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sábado, 16 de diciembre de 2017

CONSTITUIDO EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA.

16-12-2017.
COMUNICADO.

CONSTITUIDO EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA.

Hoy, 16 de diciembre de 2017, se ha celebrado en Monforte del Cid el congreso constituyente del partido Esperanza Ciudadana. Los afiliados asistentes han procedido a modificar los Estatutos provisionales del partido así como el Ideario del mismo reforzando su orientación netamente alicantinista y autonomista frente a la constante marginación de la provincia de Alicante tanto por el centralismo valenciano como de la administración del estado. La modificación estatutaria más significativa ha sido el cambio de nombre del partido que pasa a denominarse Partido Alicantino Regionalista – Esperanza Ciudadana.

En el Ideario aprobado en la ponencia política se destaca que “Mientras que el PIB de nuestra Provincia se sitúa en el 5º puesto de España, la renta media de los alicantinos se sitúa en el puesto 40 con 18.148 euros, un 20 % por debajo de la media nacional que es de 22.766 euros. Los representantes políticos de la provincia en la Generalidad Valenciana o en las Cortes españolas no vienen actuando como representantes y defensores de los intereses de los ciudadanos alicantinos, sino de los partidos que los han incluidos en las listas electorales y a los que deben sus puestos. A ello hay que añadir que el anexionismo y el independentismo catalán se han infiltrado y contaminado las instituciones valencianas cuya gestión depende de fuerzas políticas claramente proclives al pancatalanismo. A la discriminación económica permanente que sufre la Provincia de Alicante ahora hay que sumar los continuos ataques a su singularidad como provincia española, con identidad propia, plural y leal al proyecto constitucional”. En dicho documento se señala también que “No existe ni una sola razón que justifique que los alicantinos no puedan decidir en su tierra lo que a la misma afecta y que, por el contrario, se deba decidir en Valencia. Alicante tiene identidad propia, personalidad, territorio, economía y medios humanos suficientemente capacitados como para poder ejercer su autonomía y hasta el nivel que desee dentro de los límites de la Constitución”.

Entre otras muchas propuestas aprobadas el Partido Alicantino Regionalista propone:

- Promover la constitución de la Provincia de Alicante como Comunidad Autónoma Uniprovincial de modo que recupere su propia identidad, reciba financiación para su desarrollo de forma autónoma, asuma sólo aquellas competencias que se considere imprescindibles para su desarrollo económico y social, elimine el peso de una administración pública (la Generalidad Valenciana) sobre los ciudadanos transformando a la Diputación provincial en el Gobierno Regional y en definitiva entregue a los alicantinos la capacidad de decisión sobre los asuntos que a ellos únicamente competen.
- Reivindicar de forma permanente y mientras no se alcance ese objetivo un tratamiento presupuestario del Estado y de la Generalidad Valenciana para la Provincia de Alicante basado en principios de equidad y solidaridad.
- Promover la reforma constitucional para reorganizar el Estado sobre la base de su configuración fundamentalmente provincial y, en su caso, impulsar la reorganización de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas desde la premisa de la unidad de España, eliminando las duplicidades y haciendo realidad los principios de igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad entre la población de los diferentes territorios de modo que la Justicia, la Sanidad, la Educación y las prestaciones sociales sean iguales para todos los españoles.

Por último, los afiliados han procedido a la elección del Comité de Dirección del partido que estará presidio por Santiago de Munck Loyola y cuya Secretaría General será desempeñada por Manuel García-Serna Colomina.


sábado, 7 de octubre de 2017

El Partido Esperanza Ciudadana (Partido Alicantino Regionalista) requiere al Gobierno para que aplique el Artículo 155 de la Constitución.

7-10-2017

COMUNICADO.

Ante la situación existente en Cataluña y los reiterados incumplimientos por parte de la Generalidad catalana de sus deberes constitucionales así como su intención expresa de proceder en los próximos días a declarar unilateralmente la independencia de las provincias de Cataluña, el Partido Esperanza Ciudadana (Partido Alicantino Regionalista) ha remitido ayer un requerimiento al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, para que proceda a poner en marcha de forma inmediata el Artículo 155 de la Constitución Española.

En el citado requerimiento se señala que “el Gobierno de España, una vez consumada esta parte del golpe de estado que se está desarrollando en Cataluña, no puede seguir haciendo dejación de sus funciones y seguir esperando para actuar en función del siguiente escalón golpista que, como ya se ha anunciado públicamente, será la declaración unilateral de independencia”.

Igualmente se recuerda que “el Artículo 155 de nuestra Constitución señala que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general” pero, a la vista de los acontecimientos, no es posible ampararse más en el carácter optativo de esta disposición contenido en su redacción al señalar que ”el Gobierno…podrá adoptar..” porque hacerlo supondría no sólo facilitar la consumación del golpe de estado, sino vulnerar los mandatos del Código Penal para defender la Constitución”.

Por ello, concluye el escrito remitido a la Presidencia del Gobierno  que se requiere “Al Presidente del Consejo de Ministros de España, D. Mariano Rajoy Brey, para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y proceda de forma urgente a activar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española y a dictar las instrucciones precisas para la persecución de todos los actos delictivos que se han producido o estén en curso de ejecución”.

martes, 18 de julio de 2017

Monforte del Cid: balance de dos años.

REMITIDO.

Atravesado ya el ecuador de la legislatura municipal son incontables los gobiernos municipales y sus respectivas oposiciones las que han comparecido ante los vecinos y los medios de comunicación para hacer balance de estos dos últimos años. Nos cuentan qué porcentaje de su programa han cumplido ya, qué dificultades encuentran o desde la oposición nos relatan todos los incumplimientos habidos.

Hacer balance puede ser más o menos complicado e inevitablemente su saldo positivo o negativo no dependerá de criterios más o menos objetivos, sino del color político y de la posición (gobierno u oposición) que ocupa quien comparece para explicar los resultados. Lo que es verdaderamente difícil es hacer balance cuando no existe un programa de gobierno previo que poder contrastar con la realidad política, con los logros o los fracasos cosechados durante estos dos primeros años de legislatura.

Y algo de ello ocurre en Monforte del Cid. En 2015, el Partido Popular ganó las elecciones municipales pero los perdedores (IU, PSOE y Ciudadanos) pactaron para hacerse con el Gobierno Municipal ya que juntos sumaban más concejalías. Seguramente debieron  pactar un programa de gobierno, con medidas concretas, plazos, etc., como hacen los partidos políticos serios. Sin embargo, nunca nadie compareció, a pesar de autoproclamarse los campeones de la transparencia, ante los vecinos para explicar qué programa de gobierno habían pactado. La única medida oficial que trascendió por evidente era desalojar al Partido Popular del Gobierno y repartirse el botin. Después con el tiempo, se han ido poniendo de manifiesto otras medidas programáticas tales como depurar a los empleados municipales no adictos al régimen o dilatar todo lo posible que un vecino concreto pudiera usar su vivienda recién construida. Pero, lo que se dice programa de gobierno como tal, nadie lo conoce, ningún vecino ha tenido la oportunidad de saber qué querían hacer, aparte de repartirse el poder, cómo y cuándo en las calles del pueblo, en la organización municipal, en la fiscalidad, en la política agraria o cultural. Es evidente que gobernar a golpe de facebook, de improvisaciones o de ramalazos no es planificar de forma seria la acción de gobierno.

¿Hacer balance de estos dos años de gobierno? Pues en estas condiciones está chupado. Cómo no hay un programa de gobierno que sirva de referencia para comparar cumplimientos o incumplimientos se puede decir lo que a uno le venga en gana y, si es el gobierno municipal quien realiza el balance, todo perfecto, “somos los mejores y la culpa de todo lo malo la tiene la herencia que el PP ha dejado”.

Quizás sea por éso que tan sólo Izquierda Unida se ha preocupado en hacer un balance público de su gestión y que los otros dos partidos miembros del gobierno no hayan sabido hacer lo propio. Parece que la información no fluye en exceso entre los socios y por consiguiente quien ostenta la alcaldía puede atribuirse cualquier mérito aunque sea inexistente. Los otros dos socios son la comparsa necesaria para el inciensario de IU. ¿Y la oposición? Pues parece que en esto de hacer balance de media legislatura, el PP ni está ni se le espera. Porque, aparte de revisar y criticar públicamente la gestión municipal (que no lo ha hecho), el PP debería también rendir cuentas de qué ha hecho durante estos dos años como oposición municipal. ¿Cuántas mociones ha presentado al Pleno? ¿Cuántos escritos ha registrado pidiendo revisar documentos o expedientes? ¿Cuántos recursos ha presentado? En resumen, qué control ha ejercido y qué alternativas ha propuesto.

Sea como fuere, el mejor balance, el más objetivo será el que cada vecino pueda hacer examinando la realidad diaria y comparándola con lo que le prometieron en la campaña electoral y con lo que antes tenía. ¿Están más limpias y mejor cuidadas ahora las calles? ¿Y los parques y jardines? ¿Paga ahora menos impuestos? ¿Disfruta de una mayor seguridad ciudadana? ¿Es atendido mejor o peor cuando acude a realizar una gestión al Ayuntamiento? ¿Disfruta ahora de una mayor y más variada oferta cultural o deportiva? ¿Se ha notado una mejoría en la política sanitaria? ¿Se respira ahora un ambiente de mayor libertad? ¿Se siente mejor representado en el Pleno del Ayuntamiento? ¿Han resuelto tras dos años, por ejemplo, el acceso a Montecid como prometieron? ¿Hay más transparencia en las contrataciones?

Son muchas las preguntas que cada uno debe plantearse y responderse con objetividad para poder valorar el balance de estos dos últimos años. No todo es blanco, ni todo es negro en la gestión municipal. Entre el triunfalismo victimista y la condena absoluta seguramente cada cual encontrará un punto intermedio. Pero seguramente hay una conclusión compartida por todos, para este viaje no hacían falta tantas alforjas

J. García
Presidente de Esperanza Ciudadana

De Monforte del Cid.

viernes, 21 de abril de 2017

Esperanza Ciudadana solicita por segunda vez a la Generalidad Valenciana la declaración de Bien de Interés Cultural para la Romería de la Santa faz.


NOTA DE PRENSA.

21-4-2017.

Hace ya casi dos años, el Presidente del Partido Esperanza Ciudadana, Santiago de Munck Loyola,  presentó por registro ante la Generalidad Valenciana una solicitud para incoar el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural a la Romería de la Santa Faz. Hasta el día de hoy, la Generalidad Valenciana no se ha dignado ni tan siquiera a contestar una iniciativa tan importante para la ciudad y Provincia de Alicante. Tal y como se señalaba en aquella solicitud “esta extraordinaria expresión cultural y religiosa alicantina merece la protección de la Generalidad Valenciana a través de su declaración como Bien de Interés Cultural inmaterial” y se recordaba que esta solicitud ya había sido formulada en el año 2002 por el Pleno del Ayuntamiento alicantino.

Ante el evidente desprecio hacia los alicantinos que implica la falta de respuesta del gobierno autonómico y ante la supervivencia de la necesidad de proteger y promover esta expresión cultural y religiosa netamente alicantina, el Partido Esperanza Ciudadana ha vuelto a presentar hoy una nueva solicitud para que sea incoado este expediente y finalmente la Romería de la Santa Faz reciba el tratamiento y la protección que se merece.

miércoles, 15 de febrero de 2017

EL PARTIDO ESPERANZA CIUDADANA DE MONFORTE DEL CID PRESENTA UNA MOCIÓN PARA BAJAR EL IBI.

15-2-2017.
NOTA DE PRENSA.

El Partido Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid ha presentado hoy en el Registro Municipal una propuesta de moción dirigida a todos los Grupos Municipales con el fin de modificar los tipos aplicables al Impuesto sobre Bienes Inmuebles e impedir así que este año la subida del impuesto termine siendo 6 veces superior a la inflación registrada en 2016.

A instancias del Ayuntamiento de Monforte del Cid a la Dirección General del Catastro formulada antes del 31 de mayo de 2016, la Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se establecía la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017, aprobó en su artículo único la relación de municipios solicitantes, entre los que figuraba Monforte del Cid.

Aprobada la solicitud del Ayuntamiento de Monforte del Cid para actualizar los valores catastrales de los bienes inmuebles, dichos valores se multiplicarán por el coeficiente 1,04 recientemente aprobado y a estos nuevos valores se les aplicará el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles lo que supondrá un incremento del 4% de las cuotas del IBI para el año 2017, mientras que la inflación del año 2016 se ha situado en torno al 0,7 %. En estas circunstancias, el Partido Esperanza Ciudadana considera imprescindible no incrementar las cargas fiscales de los monfortinos y proceder de forma urgente a la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles.

lunes, 26 de diciembre de 2016

EL TRIPARTITO DE MONFORTE DEL CID ACABA EL AÑO SIN PRESENTAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017.

26-12-2016.

NOTA DE PRENSA.

EL TRIPARTITO DE MONFORTE DEL CID ACABA EL AÑO SIN PRESENTAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017.

El Partido Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid denuncia la parálisis política e institucional del Ayuntamiento de Monforte del Cid que se traduce en la falta de control y de presentación de iniciativas de la Oposición, el Partido Popular, y del Equipo de Gobierno socialcomunista.

El Equipo de Gobierno Municipal de Monforte del Cid compuesto por IU, PSOE y Ciudadanos finaliza el año si tan siquiera haber presentado un borrador del proyecto de presupuestos municipales para el año 2017 a la oposición y a los vecinos. La parálisis del tripartito se pone de manifiesto también en que ni siquiera ha procedido a reformar las Ordenanzas Fiscales vigentes en 2016 para el próximo ejercicio o a tramitar para estimar o desestimar iniciativas presentadas por Partidos sin representación Municipal, como Esperanza Ciudadana, que ha impulsado medidas como la rebaja del IBI para los vecinos de Montecid o la proposición de un Reglamento de Participación Ciudadana que de voz de forma reglamentada a todas las entidades sociales del Municipio.

A juicio del Presidente de Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid, Javier García, “resulta preocupante que el Gobierno Municipal, con la pasividad de la oposición, no sea capaz de cumplir, a pesar de contar con mayoría absoluta, los plazos legales para tramitar o avanzar al menos los contenidos del nuevo presupuesto, de reformar las ordenanzas fiscales para el 2017, de aprobar un Reglamento Orgánico para la Corporación, de aprobar una Ordenanza que regule la Participación Ciudadana que tanto se les llena la boca de participación o de enterarse, tras año y medio de gobierno, de los contenciosos que tiene abiertos el Ayuntamiento pese a que por Registro les llegan las notificaciones de los juzgados”. Es tal la incompetencia y descoordinación del Gobierno Municipal que, según el Presidente de Esperanza Ciudadana, lleva al absurdo de que “las máximas autoridades municipales asistan a la inauguración de una enorme nave industrial construida sin licencia de obras y sin licencia de actividad. Y la oposición callada”.

viernes, 9 de diciembre de 2016

ESPERANZA CIUDADANA DE MONFORTE DEL CID PRESENTA UNA MOCIÓN PARA APROBAR UN REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

9-12-2016.

Nota de Prensa.

ESPERANZA CIUDADANA PRESENTA UNA MOCIÓN PARA APROBAR UN REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

El pasado 5 de diciembre, el Partido Esperanza Ciudadana presentó en el Registro del Ayuntamiento de Monforte del Cid una propuesta de moción dirigida a los Portavoces de los Grupos Municipales, acompañada de una propuesta de Reglamento, con el fin de que el Ayuntamiento de Monforte del Cid apruebe un Reglamento de Participación Ciudadana.

Con esta iniciativa se trata de convertir las apelaciones constantes a la participación de los vecinos en los asuntos públicos en una realidad, dotándoles de un cauce legal para lograrlo. La Constitución declara el derecho de los ciudadanos a participar también de manera directa en la gestión de los asuntos públicos, y es por ello que el Ayuntamiento de Monforte del Cid puede comprometerse mediante la aprobación de esta propuesta con la profundización de la democracia, complementando la democracia representativa con la democracia participativa directa.

El Reglamento de Participación propuesto por Esperanza Ciudadana ofrece al vecino, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones y sus preocupaciones en todos los ámbitos de actuación del municipio. Para lograrlo se reglamentan e institucionalizan los Consejos de Participación Ciudadana y se crean las Asambleas de Barrio y del Municipio.

Los Portavoces de  Esperanza Ciudadana confían en que, a pesar de carecer de representación en el Pleno, alguno de los Grupos Municipales presentes tenga la sensibilidad democrática suficiente como para hacerse eco de esta propuesta y llevarla al Pleno para dotar a los monfortinos de un instrumento de participación realmente avanzado.

miércoles, 22 de junio de 2016

Esperanza Ciudadana denuncia a VOX ante la justicia por los presuntos delitos de falsedad y delito electoral.

21 de junio de 2016.
NOTA DE PRENSA.

El pasado 15 de junio el representante de la Coalición “Esperanza Ciudadana – Sí a la libertad en la Educación”, Santiago de Munck Loyola, presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción contra el Presidente de Vox Santiago Abascal Conde y/o quien resulte responsable, a tenor de los Estatutos de ese partido, de la tramitación y presentación de la candidatura de Vox en la Provincia de Alicante por los presuntos delitos de falsedad en documento público, previsto en el Código Penal en su Art. 392, y delito electoral.

El 30 de mayo de 2016 la Junta Electoral Provincial acordó no Proclamar la candidatura de la coalición “Esperanza Ciudadana – Sí a la Libertad en la Educación” a falta de 18 avales válidos para alcanzar el límite legal de 1.253 avales. El 1 de mayo de 2016, la Oficina del censo de Alicante entregó al representante de la Coalición “Esperanza Ciudadana – Sí a la Libertad en la Educación” una relación individualizada de los avales anulados. De los 18 avales anulados a la Coalición por ser duplicados con la candidatura de Vox, 11 correspondían a antiguos afiliados de Vox, hoy afiliados a Esperanza Ciudadana y cuya firma y datos personales estaban en poder de Vox. Esas 11 personas, 4 de ellas miembros de la propia candidatura no proclamada, manifestaron por escrito que nunca habían firmado aval alguno para la candidatura de Vox y que, por tanto, sus firmas habían sido falsificadas.

Antes de iniciar acciones legales el Presidente de Esperanza Ciudadana y representante de la candidatura se dirigió por correo electrónico a Santiago Abascal para comunicar esta grave irregularidad y pedir explicaciones sin recibir respuesta alguna. Dos días después lo hizo por medio de un mensaje a través de Wasap obteniendo por toda respuesta del “líder supremo” de Vox el bloqueo en esta aplicación.


Esperanza Ciudadana quiere poner de manifiesto la cobardía del Sr. Abascal y de sus responsables en la Provincia de Alicante que, además, han tenido la poca vergüenza de enviar mensajes de agradecimiento por avalar su candidatura a personas cuya firma ha sido falsificada en los avales de la candidatura de Vox por la Provincia de Alicante.


jueves, 2 de junio de 2016

No ha podido ser.

Queridos amigos: como sabéis nos han faltado, tras las anulaciones de avales hechas por la Oficina del Censo, 18 de los 1.253 necesarios para poder participar en las próximas elecciones generales. Solicité y me entregaron ayer por la tarde una certificación individualizada de los 380 avales anulados de un total de 1.615 que habíamos presentado. Tras una exhaustiva y agotadora revisión, detecté que 11 de los avales anulados lo fueron porque otro partido político había utilizado sin su consentimiento las firmas de 11 personas que en su día militaron en él y que ahora lo hacen Esperanza Ciudadana. Igualmente pude detectar 4 avales anulados por error y que podríamos recuperar en un recurso contencioso electoral cuyo plazo de interposición vence hoy a las 24 horas. Aún en el supuesto de ganar ese recurso (que es mucho suponer) nos faltarían 3 avales para alcanzar los 1.253 exigidos por la Ley. Por ello he pensado desistir y no presentarlo. Hemos trabajado y luchado hasta la extenuación pero el límite está claro. Y si nadie de los que ha ayudado y trabajado para reunir esas 1.615 firmas tiene inconveniente o una idea mejor así se va a hacer. Confío en que el partido que ha usado fraudulentamente las 11 firmas de afiliados de Esperanza Ciudadana tenga la decencia de retirar su candidatura. Ya están avisados. Gracias a todos los que me habéis ayudado y nos habéis ayudado como organización política. Seguramente no pasará mucho tiempo antes de que tengamos que volver a pedir vuestra ayuda.

Santiago de Munck Loyola

martes, 31 de mayo de 2016

18 firmas, 18.


Sinceramente estoy indignado, muy indignado con todo el procedimiento legal y las trabas administrativas para poder presentar una candidatura a unas elecciones generales. Por si fuera poca la carga que supone la constitucionalmente dudosa reforma de 2011 de la Ley Orgánica Electoral que obliga a los partidos sin representación parlamentaria a reunir avales, el 0,1 % del censo de la circunscripción electoral (1.253 avales o firmas en la Provincia de Alicante) hay que añadir la carga de un sistema perentorio, arbitrario y sin garantías suficientes para llevarlo a cabo.

En las elecciones del 20 de diciembre pasado, la candidatura de Esperanza Ciudadana no fue proclamada por insuficiencia de avales. Presentamos entonces 1.397 firmas pero la Oficina del censo anuló 198 de las mismas por diversos motivos, duplicadas (sólo se puede avalar una candidatura, personas no censadas, menores, etc. Tras anular ese 14 % de firmas nos faltaban 51 y por tanto no pudimos a pesar de todos los recursos concurrir a las elecciones.

Pagada la novatada, en esta ocasión hemos hecho un esfuerzo complementario y hemos presentado 1.615 firmas, siendo el mínimo legal 1.253. Pues nada, sorpresa. La Oficina Provincial del Censo decidió el lunes 30 de mayo anular 380 de esas firmas declarando válidas 1.235 y dejándonos a 18 firmas válidas del límite legal. Nada menos que casi el 25 % de las firmas presentadas, una de cada cuatro han sido anuladas aduciendo como motivos, entre otros, que “las firmas no son legibles”.

Tras la decisión de ayer de la Junta Electoral Provincial de Alicante de no proclamar la candidatura de "Esperanza Ciudadana - Sí a la Libertad en la Educación" a la vista del certificado de la Oficina del censo Electoral me he personado hoy a primera hora en la Oficina Provincial del Censo de Alicante. Una vez allí he manifestado que venía a solicitar una revisión de las 380 firmas anuladas. Para mi sorpresa me responden que esa revisión debía pedirla en la Junta Electoral Provincial. Les contesto que no, que quien debe revisar es quien ha anulado las 380 firmas, o sea, la Oficina del Censo y que así se hizo con ocasión de las elecciones generales del 20-D. Me insisten en que no, porque la Oficina del Censo ya no tiene nuestras firmas, que las tiene la Junta Electoral Provincial. Entonces les digo que de todas formas quería registrar una solicitud formal de revisión individualizada a lo que, en principio, se negaban. Tras explicar que no se podían negar a admitir una instancia dirigida al Delegado Provincial de la Oficina del Censo, por fin la han admitido.

Me he marchado entonces con la copia de la solicitud de revisión a la Junta Electoral y allí he pedido la revisión individualizada de las firmas, tal y como me habían dicho en la Oficina del Censo. Y ¡oh, sorpresa! me dicen en la Junta que ellos no tienen las firmas, que las tiene la Oficina del Censo. Les digo que en la Oficina del censo me han dicho lo contrario y me responden que, bueno, que deben estar de camino y que me avisarán cuando lleguen. Les presento entonces una solicitud formal de revisión con copia de la presentada en la Oficina del Censo.

Y no acaba ahí el culebrón o el esperpéntico sainete. A última hora de esta tarde he recibido una notificación de la Junta Electoral ordenando a la Oficina del Censo que proceda a efectuar la revisión individualizada de las firmas que habíamos pedido. ¿En qué quedamos? ¿No decía la Oficina del Censo que ya no tenía las firmas y que las tenía la Junta Electoral Provincial? ¿No decía la Junta a su vez que aún no las tenía pero que me avisarían cuando llegasen para que pudiera asistir a la revisión? ¿Será que las firmas están paseándose por Alicante de la Oficina del Censo a la Junta Electoral y de la Junta Electoral a la Oficina del Censo? ¿Avisarán para que un representante de Esperanza Ciudadana pueda asistir y verificar la revisión de los casi 400 avales anulados?

Es para indignarse ¿o no? En primer lugar el incremento del porcentaje de firmas anuladas de las recogidas en noviembre pasado a las recogidas ahora es más que sorprendente, del 14 al 25 por ciento. En segundo lugar, un requisito como el de la necesidad de presentar firmas, supuestamente ideado para justificar cierta implantación social de los partidos, no puede imponerse de forma inflexible ¿acaso 18 firmas sobre 1.253 acreditan o no una mayor o menor implantación social? Y en tercer lugar, cuando se trata del ejercicio de derechos políticos básicos, de derechos constitucionales la administración tiene la obligación de facilitar su ejercicio y no erigirse como un muro o un obstáculo infranqueable. Si esto es una democracia moderna y participativa que venga Dios y lo vea.

Santiago de Munck Loyola
https://santiagodemunck.blogspot.com.es


martes, 3 de mayo de 2016

A las urnas.


Hoy 3 de mayo de 2016, con la firma del Rey Felipe VI del decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones generales a celebrar el próximo 26 de junio se cierra una corta, pero intensa etapa política, que ha puesto de manifiesto tanto la incapacidad de los partidos políticos tradicionales como de los nuevos para sacrificar sus intereses partidistas en beneficio del interés general, la falta de cultura de diálogo y de pacto de esta clase política y la supervivencia de los peores vicios de la partitocracia rápidamente asimilados por los nuevos partidos.

Empieza la cuenta atrás para que los ciudadanos podamos volver a votar y decidir cómo queremos que sea nuestro nuevo Parlamento y, por tanto, el próximo Gobierno. Hay opiniones para todos los gustos, aunque la mayoría se decanta por unos resultados parecidos a los del pasado mes de diciembre. Hay una gran sensación de decepción y de frustración ciudadana por la demostración de incapacidad de nuestros políticos, pero es difícil que ello se traduzca en un gran cambio en los resultados electorales del próximo 26 de junio. Los programas y los candidatos se van a mover muy poco por lo que no van influir gran cosa en la decisión de los votantes. Y tampoco es muy probable que vaya a ser determinante la constatación de la mezquindad e incapacidad de esta clase política por mucho que una gran parte de la opinión pública las censure. Probablemente pesarán más en la decisión del voto ciudadano el miedo a los resultados de posibles pactos, ensayados ya en estos meses, reforzando el sentido del voto del 20 de diciembre o el tedio con el consiguiente peligro de un aumento de la abstención.

Los partidos culpables de que haya que repetir las elecciones andan ahora proponiendo reducir los gastos electorales, como queriéndose hacer perdonar su culpa. Propuesta que parece razonable si no fuera porque siempre incumplen los topes previstos. Pero en todo caso se trata de una propuesta que a los pequeños partidos, como Esperanza Ciudadana, no nos afecta. Los pequeños partidos que vamos a concurrir a esta cita electoral nos encontramos con muchas dificultades para poder hacerlo. De una parte una injusta Ley Electoral que nos obliga a emplear muchos esfuerzos en reunir los avales necesarios para poder presentar candidaturas quebrando con ello el principio de igualdad. De otra, una nula repercusión de nuestras propuestas en los medios de comunicación que, sin cortarse un pelo, te dicen de antemano que o pagas publicidad o informativamente no existes por muy interesentes o novedosas que sean tus propuestas.

En Esperanza Ciudadana hemos decidido intentar participar nuevamente en estas elecciones generales. Nos lo impidieron con toda clase de tretas y argucias legales el pasado 20 de diciembre, pero en esta ocasión no van a poder impedirlo. Y vamos a participar con especial intensidad porque estamos convencidos de que Alicante, más que nunca, necesita tener voz propia en el Parlamento, una voz independiente que no se someta a intereses ajenos a los de nuestra Provincia. Frente a la permanente discriminación presupuestaria de Madrid y de Valencia, frente a la agresión a las libertades básicas ejercida desde el tripartito valenciano, frente a la falta de regeneración de la vida política y frente al catalanismo excluyente impulsado por la propia Generalidad Valenciana, Esperanza Ciudadana se va a presentar a las elecciones como un proyecto español, alicantino, de progreso y de libertad.

Somos conscientes de las enormes dificultades existentes no solo para trasladar nuestras propuestas a la sociedad alicantina, sino nuestra propia existencia. Y somos igualmente conscientes del peso del voto del miedo y del voto útil que hará que mucha gente vote con la nariz tapada con tal de alejar el peligro de un gobierno frentepopulista, pero estamos más que convencidos de que pocas cosas puede haber más satisfactorias y gratificantes en política que poder votar con el corazón en absoluta libertad.

Santiago de Munck Loyola




jueves, 31 de marzo de 2016

¿Comunidad Autónoma de Alicante? ¿Por qué no?


Cuando se menciona la posibilidad de que la Provincia de Alicante se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial no son pocos los que se rasgan las vestiduras y se oponen a esa idea sin ofrecer argumentos de peso para descartarla. Pero lo más preocupante es que, al mismo tiempo, son incapaces de presentar alternativas para acabar con una realidad que es una situación injusta y discriminatoria para los ciudadanos de la Provincia de Alicante. Plantear que nuestra provincia se constituya como Comunidad Autónoma no es un acto de victimismo frente a esa discriminación política, social y económica que, gobierne quien gobierne, se practica desde Valencia y desde Madrid, sino que es el ejercicio de un derecho constitucional para la plena autonomía de la gestión de los intereses de los alicantinos. La autonomía uniprovincial no tiene por qué suponer la ruptura de vínculos culturales o históricos con la Comunidad Valenciana, pero sí que puede suponer la recuperación y potenciación de similares vínculos existentes con otras comunidades vecinas que han sido hasta ahora ignorados desde Valencia.

La propuesta de una Comunidad Autónoma uniprovincial para Alicante tiene su sustento en los propios principios que inspiran la organización territorial del Estado en nuestra Constitución. La descentralización, la autonomía en la gestión, el acercamiento de los centros de toma de decisiones al ciudadano, la justicia distributiva y la solidaridad territorial son principios constitucionales cuyo ejercicio no puede estar constreñido a un modelo concreto que a lo largo de su corta existencia ha demostrado, y las estadísticas están ahí para demostrarlo, que es claramente perjudicial para los intereses de los ciudadanos de nuestra Provincia. Esos mismos principios constitucionales son los que avalan y fundamentan la legitimidad de la pretensión de constituir una nueva Comunidad Autónoma por y para la Provincia de Alicante. ¿Por qué no pueden los alicantinos gestionar sus propios intereses en el marco constitucional sin tener que pasar por Valencia?

¡Menudo lío! Pensarán algunos. Otros dirán que lo que sobran son autonomías. Y realmente lo que sobran son competencias duplicadas o triplicadas, lo que sobra es el despilfarro de los recursos públicos, lo que sobra es la sustitución del centralismo de Madrid por el de Valencia. En estos días venimos escuchando cómo algunos partidos pactan la desaparición de la Diputaciones Provinciales, una de las administraciones más cercanas a los ciudadanos, lo que en el fondo no es otra cosa que una involución política, una recentralización de carácter regional. Esa desaparición de las Diputaciones sería la puntilla para la defensa de los intereses de nuestra Provincia.

Imaginemos que Alicante se transforma en Comunidad Autónoma. Los ciudadanos de nuestra Provincia soportaríamos el peso de una administración menos sobre nuestras cabezas. La Diputación pasaría a ser el Gobierno Autónomo y absorbería determinadas competencias que hoy están en manos de la Generalidad Valenciana y podría devolver al Estado aquellas competencias cuyo coste sea excesivamente gravoso para los ciudadanos o que supongan un riesgo de quiebra del principio de igualdad entre todos los españoles. Las decisiones  que nos afectan y que son de competencia autonómica no se tomarían en Valencia, sino en Alicante. La cercanía política al ciudadano y la descentralización administrativa serían mucho mayores de lo que son hoy en día. La racionalización de la distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos no puede ni debe pasar por una nueva recentralización en favor de las Comunidades Autónomas sino por dos ejes básicos: una nueva redistribución de competencias que favorezca el principio de igualdad de derechos y obligaciones de los españoles y un fortalecimiento de las administraciones más cercanas al ciudadano.

España no puede seguir soportando por mucho tiempo un modelo territorial caro y disgregador como el actual. La propuesta de constitución de una Comunidad Autónoma para nuestra Provincia responde, aunque a algunos no les parezca, a la necesidad de dar solución a las necesidades de los alicantinos desde una estructura más eficiente, más cercana y más comprometida con la idea de una España moderna, fuerte y plural. La quinta provincia española en población y en PIB tiene la entidad histórica y la capacidad suficientes para asumir esa propuesta. Sólo falta la voluntad de los alicantinos. Y no debemos olvidar que más Alicante es más España.

Santiago de Munck Loyola


sábado, 5 de marzo de 2016

Se inicia un nuevo movimiento de confluencia entre diferentes partidos políticos alicantinos.


Ayer 3 de marzo se celebró un la sede de Alicante del partido Esperanza Ciudadana un encuentro entre representantes de diversos partidos políticos y de movimientos vecinales con el fin de explorar la posibilidad de coordinar acciones políticas y de sentar las bases de un proyecto de cooperación política y electoral de ámbito local y provincial.
A este encuentro asistieron representantes de los Verdes Ecopacifistas, Verdes Ciudadanos, Centro Moderado, Foro Demócrata, independientes y de Esperanza Ciudadana. A esta primera reunión, calificada de positiva por todos los asistentes, le seguirán otras en fechas próximas con el fin de ir estableciendo los mecanismos de actuación y programáticos que permitan a los alicantinos poder contar en cada municipio con una nueva alternativa política.

martes, 5 de enero de 2016

La autonomía uniprovincial: una solución para Alicante.


Padecer una situación de injusticia permanente, conocer las causas que la originan, reconocer el problema de fondo y no afrontarlo adoptando las medidas que están en nuestra mano para solucionarlo es bastante anormal. Esa situación puede darse en muchas circunstancias y ocasiones de cada persona pero cuando la elevamos a la categoría de lo público resulta, cuando menos, una anomalía social. Veamos.

Los ciudadanos que vivimos en la Provincia de Alicante padecemos desde hace décadas una situación de discriminación permanente por parte del estado y de la Generalidad Valenciana. No somos tratados ni económica, ni políticamente de acuerdo con la importancia económica y demográfica de nuestra provincia. Somos tratados de forma injusta y no como debería corresponder a la quinta provincia por volumen de su Producto Interior Bruto o por el volumen de su población. Todos los indicadores de los datos económicos y sociales así lo señalan y no son discutibles: rentas y pensiones por debajo de la media española, asistencia sanitaria, educativa o social por debajo de la media, inversiones públicas en el furgón de cola, etc. Son tantos años de discriminación negativa en las inversiones en nuestra Provincia que bien podemos hablar de la existencia de una enorme deuda histórica con Alicante, deuda del estado y deuda de la Generalidad Valenciana. Y esta injusta situación la sufrimos directamente, en nuestros bolsillos y en nuestro nivel de bienestar.

Cada vez son más las voces autorizadas las que desde distintos ámbitos de la Provincia se suman al reconocimiento y a la denuncia de una situación a todas luces injusta, la permanente discriminación de nuestra Provincia. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el ámbito de la vida política, pocos son los representantes políticos que denuncian esta situación, sobre todo porque se deben más a los aparatos de sus partidos, a sus jefes, que a los ciudadanos. Y cuando mencionan la discriminación de Alicante lo hacen sólo para usarla como arma arrojadiza contra el gobierno de turno, sea en Madrid o Valencia. Pero ¿alguno plantea una solución política? Porque lo cierto es que salvo esos lamentos ocasionales ninguno de nuestros representantes políticos ni ninguno de los partidos políticos con representación pone una solución encima de la mesa. Y haberlas las hay.

No hay ninguna razón económica, histórica, política o social que justifique el hecho de que los alicantinos tengamos que soportar sobre nuestras espaldas una administración pública más que los madrileños o nuestros vecinos murcianos, por poner un ejemplo. Sobre nuestras espaldas recae el peso de sostener con nuestros impuestos a los Ayuntamientos, a la Diputación, a la Generalidad Valenciana y al Estado. Costeamos cuatro administraciones españolas mientras que otros sólo tienen que sostener a tres administraciones. Si ello nos reportase ventajas mercería la pena, pero cuando se comprueba que la Generalidad Valenciana no cohesiona su territorio ni económica, ni socialmente, cuando se constata que lleva veinte años invirtiendo por habitante menos en Alicante que en las dos otras provincias y que las decisiones trascendentes para nuestra Provincia se toman en Valencia y no en Alicante, parece evidente que no merece la pena. La solución política a estos problemas pasa por tener voz propia en Madrid y por constituir una Comunidad Autónoma uniprovincial. Esperanza Ciudadana es el único partido que pone sobre la mesa una posible solución. No basta con lamentarse, no es suficiente con quejarse. Hay que ofrecer soluciones y ésta es una propuesta absolutamente constitucional que puede dar salida a un grave problema por todos reconocido.

Alicante tiene capacidad de sobra para administrar por si misma las competencias autonómicas que quiera asumir y eso también es una evidencia. Tenemos los argumentos y la capacidad para hacernos oír directamente en Madrid sin tener que pasar el filtro de Valencia. Tenemos la capacidad para tomar las decisiones competenciales aquí sin tener que someternos a las decisiones de Valencia. No se trata de romper los vínculos culturales que unen a parte de nuestra con Valencia, ni tienen por qué romperse con la Constitución en la mano. No se trata de enfrentar a nuestra Provincia con otras, ni de renunciar a la pluralidad y a la riqueza y variedad cultural de nuestra Provincia. Se trata de acercar a los alicantinos a la toma de decisiones políticas, de llevar directamente la voz de Alicante ante el Estado, de eliminar una carga administrativa de nuestras espaldas, de lograr una mayor eficiencia en la gestión pública, de eliminar innecesarias duplicidades, de hacer realidad la igualdad de derechos y de obligaciones entre todos los españoles y de hacer una realidad la tan manida como ignorada solidaridad territorial. Se trata, en definitiva, de aprovechar y usar en beneficio de Alicante los legítimos instrumentos que la Constitución pone a nuestra disposición. Podemos seguir quejándonos, lamentándonos y denunciando lo evidente, pero si no actuamos de nada servirá.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 11 de diciembre de 2015

Votar nulo, una opción razonada y razonable.


Una reciente encuesta realizada por el Instituto DYM arroja unos curiosos resultados sobre la intención de voto considerando la ideología de los entrevistados.  A nueve días de las elecciones generales parte del electorado sigue dudando, sin saber qué hacer o por quién optar.

Según esta encuesta la mayor parte de los indecisos se encuentra entre quienes se consideran de centro. El 53,6% de ellos todavía no manifiesta su voto frente a un 46,4% que sí lo tiene decidido. De éstos, los que ya lo tienen decidido, el 15,2% apuesta por Ciudadanos y el 10,2%, por el PSOE.

Entre los que se definen como de centro-derecha un 66,4 % ya tiene decidido su voto. Parece que lo tienen más claro: un 30,8% para el PP y casi un 20% para Ciudadanos. Y de los que se etiquetan como votantes de derechas, el 65,3% ya tiene claro su próximo voto: el 42,5% se inclina por el PP y un escaso 6,6% por Ciudadanos. Resulta cuando menos llamativo que un partido que se autodefine como de centro izquierda coseche tan buenas expectativas entre los votantes, sobre todo, de centro-derecha. O bien el partido naranja es muy camaleónico o bien buena parte de su electorado carece de escrúpulos ideológicos o programáticos.

Pero, si uno se identifica con posiciones políticas de centro, de centro-derecha o de derechas, si vive en la Provincia de Alicante, si cree en la regeneración política y si además quiere ejercer su voto el próximo 20 de diciembre con coherencia y con responsabilidad, la verdad es que lo tiene bastante difícil porque las ofertas electorales que finalmente concurren son bastante limitadas y adolecen de bastantes defectos y carencias como para poder elegir una de ellas con plena satisfacción. Eliminada de forma arbitraria e injusta la candidatura de Esperanza Ciudadana, la única candidatura alicantinista y regeneradora, algunos nos tenemos que plantear a quién votar en las elecciones generales. No se trata de elegir a unos para evitar que otros ganen, sino de elegir la opción política que por su trayectoria y sus propuestas pueda defender mejor los intereses de los alicantinos desde unos principios ideológicos concretos, los que no comparte la rancia izquierda que ahora gobierna nuestras tierras.

Desde esta perspectiva, es decir, desde la coherencia con determinados principios y valores, la opción de Ciudadanos es plenamente descartable. Su posicionamiento ideológico, sus propuestas fiscales, su intervencionismo, sus tics autoritarios internos y su compadreo con el Gobierno Socialista en una de las Comunidades Autónomas más castigada por la corrupción no son elementos suficientes como para poder compensar los aspectos positivos de su programa, que los tiene. Y este descarte se reafirma, además, si se tiene en cuenta el posicionamiento de los concejales de Ciudadanos a lo largo y ancho de la Provincia de Alicante en la que desgraciadamente este partido se ha nutrido en muchos casos de un aluvión de oportunistas sin escrúpulos.

Por el lado derecho, tampoco parece que VOX sea una opción válida para los ciudadanos comprometidos con Alicante, con la regeneración y con los valores del centro-derecha. En un tiempo record, lo que nació como un proyecto ilusionante al servicio de unos determinados valores se ha convertido en un instrumento de supervivencia personal del prototipo de la casta política, en un experimento fallido en el que la democracia interna agoniza y en un proyecto escorado cada vez más hacia posiciones ultraconservadoras. Un partido en el que sus máximos dirigentes no predican con el ejemplo personal.

Y la última opción a valorar es la que representa el Partido Popular. Dejando al margen consideraciones personales hay una serie de hechos objetivos que no invitan precisamente a votarle. Hacer un repaso de los sistemáticos incumplimientos del programa del año 2011 y de sus propios principios llevaría páginas enteras: el Plan Hidrológico Nacional, la Ley de Memoria Histórica, la regulación del aborto, la bajada de impuestos, la lucha contra el endeudamiento público, la independencia de la Justicia, los recortes de prestaciones públicas, la hoja de ruta de ZP respecto a ETA, etc. La lista de incumplimientos sería tan larga como la lista de casos de corrupción que salpican a cargos públicos del PP. A ello se podría añadir la falta de democracia interna cuyo mejor reflejo es la propia candidatura popular al congreso por la Provincia de Alicante, impuesta desde Madrid y con un paraca a la cabeza, o la candidatura al Senado encabezada por una acaparadora de empleos públicos, como Adela Pedrosa, prototipo de los profesionales de la política en el peor sentido de la expresión. Nada pues invita a otorgar el voto al PP que en nuestra provincia sigue siendo dirigido por los responsables de su hundimiento electoral, por los protectores de los comportamientos políticos más indignos y por los enemigos declarados de la regeneración democrática como son el Sr. Ciscar y su acólito el Sr. JJ Zaplana. Un partido que utiliza los escaños de nuestra provincia, no para defenderla, sino para colocar a sus dirigentes sin sitio en su propia circunscripción electoral, no merece la confianza de los ciudadanos alicantinos ni de centro, ni de centro-derecha, ni de derechas.

Ante este triste panorama, abstenerse no es una solución. Votar en blanco supone que el voto terminará sumando como resto a alguno de los partidos mayoritarios gracias a la denostada ley electoral. No queda, por tanto, otra salida responsable que la del voto nulo para la gente que no es de izquierdas, para los ciudadanos que quieren que nuestra provincia recupere el protagonismo y la importancia que le han robado durante tantos años y para todos cuantos quieren una regeneración profunda del sistema político. Una regeneración desde los valores de la libertad, la democracia, la transparencia, la ejemplaridad, la defensa de la familia, la vida, la defensa del medio ambiente, la solidaridad, la igualdad de derechos entre los españoles y la unidad de España. No queda otra opción sensata y responsable que la del voto nulo. Y un servidor lo hará el próximo 20 de diciembre. No me van a engañar más.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 3 de diciembre de 2015

IMPIDEN A ESPERANZA CIUDADANA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES GENERALES.




Finalmente la candidatura de Esperanza Ciudadana al Congreso por Alicante no podrá participar en las próximas elecciones generales. El pasado 23-11-2015 la Junta Electoral Provincial de Alicante acordó lo siguiente: “NO PROCEDE PROCLAMAR las siguientes Candidaturas: …Y la denominada ESPERANZA CIUDADANA, por insuficiencia de avales a la vista del certificado emitido por el Sr. Delegado del Censo, en el que aparece “verificadas 1397, número de firmas válidas 1.199, y número de firmas inválidas 198”. Dicho acuerdo fue recurrido ante la propia Junta Electoral, aportando 65 avales adicionales más, y ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa no prosperando ninguno de los dos recursos. Presentado el pertinente recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al haberse vulnerado los derechos constitucionales recogidos en los Artículos 23.2 y 24.1 de la C.E. éste ni siquiera lo admitió a trámite excusándose en un inexistente defecto formal.

Hay que destacar, en primer lugar, que la Oficina del Censo Electoral no ha acreditado, ni certificado en ningún momento la relación nominal de avalistas anulados, la mayoría, al parecer, por haber avalado simultáneamente a otra candidatura.

En segundo lugar, que la Junta Electoral Provincial de Alicante acordó no proclamar la candidatura de Esperanza Ciudadana a falta de tan sólo 26 avales al no alcanza los 1.225 exigidos, conociendo que la Oficina del Censo había anulado más de 125 firmas sin presentar la relación nominal de las mismas y sin acreditar esa supuesta duplicidad.

En tercer lugar, resulta altamente sospechoso que el Juzgado Contencioso Administrativo recibiese el expediente administrativo de la Junta Electoral Provincial de Alicante media hora antes de hacer entrega de la sentencia desestimatoria del recurso de Esperanza Ciudadana.


Y, en cuarto lugar, hay que destacar y censurar, la actuación caciquil, desvergonzada e inadmisible del Tribunal Constitucional que, en lugar de entrar a conocer el fondo del asunto, la flagrante vulneración de derechos constitucionales de ciudadanos alicantinos, se despacha con no admitir a trámite el recurso usando la excusa de un supuesto defecto formal inexistente. Llama poderosamente la atención que el mismo Tribunal que enmienda la plana al Tribunal Supremo para legalizar a Bildu, el partido de los proetarras, y permitir así su participación electoral impida a la gente normal y pacífica de Alicante poder participar en las próximas elecciones generales. No cabe mayor desvergüenza política y jurídica.