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domingo, 25 de septiembre de 2022

El “dumping fiscal” no existe.


Está el patio muy revuelto desde que el Presidente Andaluz, en el ámbito de sus competencias constitucionalmente regladas, anunció su propósito de eliminar los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones en su Comunidad Autónoma. Toda la progresía oficial, incluida la separatista y la sucesora de la ETA, se rasgó las vestiduras y se lanzó en tromba a condenar esta iniciativa: que si eso es “dumping” fiscal, que si solo se beneficia a los ricos, riquísimos, que si es insolidario, etc. Y se han lanzado como locos a preparar medidas contra las bajadas de impuestos bien proponiendo reformar los tributos existentes bien a través de una centralización tributaria o a través de la creación de nuevos tributos. Hay para todos los gustos, pero, de momento, no se ponen de acuerdo. Solo coinciden en que los impuestos no se bajan.

 

Pero antes de entrar en el tema, debo hacer dos precisiones. La primera es que hablar de “dumping” en este tema no es correcto. Esta palabra inglesa se refiere a la práctica comercial consistente en vender productos por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, para ir eliminando a las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. Y en este caso estaríamos hablando de una práctica fiscal, no comercial, consistente en bajar los impuestos en un territorio para atraer a nuevos contribuyentes y así recaudar más. Por tanto, se podría utilizar el concepto en español de “competición fiscal” y, en su caso, “competencia fiscal desleal”, siempre y cuando hubiera una competencia leal previa entre territorios, algo más que dudoso.

 

La segunda precisión es de carácter más personal. La autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas, es decir, su capacidad de crear tributos o de regular los existentes cedidos por el Estado, al igual que ocurre con otras competencias autonómicas, quiebra con un principio y un derecho fundamental recogido en la Constitución española de 1978 recogido en el Capítulo II, Derechos y Libertades, Artículo 14 y que señala lo siguiente: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por tanto, el hecho que los españoles paguen más o menos impuestos en función de su circunstancia personal de su lugar de residencia quiebra con este principio básico. La igualdad ante la Ley, también las leyes tributarias, significa imponer el mismo esfuerzo tributario a todos sin distinción de territorio o lugar de residencia. No anda muy descaminado el Ministro José Luis Escrivá cuando plantea la necesidad de centralizar los impuestos.

 

Es curioso y francamente llamativo que esta izquierda no ofrezca más política económica que la sustentada en un progresivo y asfixiante incremento de los impuestos para sostener un gasto público cada vez más desbocado. Ni un solo amago para recortar gastos innecesarios o superfluos. La obsesión por recaudar más se traduce en sus constantes negativas a reducir impuestos a pesar del extraordinario aumento de la recaudación como consecuencia de la inflación. Sólo a trancas y barrancas, el Gobierno ha terminado por reducir el IVA en algunos productos esenciales después de haber descalificado a la oposición por proponer dichas reducciones. Y llama también la atención que los socios del Gobierno se sumen al linchamiento de la oposición y a la propuesta de limitar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas que bajan impuestos cuando al mismo tiempo reclaman más autonomía o la independencia fiscal para sus autonomías que, por cierto, como Cataluña, son las más endeudadas, son las que tienen el mayor número de impuestos y las que más gravan a sus ciudadanos. 


La Ley del embudo. En todo caso, parece que siempre son mejores los “paraísos fiscales” que los “paraísos penales” en los que delinquir tiene premio y saltarse las leyes o las sentencias judiciales goza de la protección estatal.

 

Guste o no, la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, la capacidad de subir o bajar los impuestos, tiene su apoyo en la Constitución española. La autonomía financiera de las CC AA se reconoce en el artículo 156 del texto constitucional y se delimita por los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. El sistema de financiación de las CC AA se recoge en los artículos 156 a 158, de acuerdo con lo establecido en su artículo 133.2 que legitima el poder tributario de las mismas, reconociendo la posibilidad de que éstas establezcan y exijan tributos de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución, así como en el resto de las leyes.

 

Por ello, cualquier intento del Gobierno y de sus socios de impedir a las Comunidades Autónomas que ejerzan sus competencias fiscales tendrá por delante un duro camino político y judicial. No parece que sea este el mejor momento para intentar modificar el texto constitucional ni siquiera por la vía de una interpretación sui generis. Porque, además, ese camino atenta directamente con la esencia de la democracia que radica en la existencia y el reconocimiento de la pluralidad política. Subir o bajar impuestos son opciones políticas legítimas que se pueden proponer y ejercer en el marco constitucional. Intentar retorcerlo para excluir legalmente una de las dos opciones solo conducirá a la imposición de un modelo concreto al conjunto de la ciudadanía. No es eso lo que ahora mismo necesitamos los españoles. Necesitamos que esta clase política se ponga las pilas de una vez, se ponga a trabajar para resolver nuestros problemas y que lo haga desde el diálogo, el pragmatismo y, sobre todo, la ejemplaridad.

 

Santiago de Munck Loyola

viernes, 7 de mayo de 2021

Nadie da duros a pesetas.

 

Cuando uno no se lee la letra pequeña de un contrato es muy probable que se termine llevando una sorpresa. Y eso es, precisamente, lo que a muchos les está pasando al ir conociendo poco a poco los planes fiscales del gobierno social-comunista de España. No, los 140.000 millones de euros que España va a recibir de la Unión Europea para intentar salir de la catástrofe económica provocada por la gestión del Covid19 no son gratis, no son una ayuda desinteresada. La mitad de esa cantidad, es decir, 70.000 millones de euros vienen en forma de préstamo y, por tanto, hay que devolverlos. Un pequeño detalle omitido por el Presidente del Gobierno en todas y cada una de sus intervenciones públicas autolaudatorias. 

 

Poco a poco, con anuncios, rectificaciones, matizaciones, negativas, excusas y contradicciones ya vamos sabiendo cómo piensa el gobierno social-comunista ajustar las cuentas públicas para conseguir los 70.000 millones que hay que devolver y así se lo ha comunicado a la Unión Europea, por cierto, antes que al Parlamento y al conjunto de los españoles. 

 

Cuando el dinero de la caja no alcanza para pagar todas las obligaciones que uno tiene solo tiene tres opciones: la primera, reorganizar sus prioridades y eliminar todos los gastos superfluos y los prescindibles hasta equilibrar ingresos y gastos. La segunda, aumentar los ingresos hasta alcanzar el nivel de gasto comprometido y aquí también hay dos vías cuando hablamos de la caja pública, bajar la presión fiscal para reactivar la economía y terminar recaudando más o bien aumentarla directamente lo que supondrá un notable incremento inicial con una caída de recaudación posterior. Y la tercera opción es combinar las dos vías anteriores.

 

Según los planes remitidos a Bruselas por el Gobierno la vía escogida por el Gobierno es la más sencilla: aumentar los impuestos especialmente a las clases media y baja, exprimirnos fiscalmente. No sólo se prevé una subida de las contribuciones en el ámbito laboral y especialmente en las cotizaciones a la seguridad social, sino que se pretende recaudar más aumentando el impuesto de sucesiones con la excusa de la armonización territorial, incrementando el impuesto sobre el Patrimonio con la misma excusa, aumentando la fiscalidad al diésel combustible empleado por los transportistas y por los ciudadanos menos pudientes o creando un nuevo impuesto por circular por la carreteras que ya hemos pagado con la excusa de contribuir al mantenimiento de la red viaria.

 

Los apologetas del gobierno siempre justifican estas decisiones aludiendo a la necesidad de homologarnos con Europa y tratan así de vestirlas con un aura de modernidad que no se compadece con la realidad. Puestos a homologarnos ¿Por qué no lo hacemos con los sueldos o las pensiones de alemanes, belgas o franceses?

 

La realidad es bien distinta. En la UE, casi la mitad de sus miembros no tienen ningún impuesto de sucesiones. Junto a España, lo mantienen Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Croacia, Italia, Lituania, Polonia, Hungría y Eslovenia.

 

En cuanto al impuesto sobre el patrimonio no existe ninguna posibilidad de homologación porque España es la excepción en la UE, ya que es el único país en el que aún se aplica. Francia ya lo suprimió a partir del 1 de enero del 2018 y lo reemplazó por un gravamen sobre las viviendas con un valor superior a 1,3 millones de euros, excluyendo los bienes no inmobiliarios. Muchos países nunca han tenido un impuesto sobre el patrimonio (entre otros, Italia, Grecia, Portugal, la República Checa, Hungría o el Reino Unido), mientras que otros Estados lo han ido eliminando en las últimas décadas.

 

Lo que es evidente es que el Gobierno no contempla ni un solo recorte en el gasto. Tendremos que devolver 70.000 millones de euros a Europa, pero nuestras administraciones seguirán viviendo como si fueran ricas. No se plantean acabar con las administraciones duplicadas, con los cientos de organismos-chiringuitos inútiles, con los cientos de millones de euros anuales destinados a subvencionar a Partidos Políticos y a las 3.284 franquicias de patronal y sindicatos, con los regalos millonarios a empresas en quiebra técnica como la compañía aérea chavista “Plus Ultra”, con los cientos de millones anuales destinados a televisiones estatales y autonómicas deficitarias, con las pensiones privilegiadas de la clase política, con el despilfarro en asesores en todas las administraciones públicas, con los regalos en material militar a nuestros queridos vecinos del sur, con la reforma de la caja de pensiones para evitar su uso para quienes nunca han contribuido a la misma, en definitiva, el Gobierno no se plantea en modo alguno hacer las profundas reformas que el Estado de una sociedad avanzada necesita.

 

Apostar por más hachazos fiscales será aplicar una simple tirita a una herida profunda, un parche que momentáneamente podrá funcionar, pero que inevitablemente terminará en una terrible hemorragia. ¿Por qué será que da la sensación de que estamos en manos de indolentes, perezosos, dogmáticos, manirrotos e irresponsables? ¿Por qué tienen tan poca empatía con los ciudadanos más vulnerables? Y, sobre todo, ¿por qué nos mienten tanto?

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

lunes, 2 de julio de 2018

Al Sr. Sánchez, adalid del expolio fiscal.



Sr. Sánchez:

Acaba de hacer pública su intención de subir los impuestos en España para “mejorar el Estado del Bienestar” y se pregunta "¿Queremos tener un sistema fiscal de tercera para tener un Estado de bienestar de primera?, no es posible". Y uno no tiene más remedio que preguntarle a usted, para empezar, si cuando se presentó a las elecciones generales como candidato a la Presidencia del Gobierno y las perdió ¿Había prometido en su programa electoral subir los impuestos o lo contrario? Desde luego, lo que es patente, por reciente es que en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados en la moción de censura no hizo la más mínima referencia a subir los impuestos de forma indiscriminada al conjunto de los ciudadanos.

Mire Sr. Sánchez es de manual: un incremento de la presión fiscal en un momento como el actual de recuperación económica y de precaria creación de empleo va a suponer un frenazo para la economía: a menos dinero disponible en la iniciativa privada, menos inversión, menos creación de empleo, menos recaudación fiscal y más gasto social. La calidad de un sistema fiscal, si es de primera, de segunda o de tercera, no se mide por la cantidad bruta de recaudación, sino por otros parámetros como son la eficiencia de la administración para recaudar, esto es lo que se gasta hacienda para recaudar el dinero de los ciudadanos (y es evidente que en el caso del IRPF la relación gasto ingreso denota una gran ineficiencia) o la simplicidad y equidad en las figuras impositivas. Un sistema fiscal en el que la clase media soporta el 70% de la recaudación del IRPF no es de primera. Y fíjese en EEUU, por ejemplo, el 1% de los contribuyentes más ricos aporta el 39% de la recaudación del IRPF mientras que en España ese 1% sólo aporta el 19%.

Sr. Sánchez, al día de hoy, cada trabajador español paga cerca del 65% de su salario en impuestos.  Es decir, que de cada 100 euros ganados el Estado se lleva 65 euros de los que 27 euros se dedican a pensiones, educación y sanidad mientras que los 38 euros restantes se destinan a mantener el chiringuito.

Todos los españoles queremos un Estado de Bienestar de primera, resulta obvio. Pero para mejorar nuestro estado de Bienestar no es preciso esquilmar más a los contribuyentes y en especial a la clase media con más impuestos. ¿No se ha planteado usted que, a lo mejor, lo que tiene que hacer el Estado es gastar menos y gastar mejor? Porque resulta evidente que existen muchos gastos públicos que no sólo no contribuyen a mejorar la calidad del estado de Bienestar, sino que además lo ponen en peligro de subsistencia.

A título de ejemplo lo que no contribuye a mejorar el Estado de Bienestar y lo pone en peligro es:

  • Mantener 17 administraciones autonómicas duplicando muchas competencias estatales, que rompen la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles, que padecen diarrea legislativa dificultando el crecimiento económico y la unidad de mercado.
  • Sostener un sistema de privilegios de la clase política en materia tributaria y de seguridad social: pensiones privilegiadas, autoasignación de sueldos escandalosos, beneficios sociales.
  • Extender las prestaciones sanitarias a extranjeros irregulares mientras se mantienen las listas de espera o mientras prestaciones básicas como la atención buco dental siga siendo claramente insuficiente.
  • Oponerse como usted ha hecho a la existencia de una tarjeta sanitaria única y no 17.
  • Pagar pensiones no contributivas a 100.000 extranjeros.
  • El fraude de 3.000 millones de euros en los cursos de formación y los 1.200 millones de euros en el caso de los EREs, ambos responsabilidad de su Partido a los que hay que sumar varios cientos de millones de euros más de los casos de corrupción en los que el PP, Convergencia y Unió y otros partidos han estado implicados.
  • Mantener a cerca 15.000 delincuentes extranjeros en prisión en vez de expulsar a la mayoría de ellos a sus países de origen.
  • Facilitar ayudas económicas a inmigrantes ilegales que en ocasiones superan en cuantía a las ayudas que perciben los ciudadanos españoles.
  • Destinar anualmente cientos de millones de euros a subvencionar a los partidos políticos, sindicatos y patronales.


Y la lista de hechos y problemas que ponen en riesgo la permanencia del estado de bienestar puede ser muy larga. Así que no nos venga con cuentos, Sr. Sánchez. Para mejorar el estado de bienestar y para garantizar su existencia no hace falta que nos cobre más impuestos a los sufridos contribuyentes. Lo que hace falta es que la clase política tenga el valor y la decencia de trabajar seriamente para corregir todos los gastos y desequilibrios económicos, territoriales y sociales que generan tal cantidad de gastos que hacen inviable el sostenimiento del propio Estado. Simplezas las justas, Sr. Sánchez. No nos siga tomando por tontos.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 11 de mayo de 2014

El PP de Alicante nos sube los impuestos para poder pagar a los amigotes.


Si hay una ciudad y una provincia en las que se pueden ejemplificar el sistemático incumplimiento de un programa electoral, la traición a unos determinados principios políticos y la institucionalización de las prácticas corruptas son la ciudad y la Provincia de Alicante. Y si hay un partido al que se le puede imputar la autoría de ese rechazable proceder es al Partido Popular de Alicante. Viene esta reflexión al hilo de tres coincidencias producidas en la última semana: la recepción postal en nuestras casas del aviso de cobro de los tributos y tasas municipales enviado, por primera vez, por SUMA (por cierto, algo que nos va a costar más caro que antes), la publicación de informaciones hasta ahora no desmentidas en las que se afirma textualmente que “el PP de Alicante dio orden de no rebajar más las basuras de Ortiz” y el anuncio de nuevos incrementos fiscales para los alicantinos que serán aprobados por el Partido Popular el próximo lunes día 12 de mayo de 2014.

Para ser Partido Popular la fuerza política abanderada de la disminución fiscal, de la austeridad, de la eficiencia y del ahorro no está mal. Si esa es la buena dirección mejor cambiar de conductor o mejor cambiarse de autobús. En los próximos días, los contribuyentes tendremos que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles que no ha experimentado disminución alguna tras ser incrementado un 10 % en 2012 y 2013. Pagaremos también la tasa de la basura que va a ser subida otro 3% el próximo lunes con lo que acumulará un incremento del 9 %. Nuestro querido Ayuntamiento no solo no nos descuenta los días que como consecuencia de la huelga no nos prestó el servicio por el que pagamos, sino que, además, nos lo sube a partir del lunes otro 3 % junto a otros tributos, tasas y precios públicos. Así a partir del lunes se incrementarán también la tasa por la prestación de servicios de los bomberos municipales, las tasas de la grúa municipal, de Mercados, de Cementerio, la tasa por la obtención de licencias urbanísticas y de ocupación, por el uso de instalaciones deportivas, del ascensor del Castillo de Santa Bárbara, las Escuelas Deportivas Municipales y Escuelas Infantiles Municipales. En conjunto, el PP de Alicante va a incrementar en tan sólo 2 años entre un 6 y un 10 % los diferentes tributos, tasa y precios públicos municipales lo que es un ataque directo al poder adquisitivo de los alicantinos. Y, si a ello sumamos, el incremento de la presión fiscal del Gobierno de la Nación es un hecho incontestable que la política del PP, en contra de su programa y sus principios, lesiona y perjudica al bolsillo de los alicantinos y supone un freno al consumo y a la recuperación económica. Si exceptuamos a ciertos políticos ¿alguien ha tenido un incremento salarial o en su pensión entre el 6 y el 10 % en los dos últimos años? Pues eso.

Pero con ser desolador este panorama para los bolsillos de los alicantinos gracias a la desastrosa gestión de Sonia Castedo, Andrés Llorens, Juan Seva y demás miembros del Gobierno municipal, eso sí, con el apoyo y complicidad de la dirección provincial popular capitaneada por ese irrepetible dúo, José Ciscar y José Juan Zaplana, lo es aún más cuando se tiene presente la incalificable gestión de las contratas municipales que obliga a aumentar la presión fiscal para hacer frente a unos compromisos contractuales incomprensibles desde su gestación, pasando por su tramitación hasta su propio contenido. Según ha revelado un Diario a raíz del seguimiento de las declaraciones judiciales que se están produciendo estos días en torno a la adjudicación del servicio de basuras a una empresa participada por el empresario Enrique Ortiz, amigo de la Alcaldesa e imputado en el caso Brugal, “el PP de Alicante dio orden de no rebajar más las basuras de Ortiz”, es decir, que el PP de Alicante ordenó que esta contrata no pudiera ser adjudicada más barata para así beneficiar al adjudicatario en claro perjuicio de los contribuyentes, como estamos viendo ahora con los recibos y las subidas fiscales. Y no queda más remedio que preguntarse ¿por qué? o ¿a cambio de qué? La recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos es un impresionante negocio en el que se mueven toda clase de intereses económicos pero en el que desgraciadamente vemos y comprobamos que lo que está ausente es el interés por un tratamiento sostenible y por la eficiencia y el ahorro de los recursos. Durante los últimos diez años, los ciudadanos de Alicante no hemos percibido ninguna mejora del servicio encaminada a implantar una política medioambientalmente sostenible, sólo hemos percibido escándalos, corrupción y pagar más por la tasa correspondiente. Y esta falta de ambición medioambiental es perfectamente imputable también a la Diputación Provincial aunque no es ahora el momento para extenderse en ello.

Y metidos en plena campaña electoral parece toda una burla que quienes encerrados en sus torres de marfil abandonen ahora sus cómodas moquetas para dignarse a acercarse a los ciudadanos a pedirnos el voto. No sólo no han sido capaces de cumplir con sus promesas electorales, no sólo no han sido capaces ni tan siquiera de cumplir con los principios éticos y morales que se suponen animan sus siglas que, encima, vienen a contarnos lo bien que lo están haciendo y lo mejor que lo van a hacer en Europa. Nos vienen con el cuento del miedo ¡que viene el tripartito! o con la estupidez del voto útil ¡no tirar el voto con partidos minoritarios! Dicen que vamos en la buena dirección. Pues, por parte de un servidor, esta vez que vayan solos porque por más que uno se repasa programas e idearios, lo de esquilmar el bolsillo de los alicantinos, lo de favorecer a los “amigotes” y lo de ser complacientes con la corrupción no aparece por sitio alguno.

Santiago de Munck Loyola



jueves, 19 de septiembre de 2013

El Ayuntamiento de Alicante y SUMA.


A veces, desde determinadas instancias administrativas se toman algunas decisiones que aparentemente tienen poca trascendencia y que poco influyen en vida del ciudadano. Sin embargo, cuando se analizan detalladamente parece que no es así. Es lo que ocurre con la reciente decisión del Ayuntamiento de Alicante de transferir la gestión de los impuestos municipales a SUMA, la entidad tributaria gestora de la Diputación Provincial de Alicante. Uno diría que, a primera vista, al contribuyente de Alicante le resulta indiferente quién le cobre el Impuesto de Bienes Inmuebles o el de vehículos porque, al fin y al cabo, va a tener que pagar lo mismo. Pero si se examina con detalle el asunto parece que el hecho de que sea SUMA la que cobre estos impuestos y no el propio Ayuntamiento terminará repercutiendo en el bolsillo del ciudadano. SUMA, como es lógico, cobra por su gestión y el Ayuntamiento de Alicante tendrá que consignar en sus presupuestos anuales al menos 2,5 millones de euros para pagar a SUMA por hacer lo que antes venía haciendo el propio Ayuntamiento.

Si se examinan los presupuestos generales del Ayuntamiento de Alicante se encuentra una partida de 1.847.763.- € correspondientes a los sueldos de los funcionarios destinados a la gestión del sistema tributario, al cobro de nuestros impuestos. Si se da por correcta la cifra publicada de 52 funcionarios municipales destinados a la gestión tributaria y de éstos sólo 15 funcionarios son trasladados a SUMA, el Ayuntamiento deberá seguir pagando las retribuciones de 37 funcionarios que, según las informaciones publicadas, van a ser destinados a otras tareas dentro del Ayuntamiento. Es decir que el Ayuntamiento de Alicante tendrá que seguir consignando en su presupuesto 1.314.768.- € para el pago de las retribuciones de los funcionarios antes adscritos a la gestión tributaria municipal y añadir los 2.500.000.- € para el pago a SUMA por su gestión. En resumen que la decisión política de que SUMA nos cobre los impuestos a los vecinos de la ciudad de Alicante supondrá pasar de un gasto de 1.847.763.- € a la cifra de 3.814.768.- € al año, cifra que se reflejará en los presupuestos municipales y que, por tanto, sí que terminará por tener una incidencia real en los bolsillos de los contribuyentes.

La razón de fondo de esta decisión no se encuentra en el objetivo de dotar a la gestión de los tributos de una mayor calidad o eficacia pues están fuera de toda duda los niveles de profesionalidad y la capacidad de los funcionarios municipales dedicados a esta tarea, perfectamente equiparables a los de SUMA. Es evidente que esta decisión de tan hondo calado obedece a la necesidad de proporcionar más liquidez a la tesorería municipal que podrá verse beneficiada con los anticipos ordinarios que SUMA entrega sin intereses. No se trata, por tanto, ni de una medida de ahorro para las maltrechas arcas del Ayuntamiento alicantino, ni de una medida de carácter coyuntural. Y tratándose de una decisión de tanta trascendencia para los contribuyentes y para el personal del Ayuntamiento, parece que ha faltado  algo de transparencia y de debate y, sobre todo, la búsqueda del consenso con la oposición.

La consecución de más liquidez para la hacienda municipal, es decir, un flujo de ingresos mensuales regulares se podría haber conjugado mejor con la necesidad de muchos contribuyentes de fraccionar mensualmente el conjunto de los tributos municipales. Hoy más que nunca, el hecho de tener que pagar en un mes el elevado IBI que pagamos en Alicante o en otro mes el IVTM se hace bastante cuesta arriba. Al contribuyente le es mucho más fácil pagar mensualmente, como hace con la cuota de la comunidad de vecinos por ejemplo, una cuota tributaria equivalente al prorrateo mensual del conjunto de los tributos municipales. Con una adecuada promoción municipal de esta fórmula durante los últimos años, el Ayuntamiento habría conseguido de una parte facilitar a los vecinos el pago de sus impuestos y de otra obtener esa liquidez mensual tan ansiada ahora.


Santiago de Munck Loyola

miércoles, 1 de mayo de 2013

Frente a la comprensión y paciencia, más esperanza.



La cifra de 6.202.000 parados, las nuevas medidas y las negras previsiones anunciadas por el Gobierno el pasado viernes y las distintas y contradictorias declaraciones de varios dirigentes gubernamentales conforman un paquete difícil de digerir para cualquiera. Hace poco menos de una semana los Ministros de Guindos y Montoro, incluso el propio Presidente, declaraban que no iban a hacer falta nuevos recortes, que las autoridades europeas no exigían más ante los recortes ya llevados a cabo y que no habría, en palabras del propio Rajoy, más “hachazos”. Días después, el propio Presidente Rajoy nos anunciaba recortes adicionales en 2013 por importe de 3.000 millones de euros ¿navajazo en vez de hachazo? El viernes pasado, la Vice Presidenta, Sáenz de Santamaría, pedía comprensión a los ciudadanos y el domingo era Rajoy era el que pedía paciencia a la vez que repetía que el gobierno “sabía a dónde iba”.

El problema no radica en “saber a dónde se va”, sino que lo que es discutible es el camino elegido para llegar al destino. Es muy probable que sin todas las reformas emprendidas por el Gobierno de Rajoy y todos los sacrificios impuestos a los ciudadanos hoy estaríamos mucho peor. Es muy probable que de haber seguido con las políticas socialistas hoy España estaría intervenida con muchos más recortes que los hasta ahora impuestos y con una tasa de paro todavía peor. Pero el problema es que para lograr esto, el Gobierno ha optado por unas medidas contrarias a su programa electoral y a los propios principios definidores de la acción política de un Gobierno del Partido Popular. Es decir, que el Gobierno del PP ha elegido un camino diferente al que prometió y que a la luz de los resultados y, sobre todo de las negras previsiones, es mucho más largo y tortuoso de lo esperado.

Sáez de Santamaría nos pide comprensión y Rajoy paciencia. Sinceramente es muy difícil comprender por qué se han abandonado las políticas y los principios del programa del Partido Popular para aplicar unas medidas que sólo en parte obtienes resultados precarios, sobre todo en la contención del déficit, y es más difícil aún ser comprensivos cuando nadie se toma la molestia en explicar a los ciudadanos el por qué de dichos cambios. La paciencia pedida por el Presidente no es otra que la resignación ante el sufrimiento que la situación actual impone. Según se recoge hoy en vozpopuli.com el propio Gobierno admite que el impacto de las medidas que ha venido adoptando ha sido perjudicial para el crecimiento económico y para la creación de empleo. Los recortes y las subidas de impuestos del Gobierno son las responsables del desplome de la economía. En el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas para el año 2013 se admite que el crecimiento económico se ha frenado un 2,58% en un año como consecuencia de unas políticas que también han dado como resultado un aumento del 1,9% del paro. El Ejecutivo sostiene que esas cifras se tornarán positivas a en una década cuando, según sostiene, el empleo crecerá un 9,12% gracias a las que bautiza como "medidas de consolidación fiscal". Es decir, que sanear las cuentas públicas y el sector financiero, bases imprescindibles para crecer, han supuesto en un primer momento un frenazo al crecimiento y, consecuentemente, un mayor desempleo.


Los que hoy hablan sin pudor alguno de “austericidio”, aplaudieron ayer el “despilfarricidio” cuyas consecuencias estamos pagando ¡y a qué precio! Hay que saber que no podemos volver a esas políticas socialistas fracasadas. Todavía tenemos que gastar menos e ingresar más para equilibrar las cuentas públicas. Se ha hecho evidente que aumentar los ingresos subiendo los impuestos ha sido contraproducente porque ha implicado reducir la actividad económica y generar más paro. A lo mejor es hora de volver al programa popular y bajar la presión fiscal para dinamizar la actividad, generar consumo, empleo e incrementar así la recaudación. Y gastar menos se puede seguir haciendo pero no a través del recorte de las prestaciones sociales sino acometiendo de verdad la reforma y recorte de un estado insostenible y plagado de duplicidades. Es decir, acometiendo de una vez una profunda reforma política.

Estos días dos voces se han alzado frente a la comprensión y a la paciencia y merece la pena analizar lo que dicen. Desde posiciones ideológicas distintas tanto Mikel Buesa como Esperanza Aguirre vienen a coincidir en que la situación económica exige la adopción de medidas con más contenido político que económico, pero cuyas consecuencias serán de calado económico. Parece que el fuerte impulso reformista que caracterizó los primeros meses del Gobierno de Rajoy ha perdido fuelle. 40 de las 70 reformas anunciadas en el último año no se han llevado a cabo y un análisis de las mismas permite subrayar que son precisamente las reformas de más contenido político las que se han quedado aparcadas.

El Gobierno debería volver la vista y centrar su actividad en la puesta en marcha de todas las reformas de contenido político que permitirán reducir el gasto público y aumentar la eficiencia de nuestras administraciones públicas. Y hacerlo venciendo las notables resistencias que esas reformas levantan entre la clase política y especialmente entre los propios barones del Partido Popular. Lo que no resulta admisible ni comprensible es que el peso de las reformas siga recayendo sobre el sufrido ciudadano mientras no se acometen reformas estructurales profundas. Sabemos el destino al que nos llevan pero no puede haber paciencia cuando se elige un camino que no era el previsto, que resulta ser el más largo y cuando las mochilas más pesadas las tienen que llevar los de siempre, los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

jueves, 25 de abril de 2013

Los demoledores datos de la EPA.



Los datos de la EPA sobre el paro que hoy se han hecho públicos no pueden ser más desalentadores: más del 27 % de desempleo, casi 2.000.000 de hogares españoles con todos sus miembros en paro, más del 57 % de los jóvenes en paro… Comunidades autónomas como Andalucía con un paro del 38 %. En fin, cifras y datos tras los que se desarrollan auténticos dramas personales, proyectos vitales truncados y sombrías perspectivas de futuro. Se mire por donde se mire, estamos viviendo una situación dramática, una auténtica emergencia nacional que no puede prolongarse por mucho más tiempo. No sirve de consuelo el argumento que algunos esgrimen apelando a una desaceleración en el ritmo de destrucción de empleo porque, lo cierto, es que cada vez queda menos empleo que destruir. Y es posible que de no haberse adoptado muchas de las medidas que se ha visto obligado a tomar el Gobierno de Rajoy se habrían perdido más puestos de trabajo aún, pero eso es entrar en el terreno de las hipótesis y, en cualquier caso, no sirve de nada a los más de 6.200.000 ciudadanos que se han quedado sin trabajo, ni a los que están en riesgo de perderlo antes o después.

Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno del Partido Popular, a pesar de ser contraria a su propio programa, fue subir determinados impuestos para recaudar más y recortar sueldos a los funcionarios públicos para gastar menos. Ambas medidas, como desde estas líneas se anunció, suponían detraer dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Y a menos dinero en los bolsillos, menos consumo y a menos consumo menor producción y más paro. Era evidente e inexorable. Se sacrificó una parte de la liquidez en el mercado para obtener más ingresos públicos con los que hacer frente a los intereses de la enorme deuda pública generada en los últimos años. Pan para hoy y hambre para mañana. Dígase lo que se diga, no se crea empleo subiendo impuestos.

Pero es que además, a lo largo de los últimos meses, los ciudadanos no sólo hemos visto reducida nuestra capacidad adquisitiva con las subida de impuestos y con los recortes salariales, sino que, además, hemos sufrido y estamos sufriendo muchos recortes que afectan a casi todas las esferas de nuestra vida diaria. Es evidente que si no había, ni hay dinero para sostener el conjunto de prestaciones públicas había que recortarlas hasta donde fuese posible. Sin embargo, estos recortes que han afectado a la educación, a la salud o al bienestar social no han venido acompañados de unos recortes paralelos en el estatus de la clase política ni en las estructuras políticas de nuestro estado. Padecemos un modelo de estado cuya estructura no es sostenible económicamente, no hay dinero público suficiente para sostener este tinglado administrativo y político que hemos construido durante los últimos treinta años. Y sin embargo, no se abordado la imprescindible reforma de nuestras administraciones públicas que no podemos costear. Hemos sido muy rápidos para reordenar las prestaciones públicas que beneficiaban a los ciudadanos y desesperadamente lentos para hincar el diente a un estado insostenible. Y, en paralelo, los gritos de quienes se han venido oponiendo a cualquier recorte social han equilibrado sus tremendos silencios para pedir recortes en nuestra estructura política y administrativa.

Todos sabemos ahora que gastar mucho más de lo que ingresamos se paga con creces y que ahora debemos dedicar mucho dinero a pagar intereses de lo que debemos, dinero que nos sacan del bolsillo, vía impuestos o recortes, y que por tanto no lo podemos dedicar a invertir y a generar empleo. Somos ahora más conscientes que nunca que con la máquina de hacer dinero fuera de nuestro control no podemos por nuestra cuenta incrementar la masa de dinero circulante. Estamos percibiendo que la necesaria austeridad también tiene límites que una vez rebasados la convierten en un profundo obstáculo para la recuperación. Hemos constatado cómo los mercados se fían o no de nuestra capacidad y nos prestan dinero caro o barato en función de la confianza que sepamos inspirar. Y sabemos que sin más dinero circulando en los mercados, no puede haber más actividad económica y que sin ésta no se pueden generar más empleos.

No hay soluciones mágicas, ni recetas infalibles para solucionar este desolador panorama y quien afirme estar en posesión de las mismas seguramente está equivocado. Pretender insistir en aplicar las políticas económicas del anterior gobierno sería rematar definitivamente al enfermo. Querer insistir sin rectificaciones en el modelo actual es desesperantemente lento y agónico para todos y especialmente los desempleados. Hay reformas estructurales que se deberían haber abordado ya para flexibilizar más los mercados, para eliminar trabas administrativas, suprimir controles superfluos, para acabar con monopolios encubiertos de suministros, para unificar nuestro mercado interior acabando con las barreras impuestas por las autonomías, etc. Y, además, se tendría que haber empezado por rediseñar una estructura política y administrativa y por impulsar la regeneración de la clase dirigente española (la política, sindical y empresarial) que son los auténticos culpables de haber infravalorado lo que se venía encima y de no haber sabido ofrecer las soluciones para paliar los efectos de esta crisis. Se mire como se mire, lo cierto es que padecemos un Estado que absorbe la mayor parte de los recursos y energías de la sociedad y con esa losa encima es muy difícil avanzar.

Santiago de Munck Loyola


martes, 15 de mayo de 2012

Anguita y Almodóvar: cara y cruz de la coherencia.

Las actitudes y comportamientos de los personajes públicos, sus hechos, son mucho más relevantes que sus palabras. En estos días de agitación y añoranza para algunos del movimiento 15 M han coincidido dos comportamientos completamente opuestos y muy significativos sobre la ética y personalidad de sus protagonistas. De una parte, D. Julio Anguita ex coordinador de Izquierda Unida ha renunciado por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como ex-parlamentario y para justificar tal decisión ha dicho que “con la pensión que le correspondía como maestro tenía bastante”. ¡Chapeau! Sí señor, un comportamiento más que ejemplar que pone de manifiesto la honestidad y, sobre todo, la coherencia del Sr. Anguita. Hay que reconocérselo sin ningún tipo de objeción. Y un servidor lo hace desde la más profunda discrepancia ideológica. Lo que ha hecho el Sr. Anguita es todo un ejemplo de un político de los pies a la cabeza, un ejemplo que le sitúa en un plano de superioridad moral sobre los demás políticos que, con seguridad, no le van a imitar.



Y en la otra cara de la moneda de la coherencia y honestidad política tenemos a Pedro Almodóvar (Peeeeedro…). Al Sr. Almodóvar le ha faltado tiempo para correr a la Puerta del Sol y solidarizarse con los indignados. Foto por aquí, declaraciones por allí, un autógrafo por allá y un pequeño baño de multitudes. Almodóvar es un indignado más. Claro, que Pedrito, que no es un pozo de sabiduría política (no se puede n pedir peras al olmo) debe ignorar que entre muchas otras cosas los indignados piden la supresión de las SICAV, ese invento para que los ricos paguen pocos impuestos. Y da la casualidad que nuestro renombrado cineasta, con un patrimonio superior a los 41 millones de euros, tiene varias de estas sociedades para pagar pocos impuestos, proporcionalmente mucho menos impuestos que cualquiera de los indignados.

Como buen miembro de la ceja, la sociedad de Almodóvar El Deseo ha percibido de las arcas públicas las siguientes subvenciones desde 2004 a 2008 por:

1.270.000 euros: para la distribución de “La mala educación”.      

399.000 euros: para la presencia en festivales (Cannes, Venecia, San Sebastián) y la ceremonia de los Oscar            .

383.000 euros: para la producción de ‘El patio de mi cárcel'          .

300.506 euros: para la producción de ‘Hable con ella'         .

250.000 euros: para la obra experimental ‘Historia de la montaña de la bruma'.

167.000 euros: para la conservación de negativos de diversas películas de Almodóvar.

Más de 2.7 millones de euros de dinero público para la SICAV y a tributar al 1 %. Casualmente las sociedades de Almodóvar invirtieron en 2008 dinero en Lux Invest, fondo que invertía en productos tóxicos de Bernard Madoff ¿les suena este pájaro financiero, no?

En fin, que no parece muy coherente que alguien que recibe dinero público en subvenciones, que goza de un considerable patrimonio y que elude el pago de impuestos a través de sociedades financieras legales pero éticamente reprobables, ande por ahí de “indignado”. Sus méritos cinematográficos no se cuestionan, pero su papel de figurante con pretensiones estelares en la Puerta del Sol es patético e indigno. No hay en su comportamiento la más mínima coherencia ética o política. Es la otra cara de la moneda. Y es la cara más dura e impresentable de estos agitados días.

Con su actitud no sólo se pone en evidencia, sino que además pone en evidencia las reivindicaciones de todo un colectivo que con más o menos argumentos reivindica unos postulados muy alejados de los que practica el Sr. Almodóvar. Mi admiración y respeto para el Sr. Anguita y todo lo contrario para Peeeeedro.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 27 de abril de 2012

No es ésto, no es ésto.

Si la política hace a veces extraños compañeros de cama, parece que el ejercicio del poder convierte a algunos políticos, en ocasiones, en extraños travestis. El caso es que los no somos socialdemócratas, los que creemos más en las libertades y en las capacidades del individuo asistimos atónitos al desarrollo de unas políticas para combatir la crisis que son exactamente iguales o muy parecidas en algunos casos a las que veníamos denunciando y combatiendo hace tan sólo poco más de cuatro meses. Durante años y años hemos venido sosteniendo que recurrir a subir los impuestos no era la solución para aumentar los ingresos del Estado, que el incremento de la presión fiscal sólo servía para aliviar temporalmente las necesidades de la tesorería pública pero que, a la larga, se producía más paro y menos recaudación. Esta convicción estaba, además, avalada por la cercana experiencia de los primeros años de Gobierno del Partido Popular.

A nadie se le escapa la gravedad de la situación de nuestra economía y de nuestras cuentas públicas. Es evidente que, si no se gasta menos y se ingresa más, no será posible atender al pago de los intereses de la deuda, casi 30.0000 millones, el equivalente al salario anual de todos los funcionarios, y mucho menos amortizar la deuda que genera esos intereses anuales. Para gastar menos se han empezado a adoptar importantes medidas, los llamados recortes, que afectan a todos los sectores de la actividad pública. Sin embargo, hay mucho que cuestionar sobre las prioridades consideradas a la hora de recortar. Es moralmente inadmisible que se prefiera recortar en la factura de los medicamentos y que no se supriman las televisiones autonómicas que generan anualmente una deuda cercana a los 1.000 millones de euros, como lo es el hecho de que se prefiera recortar los fondos destinados a la investigación antes que suprimir los más de 300 millones de euros anuales destinados a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, por citar sólo dos ejemplos de prioridades en el ahorro perfectamente cuestionables. Bien está que se pongan a acabar con el abuso del llamado turismo sanitario que nos cuesta más de 1.000 millones de euros al año, bien está que se supriman las duplicidades en las administraciones públicas o que se racionalicen y controlen las subvenciones y ayudas que se otorgan en todos los campos, pero el Gobierno no está acertando a la hora de priorizar todos los recortes. Que hay que gastar menos es evidente, pero ¡ojo! Austeridad para todos y más austeridad para los que más tienen.

Y junto a la reducción del gasto resulta inevitable aumentar los ingresos para poder pagar las deudas existentes. El Gobierno se ha encontrado con que tenía que recaudar más de lo previsto, entre otras cosas, porque las cifras que nos ofreció el Gobierno anterior el pasado 18 de noviembre eran falsas. Y el Gobierno ha apostado por la vía fácil: subir los impuestos, es decir, apretar las tuercas a los que ya veníamos cumpliendo con hacienda. Los de siempre. Pues bien, volviendo al principio de estas líneas, no somos pocos y por eso, entre otras razones, quizás ganó el PP las elecciones, los que creíamos y creemos que subir los impuestos a los contribuyentes supone automáticamente que el consumo caiga y si se consume menos se produce menos y si se produce menos se requieren menos empleados y si se necesitan menos empleados aumenta el desempleo y si el paro aumenta crecen las cargas sociales públicas y, en consecuencia, el estado necesita más dinero y ¿qué hacer entonces? ¿Otra vuelta de tuerca? Es la pescadilla que se muerde la cola. La experiencia demostró que bajando los impuestos, los particulares disponemos de más dinero para consumir y, por tanto, se reactiva la economía, aparecen más empresas que empiezan a tributar, más asalariados que también tributan y menos desempleados lo que provoca una disminución de los gastos sociales.  Sólo se puede generar empleo si el dinero circula, si hay actividad económica. Los bancos siguen ganando pero no sueltan un duro para dar fluidez al mercado, el Estado no sólo no tiene dinero sino que además se lo retira a los ciudadanos a través de los impuestos y, mientras, el paro llega a los 5.600.000 desempleados. Y hay que recordar que en España la inmensa mayoría de los puestos de trabajo los crean las pequeñas y medianas empresas, pero sin dinero circulante no tienen nada que hacer.

Hoy de Guindos, este extraño ministro importado de Lehman Brothers, nos acaba anunciar una nueva subida de impuestos, es decir, menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos, menos consumo, más paro, etc. Una vez más, los que nos creíamos un determinado modelo para salir de la crisis y nos lo seguimos creyendo no nos podemos identificar con estas medidas. Nos empezamos a sentir huérfanos ante unos anuncios fiscales de claro tinte socialdemócrata y ajenos a toda una trayectoria ideológica. El Gobierno está apostando por medidas miopes, a muy corto plazo, medidas contrarias a su programa y a su ideología que quizás puedan servir para tranquilizar a los mercados pero que, desde luego, intranquilizan, irritan y ponen los pelos de punta a sus votantes y a los militantes que sostienen su partido. Sólo podemos decir: No es ésto, no es ésto. Y para este viaje no se necesitan alforjas.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 8 de enero de 2012

La política económica del Gobierno: ¿Más de lo mismo?

Las recientes medidas económicas de carácter urgente adoptadas por el Gobierno de Rajoy han producido desconcierto más entre los propios que entre los extraños. En efecto, entre el importante paquete de medidas iniciales el Gobierno ha aprobado un incremento “temporal” de determinados impuestos. Reducción del gasto con la aprobación de algunos recortes presupuestarios e incremento de la recaudación con el visto bueno a determinados incrementos impositivos constituyen las dos principales bazas para atajar el déficit existente que, según parecen haber descubierto, es mayor del que venía anunciando el Gobierno socialista saliente.

Llama la atención, en primer lugar, que en un exceso de cortesía política, evidentemente inmerecida, los portavoces del nuevo Gobierno hayan hablado de la existencia de un traspaso de poderes ejemplar. ¿Dónde está la ejemplaridad? ¿En que los ministros cesantes no se han atrincherado tras las mesas de los despachos ministeriales? Si ejemplar es mentir sobre el déficit del Estado a los ministros entrantes, que venga Dios y lo vea. Hablar de un traspaso ejemplar en estas condiciones es, desde luego, engañar a la opinión pública y lo cortés no quita lo valiente. El Gobierno saliente se ha ido mintiendo una vez más. Así de claro y así de poco ejemplar.

En segundo lugar, las medidas adoptadas, por mucho que se alegue la existencia de un déficit superior al previsto o al anunciado por el Gobierno saliente, desconciertan profundamente a quienes desde hace años venimos sosteniendo la existencia de una política económica diferente. Los recortes presupuestarios son absolutamente necesarios y los inicialmente adoptados por el Gobierno son, con seguridad, la punta del iceberg, pero son, en todo caso, claramente insuficientes y, en algunos casos, tienen un carácter más bien simbólico. Hay mucho más campo donde meter la tijera y, según parece, en el segundo paquete de medidas adoptadas por el Gobierno, se ha avanzado algo más en esa dirección.

Sin embargo, lo que chirría desde una perspectiva liberal conservadora es el incremento de la fiscalidad. Recortes y aumento de impuestos eran, al parecer, las dos únicas técnicas usadas hasta ahora por el anterior gobierno para reducir el déficit y de su carácter socialdemócrata nadie duda. Y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy parecen señalar que el Gobierno ha apostado por profundizar en esa línea de carácter socialdemócrata rompiendo así con una trayectoria y unas perspectivas que configuraban una auténtica alternativa económica.

La reducción del déficit exige recortar gastos y aumentar los ingresos. En el recorte de gastos queda mucho campo por explorar. A título de ejemplo, recortar las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal en un 20 % es claramente insuficiente. ¿Por qué no el cien por cien? ¿Tiene lógica alguna aumentar los impuestos para poder seguir pagando el 80 % restante? ¿Y el gigantesco parque móvil? ¿Y las televisiones públicas deficitarias? ¿Y los salarios de sus Señorías, los móviles, las dietas, los viajes,…? ¿Por qué no se minoran las transferencias a las Comunidades Autónomas en proporción al coste de los servicios públicos duplicados con los del Estado?

En cuanto al ámbito del incremento de ingresos, un incremento “temporal” de los impuestos conllevará irremediablemente a una nueva reducción del consumo. Con menos dinero en el bolsillo, los ciudadanos reduciremos nuestro consumo y a menos consumo, menos actividad productiva y, por tanto, más desempleo. Es de cajón. La denostada curva de Laffer demostró su efectividad en los Gobiernos de Aznar: la recaudación tributaria del Estado se incrementó con menores tipos impositivos. No tiene, por tanto, mucha lógica ni coherencia alguna con los antecedentes el anunciado incremento de impuestos. El aumento de ingresos puede lograrse ampliando las medidas anunciadas de lucha contra el fraude fiscal. Centrarse como se ha anunciado en el control de los pagos en efectivo constituye el “chocolate del loro” en la persecución del fraude fiscal. Según los técnicos de hacienda la puesta en marcha de otras medidas podría hacer incrementar la recaudación en más de 30.000 millones de euros. Puede también lograrse un aumento de ingresos con la venta de activos de las administraciones públicas, del Estado, tales como participaciones en sociedades, empresa pública y bienes inmuebles. Y, desde luego, se produciría un incremento de la recaudación de ingresos con una bajada de impuestos que reactivara el bajo consumo existente, incentivara la inversión y generase la creación de puestos de trabajo: a más empleados, más contribuyentes, más consumo y más recaudación.

Es de suponer, a falta de explicaciones públicas, que el incremento “temporal” de impuestos obedece a la imperiosa necesidad de obtener liquidez con la que reducir drásticamente el déficit y contentar, de paso, a los mercados y a la Señora Merkel y que, se ha acudido a esta incoherente medida porque no era posible apostar por su reducción como motor de la reactivación económica a medio plazo. En todo caso, conviene recordarlo, no se trata de medidas programáticas anunciadas previamente y suponen un cierto continuismo que podrá de momento aliviar algo las maltrechas arcas públicas, pero que a medio plazo no servirá para generar empleo, que es o debería ser la principal prioridad del Gobierno.

Santiago de Munck Loyola

sábado, 24 de septiembre de 2011

El Impuesto sobre el patrimonio: insumisión fiscal.

Es evidente que la cercanía a unas elecciones no es el mejor momento para escuchar propuestas sensatas e inteligentes. Es difícil saber a qué se debe. O bien los políticos toman por tontos a la inmensa mayoría de los ciudadanos o realmente son ellos los tontos. El debate en torno al impuesto sobre el patrimonio es un buen ejemplo de ello y está siendo un verdadero espectáculo de incoherencias y demagogias aderezadas con importantes dosis de cinismo político.

Hace pocas semanas, los representantes de las grandes fortunas de Francia hicieron un ofrecimiento para pagar más impuestos con el fin de ayudar a la salida de la crisis en el País vecino. Esta propuesta obtuvo un eco rápido en nuestro país y se reabrió el debate sobre la fiscalidad centrándose, incomprensiblemente, en la necesidad de restablecer el suspendido impuesto sobre el Patrimonio. Enseguida, P. Rubalcaba se apresuró a erigirse en defensor del restablecimiento de este impuesto y nos deleitó con su interpretación teatral de que iba a pedirle al Presidente del Gobierno que lo restableciese. Dicho y hecho. Zapatero cuyo Gobierno, con P. Rubalcaba dentro, había retirado de la circulación en 2007 el citado impuesto porque “hablando con los ricos había comprobado que no lo pagaban” se apresuró a restablecerlo de manera solícita y diligente. Primero iban a recaudar más de 2.000 millones de euros que el candidato socialista iba a destinar a crear empleo juvenil. Después ya no eran tantos millones, parece que sólo iban a recaudar 500, y además iban a servir para pagar deudas de los Ayuntamientos. Todo un record: nunca una cuantía tan indefinible ha servido para tantos agujeros y descosidos. Y todo este circo envuelto además con soflamas y discursos altisonantes: que los que más tienen que paguen más, que los ricos tienen que contribuir más,… El Partido Popular, por su parte, argumentando por boca de sus innumerables portavoces que este impuesto no sirve, que su restablecimiento es dañino para la recuperación, que sólo va a servir para castigar a la clase media ahorradora, etc. En fin, toda clase de razones y argumentos para oponerse al impuesto y cuando llega la hora de la verdad en lugar de votar en contra, el Partido popular se abstiene. ¿Alguien entiende algo?

Así es nuestra clase política. En lugar de desarrollar un debate serio y constructivo, una jaula de grillos que no se sabe muy bien si suben o bajan por la escalera.

Hay algunos hechos y datos que parecen incuestionables en torno al Impuesto sobre el patrimonio. Hay que considerar, en primer lugar, que nuestra economía está al borde de la catástrofe, se diga lo que se diga. Hacen falta ingresos extraordinarios para paliar la pérdida brutal de ingresos que la recesión económica, con sus secuelas, implica para poder sostener unos niveles mínimos de atención social. Y justo es que quienes más tienen, más contribuyan a las cargas económicas del sostenimiento del estado. Pero constituye una demagogia de primer orden y una injusticia social profunda pretender que con el restablecimiento del Impuesto sobre el patrimonio en su actual configuración vaya a lograrse ese objetivo. Este impuesto, tal cual, va a recaer una vez más sobre las clases medias, no sobre los ricos de verdad, no sobre las grandes fortunas. Se ha repetido hasta la saciedad estos días y así lo ha reconocido prácticamente todo el mundo y, sin embargo, nadie ha dado un solo paso para corregir esta tremenda injusticia.

Se va a restablecer el Impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas, no sobre el patrimonio de las personas jurídicas. Las grandes fortunas no tienen patrimonio propio, su patrimonio está en manos de personas jurídicas, de sociedades de distinto tipo, que están exentas de tributar sobre ese Patrimonio.

Los principios constitucionales de igualdad ante la Ley y de justicia y progresividad fiscal quiebran de manera inequívoca con esta precipitada decisión tributaria. ¿Que hay que volver a tributar por el Patrimonio? Vale, pero todos los patrimonios, los de los ciudadanos individuales y los de las sociedades también. Y además tributando de forma progresiva, a más patrimonio mayor tipo impositivo. Todo lo que no sea así es un fraude a la ciudadanía y una burla a la Constitución. Si consideramos además que las famosas SICAV siguen siendo un refugio seguro sin apenas tributación para los multimillonarios no queda más remedio que preguntarse sobre a quienes sirve nuestra clase política. Con que tan sólo tributasen las SICAV un poco más se recaudaría 5 veces la recaudación prevista con el impuesto sobre el Patrimonio. Así de sencillo.

Visto lo visto, si los gobernantes de Cataluña pueden negarse a cumplir las sentencias judiciales sin ninguna consecuencia penal por su desacato, a lo mejor los ciudadanos de a pie también podríamos declararnos insumisos ante una norma fiscal injusta, regresiva e inconstitucional sin tampoco padecer consecuencia negativa alguna. No sé. Habrá que pensarlo.

Santiago de Munck Loyola.