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jueves, 19 de mayo de 2022

EL PAR LLEVA ANTE LA JUSTICIA UN ACUERDO PLENARIO DE MONFORTE DEL CID APROBADO ILEGALMENTE EN 2018 QUE SUPUSO UN QUEBRANTO DE 1.000.000 DE EUROS A LA GENERALITAT VALENCIANA.


COMUNICADO.

18-5-2022

El Partido Alicantino Regionalista ha presentado hoy una denuncia contra la Alcaldesa de Monforte del Cid, el Concejal de Urbanismo y demás concejales y funcionarios que participaron en la aprobación de un acuerdo de Pleno para endosar a la Generalitat Valenciana la ejecución de dos rotondas que contractualmente correspondía a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias.

 

En 2017, el representante de la AIU Las Norias y a la vez Jefe del Servicio Territorial de Obras Públicas de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Comunidad Valenciana solicitó al Ayuntamiento de Monforte del Cid que exonerase a la citada agrupación (Urbanizadora del Polígono Industrial Las Norias) de la obligación de construir dos rotondas de acceso sobre la carretera CV-825 (valoradas en más de 1 millón de euros) alegando un cambio sustancial de las circunstancias sobre las que se estableció dicho compromiso en 2005, cuando resultaron adjudicatarios para la ejecución del PAI de dicho sector urbanístico.

 

El 17 de julio de 2018 el Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid aprobó sin el preceptivo informe jurídico de la Secretaría y prescindiendo del procedimiento previsto en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana,  que, entre otras cosas, obligaba a someter este trámite a un procedimiento de información pública y a obtener un informe del Servicio Jurídico previo.

 


A juicio del PAR resulta incomprensible la ausencia del preceptivo informe de secretaría para que el Pleno pudiese adoptar dicho acuerdo, que dicha ausencia fuese responsabilidad del Vicesecretario que preparó el expediente y del Secretario Accidental que lo llevó a Pleno, y que no fuese detectada, ni denunciada por ningún miembro de la Corporación, fuese del Gobierno o de la Oposición. En definitiva, este acuerdo plenario de 2018 del Ayuntamiento de Monforte del Cid impulsado por la Agrupación de Interés Urbanístico Las Norias y la Alcaldesa de Monforte del Cid se tradujo en un quebranto en las arcas de la Generalitat Valenciana, según la documentación obrante, que alcanzaría el millón de euros. Así, la AIU Las Norias se ahorró este millón de euros que sumados a los 400.000 euros ahorrados en el acceso del convenio de 2021 con el Ayuntamiento y la empresa UVASDOCE (convenio denunciado por el PAR el 18 de marzo de 2021 se instruye en el Juzgado N.º 3 de Novelda, Diligencias Previas 167/21, juzgado que el 7-4-2022 dictó auto pidiendo el auxilio judicial de la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude) supone una mejora de 1.400.00 euros para dicha agrupación empresarial en su cuenta de resultados, agrupación presidida entonces por el Jefe del Servicio Territorial de Obras Públicas de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Comunidad Valenciana.

jueves, 5 de mayo de 2022

Un Gobierno “partío”.

Nunca antes un Gobierno de España había ofrecido un espectáculo tan bochornoso como el que está ofreciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. El asunto de los espías es el último esperpento de una larga serie que protagonizan socialistas, comunistas, separatistas y proetarras. Y todo salta a raíz de un informe de “Citizen Lab”, un “laboratorio interdisciplinar” de la Universidad de Toronto, Canadá. Este laboratorio se financia a través de grandes fundaciones norteamericanas, como la “Open Society” de Soros. En dicho informe se afirma que 65 independentistas catalanes han sido espiados. Algo que, tras un intento de golpe de estado y tras toda clase de acciones delictivas vulnerando el estado de derecho y poniendo en peligro la convivencia ciudadana pacífica, cualquier demócrata entendería como algo absolutamente necesario siempre que se haga con las garantías legales necesarias. El Estado tiene que protegerse y protegernos. Es de cajón. Y para ello debe usar todos los medios necesarios para prevenir la comisión de delitos y más cuando los delincuentes están en la calle y no han renunciado a reincidir en sus propósitos ni en los medios. No, no se trata de un espionaje por motivos ideológicos, a nadie se le espía por pensar lo que le venga en gana.

 

El problema real para el conjunto de los ciudadanos es que tenemos un gobierno que tiene a los socios que tiene, un gobierno que depende para sobrevivir parlamentariamente de partidos cuyos dirigentes han delinquido tratando de pisotear la Constitución y las reglas de la democracia. Tiene su aquél escuchar al Demóstenes independentista Rufián rasgarse las investiduras y proclamar que "lo que está pasando no pone en riesgo la legislatura, pone en riesgo la democracia". Mira, payaso, lo que verdaderamente ha puesto en riesgo la democracia ha sido que tú y tus comparsas hayáis intentado romper las reglas de la democracia y os hayáis ciscado en la soberanía del pueblo español. A ver si lo entiendes, los españoles incluidos los catalanes tenemos derechos, entre ellos, el de decidir entre todos el futuro de nuestro país y va siendo hora de que todos los catanazis como tú lo asumáis. Es comprensible que toda la recua de catanazis trate de inflar el asunto del espionaje por dos razones, la primera porque el victimismo es consustancial a los independentistas, la segunda porque con ello apagarán cualquier mirada hacia sus amores pasados con el sátrapa de Putin cuya ayuda buscaron para armar su intento secesionista.

 

Y tan real como el problema anterior es el problema de la división interna del Gobierno. Es evidente que los podemitas-comunistas no han asumido aún que ellos mismos son parte del gobierno y que, por tanto, son parte de los problemas del mismo. No se puede ser gobierno y oposición a la vez. O estás dentro o estás fuera, pero las dos posiciones simultáneamente son absolutamente imposibles. No puedes estar en un gobierno que sin consultarlo con nadie se carga décadas de una posición internacional de España respecto al Sáhara y al mismo tiempo criticar y condenar ese cambio. Y cuando se trata de un asunto de tal relevancia no vale con desmarcarse de ese cambio radical con críticas más o menos indignadas, lo único que vale es presentar la dimisión y salir del gobierno. Eso es lo que haría cualquier político decente. Pero, claro, es duro renunciar a la moqueta, a los privilegios, a los coches oficiales, a los sueldos y a la corte de asesores podemitas colocados cómodamente en la administración pública. Ni por el pueblo saharaui, ¡faltaría más!

 

Pero ya en el colmo de la desfachatez los podemitas llegan a pedir la dimisión de compañeros de gobierno como la de la Ministra de Defensa, asumiendo, cómo no, las peticiones de los independentistas, pasándose por el arco del triunfo la presunción de inocencia. ¿Alguien se imagina a la ministra Belarra o a Irene Montero pidiendo en el Consejo de Ministros que dimita o sea cesada Margarita Robles? Francamente improbable.

 

Los españoles padecemos un gobierno dividido y enfrentado, un gobierno sostenido parcialmente por grupos políticos enemigos de la unidad del Estado y un gobierno torpe en sus reacciones y sin escrúpulos. Un gobierno que para aplacar a sus socios es capaz de poner en riesgo el prestigio internacional del Estado y la seguridad interna desvelando aspectos secretos de las estrategias contra la delincuencia institucional, capaz de incluir a los enemigos del estado en la Comisión de Secretos oficiales o capaz de condicionar la aprobación de importantes medidas económicas al acuerdo y al voto de los herederos de la ETA. Para llorar, de verdad.

 

Santiago de Munck Loyola