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martes, 28 de diciembre de 2010

PARAISO FISCAL ESPAÑOL: LAS CORTES GENERALES.


Dice Wilkipedia que un paraíso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos. Las autoridades europeas señalan entre los paraísos fiscales a los siguientes países o territorios: Andorra, Anguila, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Islas Cook, Islas Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Vanuatu. A ellos habría que añadir, entre otros, a Mónaco o San Marino por sus ventajosas reglas fiscales.

Y sin llegar a tanto, tenemos los españoles unos territorios muy pequeños y céntricos que se caracterizan por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a ciertos ciudadanos. Se trata del Congreso y del Senado, de las Cortes Generales. Allí donde reside la soberanía nacional se aplica un régimen especialmente favorable para sus señorías que contrasta poderosamente con el régimen aplicable al resto de los contribuyentes, los que pagan el sueldo a sus señorías.


Bien es cierto que el Reglamento del Congreso en su Artículo 8.3 señala que todas las percepciones de los Diputados estarán sujetas a las normas tributarias de carácter general. Pero esta disposición sólo se cumple formalmente porque las normas tributarias de carácter general establecen la excepción para sus señorías que así resultan especialmente beneficiadas. Es lo que se dice legislar para uno mismo. Así, en su artículo 17.2, apartado b, de la Ley del IRPF se dejan exentas de tributación las cantidades que los parlamentos y otras instituciones públicas "asignen para gastos de viaje y desplazamiento" a los representantes públicos. Según los expertos fiscales entre el 40% y el 75% del sueldo real de diputados, senadores y, en general, de cualquier cargo de representación pública, goza de exención fiscal, es decir, que no tributa a Hacienda gracias a las abultadas dietas que cobran sus señorías.

Con la suma total de sus ingresos, un diputado o senador, si tributase como cualquier ciudadano, podría llegar a hacerlo fácilmente al tipo máximo marginal del IRPF, establecido en el 43%. Pero ésa no es la realidad, sino otra muy distinta. Sus señorías incluyen como dietas de gastos por manutención, transporte o alojamiento cantidades muy superiores a las reales disminuyendo así sus ingresos sujetos a imposición. Con esta técnica quedan libre de impuestos entre el 40 y el 75 por ciento de su renta real y tributan a un tipo marginal de entre el el 10 y el 25 por ciento, es decir, igual que los contribuyentes de renta media o baja.

Todo dentro de la más estricta legalidad y, a mi juicio, de la más estricta inmoralidad. No hay razones políticas, económicas o sociales que justifiquen esta nueva quiebra al principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Del mismo modo que sus señorías deberían renunciar a sus privilegios en materia de pensiones e indemnizaciones y someterse al régimen general, cada vez más exigente, que imponen al resto de los ciudadanos, también deberían hacerlo en el ámbito fiscal. Sus señorías y los demás cargos públicos beneficiados con estas triquiñuelas fiscales deberían pensar y asumir que son, ante todo, servidores públicos y que están ahí para servir a los ciudadanos y no para servirse de los ciudadanos. La dedicación política puede ser dura y sacrificada, pero es voluntaria y, por tanto, no puede tener mejor compensación que la de la satisfacción por servir lo mejor posible a los ciudadanos. Sin ejemplaridad de la clase política no es posible ni ético pedir a los ciudadanos asumir sacrificios en tiempo de crisis.

Una ventaja sí que tienen nuestros parlamentarios por sul nivel de renta y es que no pueden tener acceso a determinadas subvenciones como las que se otorgan para la adquisición de VPO. Y es que si tuvieran acceso a las mismas verían que cuando uno recibe una subvención para comprar una casa porque su renta es baja, después tiene que declarar esa subvención como renta y tributar a hacienda por ella. Eso que se ahorran sus señorías.



Santiago de Munck Loyola.

domingo, 19 de diciembre de 2010

RIVAS: IU REPITE AGITACIÓN.

El pasado 14 de diciembre, Izquierda Unida de Rivas-Vaciamadrid ha lanzado una campaña de recogida de firmas para reclamar una mejora de las condiciones en que se desarrolla el servicio de metro en la localidad. Para ser más concreto, las reivindicaciones que plantea en esta campaña Izquierda Unida son exactamente las mismas que planteó el partido Popular de Rivas-Vaciamadrid hace 11 años: ampliación de horario, equiparación de precio del billete e inclusión de todo el municipio en la misma zona tarifaria. Lástima que entonces estas propuestas no fueran apoyadas por IU aunque también las reivindicaba por su cuenta.

Cada vez que se aproxima una cita electoral, IU encuentra siempre una causa para enarbolarla, promover el victimismo entre la población ripense y fortalecer así los signos identitarios e identificadores son su candidatura. El victimismo siempre le ha venido bien a IU. Fomenta siempre el agravio comparativo, se erige como fuerza salvadora y cataliza los sentimientos ciudadanos con un solo objetivo, lograr su voto. Después, si te he visto no me acuerdo. Recuerdan bastante en sus tácticas a los gobernantes que en los momentos difíciles siempre encuentran un enemigo exterior al que culpar, sea una confabulación judeo masónica o una conjura de los especuladores internacionales que se ceban ahora en nuestra deuda pública. A veces se asemejan a los nacionalistas que, ante la más mínima crítica a su gestión, se envuelven en la bandera e identifican la crítica con un insulto a los sentimientos y valores de su región.

En 1991, lo hicieron con la incineradora, aunque años después no tuvieron inconveniente en pactar la supresión de ayudas a los movimientos contra la misma a cambio de una abstención en los presupuestos municipales de 1996. En 1995, lo hicieron con los asentamientos gitanos de la Cañada y, en menor medida, también con la incineradora. En 1999 la causa estaba en el régimen de funcionamiento del Metro. En 2003, la Guerra de Irak y el Prestige. Agitación, movilización, criminalización del discrepante y votación. Siempre el mismo proceso y siempre con buenos resultados. Por ello, no sorprende que vuelvan a la carga a cinco meses de las elecciones. Aunque esta vez les ha faltado imaginación, se repiten. Este tema ya lo agitaron en 1999.

Claro que, pasados 11 años desde la inauguración del metro cabe preguntarse sobre la honestidad y credibilidad de esta campaña. Porque, vamos a ver, ¿en 11 años no han tenido tiempo de sentarse a negociar con la Comunidad de Madrid, con el Consorcio de Transportes, para encontrar una solución a estas justas reivindicaciones? Es evidente que cuando IU quiere ponerse el traje institucional y sentarse a negociar con la Comunidad de Madrid lo sabe hacer y de hecho lo hace. Ahí está el ejemplo del nuevo Colegio concertado Hipatía. Ha negociado tanto y tan bien que el municipio cuenta ya con este colegio concertado a pesar de que esta iniciativa va en contra de lo más significativo de los principios y programas de IU. Y el Sr. Alcalde estaba radiante el día de la inauguración. Y muy complacido. ¿O será que negocia aún en contra de los principios programáticos de IU cuando hay algún beneficio para cierto sector social? También se ha puesto el traje institucional para el nuevo centro de salud. Por tanto, ¿a qué viene ponerse ahora el traje de la barricada?

Todo apunta a que no se trata de una iniciativa honesta ni necesaria para lograr la mejora del funcionamiento del metro. Todo apunta a que se trata, una vez más, de la habitual campaña de agitación pre – electoral y que las firmas de los ciudadanos, en realidad, importan muy poco a los dirigentes locales de IU, como les ha importado poco durante estos 11 años cómo venía funcionando el metro.

Parece que las ideas se han agotado en el politburó y por eso retoman esta antigua bandera. Y es que el poder tan prolongado apoltrona a cualquiera, hasta al más revolucionario.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 16 de diciembre de 2010

¿REFORMA DE LAS PENSIONES? SÍ, PERO LAS DE LOS POLÍTICOS PRIMERO.

Ayer, 15 de diciembre, se reunió la Comisión del Pacto de Toledo y según apuntan casi todos los medios informativos parece que hay un amplio consenso para introducir dos importantes modificaciones en el actual sistema de pensiones: Por una parte, retrasar la edad de jubilación lo que parece indicar que, si bien no se han atrevido a concretar una edad, es muy posible que se retrase la jubilación hasta los 67 años, por otra, ampliar el período de cotización computable pasando de los 15 años actuales a 20 o 25 años.

Sobre este asunto parece que hay dos cuestiones fuera de toda duda: la necesidad de abordar una reforma del actual sistema de pensiones para garantizar su viabilidad futura y la legalidad y legitimidad política de quienes deben llevar a cabo tal reforma.

Sostengo que nuestros parlamentarios y nuestro gobierno carecen de la legitimidad moral suficiente para abordar esta reforma que implica necesariamente un retroceso en los derechos sociales adquiridos por los ciudadanos. Y ello es así por la sencilla razón de que nuestros políticos están anclados en privilegios que blindan su situación personal en lo relativo a las pensiones, indemnizaciones y subsidios de toda índole una vez que cesan en su actividad pública. Es de cajón que quien no está dispuesto a renunciar a sus privilegios, quien no está dispuesto a asumir sacrificios carece de toda legitimidad moral para exigirlos a los demás. Y eso es precisamente lo que le pasa a la clase política española.

El Art. 14 de la Constitución de 1978 señala que los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por su parte, en el Capítulo III, bajo el epígrafe “DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA.”, el Art. 50 determina que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y, en cuanto a los Parlamentarios, el Art. 71 de la C.E. establece la inviolabilidad por sus opiniones y la inmunidad parlamentaria, como únicas diferencias para garantizar el ejercicio de sus funciones. Nada señala nuestra Constitución sobre la existencia de privilegios económicos de los parlamentarios por el ejercicio de su cargo, ni establece un Régimen Especial de previsión social para los mismos. Es evidente que los parlamentarios españoles se ha dado a si mismos un trato especial y diferenciador en materia de pensiones que vulnera directamente el principio constitucional de igualdad y que supone una grave afrenta comparativa con el resto de los ciudadanos, los contribuyentes.

Estos parlamentarios que ahora mismo debaten sobre si nos retrasan o no la jubilación a los demás, pueden jubilarse a los 60 años si han cotizado a la Seguridad Social durante 40. Estos mismos parlamentarios que ahora discuten sobre si nos amplían el período de cálculo para la determinación de la cuantía de la pensión de 15 a 20 o 25 años tienen garantizada la pensión máxima (2.466,20.- €) con 11 años de actividad parlamentaria. Estos mismos parlamentarios son los que tiene regulados toda una serie de disposiciones que permiten complementar, vía Presupuestos públicos, las cantidades necesarias para lograr la pensión máxima en el caso de no contar con los 11 años señalados. Y no son éstos los únicos privilegios con los que cuentan como las indemnizaciones por transición, cuando dejan el escaño, o las indemnizaciones por cese.

Para qué hablar de las indemnizaciones o “pensiones” de cargos públicos como los 129.000.- € anuales del ex - presidente de la Generalidad Catalana, de los ex – presidentes del Gobierno de la Nación o las pensiones e indemnizaciones de los cargos públicos regionales, diputados autonómicos, etc. Estos privilegios económicos de los políticos se justifican siempre o bien aludiendo a la necesaria homologación con los políticos europeos (como si al resto de los ciudadanos ya estuviéramos homologados en cuanto a salarios, pensiones o derechos sociales) o la dificultad de reintegración al mercado laboral una vez terminada la dedicación política. A nadie se le obliga a asumir responsabilidades políticas y ya el propio desempeño de las mismas conlleva suficientes privilegios como para que sea necesario su prolongación una vez concluidas. La dedicación a la política no puede justificar el establecimiento de cómodos colchones de por vida.

Hoy por hoy, nuestros parlamentarios, nuestros gobernantes carecen de autoridad moral, de legitimidad moral para exigir sacrificios al conjunto de los ciudadanos. Es condición indispensable y previa que renuncien a sus privilegios económicos, que hagan realidad el principio constitucional de igualdad ante la Ley y que se sometan al Régimen General en materia de pensiones, indemnizaciones o subsidios al igual que el resto de los ciudadanos. En cualquier tiempo y momento la ejemplaridad es la mejor pedagogía política, pero en tiempos de crisis lo es aún más. Sólo así podrán conseguir que la clase política no sea considerada cada vez más como un problema por parte de la ciudadanía, en lugar de la solución a los problemas que nos agobian.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 9 de diciembre de 2010

LA HUELGA DE LOS CONTROLADORES (2).

Ya se ha pasado el caos aeroportuario del fin de semana causado por la huelga salvaje de los controladores y la ineptitud chulesca de este gobierno. Y toca ahora realizar toda clase de comentarios y debates en torno a dicha huelga. No hacía falta que el Sr. Zarrías, conocido como el pulpo multivoto, culpara al Partido Popular de este desastre. Conociendo su talla intelectual era de esperar tan fino diagnóstico por parte del reputado político socialista.

Hoy se ha celebrado Pleno en el Congreso para debatir sobre este asunto. Y, como no podía ser menos, desde las filas socialistas han vuelto a adjudicar responsabilidades a la oposición. Era de esperar que repitiesen, con menos zafiedad que la del Sr. Zarrías, los mismos argumentos. Todo menos asumir responsabilidades. El convenio colectivo suscrito por el Gobierno de Partido Popular con los controladores expiró en diciembre de 2004 y es normal, habida cuenta la brillante capacidad gestora delictual gobierno, que en seis años no haya tenido tiempo material de negociar uno nuevo, ni de reformar el sistema, ni de legislar lo necesario para evitar un desastre como éste. No señor, los socialistas no han tenido tiempo y toda la culpa es del Sr. Aznar que está compinchado con los controladores. Lo peor de todo es que seguramente ellos mismos y quizás alguno de sus votantes se lo creen.


Mariano Rajoy ha tenido hoy una buena intervención, responsable y crítica a la vez con este “desgobierno”, Pero quizás ha pecado de excesiva cortesía parlamentaria, una cortesía que los gobiernos del Partido Popular no recibieron nunca de la entonces oposición socialista. «El ministro de Fomento es un inútil total con dosis importantes de caradura porque siempre encuentra una excusa para no asumir sus responsabilidades» ha recordado el líder de la oposición citando a Alfredo Pérez Rubalcaba quien dedicó esta frase en 1999 al Ministro de Fomento Arias Salgado por unos retrasos en el aeropuerto de Barajas. Rajoy ha añadido que no sería él quien se las dedicase al Ministro Blanco porque él no es así. Pues eso último creo que le ha sobrado, yo sí creo que el Sr. Blanco es, como Ministro de Fomento, un inútil total con dosis importantes de caradura porque siempre encuentra una excusa para no asumir sus responsabilidades. Y en estos días ha dado importantes pruebas de ello al igual que sus conmilitones. El Sr. Blanco ha estado mintiendo a la sociedad al afirmar en agosto que los problemas con los controladores estaban resueltos y ha mentido en repetidas ocasiones al afirmar que ya existía la homologación para los controladores militares. Y ha sido un auténtico chapucero por acudir al decreto y a la imposición el pasado mes de febrero en lugar de a la negociación y al acuerdo. ¡Vaya con el gobierno del talante! Desde otras posiciones tanto Llamazares como Rosa Díez han tenido unas acertadas intervenciones.

Hay dudas más que fundadas sobre la legalidad del decreto de militarización y de la declaración del Estado de Alarma. El Gobierno ha acudido a estos instrumentos jurídicos excepcionales para resolver un conflicto laboral, no hay que olvidarlo. Se trata de una huelga tan salvaje como la de los empleados de Metro del pasado mes de julio tan aplaudida por la izquierda ya que el choque frontal era con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En ambas se vulnera la ley y se pisan claramente los derechos de los ciudadanos. La diferencia estriba en el volumen económico de los daños causados y en el estatus de los huelguistas, pero la esencia es la misma. En la huelga de Metro se impedía fundamentalmente a los trabajadores usar ese medio de transporte para ir a trabajar. En la de controladores el perjuicio principal ha sido para quienes no han podido usar los aviones, no para trabajar, sino para disfrutar de unas vacaciones. Dos varas de medir a la hora de analizar, justificar y solucionar conflictos laborales. Pero, desde luego, la solución a estos conflictos no pasa por esgrimir como una estaca los instrumentos constitucionales. No quiero ni pensar lo que habría ocurrido si fuese el Sr. Aznar el que hubiese decretado el estado de alarma. ¡Cuanta hipocresía!



Santiago de Munck Loyola

domingo, 5 de diciembre de 2010

San Nicolás.

Mañana, 6 de diciembre, es San Nicolás en Bélgica y hoy, allí, es la noche mágica para los niños. El Santo Obispo, recién llegado de Valencia tal y como manda la tradición, recorre las casas belgas dejando los regalos soñados por los más pequeños.

Afortunadamente, una de las costumbres de su Bélgica natal que mi padre había conservado era celebrar la fiesta de San Nicolás, así que en casa se celebraba esta fiesta y la de los Reyes Magos. Juguetes y regalos por partida doble, al empezar las fiestas navideñas y al finalizar las mismas. Aún recuerdo perfectamente a mi padre relatándonos la vida de San Nicolás y los milagros que había realizado. Los hermanos escuchábamos atentamente la historia del Santo y especialmente, al menos en mi caso, el episodio en el que el viejo Obispo resucitaba a los tres hermanos descuartizados y conservados en sal para servir de alimento en una posada. La verdad es el episodio tiene su miga y contado con todo género de detalles no es que sea de lo más apropiado como relato infantil, pero nos gustaban las historias que mi padre nos contaba. Lo hacía con mucha seriedad y captaba toda nuestra atención. La verdad es que era muy bueno contando historias, a veces, demasiado bueno.

En todo caso era una noche muy especial. Como lo era el levantarse al día siguiente. Nos despertábamos muy pronto y si alguno de los hermanos se había quedado dormido lo despertábamos rápidamente. Nos reuníamos e íbamos al cuarto de nuestros padres para despertarlos y para que se levantaran para bajar al salón a ver si había llegado San Nicolás. En alguna ocasión, el Santo tuvo dificultades de transporte y no llegó a tiempo. Ya se sabe, el mal tiempo en estas fechas en Bélgica es muy traicionero. Cuando estábamos todos de pie, bajábamos las escaleras. Mis padres delante con el bebé de turno en brazos. Detrás los más pequeños y por último los mayores. En perfecta formación. Al terminar la escalera y girar hacia el centro del salón empezaban las exclamaciones. Juguetes y dulces esparcidos por la habitación. Siempre parecía que había más de lo que en realidad había porque tanto San Nicolás, como los Reyes Magos, tenían la costumbre de sacar los regalos de sus cajas y ponerlos a su lado. Todo era brillo y color. No siempre coincidía el regalo con lo solicitado en la correspondiente carta, pero no nos importaba. En seguida, cada uno se hacía con su regalo y se enfrascaba con él. Y después del desayuno, a la calle, a jugar y a enseñarlo a los amigos.

Si el regalo era compartido como ocurrió con un coche de pedales o con una bicicleta BH, una buena táctica consistía en ponerse malo al día siguiente para no ir al cole y poder disfrutar en solitario tras una repentina mejoría. A mi me funcionó una vez, al menos.

Es difícil poder describir todo lo que pasaba por la mente y el corazón de un niño en esos momentos. Pero queda, sobre todo, una nostalgia impregnada de un profundo amor y ternura hacia quienes lo hacían posible, a los creadores de aquella magia e ilusión. Gracias.

Santiago de Munck Loyola.

sábado, 4 de diciembre de 2010

LA HUELGA DE LOS CONTROLADORES.

¡Buena la han montado los controladores! Miles de ciudadanos tirados en los aeropuertos, vacaciones rotas, reservas de hoteles canceladas, el espacio aéreo de todo el país cerrado y decretado el estado de alarma. Todo un caos generado por una impresentable huelga salvaje que va a generar cientos de millones de euros de pérdidas en una economía cada vez más cerca de ingresar en la UVI con una intervención europea. Sin entrar a valorar las razones de los controladores que, posiblemente sean muy respetables, lo que no es admisible es el método elegido para hacer valer sus legítimos derechos. La responsabilidad de estos profesionales ha brillado por su ausencia. Han chocado frontalmente con el gobierno del talante y las consecuencias las sufren todos los ciudadanos, vuelen o no, porque la imagen y la economía española han salido gravemente dañadas.

Y si grave es la actitud de los controladores no lo es menos la del Gobierno. Preguntado el Ministro de Fomento, Sr. Blanco, sobre las razones que han impulsado al Gobierno a aprobar el decreto causante del conflicto la víspera de un puente, se ha limitado a decir que los controladores llevaban tiempo saltándose los acuerdos y que “no acetaban (sic) la ley”. Ha añadido el inefable Ministro que hacían barbaridades tales como “computar como jornada trabajada las bajas por enfermedad”. Ignoraba yo que el tiempo que uno está de baja enfermo haya que trabajarlo una vez dado de alta, pero en fin, lo dice el Sr. Ministro. Desde luego no sé si los controladores “acetan o no acetan” la normativa en vigor y me es completamente indiferente para poder saber por qué el Gobierno ha elegido precisamente estas fechas para su decretazo, cuestión a la que no ha querido responder el Sr. Blanco. Del mismo modo, ignoro el “ojeto esato” (sic) de las negociaciones entre AENA y los controladores, pero me preocupa saber por qué este Gobierno no previó las consecuencias que podían acarrear sus decisiones. ¿Cómo es posible que el Gobierno no supiese que se iba a montar este jaleo? Si lo sabía y no hizo nada, mal y si no lo sabía peor.
Que por primera vez en la Democracia un Gobierno haya tenido que acudir a decretar el estado de alarma suspendiendo así derechos constitucionales es tremendamente significativo del estado de deterioro de la situación. Y que el Sr. Rodríguez Zapatero no salga a dar la cara lo es aún más. Por primera vez un Gobierno suspende derechos constitucionales y ¿no tiene nada que decir a los ciudadanos el Presidente del Gobierno? Es absolutamente increíble. El Portavoz del Partido Popular, Sr. Pons ya se ha ocupado en el día de hoy de recordárselo a la ciudadanía.

Pero, claro, no cabría preguntarse lo mismo del Jefe de la Oposición. ¿Acaso la promulgación del estado de alarma por primera vez en nuestra democracia no exigía una comparecencia pública inmediata del Presidente del Partido Popular? Yo creo sinceramente que sí. Como creo que es un error achacar al Sr. Zapatero lo mismo que hace el Sr. Rajoy, aunque las responsabilidades sean distintas. Como decía el Conde de Romanones: ¡Vaya tropa!

Santiago de Munck Loyola

jueves, 2 de diciembre de 2010

SOY CULPABLE Y PAGO EL CANON DIGITAL.



Lo confieso: soy adicto a hacer fotografías, a hacer películas con mi videocámara, a escribir, a usar el teléfono móvil y a navegar por Internet. Cada vez que viajo o participo en alguna reunión familiar uso la cámara de fotos o la de video, a veces la del móvil. De vez en cuando me pongo a escribir y a diario navego por la red. Estas aficiones me han convertido en un presunto delincuente y por ello tengo que pagar un canon a los indigentes artistas españoles. Lo confieso, soy culpable. No lo puedo evitar.

Para satisfacer estos bajos y perniciosos instintos decides ir equipándome poco a poco. Ya tienes un móvil porque has aprovechado los puntos acumulados aunque, como querías el último grito, te ha tocado pagar un poco. Este, además de pantalla táctil tiene una estupenda cámara. Te compras un ordenador con los complementos que parecen necesarios para poder desarrollar estas criminales aficiones. Cuando no entiendes mucho de esto siempre hay algún buen amigo o en las grandes cadenas un amable dependiente, normalmente muy joven que te mira con aire de suficiencia y de comprensión ante tu ignorancia, que te va aconsejando sobre lo que te puede ser más útil:

.- ¿Qué uso le va a dar al equipo, señor?

.- Pues, no sé, el normal, archivar fotos, videos, documentos, usar Internet…

.- ¿Y se quiere gastar mucho?

.- La verdad es que cuanto menos mejor, pero, vamos, tampoco me dé un saldo, quiero algo práctico, bueno y que no sea muy caro.

Amablemente, te aconseja un PC con grabadora, con un escaner, con una memoria externa por seguridad, una impresora y, como es barato, te llevas de paso una memoria USB que “viste mucho”. Al llegar junto a la caja ves las ofertas de CD y DVD y te llevas unos cuantos, dos caja de 10 unidades. Pagas, te dan la factura con el precio, IVA incluido, pero no pone nada de un canon. Pasado un tiempo y recuperado del “sablazo” compras una cámara de video y, de paso, una cámara fotográfica digital. La misma operación, amable dependiente, sabios consejos y paso por caja. Ya has reunido suficientes piezas para empezar tu carrera delictiva. Ya te puedes convertir en un creador, en un cineasta doméstico, en fotógrafo casero y perder las horas por Internet. El equipo ha costado una pasta, IVA incluido, pero ha merecido la pena para poder dar rienda suelta a tu capacidad creativa.


Haces tu primera foto, la vuelcas en el ordenador, una copia en la memoria externa, haces una copia en CD y la imprimes. O lo mismo con tu película. ¡Qué satisfacción! Y ahora echas cuentas. 9 € por el escaner, 7,95 € por la impresora, 19,40 € por el PC, 1,10 € por el móvil, 12 euros por la cámara de fotos, 12 € por la cámara de video, 12 € por la memoria externa, 3,15 € por la memoria USB, 2,20 € por los CD y 4,40 € por los DVD. Total 83,20 € o lo que es lo mismo 13.843 de las antiguas pesetas. ¡Jo, qué barato! Pero, no, los 83,20 € no son el precio, es el canon digital que has pagado por convertirte en autor, es el dinero que pagas a la SGAE, a los artistas de la ceja. ¡Oiga, pero si aquí el autor soy yo! ¡Soy yo el que ha hecho la foto o la película! ¿Por qué tengo entonces que pagar derechos de autor a Ramoncin, Teddy Bautista y compañía? ¿Por qué estos individuos se tienen que aprovechar de mi creatividad? ¡Ah, se siente! El Gobierno lo ha decidido así. Usted dice que ha comprado todos esos artilugios electrónicos para hacer sus fotos y pelis, pero por Ley, el Gobierno, sus asesores como Aldo Olcese y la SGAE presumen que usted miente y que lo que va a hacer es piratear el trabajo artístico de otros. Así que usted es un mentiroso y presunto y potencial delincuente y tiene que pagar por ello. ¡Faltaría más!


¡Oiga! ¿Y por qué en cada factura además de especificar lo que pago por IVA no figura lo que me hacen pagar para la Bardem y compañía? ¡Hombre, no sea quisquilloso! ¿Qué quiere, que cada vez que un vecino compra uno de estos aparatos recuerde a quién y gracias a quién paga de más?

Esto pasa por tener aficiones artísticas tan perversas. Es mejor dedicarse a la pintura al óleo, a la acuarela o al carboncillo. Las de toda la vida. Aunque, pensándolo bien, un pincel, un lienzo y pinturas son instrumentos de reproducción potencialmente delictivos. ¿A qué están esperando para aplicarles un canon en nombre de la igualdad constitucional? Este no podrá ser digital, pero manual desde luego. ¡Venga, Aldo, Ramoncin, Bardem, manos a la obra!.

Santiago de Munck Loyola.

lunes, 29 de noviembre de 2010

ELECCIONES CATALANAS. UN CRECIMIENTO ESCASO DEL PP.

Ya se sabe que inmediatamente después de unas elecciones nadie ha perdido, todo el mundo encuentra algún motivo de satisfacción y, sobre todo, algún chivo expiatorio al que cargar las culpas. Las victorias siempre tienen paternidad, mientras que las derrotas suelen ser huérfanas. Ayer se celebraron las elecciones al Parlamento catalán que se saldaron con un nuevo triunfo de Convergencia y Unión que, según parece, esta vez sí podrá gobernar y una derrota sin paliativos de los partidos componentes del gobierno tripartito entre los cuales quien ha salido peor parado ha sido Esquerra Republicana de Cataluña al perder más del 50 % de su representación parlamentaria. Ciudadanos aumenta ligeramente el voto y mantiene su representación e irrumpe en el Parlamento catalán el partido independentista de Laporta quien, por cierto, así adquiere inmunidad parlamentaria que nunca viene mal considerando los vientos que corren por el Barça.

Por su parte, los compañeros del Partido Popular de Cataluña están exultantes de alegría. El PPC ha aumentado su representación en 4 escaños pasando de los 14 obtenidos en 2006 a 18. Se habla de resultado histórico al haber conseguido un escaño más que los obtenidos en 1995 con Aleix Vidal Cuadras. El resultado es bueno y me alegro por ello, pero no es como para echar las campanas al vuelo. Es un resultado que merece, y estoy seguro de que se hará, un análisis detallado porque, en todo caso, es un resultado mejorable y preocupante.



Hay que considerar que los 18 escaños sí suponen un resultado histórico desde una perspectiva parlamentaria cuantitativa, pero el resultado no lo es desde una perspectiva electoral cualitativa. El Partido Popular de Cataluña no ha conseguido superar su techo electoral ni en número de votos, ni en porcentajes y ése es un dato fundamental a la hora de considerar futuras estrategias. En efecto, en 1995 el Partido Popular de Cataluña obtuvo sus mejores resultados electorales fijando un techo aún no igualado ni superado. En 1995, con un censo de 5.079.981 electores y con una abstención del 36,36%, el Partido Popular obtuvo 421.752 votos, es decir, el 13,21 % de los sufragios (17 diputados). En 2010, con un censo de 5.230.886 electores y con una abstención del 40,05 %, el Partido Popular ha obtenido 384.019 votos, es decir, el 12,33 % de los sufragios. Casi un punto porcentual menos que hace 15 años y unos 35.000 votos menos. Por tanto, no parece muy exacto hablar sin más de resultado histórico y dormirse en los laureles. Es cierto que las diferencias de contextos entre ambas elecciones son grandes como también lo son la música y la letra utilizada por el Partido Popular en cada ocasión. Los resultados obtenidos en 1995 fueron entonces considerados como el preludio de una victoria del Partido Popular a nivel nacional. Y así fue, en 1996 el Partido Popular ganó, pero “por los pelos”. Ahora, el resultado en Cataluña es peor, en términos cualitativos, que el de 1995. Cabe preguntarse ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que con “la que está cayendo” el Partido Popular no mejores notablemente sus resultados? Porque no hay que olvidar que Convergencia tampoco iguala los resultados que obtuvo en 1995, se queda aún 2 puntos por debajo.

Es evidente que algo no se está haciendo bien desde un punto de vista electoral y de comunicación. Algo está fallando en la música o en la letra del Partido Popular de Cataluña que no hace tan atractiva su canción para una parte del electorado como lo fue hace 15 años y al que no se consigue recuperar pese a los evidentes desastres del gobierno de Rodríguez Zapatero y de sus socios catalanes.

Santiago de Munck Loyola.

jueves, 25 de noviembre de 2010

RIVAS: LA CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATÍA.

La aprobación definitiva del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid fue la culminación de un largo proceso técnico y político que centró vivamente la atención de los agentes sociales durante meses. La aprobación del PGOU por unanimidad en el Pleno municipal fue un logro no exento de dificultades y tensión. A primeros de julio de 2002, recibimos en la Oficina de Grupo Popular dos cajones con los documentos y planos del PGOU. Contábamos con poco más de dos semanas para su estudio antes del Pleno correspondiente. El concejal popular responsable del Urbanismo, José María García, se fue de vacaciones por lo que me tocó estudiar la documentación. Revisada la misma, presenté cerca de 100 enmiendas al proyecto, Muchas de ellas fueron aceptadas antes del Pleno pero había tres obstáculos fundamentales para que el Grupo Popular pudiera dar su voto favorable. Antes del Pleno, expuse la situación a los miembros del Comité y propuse la abstención si no se salvaban estas tres objeciones frente a la propuesta de voto favorable de José María García. El partido decidió condicionar el sí a la aceptación por parte del Gobierno Municipal de las tres objeciones citadas. No queríamos, ni mucho menos, paralizar el desarrollo del municipio y éramos conscientes de que el voto favorable de los tres Grupos Municipales ayudaría a la aprobación definitiva en la Comunidad. Lo cierto es que finalmente y en medio de un complicado plano, el Gobierno aceptó nuestra posición y dimos el voto afirmativo.

Una de nuestras objeciones era que en el PGOU se intentaba prohibir, y así se disponía, la existencia de equipamientos de carácter privado, por ejemplo, un colegio o un hospital. Parecía que la apuesta exclusiva por lo público era una cuestión de principio para la izquierda ripense. Ante la dudosa legalidad de esa norma en el PGOU y la necesidad del voto favorable del PP, la norma desapareció.

Vienen estos recuerdos a propósito de la reciente inauguración de un centro privado concertado en Rivas-Vaciamadrid, la Ciudad Educativa Municipal Hipatía. ¡Quién les ha visto y quién les ve ahora! De querer prohibir los colegios privados han pasado a regalarles suelo público, suelo de todos los vecinos. Eso sí que parece una súbita conversión al liberalismo. Algunos, haciendo gala de una simpleza sospechosa, afirman que se han visto obligados a esta cesión porque si no la Comunidad no iba a invertir en el Municipio. ¡Vamos, como que si esto fuera cierto no la habrían montado! ¡Menudo argumento para poder seguir practicando el victimismo! Pero no, no ha sido así.

Desde hace muchos años, para IU y, en especial, para el conocido como el can de los maestros, la educación ha sido un instrumento muy eficaz de control y expansión política partidista. Sin escrúpulo alguno han utilizado asociaciones, centros educativos y actividades para la práctica del proselitismo partidista. Baste recordar como fletaban autobuses y subían en ellos a los niños, sin autorización de sus padres, para llevárselos a manifestaciones en Madrid. Como también era conocida en ámbitos educativos la intención de un grupo de profesores de promover una institución educativa no pública, promovida por el propio Ayuntamiento. En esta ocasión no hay nada nuevo bajo el sol, no hay súbita conversión a nada. Se trata de una operación que viene de lejos.

No es de extrañar pues el cálido recibimiento a las autoridades de la Comunidad de Madrid. El Alcalde y sus correligionarios están francamente satisfechos con la Ciudad Educativa Municipal Hipatía. Han conseguido su objetivo a pesar de la aparente contradicción. Y si a algún defensor del humanismo cristiano y de la libertad le cabe alguna duda que se fije bien en el nombre del nuevo centro.

Santiago de Munck Loyola

martes, 23 de noviembre de 2010

RIVAS: LO VERDE COMO COARTADA DE IU PARA EL LADRILLO.

Hay algunos personajes a los que les molesta profundamente que haya contado por aquí hechos ocurridos hace años que pudieran evidenciar irregularidades en la gestión municipal de la izquierda ripense. Y en lugar de demostrar que mis apreciaciones son erróneas acuden al insulto y a la descalificación. ¡Que se le va a hacer! Está claro que si no pueden demostrar mi error y tienen que acudir al insulto es que no ando descaminado. Ladran luego cabalgamos.

No hay gestión política exenta de errores o irregularidades y pretender que la gestión de la izquierda de Rivas a lo largo de los años ha sido impecable es de una simpleza absoluta o, lo que es peor, un claro ejercicio de cinismo. A lo largo de los casi 20 años que la izquierda ha gobernado Rivas-Vaciamadrid ha habido muchos casos de irregularidades, todas denunciadas en la propia institución municipal o en la prensa. Algunos de estos casos los he relatado en estas páginas. Si bien es cierto que se puede oponer que se trata de asuntos lejanos que ya no interesan, también es cierto que el tiempo solo extingue las responsabilidades penales, pero no las morales ni las políticas.

Tampoco es preciso bucear en el pasado más o menos lejano para detectar asuntos que parecen, cuando menos, sospechosos o extraños. Con la Ley en la mano y bajo un discurso supuestamente progresista se desarrollan en muchas ocasiones acciones políticas y administrativas en apariencia inocuas pero que, en realidad, no lo son y que solo pueden ser perceptibles prestando mucha atención y vigilando atentamente la acción de gobierno.

Un caso reciente llama la atención y plantea no pocas incógnitas. En el Parque Regional de la confluencia de los Ríos Manzanares y Jarama había varias propiedades de extensión considerable en suelo especialmente protegido pertenecientes a seis propietarios distintos entre los cuales estaban, por ejemplo, Emiliano Revilla o la familia Huarte. Una empresa con muy escasa actividad desde su constitución en 2001 denominada DEPECOS SL se dirigió en 2008 a estos propietarios y les ofreció comprar sus suelos cuyo valor, dado el grado de protección de los mismos, era muy bajo. Esta oferta de compra sólo se materializaría si todos los propietarios sin excepción accedían a la venta o llegaban a acuerdos de representación con dicha empresa. El representante de la misma indicó a los propietarios que contaba con el apoyo del Ayuntamiento de Rivas quien, considerando el valor medioambiental de los suelos, iba a expropiarlos posteriormente.

Los propietarios se entrevistaron con el Alcalde de Rivas quien les ratificó el interés del Ayuntamiento para adquirir los suelos y así protegerlos mejor y les señaló que solo habría expropiación si había un solo propietario. Por tanto no les expropiaría directamente. Cerrados los acuerdos con esta mercantil, el Ayuntamiento inició el procedimiento expropiatorio, el 17 de abril de 2008 el Pleno aprobó la posibilidad de pago en terrenos ya que no había dinero y el 23 de enero de 2009, el Ayuntamiento y los propietarios firmaron la avenencia entregándose suelos procedentes de las cesiones obligatorias por un importe equivalente al doble de lo que DEPECOS SL había pagado a los propietarios. En febrero de 2010 DEPECOS SL vendió el 40% de una de estas parcelas a una cooperativa por un importe de 1.137.163,15.- €. Se trata pues de una operación inmobiliaria de gran magnitud que plantea muchos interrogantes.

¿Por qué se expropian unos suelos sin causa jurídica suficiente? ¿El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional del Sureste y la propia Ley autonómica son tan deficientes como para que sea imprescindible que el Ayuntamiento se haga con la propiedad de esos suelos protegidos y pierda tantos millones de euros del patrimonio municipal? ¿Qué usos va a dar el Ayuntamiento a esos suelos y en qué plazos? ¿Por qué el Ayuntamiento no expropia directamente a los propietarios ahorrándose la mitad del precio pagado? ¿Por qué el Ayuntamiento organiza la expropiación con un intermediario? ¿Por qué no usa los mecanismos legales previstos en la Ley reguladora del Parque para adquirir el suelo? ¿Se ha ofrecido a la Comunidad de Madrid el derecho de tanteo legalmente previsto? ¿Se ha sometido esta operación urbanística a debate y a información pública? Si el Ayuntamiento no disponía de dinero para pagar la expropiación ¿por qué no procedió a subastar previamente los suelos vendiéndolos al mejor postor? ¿Porque se trataba de una ocurrencia de última hora no presupuestada? ¿O para evitar así la libre concurrencia propia de una subasta y poder entregar los suelos directamente a DEPECOS SL? ¿O porque era la única vía para que llegasen a un destinatario final concreto evitando una adjudicación de suelos en libre concurrencia?

Son muchas las cuestiones que pueden plantearse en torno a esta peculiar forma de usar el patrimonio de todos los vecinos. Lo que jurídicamente puede parecer, a primera vista, correcto encierra muchas sospechas de que políticamente y éticamente no lo es tanto. Es evidente que esta gestión es absolutamente deficiente y pone de manifiesto, una vez más, el despilfarro de bienes públicos bajo el pretexto de nobles fines medio ambientales y la devoción de los dirigentes locales de IU al denostado ladrillo. Sencillamente, esta operación huele mal, muy mal.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 18 de noviembre de 2010

Sáhara: ¿Tenemos política exterior propia o el Gobierno paga algún favor?

No lo entiendo, sinceramente. Y casi prefiero no entenderlo. Me refiero a la posición que el Gobierno Español y el PSOE está adoptando en relación no sólo a los dramáticos acontecimientos que están teniendo lugar estos días en el Sahara, sino también, desde hace años con todo lo relativo al referéndum de autodeterminación pendiente y a las propias relaciones con el país vecino, Marruecos. Del discurso socialista solidario y comprometido con el pueblo saharaui no queda más que viejas fotos y antiguos textos en las hemerotecas y algún que otro “verso suelto”, pero, sobre todo, queda la sensación de una utilización sin escrúpulos de una noble causa sacrificada por un pragmatismo genuflexo o como pago de favores pasados adeudados al dictador marroquí.

Produce sonrojo escuchar a cargos gubernamentales hablar del régimen de Marruecos como de una democracia. Pero para vergüenza ajena las propias intervenciones de la Ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, por cierto, según se comenta, vetada como interlocutora por el Gobierno marroquí por su condición femenina y sustituida por el cesado Moratinos en su última visita a Marruecos. Basta escuchar la entrevista realizada por Pedro J. a la Ministra ayer (http://fonoteca.esradio.fm/2010-11-17/entrevista-de-pedro-j-a-trinidad-jimenez-19361.html) para darse cuenta del nivel de representación exterior que tiene España. Lo más sorprendente es que ante las numerosas denuncias de las atrocidades que, al parecer, el Gobierno de Marruecos está llevando a cabo, diga la Ministra que el Gobierno Español no puede condenarlas sin que haya una investigación previa, que el gobierno español está esperando a los resultados de la investigación a realizar ¿por quién? Por el propio gobierno marroquí, es decir, por el denunciado. O es tonta la ministra, o nos toma por tontos a los ciudadanos. Los peores augurios que se cernían sobre la política exterior española cuando la nombraron para el puesto se están cumpliendo de sobra. No tiene ni la capacidad, ni la inteligencia, ni la astucia suficiente para salir del paso y tratar de “salvar los muebles”.


Un gobierno como el nuestro que no es capaz de condenar la muerte violenta de un ciudadano español a manos de la policía marroquí, que no es capaz de defender con firmeza la libertad de información de los medios de comunicación españoles y que consiente que se los difame e insulte por parte del Gobierno de Marruecos sin levantar la más mínima protesta diplomática, que no es capaza de condenar las constantes violaciones de los derechos más elementales de la población saharaui es que no tiene una política exterior digna de tal nombre y, si la tiene, no es suya, es la del vecino.

¿Hay que esperar a que el Gobierno de Marruecos se investigue a si mismo? ¿La defensa de los derechos humanos pasa por que el torturador se investigue a si mismo? ¿Y si el verdugo concluye que lo ha hecho todo bien? ¿Se trata de una nueva doctrina diplomática? ¿Se va a actuar igual cuando Israel vuelva a machacar a flotillas humanitarias? ¿Está de broma la ministra, no?

Es evidente que este Gobierno ha roto con uno de los pilares de la política exterior española que, en relación al Sahara, había sido mantenido, al menos formalmente, inalterable durante los últimos 30 años. Este mismo Gobierno que cuando era oposición reclamaba incesantemente consenso en la política exterior española, va ahora por libre. Seguramente el sátrapa marroquí se está cobrando alguna deuda. Si no es así, no se entiende.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 15 de noviembre de 2010

DISCRECIONALIDAD = CORRUPCIÓN.


Hace unos días por la tarde, escuchaba en la radio un programa de la COPE en el que participaban varias concejalas de Alicante. Enseguida se enzarzaron en un agrio debate sobre la corrupción que era usada como arma arrojadiza y en el que “y tú más” era el principal argumento. Lo sorprendente fue escuchar en repetidas ocasiones que la palabra “imputado” era considerada, poco menos, como una prueba de la existencia de delitos. Para alguna de las contertulias el hecho de que “fulano” hubiese sido imputado era casi como una condena que le inhabilitaba para la política. Sinceramente, parece muy poco serio que cargos públicos hagan semejantes exhibiciones públicas de su ignorancia, subrayándola además con un tono de voz elevado. Hoy se ha hecho público que el Portavoz socialista en las Cortes Valencianas ha sido imputado por presuntos delitos cometidos cuando fue Alcalde de Alicante como consecuencia de una querella del PP. Y ya andan sueltos los voceros de turno condenando a este señor como un presunto delincuente por el hecho de haber sido imputado. La corrupción vuelve a ser un arma arrojadiza en la política diaria y cobra mayor fuerza ante la proximidad de una convocatoria electoral.



Que alguien sea imputado judicialmente como consecuencia de la interposición de una querella no quiere decir, ni mucho menos, que haya cometido un delito o que esté procesado porque ni siquiera se han practicado las diligencias judiciales que permitan sostener la existencia de indicios racionales de criminalidad en su conducta. El concepto de “imputación” está siendo utilizado con tanta alegría como ignorancia para tratar de descabalgar a mucha gente de las listas electorales. Los políticos de uno u otro signo así como los periodistas deberían ser mucho más cuidadosos y escrupulosos a la hora de usar con fines electorales los trámites judiciales.

La corrupción es un mal ampliamente extendido que afecta a todas las esferas tanto públicas como privadas. Y ciñéndonos a la corrupción pública, a la política, hay para todos. Según la Memoria del año 2009 del Fiscal General del Estado, los casos judiciales abiertos por partidos políticos son los siguientes:

PSOE, 264 casos.
PP, 200 casos.
CC, 43 casos.
CiU, 34 casos.
IU, 20 casos.
GIL, 17 casos.
UM, 7 casos.
BNG, 3 casos.
PNV, 3 casos.

A ellos habría que añadir los correspondientes a grupos independientes o los abiertos contra funcionarios o empleados públicos sin el concurso de representantes políticos.

Por tanto, a la vista de estas cifras resulta ridículo e incluso hipócrita que los representantes de los partidos políticos intenten identificar a sus adversarios políticos con la corrupción. El “y tú más” al que nos tienen acostumbrados no puede ni debe calar en la opinión pública.

Es cierto que en el ranking mundial de la corrupción, España no es considerada como una de las naciones más corruptas.   En http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results España aparece en el puesto nº 30 con 6,1 puntos mientras que con 9,3 puntos aparecen tres países escandinavos como los menos corruptos. Pero, aún así, es necesario buscar fórmulas que asfixien las prácticas corruptas. Según publicaba el Diario el Mundo a finales de 2009, la corrupción ha sustraído en los últimos 10 años, y en tan sólo 28 casos, 4.158 millones de euros. Una pasada y eso tan sólo en lo relativo a lo que se contabiliza en los casos sub iudice.

En el ámbito público hay dos fuentes principales en las que nacen la mayoría de los casos de corrupción: el urbanismo y las contrataciones públicas. Pese a los esfuerzos legislativos realizados en los últimos años en los que se ha ganado en transparencia, no se ha atacado la causa primera que favorece la aparición de cualquier práctica corrupta. Tanto en el ámbito del urbanismo, como en el de las contrataciones públicas la principal causa de la aparición de prácticas corruptas es la discrecionalidad en muchos procedimientos por parte de políticos como de funcionarios. Cuando un procedimiento de calificación o clasificación de suelo depende un última instancia del contenido favorable o no de un determinado informe o de una decisión política se abre claramente la puerta a prácticas ilegales. El establecimiento de criterios tasados y objetivos por Ley en todos y cada uno de los pasos de los procedimientos urbanísticos y la eliminación del carácter discrecional en los mismos sería un paso decisivo y una mayor garantía para la erradicación de prácticas ilegales. Y otro tanto ocurre en los procedimientos de contratación de bienes, obras y servicios de las administraciones públicas. La legislación vigente en esta materia ha complicado enormemente los procedimientos pero no ha resuelto en absoluto las graves deficiencias que ya se habían detectado con la anterior legislación. Son necesarias reformas legislativas que simplifiquen y hagan más transparentes los contratos, que establezcan criterios puramente objetivos para las adjudicaciones, que primen la relación precio calidad y eliminen cualquier la posibilidad de cualquier valoración subjetiva en los criterios de adjudicación de los contratos. Tanto en el terreno del urbanismo como en el de las contrataciones, el derecho comparado ofrece excelentes ejemplos para desterrar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la toma de decisiones. Solo hace falta una decidida voluntad política para llevarlo a cabo, aunque parece que a la clase política no le interesa mucho.

Santiago de Munck Loyola.



sábado, 13 de noviembre de 2010

COSPEDAL Y PAJÍN: ¿DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA?


En estos días viene siendo noticia la polémica levantada por los ingresos de la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal. A los socialistas manchegos les parece escandaloso que acumule dos sueldos: uno público como senadora autonómica del PP y otro semipúblico como Secretaria General del Partido Popular. Su indignación es tal que incluso van a reformar una Ley autonómica para impedir que Cospedal pueda seguir percibiendo simultáneamente estas dos retribuciones. Es una iniciativa acertada e insuficiente, aunque también hay que decirlo es una medida hipócrita porque los proponentes, los socialistas castellano manchegos, a juzgar por su silencio, estaban muy contentos con que Leyre Pajín percibiera no dos, sino tres retribuciones simultáneas provenientes del erario público.

Cospedal recibe dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, como Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibe otros 3.560 euros del Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su función. Pajín percibió durante mucho tiempo tres retribuciones: como secretaria de Organización del PSOE, como ex secretaria de Estado de Cooperación Internacional y como senadora por la Comunidad Valenciana, cerca de 240.000 euros anuales también. Aunque existe mucha más opacidad en su caso es de suponer que ahora percibirá dos retribuciones públicas simultáneas, como senadora y como ministra. Habrá quien argumente que las retribuciones percibidas de un partido político no son públicas, pero de todos es sabido que los ingresos económicos de los partidos políticos tienen en un 90 % su origen en las subvenciones públicas. Por tanto, hay que considerar estos ingresos a efectos prácticos y, sobre todo, éticos como de carácter público.

Pero éstos no son los únicos casos de cargos políticos con varias retribuciones públicas simultáneas. La lista puede ser interminable. Piénsese además el enorme número de empresas públicas, incluidas las financieras, en cuyos Consejos de Administración están sentados cargos políticos y que cobran sustanciosas dietas por asistencia a los órganos de representación de dichas entidades, dietas que se acumulan sin problema alguno a otras retribuciones salariales públicas. Es posible que los políticos españoles no estén entre los mejor pagados de la Unión Europea, pero muchos están pagados varias veces para compensar.

Del mismo modo que acumulan diferentes ingresos pero con un mismo origen, el erario público, bajo fórmulas distintas (sueldos, dietas, indemnizaciones, pensiones, etc.) también se produce otro fenómenos que distorsiona claramente el funcionamiento del sistema democrático, su limpieza y transparencia. Se trata de la acumulación de cargos institucionales que, además, están retribuidos. Es muy frecuente encontrarse con políticos que forman parte del poder ejecutivo, como alcaldes o concejales, y del poder legislativo, como diputados autonómicos, nacionales o senadores. Al margen del debate que podría abrirse sobre la independencia de los poderes y de su propia virtualidad en nuestra realidad, lo cierto es que se trata de una práctica cuando menos anómala. No existe incompatibilidad y, si bien es cierto que algunos partidos la establecen en sus reglamentos internos señalando excepciones, lo habitual es que la excepción se convierta en la norma. Es materialmente imposible desempeñar adecuadamente las funciones de Alcalde y, al mismo tiempo, las de Diputado y cuando se simultanean los dos puestos es evidente que uno de ellos no se desempeña con la dedicación, eficacia y responsabilidad que es exigible en puestos de esa relevancia. O la alcaldía está mal atendida o el escaño mal representado. Y lo que es indecente es cobrar íntegramente las retribuciones de los dos cargos porque se está percibiendo una retribución íntegra por un cargo que no se desempeña con dedicación absoluta.

El perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas exige la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la percepción que de las mismas tenemos los ciudadanos y, entre ellas, están el establecer unos criterios claros y ejemplarizantes sobre el uso del dinero de los contribuyentes en cuanto a las retribuciones de los cargos públicos y el delimitar muy claramente las incompatibilidades para el ejercicio de varios cargos públicos simultáneamente.

Es una cuestión de principios y de sentido común que debería ser asumida por todos los dirigentes políticos con independencia de su militancia. Los criterios son sencillos y fáciles de llevar a la práctica mediante las reformas legislativas precisas:

- Prohibir la percepción de más de una retribución proveniente del erario público sea en forma de sueldo, dieta, compensación o indemnización.

- Prohibir el desempeño de dos o más cargos públicos simultáneamente.

Con ello, nuestras instituciones y nuestros representantes ganarían credibilidad y respaldo social. Seguro.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 12 de noviembre de 2010

DESAHUCIOS DE VIVIENDAS: TODOS COMO EL DE RAFAEL VERA.

A pesar de los famosos e invisibles “brotes verdes” anunciados hace tiempo por el Gobierno, lo cierto es que la recesión que padecemos sigue golpeando con fuerza a las familias españolas. Y una de las consecuencias más grave de esta recesión es la pérdida de la vivienda de miles de familias por no poder hacer frente a los pagos de su hipoteca. Entre 84.000 y 300.000 ejecuciones hipotecarias, dependiendo de la fuente que se consulte, se habrán producido cuando haya acabado este año. Eso significa que cuando estos procedimientos hayan concluido miles de familias se habrán quedado sin hogar y, si tienen suerte, lo harán sin deber dinero al banco pues la práctica abusiva y consentida por la clase política de permitir una nueva retasación de la vivienda a la hora de ejecutar la hipoteca está haciendo que, en muchos casos, además de perder la vivienda se sigue debiendo dinero al banco. No es raro el día en que tenemos conocimiento a través de algún programa televisivo de actualidad de casos tristes y duros de personas que se ven en la calle por culpa del impago de su hipoteca. Lo cierto es que hasta el día de hoy tan sólo IU ha realizado una propuesta para impedir los desahucios por impago de la hipoteca como consecuencia de la crisis. Resulta francamente desoladora la falta de sensibilidad y de solidaridad de la clase política en cuyas manos está impedir que este drama se siga extendiendo.

Y en medio de este panorama resulta sorprendente la resolución del tribunal constitucional dictada hace casi un año, el 9 de diciembre de 2009, suspendiendo la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo que preveía el desalojo del Ex Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, condenado por malversación de fondos públicos, el caso de los “Fondos Reservados”. El 18 de octubre de 2004, el Tribunal Supremo había condenado a Rafael Vera como responsable de la malversación de 645 millones de pesetas (3,8 millones de euros) procedentes de los fondos reservados que estaban asignados al Ministerio del Interior. El Alto Tribunal confirmó que en concepto de responsabilidad civil Vera reembolsase los 141 millones de pesetas por el dinero que había sustraído y, por tanto, el decomiso de las fincas "La Berzosilla" (situada en Torrelodones, Madrid) y "El Relumbrar" (Albacete), propiedades que decía el Supremo habían sido "adquiridas con el dinero proveniente de un delito". Rafael Vera recurrió al Tribunal Constitucional solicitando la suspensión del desalojo de la finca “la Berzosilla” ya que alegaba que era su vivienda habitual y la de su familia y que carecía de otra vivienda alternativa donde ubicarse. Sorprendentemente la Sala Segunda del Tribunal Constitucional suspende la ejecución de la sentencia del Supremo porque, según queda constatado "en una consolidada doctrina constitucional", salvo "supuestos excepcionales", las resoluciones judiciales que ordenan el desalojo de la vivienda o local "pueden originar un perjuicio difícilmente reparable que aconseja optar por la suspensión de la ejecución".

El Alto Tribunal subraya que "la pérdida de la posesión del inmueble podría dar lugar a un perjuicio difícilmente reparable en su integridad, al generar una situación irreversible".

La Sala accede a la petición de suspensión, ya que, de lo contrario, "la Administración podría efectivamente proceder al desalojo del recurrente de su domicilio permanente y habitual que comparte con su familia, con los consiguientes perjuicios difícilmente reparables que supone la privación de posesión de la citada vivienda". Para colmo, esta esperpéntica sentencia añade que "el desalojo forzoso del recurrente del domicilio que ocupa desde hace más de 20 años supone un perjuicio difícilmente reparable en su integridad y, por tanto, suficiente para justificar la suspensión".

A todo esto hay que añadir un dato relevante, la celeridad. El Constitucional ha tardado solo tres meses en atender la solicitud de suspensión de Rafael Vera.

Al leer esta sentencia hay que plantearse por qué no se aplica el mismo criterio para cualquier ciudadano. Si "la pérdida de la posesión del inmueble podría dar lugar a un perjuicio difícilmente reparable en su integridad, al generar una situación irreversible", ¿no ocurre lo mismo cuando la pérdida de la posesión de un inmueble es de un honrado ciudadano que por culpa de la crisis no puede pagar su hipoteca? O ¿acaso los perjuicios difícilmente reparables en su integridad sólo se dan cuando se trata del desahucio de un delincuente y no de un ciudadano corriente? ¿No se puede ordenar el desalojo de un delincuente porque ocupa su domicilio desde hace 20 años y sí se puede desalojar a miles de familias que no han cometido delito alguno?

Si la justicia funcionase como es debido, esta resolución debería servir de antecedente para que cualquier ciudadano obtuviese el mismo trato y con la misma rapidez que Rafael Vera. Pero no es así. Es evidente que hay dos varas de medir en la justicia española y que la falta de respuesta de la clase política ante una sentencia semejante huele a corporativismo rancio. Con esa doctrina jurisprudencial lo mejor que podrían hacer es extenderla para todos los ciudadanos y, en consecuencia, legislar lo necesario para impedir semejante agravio comparativo.

Santiago de Munck Loyola.