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lunes, 29 de noviembre de 2010

ELECCIONES CATALANAS. UN CRECIMIENTO ESCASO DEL PP.

Ya se sabe que inmediatamente después de unas elecciones nadie ha perdido, todo el mundo encuentra algún motivo de satisfacción y, sobre todo, algún chivo expiatorio al que cargar las culpas. Las victorias siempre tienen paternidad, mientras que las derrotas suelen ser huérfanas. Ayer se celebraron las elecciones al Parlamento catalán que se saldaron con un nuevo triunfo de Convergencia y Unión que, según parece, esta vez sí podrá gobernar y una derrota sin paliativos de los partidos componentes del gobierno tripartito entre los cuales quien ha salido peor parado ha sido Esquerra Republicana de Cataluña al perder más del 50 % de su representación parlamentaria. Ciudadanos aumenta ligeramente el voto y mantiene su representación e irrumpe en el Parlamento catalán el partido independentista de Laporta quien, por cierto, así adquiere inmunidad parlamentaria que nunca viene mal considerando los vientos que corren por el Barça.

Por su parte, los compañeros del Partido Popular de Cataluña están exultantes de alegría. El PPC ha aumentado su representación en 4 escaños pasando de los 14 obtenidos en 2006 a 18. Se habla de resultado histórico al haber conseguido un escaño más que los obtenidos en 1995 con Aleix Vidal Cuadras. El resultado es bueno y me alegro por ello, pero no es como para echar las campanas al vuelo. Es un resultado que merece, y estoy seguro de que se hará, un análisis detallado porque, en todo caso, es un resultado mejorable y preocupante.



Hay que considerar que los 18 escaños sí suponen un resultado histórico desde una perspectiva parlamentaria cuantitativa, pero el resultado no lo es desde una perspectiva electoral cualitativa. El Partido Popular de Cataluña no ha conseguido superar su techo electoral ni en número de votos, ni en porcentajes y ése es un dato fundamental a la hora de considerar futuras estrategias. En efecto, en 1995 el Partido Popular de Cataluña obtuvo sus mejores resultados electorales fijando un techo aún no igualado ni superado. En 1995, con un censo de 5.079.981 electores y con una abstención del 36,36%, el Partido Popular obtuvo 421.752 votos, es decir, el 13,21 % de los sufragios (17 diputados). En 2010, con un censo de 5.230.886 electores y con una abstención del 40,05 %, el Partido Popular ha obtenido 384.019 votos, es decir, el 12,33 % de los sufragios. Casi un punto porcentual menos que hace 15 años y unos 35.000 votos menos. Por tanto, no parece muy exacto hablar sin más de resultado histórico y dormirse en los laureles. Es cierto que las diferencias de contextos entre ambas elecciones son grandes como también lo son la música y la letra utilizada por el Partido Popular en cada ocasión. Los resultados obtenidos en 1995 fueron entonces considerados como el preludio de una victoria del Partido Popular a nivel nacional. Y así fue, en 1996 el Partido Popular ganó, pero “por los pelos”. Ahora, el resultado en Cataluña es peor, en términos cualitativos, que el de 1995. Cabe preguntarse ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que con “la que está cayendo” el Partido Popular no mejores notablemente sus resultados? Porque no hay que olvidar que Convergencia tampoco iguala los resultados que obtuvo en 1995, se queda aún 2 puntos por debajo.

Es evidente que algo no se está haciendo bien desde un punto de vista electoral y de comunicación. Algo está fallando en la música o en la letra del Partido Popular de Cataluña que no hace tan atractiva su canción para una parte del electorado como lo fue hace 15 años y al que no se consigue recuperar pese a los evidentes desastres del gobierno de Rodríguez Zapatero y de sus socios catalanes.

Santiago de Munck Loyola.

jueves, 25 de noviembre de 2010

RIVAS: LA CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATÍA.

La aprobación definitiva del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid fue la culminación de un largo proceso técnico y político que centró vivamente la atención de los agentes sociales durante meses. La aprobación del PGOU por unanimidad en el Pleno municipal fue un logro no exento de dificultades y tensión. A primeros de julio de 2002, recibimos en la Oficina de Grupo Popular dos cajones con los documentos y planos del PGOU. Contábamos con poco más de dos semanas para su estudio antes del Pleno correspondiente. El concejal popular responsable del Urbanismo, José María García, se fue de vacaciones por lo que me tocó estudiar la documentación. Revisada la misma, presenté cerca de 100 enmiendas al proyecto, Muchas de ellas fueron aceptadas antes del Pleno pero había tres obstáculos fundamentales para que el Grupo Popular pudiera dar su voto favorable. Antes del Pleno, expuse la situación a los miembros del Comité y propuse la abstención si no se salvaban estas tres objeciones frente a la propuesta de voto favorable de José María García. El partido decidió condicionar el sí a la aceptación por parte del Gobierno Municipal de las tres objeciones citadas. No queríamos, ni mucho menos, paralizar el desarrollo del municipio y éramos conscientes de que el voto favorable de los tres Grupos Municipales ayudaría a la aprobación definitiva en la Comunidad. Lo cierto es que finalmente y en medio de un complicado plano, el Gobierno aceptó nuestra posición y dimos el voto afirmativo.

Una de nuestras objeciones era que en el PGOU se intentaba prohibir, y así se disponía, la existencia de equipamientos de carácter privado, por ejemplo, un colegio o un hospital. Parecía que la apuesta exclusiva por lo público era una cuestión de principio para la izquierda ripense. Ante la dudosa legalidad de esa norma en el PGOU y la necesidad del voto favorable del PP, la norma desapareció.

Vienen estos recuerdos a propósito de la reciente inauguración de un centro privado concertado en Rivas-Vaciamadrid, la Ciudad Educativa Municipal Hipatía. ¡Quién les ha visto y quién les ve ahora! De querer prohibir los colegios privados han pasado a regalarles suelo público, suelo de todos los vecinos. Eso sí que parece una súbita conversión al liberalismo. Algunos, haciendo gala de una simpleza sospechosa, afirman que se han visto obligados a esta cesión porque si no la Comunidad no iba a invertir en el Municipio. ¡Vamos, como que si esto fuera cierto no la habrían montado! ¡Menudo argumento para poder seguir practicando el victimismo! Pero no, no ha sido así.

Desde hace muchos años, para IU y, en especial, para el conocido como el can de los maestros, la educación ha sido un instrumento muy eficaz de control y expansión política partidista. Sin escrúpulo alguno han utilizado asociaciones, centros educativos y actividades para la práctica del proselitismo partidista. Baste recordar como fletaban autobuses y subían en ellos a los niños, sin autorización de sus padres, para llevárselos a manifestaciones en Madrid. Como también era conocida en ámbitos educativos la intención de un grupo de profesores de promover una institución educativa no pública, promovida por el propio Ayuntamiento. En esta ocasión no hay nada nuevo bajo el sol, no hay súbita conversión a nada. Se trata de una operación que viene de lejos.

No es de extrañar pues el cálido recibimiento a las autoridades de la Comunidad de Madrid. El Alcalde y sus correligionarios están francamente satisfechos con la Ciudad Educativa Municipal Hipatía. Han conseguido su objetivo a pesar de la aparente contradicción. Y si a algún defensor del humanismo cristiano y de la libertad le cabe alguna duda que se fije bien en el nombre del nuevo centro.

Santiago de Munck Loyola

martes, 23 de noviembre de 2010

RIVAS: LO VERDE COMO COARTADA DE IU PARA EL LADRILLO.

Hay algunos personajes a los que les molesta profundamente que haya contado por aquí hechos ocurridos hace años que pudieran evidenciar irregularidades en la gestión municipal de la izquierda ripense. Y en lugar de demostrar que mis apreciaciones son erróneas acuden al insulto y a la descalificación. ¡Que se le va a hacer! Está claro que si no pueden demostrar mi error y tienen que acudir al insulto es que no ando descaminado. Ladran luego cabalgamos.

No hay gestión política exenta de errores o irregularidades y pretender que la gestión de la izquierda de Rivas a lo largo de los años ha sido impecable es de una simpleza absoluta o, lo que es peor, un claro ejercicio de cinismo. A lo largo de los casi 20 años que la izquierda ha gobernado Rivas-Vaciamadrid ha habido muchos casos de irregularidades, todas denunciadas en la propia institución municipal o en la prensa. Algunos de estos casos los he relatado en estas páginas. Si bien es cierto que se puede oponer que se trata de asuntos lejanos que ya no interesan, también es cierto que el tiempo solo extingue las responsabilidades penales, pero no las morales ni las políticas.

Tampoco es preciso bucear en el pasado más o menos lejano para detectar asuntos que parecen, cuando menos, sospechosos o extraños. Con la Ley en la mano y bajo un discurso supuestamente progresista se desarrollan en muchas ocasiones acciones políticas y administrativas en apariencia inocuas pero que, en realidad, no lo son y que solo pueden ser perceptibles prestando mucha atención y vigilando atentamente la acción de gobierno.

Un caso reciente llama la atención y plantea no pocas incógnitas. En el Parque Regional de la confluencia de los Ríos Manzanares y Jarama había varias propiedades de extensión considerable en suelo especialmente protegido pertenecientes a seis propietarios distintos entre los cuales estaban, por ejemplo, Emiliano Revilla o la familia Huarte. Una empresa con muy escasa actividad desde su constitución en 2001 denominada DEPECOS SL se dirigió en 2008 a estos propietarios y les ofreció comprar sus suelos cuyo valor, dado el grado de protección de los mismos, era muy bajo. Esta oferta de compra sólo se materializaría si todos los propietarios sin excepción accedían a la venta o llegaban a acuerdos de representación con dicha empresa. El representante de la misma indicó a los propietarios que contaba con el apoyo del Ayuntamiento de Rivas quien, considerando el valor medioambiental de los suelos, iba a expropiarlos posteriormente.

Los propietarios se entrevistaron con el Alcalde de Rivas quien les ratificó el interés del Ayuntamiento para adquirir los suelos y así protegerlos mejor y les señaló que solo habría expropiación si había un solo propietario. Por tanto no les expropiaría directamente. Cerrados los acuerdos con esta mercantil, el Ayuntamiento inició el procedimiento expropiatorio, el 17 de abril de 2008 el Pleno aprobó la posibilidad de pago en terrenos ya que no había dinero y el 23 de enero de 2009, el Ayuntamiento y los propietarios firmaron la avenencia entregándose suelos procedentes de las cesiones obligatorias por un importe equivalente al doble de lo que DEPECOS SL había pagado a los propietarios. En febrero de 2010 DEPECOS SL vendió el 40% de una de estas parcelas a una cooperativa por un importe de 1.137.163,15.- €. Se trata pues de una operación inmobiliaria de gran magnitud que plantea muchos interrogantes.

¿Por qué se expropian unos suelos sin causa jurídica suficiente? ¿El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional del Sureste y la propia Ley autonómica son tan deficientes como para que sea imprescindible que el Ayuntamiento se haga con la propiedad de esos suelos protegidos y pierda tantos millones de euros del patrimonio municipal? ¿Qué usos va a dar el Ayuntamiento a esos suelos y en qué plazos? ¿Por qué el Ayuntamiento no expropia directamente a los propietarios ahorrándose la mitad del precio pagado? ¿Por qué el Ayuntamiento organiza la expropiación con un intermediario? ¿Por qué no usa los mecanismos legales previstos en la Ley reguladora del Parque para adquirir el suelo? ¿Se ha ofrecido a la Comunidad de Madrid el derecho de tanteo legalmente previsto? ¿Se ha sometido esta operación urbanística a debate y a información pública? Si el Ayuntamiento no disponía de dinero para pagar la expropiación ¿por qué no procedió a subastar previamente los suelos vendiéndolos al mejor postor? ¿Porque se trataba de una ocurrencia de última hora no presupuestada? ¿O para evitar así la libre concurrencia propia de una subasta y poder entregar los suelos directamente a DEPECOS SL? ¿O porque era la única vía para que llegasen a un destinatario final concreto evitando una adjudicación de suelos en libre concurrencia?

Son muchas las cuestiones que pueden plantearse en torno a esta peculiar forma de usar el patrimonio de todos los vecinos. Lo que jurídicamente puede parecer, a primera vista, correcto encierra muchas sospechas de que políticamente y éticamente no lo es tanto. Es evidente que esta gestión es absolutamente deficiente y pone de manifiesto, una vez más, el despilfarro de bienes públicos bajo el pretexto de nobles fines medio ambientales y la devoción de los dirigentes locales de IU al denostado ladrillo. Sencillamente, esta operación huele mal, muy mal.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 18 de noviembre de 2010

Sáhara: ¿Tenemos política exterior propia o el Gobierno paga algún favor?

No lo entiendo, sinceramente. Y casi prefiero no entenderlo. Me refiero a la posición que el Gobierno Español y el PSOE está adoptando en relación no sólo a los dramáticos acontecimientos que están teniendo lugar estos días en el Sahara, sino también, desde hace años con todo lo relativo al referéndum de autodeterminación pendiente y a las propias relaciones con el país vecino, Marruecos. Del discurso socialista solidario y comprometido con el pueblo saharaui no queda más que viejas fotos y antiguos textos en las hemerotecas y algún que otro “verso suelto”, pero, sobre todo, queda la sensación de una utilización sin escrúpulos de una noble causa sacrificada por un pragmatismo genuflexo o como pago de favores pasados adeudados al dictador marroquí.

Produce sonrojo escuchar a cargos gubernamentales hablar del régimen de Marruecos como de una democracia. Pero para vergüenza ajena las propias intervenciones de la Ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, por cierto, según se comenta, vetada como interlocutora por el Gobierno marroquí por su condición femenina y sustituida por el cesado Moratinos en su última visita a Marruecos. Basta escuchar la entrevista realizada por Pedro J. a la Ministra ayer (http://fonoteca.esradio.fm/2010-11-17/entrevista-de-pedro-j-a-trinidad-jimenez-19361.html) para darse cuenta del nivel de representación exterior que tiene España. Lo más sorprendente es que ante las numerosas denuncias de las atrocidades que, al parecer, el Gobierno de Marruecos está llevando a cabo, diga la Ministra que el Gobierno Español no puede condenarlas sin que haya una investigación previa, que el gobierno español está esperando a los resultados de la investigación a realizar ¿por quién? Por el propio gobierno marroquí, es decir, por el denunciado. O es tonta la ministra, o nos toma por tontos a los ciudadanos. Los peores augurios que se cernían sobre la política exterior española cuando la nombraron para el puesto se están cumpliendo de sobra. No tiene ni la capacidad, ni la inteligencia, ni la astucia suficiente para salir del paso y tratar de “salvar los muebles”.


Un gobierno como el nuestro que no es capaz de condenar la muerte violenta de un ciudadano español a manos de la policía marroquí, que no es capaz de defender con firmeza la libertad de información de los medios de comunicación españoles y que consiente que se los difame e insulte por parte del Gobierno de Marruecos sin levantar la más mínima protesta diplomática, que no es capaza de condenar las constantes violaciones de los derechos más elementales de la población saharaui es que no tiene una política exterior digna de tal nombre y, si la tiene, no es suya, es la del vecino.

¿Hay que esperar a que el Gobierno de Marruecos se investigue a si mismo? ¿La defensa de los derechos humanos pasa por que el torturador se investigue a si mismo? ¿Y si el verdugo concluye que lo ha hecho todo bien? ¿Se trata de una nueva doctrina diplomática? ¿Se va a actuar igual cuando Israel vuelva a machacar a flotillas humanitarias? ¿Está de broma la ministra, no?

Es evidente que este Gobierno ha roto con uno de los pilares de la política exterior española que, en relación al Sahara, había sido mantenido, al menos formalmente, inalterable durante los últimos 30 años. Este mismo Gobierno que cuando era oposición reclamaba incesantemente consenso en la política exterior española, va ahora por libre. Seguramente el sátrapa marroquí se está cobrando alguna deuda. Si no es así, no se entiende.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 15 de noviembre de 2010

DISCRECIONALIDAD = CORRUPCIÓN.


Hace unos días por la tarde, escuchaba en la radio un programa de la COPE en el que participaban varias concejalas de Alicante. Enseguida se enzarzaron en un agrio debate sobre la corrupción que era usada como arma arrojadiza y en el que “y tú más” era el principal argumento. Lo sorprendente fue escuchar en repetidas ocasiones que la palabra “imputado” era considerada, poco menos, como una prueba de la existencia de delitos. Para alguna de las contertulias el hecho de que “fulano” hubiese sido imputado era casi como una condena que le inhabilitaba para la política. Sinceramente, parece muy poco serio que cargos públicos hagan semejantes exhibiciones públicas de su ignorancia, subrayándola además con un tono de voz elevado. Hoy se ha hecho público que el Portavoz socialista en las Cortes Valencianas ha sido imputado por presuntos delitos cometidos cuando fue Alcalde de Alicante como consecuencia de una querella del PP. Y ya andan sueltos los voceros de turno condenando a este señor como un presunto delincuente por el hecho de haber sido imputado. La corrupción vuelve a ser un arma arrojadiza en la política diaria y cobra mayor fuerza ante la proximidad de una convocatoria electoral.



Que alguien sea imputado judicialmente como consecuencia de la interposición de una querella no quiere decir, ni mucho menos, que haya cometido un delito o que esté procesado porque ni siquiera se han practicado las diligencias judiciales que permitan sostener la existencia de indicios racionales de criminalidad en su conducta. El concepto de “imputación” está siendo utilizado con tanta alegría como ignorancia para tratar de descabalgar a mucha gente de las listas electorales. Los políticos de uno u otro signo así como los periodistas deberían ser mucho más cuidadosos y escrupulosos a la hora de usar con fines electorales los trámites judiciales.

La corrupción es un mal ampliamente extendido que afecta a todas las esferas tanto públicas como privadas. Y ciñéndonos a la corrupción pública, a la política, hay para todos. Según la Memoria del año 2009 del Fiscal General del Estado, los casos judiciales abiertos por partidos políticos son los siguientes:

PSOE, 264 casos.
PP, 200 casos.
CC, 43 casos.
CiU, 34 casos.
IU, 20 casos.
GIL, 17 casos.
UM, 7 casos.
BNG, 3 casos.
PNV, 3 casos.

A ellos habría que añadir los correspondientes a grupos independientes o los abiertos contra funcionarios o empleados públicos sin el concurso de representantes políticos.

Por tanto, a la vista de estas cifras resulta ridículo e incluso hipócrita que los representantes de los partidos políticos intenten identificar a sus adversarios políticos con la corrupción. El “y tú más” al que nos tienen acostumbrados no puede ni debe calar en la opinión pública.

Es cierto que en el ranking mundial de la corrupción, España no es considerada como una de las naciones más corruptas.   En http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results España aparece en el puesto nº 30 con 6,1 puntos mientras que con 9,3 puntos aparecen tres países escandinavos como los menos corruptos. Pero, aún así, es necesario buscar fórmulas que asfixien las prácticas corruptas. Según publicaba el Diario el Mundo a finales de 2009, la corrupción ha sustraído en los últimos 10 años, y en tan sólo 28 casos, 4.158 millones de euros. Una pasada y eso tan sólo en lo relativo a lo que se contabiliza en los casos sub iudice.

En el ámbito público hay dos fuentes principales en las que nacen la mayoría de los casos de corrupción: el urbanismo y las contrataciones públicas. Pese a los esfuerzos legislativos realizados en los últimos años en los que se ha ganado en transparencia, no se ha atacado la causa primera que favorece la aparición de cualquier práctica corrupta. Tanto en el ámbito del urbanismo, como en el de las contrataciones públicas la principal causa de la aparición de prácticas corruptas es la discrecionalidad en muchos procedimientos por parte de políticos como de funcionarios. Cuando un procedimiento de calificación o clasificación de suelo depende un última instancia del contenido favorable o no de un determinado informe o de una decisión política se abre claramente la puerta a prácticas ilegales. El establecimiento de criterios tasados y objetivos por Ley en todos y cada uno de los pasos de los procedimientos urbanísticos y la eliminación del carácter discrecional en los mismos sería un paso decisivo y una mayor garantía para la erradicación de prácticas ilegales. Y otro tanto ocurre en los procedimientos de contratación de bienes, obras y servicios de las administraciones públicas. La legislación vigente en esta materia ha complicado enormemente los procedimientos pero no ha resuelto en absoluto las graves deficiencias que ya se habían detectado con la anterior legislación. Son necesarias reformas legislativas que simplifiquen y hagan más transparentes los contratos, que establezcan criterios puramente objetivos para las adjudicaciones, que primen la relación precio calidad y eliminen cualquier la posibilidad de cualquier valoración subjetiva en los criterios de adjudicación de los contratos. Tanto en el terreno del urbanismo como en el de las contrataciones, el derecho comparado ofrece excelentes ejemplos para desterrar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la toma de decisiones. Solo hace falta una decidida voluntad política para llevarlo a cabo, aunque parece que a la clase política no le interesa mucho.

Santiago de Munck Loyola.



sábado, 13 de noviembre de 2010

COSPEDAL Y PAJÍN: ¿DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA?


En estos días viene siendo noticia la polémica levantada por los ingresos de la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal. A los socialistas manchegos les parece escandaloso que acumule dos sueldos: uno público como senadora autonómica del PP y otro semipúblico como Secretaria General del Partido Popular. Su indignación es tal que incluso van a reformar una Ley autonómica para impedir que Cospedal pueda seguir percibiendo simultáneamente estas dos retribuciones. Es una iniciativa acertada e insuficiente, aunque también hay que decirlo es una medida hipócrita porque los proponentes, los socialistas castellano manchegos, a juzgar por su silencio, estaban muy contentos con que Leyre Pajín percibiera no dos, sino tres retribuciones simultáneas provenientes del erario público.

Cospedal recibe dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, como Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibe otros 3.560 euros del Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su función. Pajín percibió durante mucho tiempo tres retribuciones: como secretaria de Organización del PSOE, como ex secretaria de Estado de Cooperación Internacional y como senadora por la Comunidad Valenciana, cerca de 240.000 euros anuales también. Aunque existe mucha más opacidad en su caso es de suponer que ahora percibirá dos retribuciones públicas simultáneas, como senadora y como ministra. Habrá quien argumente que las retribuciones percibidas de un partido político no son públicas, pero de todos es sabido que los ingresos económicos de los partidos políticos tienen en un 90 % su origen en las subvenciones públicas. Por tanto, hay que considerar estos ingresos a efectos prácticos y, sobre todo, éticos como de carácter público.

Pero éstos no son los únicos casos de cargos políticos con varias retribuciones públicas simultáneas. La lista puede ser interminable. Piénsese además el enorme número de empresas públicas, incluidas las financieras, en cuyos Consejos de Administración están sentados cargos políticos y que cobran sustanciosas dietas por asistencia a los órganos de representación de dichas entidades, dietas que se acumulan sin problema alguno a otras retribuciones salariales públicas. Es posible que los políticos españoles no estén entre los mejor pagados de la Unión Europea, pero muchos están pagados varias veces para compensar.

Del mismo modo que acumulan diferentes ingresos pero con un mismo origen, el erario público, bajo fórmulas distintas (sueldos, dietas, indemnizaciones, pensiones, etc.) también se produce otro fenómenos que distorsiona claramente el funcionamiento del sistema democrático, su limpieza y transparencia. Se trata de la acumulación de cargos institucionales que, además, están retribuidos. Es muy frecuente encontrarse con políticos que forman parte del poder ejecutivo, como alcaldes o concejales, y del poder legislativo, como diputados autonómicos, nacionales o senadores. Al margen del debate que podría abrirse sobre la independencia de los poderes y de su propia virtualidad en nuestra realidad, lo cierto es que se trata de una práctica cuando menos anómala. No existe incompatibilidad y, si bien es cierto que algunos partidos la establecen en sus reglamentos internos señalando excepciones, lo habitual es que la excepción se convierta en la norma. Es materialmente imposible desempeñar adecuadamente las funciones de Alcalde y, al mismo tiempo, las de Diputado y cuando se simultanean los dos puestos es evidente que uno de ellos no se desempeña con la dedicación, eficacia y responsabilidad que es exigible en puestos de esa relevancia. O la alcaldía está mal atendida o el escaño mal representado. Y lo que es indecente es cobrar íntegramente las retribuciones de los dos cargos porque se está percibiendo una retribución íntegra por un cargo que no se desempeña con dedicación absoluta.

El perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas exige la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la percepción que de las mismas tenemos los ciudadanos y, entre ellas, están el establecer unos criterios claros y ejemplarizantes sobre el uso del dinero de los contribuyentes en cuanto a las retribuciones de los cargos públicos y el delimitar muy claramente las incompatibilidades para el ejercicio de varios cargos públicos simultáneamente.

Es una cuestión de principios y de sentido común que debería ser asumida por todos los dirigentes políticos con independencia de su militancia. Los criterios son sencillos y fáciles de llevar a la práctica mediante las reformas legislativas precisas:

- Prohibir la percepción de más de una retribución proveniente del erario público sea en forma de sueldo, dieta, compensación o indemnización.

- Prohibir el desempeño de dos o más cargos públicos simultáneamente.

Con ello, nuestras instituciones y nuestros representantes ganarían credibilidad y respaldo social. Seguro.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 12 de noviembre de 2010

DESAHUCIOS DE VIVIENDAS: TODOS COMO EL DE RAFAEL VERA.

A pesar de los famosos e invisibles “brotes verdes” anunciados hace tiempo por el Gobierno, lo cierto es que la recesión que padecemos sigue golpeando con fuerza a las familias españolas. Y una de las consecuencias más grave de esta recesión es la pérdida de la vivienda de miles de familias por no poder hacer frente a los pagos de su hipoteca. Entre 84.000 y 300.000 ejecuciones hipotecarias, dependiendo de la fuente que se consulte, se habrán producido cuando haya acabado este año. Eso significa que cuando estos procedimientos hayan concluido miles de familias se habrán quedado sin hogar y, si tienen suerte, lo harán sin deber dinero al banco pues la práctica abusiva y consentida por la clase política de permitir una nueva retasación de la vivienda a la hora de ejecutar la hipoteca está haciendo que, en muchos casos, además de perder la vivienda se sigue debiendo dinero al banco. No es raro el día en que tenemos conocimiento a través de algún programa televisivo de actualidad de casos tristes y duros de personas que se ven en la calle por culpa del impago de su hipoteca. Lo cierto es que hasta el día de hoy tan sólo IU ha realizado una propuesta para impedir los desahucios por impago de la hipoteca como consecuencia de la crisis. Resulta francamente desoladora la falta de sensibilidad y de solidaridad de la clase política en cuyas manos está impedir que este drama se siga extendiendo.

Y en medio de este panorama resulta sorprendente la resolución del tribunal constitucional dictada hace casi un año, el 9 de diciembre de 2009, suspendiendo la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo que preveía el desalojo del Ex Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, condenado por malversación de fondos públicos, el caso de los “Fondos Reservados”. El 18 de octubre de 2004, el Tribunal Supremo había condenado a Rafael Vera como responsable de la malversación de 645 millones de pesetas (3,8 millones de euros) procedentes de los fondos reservados que estaban asignados al Ministerio del Interior. El Alto Tribunal confirmó que en concepto de responsabilidad civil Vera reembolsase los 141 millones de pesetas por el dinero que había sustraído y, por tanto, el decomiso de las fincas "La Berzosilla" (situada en Torrelodones, Madrid) y "El Relumbrar" (Albacete), propiedades que decía el Supremo habían sido "adquiridas con el dinero proveniente de un delito". Rafael Vera recurrió al Tribunal Constitucional solicitando la suspensión del desalojo de la finca “la Berzosilla” ya que alegaba que era su vivienda habitual y la de su familia y que carecía de otra vivienda alternativa donde ubicarse. Sorprendentemente la Sala Segunda del Tribunal Constitucional suspende la ejecución de la sentencia del Supremo porque, según queda constatado "en una consolidada doctrina constitucional", salvo "supuestos excepcionales", las resoluciones judiciales que ordenan el desalojo de la vivienda o local "pueden originar un perjuicio difícilmente reparable que aconseja optar por la suspensión de la ejecución".

El Alto Tribunal subraya que "la pérdida de la posesión del inmueble podría dar lugar a un perjuicio difícilmente reparable en su integridad, al generar una situación irreversible".

La Sala accede a la petición de suspensión, ya que, de lo contrario, "la Administración podría efectivamente proceder al desalojo del recurrente de su domicilio permanente y habitual que comparte con su familia, con los consiguientes perjuicios difícilmente reparables que supone la privación de posesión de la citada vivienda". Para colmo, esta esperpéntica sentencia añade que "el desalojo forzoso del recurrente del domicilio que ocupa desde hace más de 20 años supone un perjuicio difícilmente reparable en su integridad y, por tanto, suficiente para justificar la suspensión".

A todo esto hay que añadir un dato relevante, la celeridad. El Constitucional ha tardado solo tres meses en atender la solicitud de suspensión de Rafael Vera.

Al leer esta sentencia hay que plantearse por qué no se aplica el mismo criterio para cualquier ciudadano. Si "la pérdida de la posesión del inmueble podría dar lugar a un perjuicio difícilmente reparable en su integridad, al generar una situación irreversible", ¿no ocurre lo mismo cuando la pérdida de la posesión de un inmueble es de un honrado ciudadano que por culpa de la crisis no puede pagar su hipoteca? O ¿acaso los perjuicios difícilmente reparables en su integridad sólo se dan cuando se trata del desahucio de un delincuente y no de un ciudadano corriente? ¿No se puede ordenar el desalojo de un delincuente porque ocupa su domicilio desde hace 20 años y sí se puede desalojar a miles de familias que no han cometido delito alguno?

Si la justicia funcionase como es debido, esta resolución debería servir de antecedente para que cualquier ciudadano obtuviese el mismo trato y con la misma rapidez que Rafael Vera. Pero no es así. Es evidente que hay dos varas de medir en la justicia española y que la falta de respuesta de la clase política ante una sentencia semejante huele a corporativismo rancio. Con esa doctrina jurisprudencial lo mejor que podrían hacer es extenderla para todos los ciudadanos y, en consecuencia, legislar lo necesario para impedir semejante agravio comparativo.

Santiago de Munck Loyola.

sábado, 6 de noviembre de 2010

LOS MAESTROS DE LA COMUNICACIÓN.


La comunicación política cuando no está debidamente orientada o cuando el mensaje que se pretende trasladar a la sociedad es débil o inconsistente se convierte en un arma muy peligrosa cuyas heridas requieren tiempo para su sanación. La reciente entrevista a Mariano Rajoy en el diario El País es una buena muestra de ello. En ella, Mariano Rajoy afirmó que le gustaba el plan de recortes que el primer ministro británico, David Cameron, ha implantado en su país. Y esa afirmación hecha sin matizar ha sido hábilmente utilizada por los socialistas para estructurar todo un discurso que están repitiendo como loros estos días. De ella deducen que si a Rajoy le gusta lo que Cameron ha hecho en Gran Bretaña es que piensa hacer lo mismo en España. Es decir que Rajoy tiene un “programa oculto” y que ese programa consiste en realizar recortes sociales. Se trata de un prodigioso razonamiento deductivo que, analizado serenamente, no se sostiene y, sin embargo, lo han sabido convertir en toda una pieza de artillería con la que están continuamente machacando. Ni que decir tiene que la situación británica no es comparable con la española y que, por consiguiente, las recetas que allí puedan ser aplicables no tienen por qué ser válidas para España, pero no importa. Han descubierto un “programa oculto” y lo han identificado con recortes sociales.


Y tiene su gracia la cosa. Resulta cuando menos sorprendente que sean precisamente los socialistas los que pongan el grito en el cielo ante la hipótesis de que Rajoy pretenda hacer recortes sociales. Ellos nunca lo harían, no. No sé si trata de la arrogancia que el poder otorga en muchas ocasiones o si simplemente se trata de cinismo político. ¿Cómo pueden denunciar que los demás quieran o pretendan hacer recortes sociales? ¿Qué legitimidad tienen para hacerlo quienes llevan años realizando recortes sociales sin precedentes?

No hay mayor recorte social que el paro. Hace poco más de dos años, Zapatero, a pesar de que en su mesa estaban todos los informes que señalaban la existencia de una grave crisis económica, negó su existencia y prometió el pleno empleo para esta legislatura. Y la política económica que siguió no hizo más que agravar la situación multiplicando los efectos devastadores del paro. Y para recortes sociales ahí está la rebaja salarial media de un 5 % de las retribuciones de los funcionarios en 2010 y de un 8% en 2011. Para recorte social ahí está la congelación de las pensiones incumpliendo el Pacto de Toledo y negándose a su debate en el Congreso de los Diputados. Para recorte social ahí está la subida del IVA que afecta a ricos y a pobres por igual. Para recorte social ahí está la supresión del cheque bebé. O para recorte social ahí está la supresión de la devolución de los 400 euros del IRPF. Y la lista de recortes sociales perpetrada por este gobierno socialista no se acaba ahí, sino que puede completarse con muchas otras decisiones de carácter fiscal o laboral adoptadas por este Gobierno.

Éste sí que era y es un programa oculto. Ni una de estas medidas figura en el programa socialista con el que concurrieron a las elecciones de 2008. Habrá quien lo justifique alegando que se trata de decisiones impuestas por una realidad imprevisible hace dos años. Pues ya hay que ser torpes para no haber previsto la que se nos venía encima. Pero no, no se trata de imprevisión. Se trata de un gran engaño, de una gran mentira que sirvió para ganar las elecciones últimas.



Que los autores de esta gran estafa hablen ahora de un “programa oculto” de la oposición no tiene credibilidad alguna. Que los autores de tanto recorte social en los últimos meses traten de denunciar hipotéticas propuestas de recortes sociales de la oposición, es una auténtica burla a la inteligencia y al sentido común. Eso sí, hay que reconocerles que para comunicar mentiras son unos auténticos maestros.



Santiago de Munck Loyola.

viernes, 5 de noviembre de 2010

DEL DICHO AL HECHO.

La necesidad de proyectar una determinada imagen y unos valores concretos hace que muchos políticos terminen por decir y enunciar cosas en las que realmente no creen o que, ni siquiera, han formado parte de su bagaje intelectual o de sus reflexiones y compromisos personales. Tal es así que leen discursos grandilocuentes, evidentemente redactados por terceros, cargados de nobles ideas y buenos propósitos, pero que realmente no se corresponden con sus convicciones íntimas. Hay que suponer que es así, que no son plenamente conscientes del alcance de sus palabras y que, por tanto, es normal que su acción política no se corresponda con sus palabras e ideas. Porque, de lo contrario, lo que hay que suponer es que son unos auténticos cínicos y que no les importa usar la mentira como instrumento permanente de comunicación.

La decisión del PSOE de vetar las enmiendas de la Oposición en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 para impedir que en el Parlamento se pueda hablar de la congelación de las pensiones constituye una buena prueba de ello. Este veto socialista, escudándose en una interpretación restrictiva y posiblemente fraudulenta del Reglamento del Congreso, tiene por finalidad que ni tan siquiera se pueda discutir o hablar sobre la citada congelación de las pensiones. No se trata ya de que se rechacen las enmiendas destinadas a impedir la congelación, sino de impedir lo más elemental: que se pueda hablar de ello. Si el Congreso de los Diputados, si el Parlamento donde reside la soberanía nacional no es el lugar adecuado para que se discuta sobre ello algo muy profundo quiebra en el sistema democrático.

Hay que recordar lo que José Luis Rodríguez Zapatero manifestó en su discurso de investidura el jueves, 15 de abril de 2004, en el Congreso de los Diputados:

“Estoy decidido a propiciar que las Cámaras puedan ejercer efectiva y eficazmente su misión fundamental de controlar al Gobierno. Es una cuestión de racionalidad política: en esta Cámara reside la soberanía nacional. Es una cuestión de pedagogía política: un Parlamento anquilosado, prisionero del Gobierno, pierde su condición de referente político para el ciudadano. Es una cuestión de valores políticos: aquí es donde debe concretarse el diálogo y la transacción en una sociedad plural.”

¡Qué abismo entre estas palabras y la decisión de vetar las enmiendas de la Oposición! O simplemente mentía entonces o nunca se enteró de lo que leía. Y, en todo caso, es evidente que el deseo de revitalizar la acción parlamentaria nunca formó parte de su acervo democrático. Felipe González usó sólo una vez el veto. José María Aznar ninguna. Y Zapatero lo ha usado ya 60 veces. Las cifras hablan por sí solas de las convicciones democráticas del Presidente y, sobre todo, de su capacidad de mentir a la sociedad española.

Cada día es mayor la distancia y más acusado el contraste entre sus palabras y sus hechos. Tanto discurso escrito por terceros, tantos cientos de asesores en la Moncloa sólo consiguen evidenciar la profunda vaciedad intelectual del personaje.

Santiago de Munck Loyola