Juan José Hernández Rico: un alcalde ignorante y/o mentiroso.

El 4 de abril de 2024, en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Monforte del Cid, el alcalde comunista, Juan José Hernández Rico, intentó amedrentar a los concejales esgrimiendo su particular interpretación del artículo 417 del código penal relativo a la revelación de secretos. El alcalde, firme defensor y encubridor de las prácticas corruptas de su antecesora, advirtió a los concejales que contar a los vecinos el contenido de las propuestas de acuerdos que se aprueban en las Comisiones Informativas para ser aprobadas o rechazadas en el Pleno del Ayuntamiento podría ser delito según el Artículo 417 del Código Penal. Dicho artículo señala lo siguiente “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.

En cualquier partido democrático, las propuestas de resolución aprobadas en las comisiones informativas son trasladadas a la militancia o a sus órganos directivos por parte de los concejales para fijar el voto del partido en el Pleno. Es el ABC de la democracia participativa en el escalón más cercano al ciudadano, el municipal. Sin embargo, según el alcaldesito y la silente secretaria municipal, contar a los militantes de un partido, a sus órganos de gobierno qué se va a votar en un Pleno municipal sería un delito. Seguro que los concejales comunistas y socialistas votan en los Plenos sin que sus compañeros de partido puedan opinar lo más mínimo, y para opinar hay que conocer el contenido exacto de las propuestas de resolución, pero esa no es la práctica habitual en los demás partidos.

No existe norma alguna que señale que las propuestas de resolución de las comisiones informativas de un Ayuntamiento sean secretas o, como dice el código penal, que no deban ser divulgadas. Como tampoco lo son los dictámenes de las Comisiones del Congreso sobre los proyectos y proposiciones de ley. De hecho, suelen publicarse y difundirse ampliamente por la prensa los dictámenes de dichas comisiones, como todos hemos tenido la oportunidad de comprobar respecto a la futura Ley de Amnistía. Si fuera como dice el Sr. Hernández Rico, habría miles de condenas judiciales anuales de concejales por contar a sus compañeros qué se pretende votar en el siguiente Pleno a celebrar.

Hay quien debería hacer caso a sus mayores e intentar acabar sus propios estudios antes de atreverse a dar lecciones de derecho, exhibiendo su indigencia intelectual, para intentar coaccionar y amedrentar a los concejales de la oposición. Las mentiras en la vida privada puede que funcionen, pero en el ámbito público tienen un recorrido muy corto y minan la credibilidad de los políticos.