el actual estado de cosas será aprovechado por los simples y por los manipuladores de siempre para decir que todo es culpa del año de gobierno del PP, como si no fuera más que evidente que la corrupción no nace de un día para otro. Están aflorando casos que durante años y bajo distintos gobiernos se han ido fraguando. Y ello ha sido posible porque los distintos gobiernos han carecido de la voluntad política necesaria para establecer mecanismos preventivos. Hay corrupción porque nuestras leyes otorgan un gran margen de discrecionalidad a los políticos a la hora de contratar con las administraciones públicas; hay corrupción porque se ha pervertido la independencia judicial; hay corrupción porque no se ha querido establecer una Ley de financiación de partidos políticos seria y transparente; hay corrupción porque se han aflojado los mecanismos de control que antes ejercían, por ejemplo, los habilitados nacionales en las corporaciones locales; hay corrupción porque nadie ha acometido una reforma sería de las normas que rigen los procedimientos judiciales para implantar criterios de sumariedad en las causas abiertas o hay corrupción porque los partidos políticos no permiten que sus militantes decidan quienes les representan en las instituciones y utilizan los cargos públicos como recompensa para los fieles, sea cual sea su preparación, a las cúpulas dirigentes. Son muchas las causas que propician la aparición de casos de corrupción pero pocas las inequívocas manifestaciones de voluntad política, traducida en hechos concretos, para acabar con ellas.

Hoy afirmaba el Presidente Fabra en relación a cargos populares imputados o procesados que el Partido Popular ha establecido una clara línea roja: los imputados o procesados no pueden ostentar cargos internos dentro del partido ni permanecer en puestos de designación directa, de confianza. Vale, muy bien. Pero eso quiere decir que quien está imputado o procesado, a pesar de la presunción de inocencia, no es apto para ese tipo de puesto, pero sí, al parecer, para seguir ostentando cargos electos. O sea que un imputado no puede ser secretario general del PPCV, por ejemplo, pero sí puede ser alcaldesa de Alicante. Es curioso que se considere necesario preservar de la presencia de un imputado un cargo de partido y no un cargo público. ¿Es lógico?

Por otra parte, hoy también, Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia, ha hecho un llamamiento para que "los más preparados, los más comprometidos y los más íntegros"  entren en política con el objetivo de que "no la copen los peores". ¡Perfecto! Pero a ver si la leen en Alicante porque bastó que en septiembre se anunciase a la Dirección Provincial la intención de un grupo de modestos militantes de base alicantinos (sin pretender presentarse como los más preparados, comprometidos e íntegros) de presentar una candidatura a la Junta Local del PP de Alicante por la regeneración del partido para que un mes después se suprimiese la Junta Local de Alicante con el fin de evitar elecciones a la misma.

Cada día se hace más evidente la necesidad de una reacción ciudadana en contra de todas estas tropelías, de los sinvergüenzas de cualquier color que han confundido las instituciones con una charcutería. Y es necesario no callar, condenar sin tibieza, marcar líneas rojas más claras aún y hacerlo con frecuencia porque si no lo hacemos así los escándalos de hoy serán simples anécdotas dentro de unos meses y serán sustituidas con normalidad por otras noticias similares. Nada hay peor que terminar por acostumbrarse al sonido atronador porque termina imponiéndose la sordera.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 9 de enero de 2013

La impunidad de los chorizos.



Aunque lo diga el mismo Rey, eso de que todos somos iguales ante la Ley es una simple mentira, una frase barata políticamente muy correcta pero socialmente poco creíble. La resolución que acabamos de conocer del caso Pallerols, la trama de financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña, lo ha puesto de manifiesto con absoluta claridad, añadiendo de paso una palada más de estiércol sobre la deteriorada imagen de la clase política. Aquí hay dos justicias, dos leyes, una para los ciudadanos y otra para la clase dirigente entre la que destaca la clase política. Aquí resulta que se pueden llevar ilegalmente cientos de miles de euros de la caja pública para financiar a un partido y tras veinte años de instrucción judicial no pasa nada, nadie va a ir a la cárcel y nadie dimite en ese partido político. No hay que ir muy lejos para encontrar casos de ciudadanos normales y corrientes que por mucho menos y para cubrir necesidades vitales terminan a la sombra durante una larga temporada.

Durante años, los conmilitones del Sr. Durán Lleida, el veterano e independentista político democristiano catalán que no hace mucho se permitía el lujo de calificar de cloaca a la política española, organizaron toda una trama para recibir dinero público, proveniente de los fondos europeos, a través de una empresa dedicada a la formación que después desviaba buena parte de ese dinero a la caja del partido del Sr. Durán Lleida. Pillados con las manos en la masa han pasado veinte años de proceso judicial, que se dice pronto, y ahora resulta que los acusados hacen un trato con la fiscalía para devolver 380.000 euros al erario público y evitar una condena. 380.000 euros que estos sinvergüenzas van a devolver con una mano mientras con la otra reciben subvenciones públicas pagadas con el dinero de los contribuyentes a los que previamente habían sableado. Nadie va a ir a la cárcel. Muy ejemplar. Ni a Felipe II se la ponían así. Será muy legal, no lo dudo, que la fiscalía llegue a semejante trato, será muy práctico, sobre todo si tras veinte años de investigación no se tenían pruebas suficientes para concluir un proceso judicial con garantías de éxito para la Justicia, pero es, se mire por donde se mire, un infumable pasteleo, un sospechoso trato que en nada beneficia a la Justicia, a la ejemplaridad y a la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Y si indignante es este trato de lujo recibido por estos miembros de la casta política, indignantes son algunas de las reacciones escuchadas en las últimas horas por la sencilla razón de que pocos ponen el dedo sobre la llaga y menos aún los que proponen soluciones para evitar que lo mismo vuelva a repetirse en el futuro. La primera reacción indignante es la del propio jefe de los “presuntos chorizos” que en el año 2000 se comprometió a dimitir si se demostraba que había habido financiación irregular de su partido y que ahora dice que de lo dicho no hay nada. Gracias al tecnicismo legal y al trato por el que se evita una condena los independentistas de Unión entienden que no se ha demostrado que se hayan financiado ilegalmente aunque sí irregularmente y por eso deben devolver el dinero. ¿Alguien lo entiende?

El ex Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, en plan contemporizador a ver si se le promociona al Tribunal Constitucional, venía esta mañana a aleccionar a los oyentes de una emisora explicando que este tipo de trato de la fiscalía con los presuntos delincuentes es muy habitual en el entorno anglosajón. ¿Y qué? No estamos en un país anglosajón, sino que nos regimos por un modelo continental que poco tiene que ver con aquél. Podría explicarnos también si en ese entorno se tardan también veinte años en instruir un caso a políticos corruptos ¿no?

Por su lado el Fiscal General ponía “el grito en el cielo” porque a su juicio se ha tardado veinte años en instruir este caso. ¿Y se ha enterado ahora? ¿Por qué no nos cuenta cómo un subordinado suyo ha pactado con los “presuntos chorizos” esta salida política? ¿Quién, en una estructura jerarquizada como la fiscalía, ha dado el visto bueno a su subordinado para pastelear de forma tan repugnante?

Los independentista de ERC, socios parlamentarios de Unión Democrática, han pedido, con boca pequeña, la dimisión de Durán, pero eso sí sin cuestionarse el seguir siendo socios políticos de estos corruptos aunque no depuren las correspondientes responsabilidades políticas.

Y por último, desde el PP, su Secretaria General ha pedido la dimisión del Sr. Durán y ha cuestionado su permanencia como Portavoz de Exteriores del Congreso de los Diputados. Pero uno no tiene más remedio que preguntarse ¿por qué el PP con mayoría absoluta en el Congreso ha colocado al Sr. Durán, un independentista, un político que trabaja por la voladura de España, un señor que califica de cloaca a la política española como representante internacional del Congreso de un país al que quiere romper? Y siendo así ¿a qué espera el PP para destituirlo? Hay cosas que sinceramente no se entienden y que indignan día tras día.

Y lo peor de todo es que ningún responsable político ha salido a palestra para explicar qué medidas se van a tomar para que estos escándalos no se vuelvan a producir o qué reformas legislativas van a impulsar para que un procedimiento judicial que afecta a la corrupción política no vuelva a dilatarse durante veinte años. Nada, ni una palabra. Si tomamos como cierto que todos somos iguales ante la Ley aquí tenemos un claro mensaje: cualquier ciudadanos se puede llevar de las arcas públicas hasta 380.000 euros con la seguridad de que en caso de ser pillado tendrá un juicio que durará veinte años y que no irá a la cárcel si pastelea como es debido con el fiscal de turno. Aunque mucho me temo que va a ser que no, que lo cierto es que todos somos iguales ante la Ley, pero unos más que otros.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 25 de julio de 2011

La perdiz electoral mareada y con náuseas.

Decididamente, los calores estivales están haciendo mella en las neuronas de nuestros políticos. Si no es así, no hay manera de comprender lo errático y descerebrado de muchas de las declaraciones con que nos están obsequiando estos días en torno a la necesidad o no de adelantar las elecciones generales, habida cuenta el agotamiento de la presente legislatura.
El Partido Popular ha venido reclamando desde hace meses el adelanto electoral. Todos y cada uno de sus dirigentes no desaprovechan ocasión alguna para reclamar la convocatoria inmediata de las elecciones. Hace unos días, Esperanza Aguirre era entrevistada en Alemania sobre el sistema alemán de formación profesional y sobre las prácticas de los estudiantes en las empresas y al valorar dicho sistema introducía, como quien no quiere la cosa, la necesidad de elecciones generales. Y como ella, todo los líderes populares. Entienden, y no les falta razón, que la legislatura está agotada y que su prolongación sólo puede seguir ocasionando más perjuicios a la delicada situación económica y social del país.
Sólo hay dos formas de convocar elecciones generales, competencia exclusiva del Presidente del Gobierno: o las convoca Zapatero de forma inmediata lo cual exigiría una grandeza política y personal de las que carece el Sr. Presidente o las convoca un nuevo Presidente elegido ex profeso mediante una moción de censura. No hay vuelta de hoja. Zapatero ya ha deicho que su intención es agotar la legislatura para acometer más reformas, a pesar de que hace tan sólo tres meses decía que ya no había más reformas (más recortes sociales) que hacer.
Por tanto, la pelota está en el tejado del Partido Popular. Si el Partido Popular quiere y está convencido de que son necesarias unas elecciones generales tiene la obligación política y moral de presentar una moción de censura, con Rajoy de candidato o con un tercero, con un único programa de gobierno: la convocatoria de elecciones. Esto es tan evidente que hasta el más torpe de los dirigentes populares lo sabe. Es, díganlo o no, una cuestión de patriotismo.
Por eso no se entiende el cruce actual de declaraciones. Aparece el Sr. Durán Lleida (o Lérida para los hispano parlantes) quien, por otra parte estaría encantado de ser ministro de un Gobierno del Partido Popular, y dice que su partido apoyaría ahora una moción de censura. Bueno, bien, más vale tarde que nunca. Y, a continuación el Sr. Pons rechaza una posible moción de censura al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como planteaba el portavoz de CiU, al entender que hay «otros mecanismos políticos» como, por ejemplo, «tratar de convencer» a PNV para convocar elecciones. Pero, alma de cántaro, si el PNV no puede convocar elecciones y lo sabes, sólo puede hacerlo Zapatero y aunque el PNV no apoye los próximos presupuestos tampoco esa circunstancia obliga a Zapatero. Pons recuerda a CiU que «ha tenido muchas oportunidades» para convocar elecciones y, sin embargo, las «ha dejado pasar». Así, y en alusión ala moción de censura, aseguró que no es necesario «llegar tan lejos», puesto que hay otros «mecanismos» para llevar a cabo esta «exigencia nacional». ¿A qué juega el Sr. Pons? Si la situación de emergencia nacional es tan grave como para tener que adelantar las elecciones y el Sr. Zapatero se niega a ello, no hay más mecanismos que la moción de censura. De nada sirve engañar a los ciudadanos ni andar realizando reproches sobre oportunidades perdidas. Lo inteligente, lo patriótico es aceptar el ofrecimiento y ponerse manos a la obra, aunque se pierda.
Claro que no es el único en decir semejantes cosas. El argumentario es el mismo para todos y el Sr. Soria pone eco a las palabras de Pons y repite "CiU tuvo ya una oportunidad para haber propiciado el final de la agonía política de Zapatero" y el Sr. Arenas recalca que el apoyo de CiU a una moción de censura "llega tarde". ¡Qué oportunidad desperdiciada para estar callados!
Entre unos que no quieren adelantar las elecciones, otros que antes no querían adelantar las elecciones y que ahora se ofrecen para adelantarlas y otros que siempre han querido adelantarlas pero que ahora les falta lo que hay que tener para ponerse a ello, la perdiz electoral está más que mareada y los ciudadanos, mientras tanto, a padecer el continuo espectáculo de los políticos y las terribles consecuencias de su ineptitud.
Santiago de Munck Loyola


martes, 1 de febrero de 2011

EL ASQUEROSO PLUMERO DEL SR. DURAN I LLEIDA.

Me quedé de piedra al escuchar al Sr. Durán i Lleida en el telediario opinando a propósito de los privilegios de los parlamentarios en materia de pensiones: "Hay que defender la dignidad; si ustedes quieren que aquí venga, simplemente, gente que no tenga ni un... nada de propiedad y ustedes, no usted como periodista, sino como sociedad en general, pretenden que esta cámara sea al final una cámara de funcionarios y de gente pobre, vamos por el peor de los caminos". ¡Toma ya! Más tarde empezó a matizar estas tremendas palabras: señaló que debería haber utilizado la expresión de gente "con pocos recursos" y que "se trata de saber si queremos tener buenos políticos porque, de no ser así, a la política solo acudirían personas por razones económicas o porque saben que hacerlo no les comportará la pérdida del puesto de trabajo y el riesgo de volver a empezar cuando acaban esta actividad".

O sea que para el Sr. Durán i Lleida los parlamentarios deben ser ricos, gente con tantos recursos que una vez terminada su etapa política no tengan problemas para reincorporarse a sus ocupaciones habituales. Ni funcionarios, ni pobres. ¡Faltaría más!

Si es así, si lo mejor es que los parlamentarios sean ricos ¿para qué necesitan entonces tantos privilegios? ¿Para ser más ricos aún? ¿Por qué necesitan montarse un sistema de pensiones exclusivo a costa del bolsillo de los contribuyentes? ¿Por qué gozan de un sistema fiscal privilegiado que les permite tributar como mileuristas? ¿Por qué su teléfono o su ordenador personal se lo pagamos todos los ciudadanos?

El Sr. Durán se pegunta si de lo que se trata es de tener buenos políticos y la respuesta es obvia: pues claro. Y para ello no hacen falta privilegios, para tener buenos políticos, buenos parlamentarios no hace falta una buena cuenta corriente. Hace falta más honestidad, menos privilegios, más trasparencia y, sobre todo, una mayor identificación de los representantes con los representados.

Nadie se opone a que los señores parlamentarios gocen de unas retribuciones dignas, pero de ahí a abusar de su posición para legislar en provecho propio, como vienen haciendo desde hace décadas, hay un abismo. Y los privilegios de sus señorías existen. La constitución española en su artículo 71 sólo establece dos privilegios, dos garantías, para el correcto ejercicio de las funciones parlamentarias: la inmunidad y la inviolabilidad. Todos los demás privilegios de los que gozan sus señorías se los han concedido ellas mismas y no son, ni mucho menos, necesarios para el desempeño de sus tareas. Y frente a estos privilegios se alza, con preferencia, el principio constitucional de igualdad ante la Ley y eso, Sr. Durán i Lleida, incluye la Ley General Tributaria o la legislación sobre pensiones.

Claro que los ciudadanos queremos tener buenos políticos y ser funcionario o pobre no es un obstáculo para ello, diga lo que diga este lenguaraz nacionalista catalán. Al revés, el hecho de que en las Cortes se puedan sentar ciudadanos normales y corrientes que tengan presente, por ejemplo, lo que supone llegar a fin de mes sería seguramente mucho más saludable e higiénico desde un punto de vista democrático que mantener a toda una casta política absolutamente corporativista y endogámica. Tanto que se viene negando de forma sistemática a reformar una legislación electoral que permite a los partidos perpetuar en los escaños a miembros de esa misma casta, de modo que se impida una mayor vinculación entre los electores y sus representantes y, por tanto, la existencia de responsabilidad electoral con los ciudadanos.

Al Portavoz nacionalista se le ha visto el plumero y es francamente asqueroso, pero no ha hecho más que expresar en voz alta lo que con más prudencia piensan muchos de sus compañeros de escaño, sean del partido que sean.

Santiago de Munck Loyola