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lunes, 12 de diciembre de 2022

2023: un año para la esperanza.




Se acaba por fin el año 2022, un año que no ha sido bueno para los ciudadanos ni en términos políticos, ni económicos. Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania se han dejado sentir en todas las economías europeas colapsando su crecimiento y provocando una inflación demoledora para todos los bolsillos, especialmente los más débiles. Y a la crisis económica hay que añadir una crisis política sin precedentes: el Gobierno ha roto uno de los pilares de la política exterior asumiendo ahora las tesis anexionistas de Marruecos sobre el Sáhara y abandonando los mandatos de las Naciones Unidas, ha legislado a la medida de los separatistas con la despenalización de la sedición y ahora con la reforma de la malversación desarmado así al Estado, ha beneficiado a decenas de delincuentes sexuales por la soberbia de la Ministra cajera y ahora se apresta a asaltar los órganos judiciales para terminar imponiendo su interpretación de la Constitución. 


Y a ello, los alicantinos hemos tenido que añadir un maltrato presupuestario sin precedentes del Gobierno de España que ha colocado a nuestra Provincia en el último lugar de inversión por habitante de toda España: 3.550 millones de € de déficit en 15 años. Maltrato que se suma al impuesto por la Generalidad de Valencia con una constante discriminación presupuestaria, con su imposición lingüística en una provincia mayoritariamente hispanoparlante, con la menor ratio de profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana y con el desmantelamiento de servicios públicos, como los servicios de emergencia (CICUS) para su traslado a Valencia. Pero también se acaba este año con un atisbo de esperanza: el 32 % de los alicantinos ya desea según una reciente encuesta, como respuesta a lo anterior, que Alicante se constituya como Comunidad Autónoma Uniprovincial. Un objetivo más que saludable para quienes aspiramos a vivir en un Alicante español, lejos de la órbita pancatalanista, integrado e integrador, orgulloso de sus raíces plurales y plenamente capacitado para decidir su futuro sin depender de Valencia.

 

Santiago de Munck Loyola

Presidente del Partido Alicantino Regionalista

jueves, 17 de junio de 2021

La autonomía para Alicante es posible y deseable.


Que Alicante es una provincia discriminada en los presupuestos de la Comunidad Valenciana o en los del Estado no lo puede negar nadie, ni en la izquierda ni en la derecha, y de hecho cuando sus adversarios políticos gobiernan en una u otra administración los políticos alicantinos se atreven a decirlo. Hoy, los políticos alicantinos de derechas lo dicen mientras que los de izquierdas se callan. Justo lo contrario de lo que ocurría cuando era la derecha quien gobernaba en el Estado o en la Comunidad Valenciana. Pero si en algo coinciden unos y otros es en que, salvo criticar esa situación injusta e incumplir sus promesas de rectificación, ni unos ni otros han propuesto jamás una alternativa constitucional para acabar con esa situación y devolver a Alicante la dignidad que le corresponde.

 

La Constitución de 1978 estructuró parte de la organización del Estado en Comunidades Autónomas tratando de descentralizarse y de acercar el poder de las administraciones a los ciudadanos. Sin embargo, el mapa autonómico no se estableció sobre la base de la distribución regional hasta entonces existente y aparecieron nuevas Comunidades Autónomas hasta entonces inexistentes o se crearon otras con escaso arraigo histórico. Madrid, Cantabria, La Rioja, Castilla La Mancha o Murcia. No se tocó la división provincial diseñada por el Ministro de Fomento Javier De Burgos y aprobada el 30 de noviembre de 1833. En este contexto nace en 1982 la Generalidad Valenciana como gobierno de la Comunidad Valenciana. El antecedente histórico remoto fue la Diputación del General, surgida en el siglo XIV como una comisión de las Cortes del Reino de Valencia para administrar un impuesto denominado generalidades.
Sin arraigo histórico real, ni arraigo popular se creó en 1982 una administración ex novo que, además, ignoró las peculiaridades históricas de la Provincia de Alicante que, por cierto, durante siglos mantuvo una administración autónoma dentro del Reino de Valencia como lo era la Gobernación General de Orihuela creada en 1366 y cuya demarcación ocupaba gran parte de la actual Provincia de Alicante.

 

Es evidente que el sistema autonómico, junto a grandes ventajas, arrastra también muchas carencias y defectos que casi nadie se atreve a abordar seriamente. La clase política se encuentra inmersa en el problema independentista y lleva muchos años olvidándose de mejorar y perfeccionar un sistema territorial cuyos defectos afectan a todos los españoles, no solo a los catalanes. Y no se trata sólo de su financiación. Sin ir muy lejos, hemos podido comprobar que el estado autonómico ha sido muy ineficiente para gestionar la pandemia: comunidades autónomas compitiendo entre sí en los mercados internacionales para adquirir material sanitario, multiplicidad de normas contradictorias, ausencia de una dirección nacional para una emergencia nacional, etc. Pero es que, además, el estado autonómico no garantiza entre los ciudadanos el principio constitucional de la igualdad de derechos en materias tan básicas como la educación, la sanidad o los derechos sociales. Ya hace años se cuantificó en 40.000 millones de euros el coste para las empresas españoles que implica la ruptura del mercado único en el territorio nacional.

 

Hay quien, como VOX, plantea como solución, en lugar de la reforma del sistema autonómico para evitar duplicidades o para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles, la simple ruptura del estado autonómico y su sustitución por un estado centralizado. Aventurar que esta propuesta es la mejor es complicado por dos razones: primero porque requeriría una profunda reforma Constitucional muy complicada de sacar adelante y, segundo, porque se agravarían las tensiones territoriales. La evolución histórica y el posibilismo político indican que la mejor alternativa es la reforma gradual del estado autonómico, paso a paso, con un horizonte lejano bien definido. Se trata de palabras mayores, de diseñar un objetivo nacional que compete, fundamentalmente, a los partidos de ámbito nacional quienes, entre otras cosas, deberían pactar entre ellos y liberarse de una vez de los chantajes de los partidos nacionalistas para gobernar.

 

Es en este complejo contexto en el que hay que situar la injusta situación de la Provincia de Alicante encuadrada en una Comunidad Autónoma centralista, una Administración Pública, la Generalidad Valenciana, que ha fracasado en la convergencia social de los habitantes de su territorio, es decir, que en sus años de existencia ha agrandado la brecha entre la renta valenciana y la alicantina en favor de la primera, una Administración que no respeta la singularidad alicantina que no es uniforme, sino plural, un Gobierno Regional empeñado en imponer una lengua extraña para la mayoría de los alicantinos y, en definitiva, un Gobierno Autonómico que actúa como freno para el desarrollo de las inmensas potencialidades de progreso que Alicante tiene. No hay ninguna razón lógica que justifique que Valencia decida cuándo deben o no abrir los comercios alicantinos, ni para imponer un idioma extraño para quienes tienen unas raíces castellanas, ni para decidir qué infraestructuras son o no necesarias en Alicante.

 

Alicante puede, si sus ciudadanos así lo deciden, seguir como hasta ahora y perpetuar esta situación o decir ¡basta ya! e intentar un nuevo camino. Alicante tiene historia propia, población y recursos suficientes como para reclamar un estatus distinto: el de Comunidad Autónoma Uniprovincial, como Madrid, Murcia, Cantabria, Asturias, La Rioja o Navarra. Y no, no es ninguna locura porque el mapa autonómico no está definido en la Constitución (no hay que tocarla) y porque la historia reciente no puede ser condicionante ni del presente ni del futuro ¿Quién decide qué punto de la historia nos vincula a una Generalidad que no se corresponde con la actual? ¿Por qué no se busca el arraigo en la Gobernación General de Orihuela? ¿O en el Reino de Tudmir? Construir una nueva Comunidad no es ser “independentista”, es ser autonomista y es serlo para reforzar la unidad de España. No se trata de construir una Comunidad Uniprovincial al uso, sino diferente. Una Comunidad solo con las competencias realmente útiles y convenientes para, de una parte, administrar los intereses alicantinos desde Alicante, no desde Valencia, y de otra fortalecer la cohesión nacional dejando al Estado las competencias que garantizan la igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles. Se trata también de economizar recursos, de no tener que sostener con los impuestos a cinco administraciones, al Ayuntamiento, a la Diputación, al Gobierno Regional, al Estado y a las Instituciones Europeas, sino a cuatro fundiendo en una a la Diputación Provincial y al Gobierno Regional.

 

Ésta es la única alternativa para que la Provincia de Alicante pueda despegar, pueda escapar del centralismo y de la voracidad de Valencia. Es la única vía para que Alicante tenga voz propia ante el Estado y deje de estar filtrada y condicionada por los intereses de Valencia y la influencia del anexionismo de los independentistas catalanes. No, no es una locura iniciar esta andadura, la locura es no hacer nada y limitarnos a quejarnos anualmente de que nos roban.


Santiago de Munck Loyola

 

 

 

 

jueves, 1 de marzo de 2018

La Constitución, el independentismo y Alicante (tercera parte).




Hay que repetirlo porque se trata de un hecho incontestable que, sin embargo, no es percibido por mucha gente: el balance de la pertenencia de la Provincia de Alicante a la Comunidad Valenciana es negativo. Las cifras no engañan. Hoy la provincia de Alicante es más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años por lo que sin ningún género de dudas se puede afirmar que la Generalidad Valenciana es, como administración pública, un fracaso. Y mientras los ciudadanos de Alicante no tengamos conciencia de ello seguiremos condenados a padecer una administración regional centralista y discriminatoria.

Pero es que, además, a esta sumisión de Alicante a los intereses socioeconómicos de la Generalidad hay que añadir ahora una peculiar situación política que está poniendo en riesgo la propia identidad libre y plural de la sociedad alicantina. La Generalidad Valenciana está presidida por un socialista, el Sr. Puig, que carece de un proyecto político propio y gobierna de la mano de otros grupos de izquierdas cuyas señas de identidad son pancatalanistas. Es el eterno problema del PSOE allí donde no alcanza la mayoría suficiente para gobernar, que se vende a cualquier grupo político por muy antiespañol que sea.

La Generalidad Valenciana, con el Pacto del Botánico, está desarrollando políticas impregnadas de pancatalanismo, contrarias a la identidad propia valenciana y más aún alicantina y de carácter excluyente. No hay más que repasar las hemerotecas para comprobar el origen ideológico de muchos altos cargos del Gobierno de la Generalidad que consideran a la Comunidad Valenciana como parte integrante de los imaginarios países catalanes y a la Provincia de Alicante como las playas del sur de Cataluña. Paso a paso, la Generalidad Valenciana está sembrando las semillas del odio hacia lo español, desde la lengua, pasando por las tradiciones hasta los símbolos, en un calco perfecto del proceso que se inició hace décadas en Cataluña y cuyas funestas consecuencias estamos viviendo estos meses. La nueva televisión autonómica ya está en manos de filoindependentistas catalanes, y la inmersión lingüística ya está en marcha para barrer la lengua materna de la mayoría de los alicantinos, el español. Todo está ya inventado. Usan la lengua y la educación como elementos de segregación y de neutralización ideológica, no es nada nuevo.

Ante todo ello, la discriminación económica permanente de nuestra provincia que se plasma en una deuda histórica de la Generalidad de más de 1200 millones de euros, la progresiva catalanización de las instituciones autonómicas y los permanentes y progresivos ataques a la escasa autonomía de la Diputación Provincial junto con una evidente voluntad de diluir las señas de identidad propias de nuestra Provincia es necesario ofrecer una respuesta, una solución para frenar este proceso. ¿Realmente queremos que dentro de unos años ningún alicantino pueda optar a un empleo público si no sabe el catalán? ¿Estamos dispuestos a que dentro de unos años los sanitarios tengan que marcharse por no saber catalán como está ocurriendo ahora mismo en las Baleares? ¿Queremos que se impida a los padres elegir el idioma en el que quieren que estudien sus hijos? ¿Nos resignamos sin más a que desde Valencia se señale cuándo deben abrir o no los centros comerciales de nuestra Provincia? ¿Nos conformamos con que se siga invirtiendo más en Valencia y Castellón que en Alicante? La respuesta es clara. Si no estamos dispuestos a todo ello, si creemos en la singularidad de Alicante, en sus propias señas de identidad, en su historia singular, en su pluralidad social, en su capacidad de gestión y en su absoluta lealtad e identificación con España es imprescindible reivindicar sus derechos y, llegado el caso, su autonomía en el marco de la Constitución.

Y no, no se trata de crear un nuevo monstruo autonómico. Se trata de transformar a la Diputación Provincial en gobierno autonómico, democratizándola, dotándola de aquellas competencias autonómicas que sirvan de verdad al progreso de nuestra tierra y devolviendo al Estado competencias cuya gestión quiebran la igualdad entre los españoles, como la sanidad, la educación o la justicia. Dos serían las consecuencias prácticas inmediatas: que los alicantinos tendríamos que sostener una administración menos y que el poder de decisión en muchos ámbitos se quedaría en Alicante.

Es un reto muy difícil, quizás un ideal de difícil consecución, pero el simple crecimiento y expansión de esta propuesta y su materialización en poder político servirá, sin duda, de acicate para que la voz de Alicante sea tenida en cuenta y para que sus justas reivindicaciones no sigan cayendo en saco roto. Si no nos respetan que al menos nos teman.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 28 de agosto de 2017

Entrevista en Ramblalibre.com

Santiago de Munck: “La Generalidad valenciana tiene una deuda histórica con Alicante”.


28/08/2017 Comunidad Valenciana.


Santiago de Munck. /Foto: ramblalibre.com.


Josep Sansano.


Santiago de Munck enarbola con decisión la bandera del alicantinismo que el próximo mes se plasmará en el nuevo Partido Alicantino Regionalista que someterá a debate proponer que Alicante se salga de la Comunidad Valenciana y se constituya en autonomía uniprovincial. Santiago de Munck denuncia el centralismo valenciano, acusa al actual gobierno valenciano de pancatalanismo y afirma que la Generalidad valenciana tiene una deuda histórica -“cuantificable”– con Alicante. La polémica está servida:


El partido Esperanza Popular cambia de nombre por Partido Alicantino Regionalista. ¿Cuál es el motivo? Esperanza Popular sugiere una relación histórica con el PP y Partido Alicantino Regionalista una nueva etapa con relación más directa con el alicantinismo.



No es exactamente así. El Partido Esperanza Ciudadana nace a partir de una asociación, Esperanza Popular constituida, entre otros, por miembros de una candidatura regeneracionista que se había organizado para concurrir a las elecciones a la Presidencia Local del PP de Alicante y cuya celebración fue impedida por el Sr. Ciscar al trocear en 5 distritos al PP y colocar a dedo al frente de ellos a Sonia Castedo. El Partido Esperanza Ciudadana se ha nutrido de muchos afiliados y antiguos votantes del PP cansados de la corrupción y de la falta de democracia interna y su ideario se sustenta principalmente en la regeneración democrática y en la defensa de los intereses de la provincia de Alicante, tanto frente a la Generalidad Valenciana como frente al Estado. Ahora vamos a dar un paso más. Ante la histórica discriminación de nuestra provincia no bastan los lamentos ni las reivindicaciones periódicas. Hay que ofrecer una solución, una alternativa y ésta sólo puede pasar por el reconocimiento del carácter plural, español y singular de la Provincia de Alicante mediante su constitución como Comunidad Uniprovincial.


¿Cuál es el balance de estos cuarenta años de autonomía de la Comunidad Valenciana? ¿Ha beneficiado o perjudicado a Alicante?


Sólo un dato basta para ofrecer la respuesta: hoy los alicantinos somos más pobres respecto a los valencianos que hace 40 años. La diferencia entre la renta media alicantina y la valenciana se ha agrandado en este período. Por tanto, una Comunidad Autónoma que no es capaz de cohesionar socialmente los distintos territorios que la componen es un fracaso. Alicante es la provincia de la Comunidad Valenciana que menos recibe de la Generalidad por habitante y ésto ha sido así con el PP y ahora con la izquierda. Durante estos casi cuarenta años se ha generado un Deuda Histórica de la Generalidad Valenciana con la Provincia de Alicante, de la que nadie habla, de varios miles de millones de euros que corresponde a la diferencia entre lo que ha percibido anualmente por habitante nuestra Provincia y lo que debería haber percibido. Esa deuda es real, perfectamente cuantificable y hay que reclamarla a la Generalidad Valenciana.


¿Puede hablarse de un centralismo valenciano?



Por supuesto. Es más, yo diría que los políticos alicantinos, por muy reivindicativos que se muestren aquí, en cuanto ocupan un cargo en Valencia empiezan a padecer el síndrome de Estocolmo. Y ello es en gran parte a que no deben su cargo a los votantes alicantinos, sino al dedazo de sus partidos y, por tanto, su lealtad está con la mano que les da de comer, no con Alicante. Desde hace décadas las grandes inversiones estatales y autonómicas en comunicaciones marítimas y terrestres se concentran en Valencia y en Valencia se concentran los servicios administrativos de la Generalidad Valenciana. Dos ejemplos pueden ilustrar lo anterior, en la provincia de Alicante no hay un sólo funcionario, ni una ventanilla, de la Dirección General de Patrimonio de la Generalidad Valenciana y, de otra parte, lo recientemente ocurrido con la Agencia Valenciana de Innovación.


El Partido Alicantino Regionalista va a plantear y debatir proponer que Alicante sea autonomía uniprovincial. Hubo, un precedente, Segovia, que se quedó a las puertas…


Ésa es nuestra propuesta porque estamos convencidos de que es lo mejor para los alicantinos y más ahora ante el pancatalanismo del que hace gala el Gobierno de la Generalidad y ante su deseo de acabar con la escasa autonomía provincial de la que gozan las Diputaciones. Nuestra provincia tiene entidad suficiente por población, por PIB, por su singularidad y por su capacidad emprendedora como para tomar sus propias decisiones, en determinadas materias, sin tener que depender de Valencia. Constituir la autonomía provincial implica eliminar el peso de una administración pública de las espaldas de los ciudadanos, asumir solo las competencias que se consideren imprescindibles para el progreso de la provincia devolviendo al Estado el resto y acercar el poder político a los alicantinos. Significa menos burocracia, menos gasto, más democracia y tener voz propia, sin el filtro de los intereses de Valencia, ante el Estado. Implica, en definitiva, fortalecer la cohesión nacional al mismo tiempo que se fortalece nuestra Provincia.


Una vez dentro de la autonomía, ¿cómo puede legalmente articularse esa propuesta? ¿cuáles serían los pasos jurídicos?



Hay que tener en cuenta de que no existen antecedentes de una propuesta como ésta y por tanto pueden plantearse interpretaciones contrapuestas sobre el procedimiento para lograr la autonomía para nuestra Provincia. En todo caso, una vez lograda de acuerdo al Título VIII de la Constitución, una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación y por los Diputados y Senadores debería elaborar el proyecto de Estatuto y elevarlo a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Proponemos que la Diputación Provincial pase a ser la administración autonómica y gestione las competencias que el Estatuto le asigne y proponemos igualmente que se devuelvan al Estado todas aquellas competencias que puedan suponer una quiebra del principio de igualdad entre los españoles y todas las que no sirvan directamente al progreso y desarrollo de nuestra Provincia. Es un error pensar que acumular competencias por el simple hecho de que otras autonomías las tienen es bueno para los ciudadanos. Lo que es apetitoso para la clase política no tiene por qué serlo para el ciudadano. Queremos una autonomía eficiente que sirva realmente al progreso de la Provincia, al bienestar de los alicantinos, al refuerzo de su propia identidad y a la cohesión nacional. Más Alicante es más España.
 

martes, 22 de agosto de 2017

Y otra patada a Alicante ¿Hasta cuándo?

No hay día que pase sin que la Provincia de Alicante reciba una patada a modo de desprecio político o de discriminación presupuestaria por parte de la Generalidad Valenciana. La última es la propia Generalidad quien se ha hecho cargo de publicitarla, sin rubor alguno, a través de una nota de prensa difundida el 20 de agosto de 2017 titulada “Turisme (sic) difunde entre periodistas de Estados Unidos la oferta turística de la Comunitat Valenciana”. En esta nota de prensa, la Generalidad Valenciana cuenta que ha organizado un viaje de prensa para “dos periodistas estadounidenses con el objetivo de promocionar y difundir la oferta turística de la Comunitat Valenciana. De este modo, entre el 18 y el 25 de agosto, periodistas de la revista digital "Healthyaging.net" visitarán diferentes localidades de la provincia de Valencia y Castellón donde la gastronomía tendrá una especial relevancia”.

Añade dicha nota de prensa que la directora general de Turismo, la alicantina Raquel Huete, destaca que con este tipo de acciones "fomentamos la promoción de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana entre los potenciales turistas norteamericanos a través de los medios de comunicación" y que es "una oportunidad exponencial para mostrar al mercado norteamericano que la Comunitat Valenciana está a la vanguardia en el campo de la restauración...” 

Queda bien claro ¿no? La Generalidad Valenciana y la alicantina Raquel Huete (Directora General de Turismo) no hablan de promocionar el turismo en una parte de la Comunidad Valenciana (Valencia y Castellón), sino en toda pero excluyen a la Provincia de Alicante, verdadero motor del turismo en la Comunidad. Este Gobierno autonómico, multipartito, de izquierdas y pancatalanista, ignora y desprecia a la Provincia de Alicante con más intensidad de lo que ya hacía el Partido Popular. Bofetada tras bofetada, patada tras patada, presupuesto tras presupuesto es evidente que la Provincia de Alicante no puede seguir así, que debe rebelarse. La Deuda Histórica generada por tanta discriminación de la Generalidad hacia Alicante es enorme, miles de millones de euros nos adeudan porque en equidad se deberían haber invertido en nuestra Provincia y, sin embargo, se han quedado en Valencia y Castellón.

La Generalidad Valenciana constituye un fracaso institucional para los ciudadanos de Alicante que lo sufren directamente en su nivel de bienestar porque la Generalidad Valenciana no ha sabido cohesionar socialmente a la población de las tres provincias que la componen, todo lo contrario. Hoy los ciudadanos de la Provincia de Alicante son más pobres respecto a los valencianos que hace 35 años, se ha agrandado la brecha entre la renta media del alicantino respecto a la del valenciano porque las políticas de la Generalidad no han propiciado la convergencia de rentas entre sus diferentes territorios. Al contrario, siendo Alicante la 5ª provincia con el Producto Interior Bruto más alto de España, los alicantinos tenemos una renta media inferior a la renta media nacional. Y éso se lo debemos a que la Generalidad Valenciana no ha invertido en nuestra Provincia lo que debía y a que ha venido influyendo para el desvío de las inversiones del propio Estado hacia el norte de la Comunidad Valenciana.

Y por si no tuviéramos suficiente los habitantes de esta Provincia con la marginación presupuestaria practicada durante décadas por la izquierda y la derecha no enfrentamos ahora a otro ataque directo a las libertades de los alicantinos y a su personalidad histórica plural y diferenciada. Es el ataque de los pancatalanistas instalados en el Gobierno de la Generalidad que con la colaboración de los socialistas atentan contra el idioma mayoritario de la provincia, contra el derecho de igualdad de los ciudadanos y contra la libertad de educación. Es el primer y decisivo paso en ese aberrante proceso de construcción de los Países Catalanes tan querido para la Vicepresidente Oltra y sus conmilitones.

No es hora de seguir lamentándose, no es tiempo ya de quejas y reclamaciones. Es hora de tomar conciencia de la realidad, de decir ¡Basta! y de actuar, de formular propuestas y acciones políticas concretas que salvaguarden la identidad de nuestra provincia y el derecho de los alicantinos a ser tratados con justicia y a decidir su propio futuro en los cauces de la Constitución Española.

Santiago de Munck Loyola.

https://santiagodemunck.blogspot.com.es

martes, 7 de febrero de 2017

Alicante: de mal en peor.


No hay peor ciego que el que no quiere ver y eso es precisamente lo que le ocurre a muchos de nuestros conciudadanos de la Provincia de Alicante. Hay quien se empeña en no querer ver la realidad bien porque le da miedo, porque no le gusta o porque está más cómodo con sus propias fantasías.

Cada vez aparecen más voces de la sociedad civil que se suman a la denuncia del maltrato presupuestario que nuestra provincia viene sufriendo desde hace décadas por parte del Estado y, sobre todo, de la Generalidad Valenciana quien, en vez de cohesionar la población de su territorio, ha ido ensanchando la brecha de desigualdad entre sus habitantes en función de la provincia de que se trate. Los alicantinos siempre vienen recibiendo menos de lo que les corresponde y eso hace que, año tras año, la diferencia entre alicantinos y valencianos sea mayor, en perjuicio de los primeros. Pero con los políticos alicantinos no pasa lo mismo que con otros sectores de la vida alicantina. Han venido usando y usan esta anómala situación como arma arrojadiza pero han sido y son incapaces de ofrecer una respuesta política que suponga el fin de la misma. El Partido Popular tras gobernar 20 años la Generalidad Valenciana carece de legitimidad moral para denunciar una discriminación que él mismo ha practicado. Alzan ahora alguna tímida voz denunciando una discriminación que persiste con el tripartito de izquierdas, pero lo hacen sin mucha convicción y escasa credibilidad. Y lo mismo pasa con los políticos alicantinos de izquierdas. Son sus correligionarios los que ahora en la Generalidad Valenciana practican esa tradicional discriminación hacia nuestra Provincia y sus antiguas reivindicaciones provinciales han sido olvidadas.

Por si esto no fuera suficiente, desde hace año y medio hay que sumar al agravio comparativo un sistemático ataque a la propia identidad de nuestra Provincia y a las libertades básicas de los ciudadanos desarrollado desde el gobierno de izquierdas de la Generalidad Valenciana. El tripartito de Valencia no ejerce un gobierno de y para los alicantinos, ni siquiera para los valencianos o castellonenses. La Generalidad Valenciana se ha convertido en un apéndice de los proyectos pancatalanistas dispuesto a facilitar el desarrollo de una ficción política como lo es la fantasía de “los países catalanes”. Nada es casual. 

El tripartito está desarrollando todo un plan sistemático destinado a catalanizar a la Comunidad Valenciana. Los ataques continuos a la libertad en la educación, la política en medios de comunicación, los continuos ataques a la Diputación provincial, la importación de un proyecto de comarcalización ajeno a la tradición política alicantina, la progresiva imposición del catalán en las administraciones públicas, la persecución del uso del español, la imposición del catalán en la educación, los recortes a la libertad de elección de la lengua vehicular, las desaforadas subvenciones a entidades procatalanistas, separatistas e impulsoras de la ruptura de la unidad de España son solo un pequeño ejemplo, quizás el más visible, de este proceso de inmersión social al que someten a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y no queda más remedio que preguntarse ¿qué pinta la Provincia de Alicante en medio de todo esto? ¿Qué hace Alicante en una Comunidad Autónoma que además de perjudicarle económicamente pretende ahora borrar su propia identidad histórica?

Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña. Alicante tiene identidad propia, personalidad única y diferente. La Provincia de Alicante tiene entidad política propia, anterior a la artificial Generalidad Valenciana y capacidad económica, social y cultural suficientes para ejercer su propia autonomía. ¿Qué ventaja obtienen los alicantinos del hecho de que las decisiones sobre la educación, la sanidad, el turismo o la política territorial se decidan en Valencia y no en Alicante? Ninguna.


Alicante, la quinta provincia española en población, con casi dos millones de habitantes censados, suma tanta población como las autonomías de Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra juntas. Y, sin embargo, está condenada a ser una provincia de segunda dentro de una autonomía sin tradición histórica que ni es leal con los alicantinos ni con el proyecto común que es España.

Es hora de abrir los ojos, de reconocer la realidad y de ofrecer soluciones antes de que sea demasiado tarde. Y una solución posible es que la Provincia de Alicante se separe de la Generalidad Valenciana y se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial. No se trata de una propuesta sencilla, pero jurídicamente es posible, económicamente es razonable, políticamente es deseable y socialmente necesaria. No hay otra fórmula para defender la identidad y personalidad propia de nuestra Provincia. No hay otra vía para reducir el enorme peso de la burocracia administrativa que costeamos los ciudadanos. No hay otro medio para que las decisiones que afectan a nuestra Provincia se tomen en Alicante y no en Valencia. No hay, en definitiva, otra posibilidad para evitar que Alicante sea incorporada a un proyecto político independentista y para impedir la importación de una fractura social que desde hace décadas crece en las provincias catalanas. Si se quiere, se puede.

Santiago de Munck Loyola