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martes, 6 de mayo de 2014

Alicante víctima del sistema político.


Del mismo modo que el Hércules C.F. no está en la división de honor, ni desgraciadamente se le espera, parece que tampoco lo está nuestra ciudad, Alicante, ni nuestra Provincia. Hablamos de la cuarta provincia más poblada de España, la más densamente poblada de la Comunidad Valenciana y la quinta de España. Estamos hablando de una provincia cuya población, si sumamos la de residentes extranjeros no empadronados, supera incluso a la de Valencia y que es uno de los territorios españoles con mayor grado de urbanización. Y, sin embargo, se trata de una provincia cuyo peso demográfico, por no mencionar otros factores, no se ve correspondido con las inversiones públicas necesarias e imprescindibles para su progreso y el bienestar de sus ciudadanos.

Hace pocas horas los medios de comunicación volvían a poner encima de la mesa un dato que ya fue objeto de polémica hace unos meses y que los representantes populares provinciales trataron de negar tomando por tontos a los ciudadanos: la falta de inversión del Gobierno central para el mantenimiento de las carreteras en la provincia. El hecho es que el Gobierno del Partido Popular relegó el pasado año a la provincia al puesto 26 de toda España en inversiones para el mantenimiento de carreteras. El Ejecutivo central apenas destinó 12,7 millones de euros en 2013 para la conservación y la mejora de nuestras carreteras, a pesar de que Alicante es la quinta demarcación nacional en población y que es una de las que más turistas recibe por carretera. Es decir, Alicante se situó en el puesto provincial vigésimo sexto en cuanto a este tipo de inversiones. Es evidente, como cualquier usuario puede comprobar, que el estado de la red de carreteras en la Provincia necesita más inversión en mantenimiento y que muchos proyectos de mejora necesitan financiación para poder ver la luz. Ni los ciudadanos de la provincia, ni los turistas que nos visitan pueden esperar, hoy por hoy, que la administración del Estado ni la arruinada Generalidad Valenciana aporten las inversiones imprescindibles para configurar una red vial acorde con la población existente y con una apuesta creíble por el desarrollo del turismo y del tejido empresarial. Y a todo esto, nuestros representantes y gobernantes calladitos y aparentemente muy satisfechos: José Císcar, Sonia Castedo, Luisa Pastor,… Ellos a lo suyo que no es, al parecer, lo mismo que lo de los ciudadanos.

Con ser relevante lo anterior no es, ni mucho menos, lo único que pone de manifiesto que Alicante no es tratada con justicia y que la falta de talante reivindicativo de nuestra clase política o la ausencia de proyectos ambiciosos nos sitúa muy por debajo del nivel que nos corresponde. Resulta a todas luces incomprensible la infrautilización de nuestro puerto al que la ausencia de enlace ferroviario para mover mercancías con el centro y norte de España hace perder la nada despreciable cifra de nueve millones de euros cada año. El Ministerio de Fomento cortó la conexión en 2010 a causa de las obras del AVE y no la ha repuesto aún. Situación que además podrá agravarse según los expertos ya que si se retrasa el enlace con el futuro Corredor Mediterráneo las pérdidas anuales se dispararán hasta los 11,4 millones de euros anuales. A este respecto, Joaquín Rocamora, Presidente de Ineca, coincide en que “Alicante ha dejado de contar tanto para la Generalidad como para el Gobierno, pese a que seguimos siendo una provincia importante”.

Es incomprensible que no haya una respuesta ni solución a la vista para conectar por tren el puerto y el aeropuerto al Corredor Mediterráneo y al AVE. Como lo es también la paralización de las obras del acceso sur a la ciudad de Alicante ofreciendo una imagen indigna de la capital de una provincia como la nuestra, la paralización de las obras del túnel se Serra Grossa, la lentitud en el desarrollo de los trabajos del paseo peatonal del Plan Bahía o la paralización de las obras en el túnel del AVE por los impagos de la Generalidad Valenciana.

Ni la ciudad de Alicante ni la provincia están siendo tratadas con justicia por las administraciones públicas ni por los políticos que las gestionan y que, teóricamente, nos representan. A la falta de inversiones públicas en nuestro territorio acompaña la ausencia de planes vertebradores del mismo y ello es extensible desde la ciudad de Alicante hasta el último rincón de la provincia.

Todo ello es fruto de un sistema de partidos y de una clase política instalada en sus privilegios que no se debe a los ciudadanos a los que debían representar sino al propio sistema partitocrático que los premia o castiga según su docilidad. No se trata de colores políticos, no, porque estamos hartos de ver cómo se tiran los trastos a la cabeza cuando el que gobierna en Madrid no es del mismo color que el que gobierna en Valencia. Da igual, azules y colorados comparten los mismos genes de una determinada casta política que debería ir pensando en jubilarse por el bien de los ciudadanos. El que se mueve no sale en la foto, el que alza la voz cuando los intereses ciudadanos no coinciden con los de su partido es silenciado y apartado perdiendo con ello la poltrona. Pocos son los políticos que anteponen los intereses de la provincia, de su pueblo o de su ciudad a los intereses de su partido o a los suyos personales. Por eso callan, por eso no exigen, por eso no reivindican lo que en justicia corresponde a los ciudadanos de Alicante. Y ya se sabe que “el que no llora no mama”. Y a lo que se ve, lamentablemente, nuestros representantes políticos se conforman con el chupete.

Santiago de Munck Loyola



jueves, 7 de marzo de 2013

Regeneración democrática.



La última encuesta del CIS viene a ratificar los planteamientos y preocupaciones que compartimos, al igual que la mayoría de los ciudadanos, los miembros del Foro Esperanza Popular y, sobre todo, el convencimiento de que hay que impulsar muchos cambios en la vida política para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En esta última encuesta la corrupción y el fraude se convierten en la segunda preocupación de los ciudadanos con un 40 % y la clase política en el cuarto problema con casi un 30 %. Y lamentablemente la inmensa mayoría de los casos de corrupción tienen su origen en comportamientos irregulares de una parte de la clase política. El distanciamiento de los ciudadanos hacia la clase política, hacia los partidos políticos y hacia las instituciones democráticas es cada vez mayor y resulta sorprendente la falta de reacción de los dirigentes de los partidos políticos, la falta de autocrítica ante esta situación y la ausencia de propuestas para corregir un panorama que, de mantenerse, supondrá el desmantelamiento del actual sistema.

Frente a la pasividad de unas élites cómodamente instaladas en sus privilegios y el rupturismo de los antisistemas y sus jaleadores, sólo hay una opción sensata, equilibrada y razonable y ésa no es otra que la que representa el reformismo, la regeneración democrática del sistema político. Mucho se ha escrito y hablado sobre la “regeneración de la democracia” y las interpretaciones sobre esta idea son siempre variadas y hasta en ocasiones contradictorias. Lo cierto es que ante una situación concreta, en este momento de grave crisis económica, política y social, el sistema político vigente, sus agentes y sus instituciones no cuentan con el aprobado de una buena parte de los ciudadanos. Y ello es así fundamentalmente porque de una parte no obtenemos las respuestas y soluciones que esperamos de nuestras instituciones y de otra es cada vez mayor la distancia entre el mundo oficial y el mundo real, el mundo de los políticos y el de los ciudadanos. Cuando el sistema no es capaz de satisfacer las necesidades más básicas de una gran parte de la población y cuando es en gran medida culpable de muchos de los problemas económicos y sociales del país es evidente que algo falla, que algo no funciona y que es preciso cambiarlo.

http://www.diarioinformacion.com/elda/2013/03/07/direccion-provincial-pp-lleva-genova-edil-imputada-caso-alumbrado/1350875.html

Regenerar la democracia es podar todas las ramas que se han secado, que no dan frutos o están enfermas para que vuelvan a brotar sanas y con más fuerza. Es poner guías que impidan crecimientos anómalos de algunas ramas y es abonar, regar y cuidar constantemente el árbol para evitar tener que acudir periódicamente a tratamientos de choque o para evitar simplemente su muerte. No se puede regenerar la democracia sin regenerar primero a sus agentes políticos, a los propios jardineros, es decir, a los partidos políticos. Hablar de separación de poderes en el estado, de racionalización de la estructura política del mismo, de responsabilidad política y penal, en su caso, de los gobernantes, de mejorar los niveles de representatividad de las instituciones democráticas, de devolver el protagonismo que le pertenece a la sociedad civil o de la independencia política frente a los mercados y grupos de presión es imprescindible en todo programa regenerador, pero es un brindis al sol si la regeneración no empieza por los propios partidos políticos, teóricos cauces de la participación ciudadana, que son los agentes políticos naturales en toda democracia.

La regeneración democrática para ser creíble debe empezar por quienes deberían llevar a cabo la regeneración del sistema político, por los partidos políticos y por la clase política. La democracia interna real, no sólo nominal, la participación permanente de los afiliados y simpatizantes, las listas abiertas, la limitación de mandatos, las incompatibilidades, la financiación transparente, la profesionalidad, la ejemplaridad y honradez de los cargos públicos son exigencias básicas para avanzar en un proceso de regeneración democrática realmente eficaz.

En las actuales circunstancias en las que a los militantes de a pie se nos amenaza con expulsiones simplemente por reivindicar estos valores y por ejercer la libertad de expresión y de crítica públicamente, ante la ausencia de canales internos, por diferentes decisiones arbitrarias consuela saber que no estamos solos, que cada vez hay más gente que comparte nuestras preocupaciones y objetivos, que hay gente que no vive de la política pero que vive la política con pasión, generosidad y altura de miras, y que está también dispuesta, sin miedos ni complejos, a seguir reivindicando la vigencia de unos valores que no son meros enunciados, sino exigencias de conducta personal que deben plasmarse en la acción política diaria. Y esa constatación se produjo en la primera reunión que ayer mantuvimos algunos miembros del Foro Esperanza Popular de Alicante con miembros del Foro Movimiento de Bases del PPCV. Ayer pudimos confirmar que no estamos solos y que vamos en la buena dirección.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 10 de diciembre de 2012

La partitocracia y los politicastros.



Hace un par de días entrevistaban en un programa de televisión a Manuel Milián Mestre, exdiputado y fundador del PP, quien entre otras muchas cosas señaló que en nuestros días estamos viviendo no sólo una crisis política, sino moral, subrayando que “en la política actual triunfan los oportunistas y los mediocres" y que éstos “ascienden al poder y los excelentes son apartados". Subrayó que "antes se llegaba con meritocracia. Ahora, con el codo y el amiguete". ¡Cuánta razón le asiste al exdiputado popular! La Política, con mayúsculas, una de las tareas más nobles a las que se puede dedicar un ciudadano se ha convertido en los últimos años en una actividad repudiada por la mayoría de la gente, como evidencian todos los estudios de opinión que en los últimos tiempos han venido siendo publicados. El descrédito de la política y de los políticos es una realidad de nuestros días que encierra enormes peligros para el sistema democrático si no se ponen medidas para corregirlo.

La Política cuya única razón de ser consiste en la consecución del bien común está siendo devaluada por sus principales actores en nuestro sistema, los partidos políticos y su producto más genuino, la clase política o casta política, como determinados autores la califican. Los partidos políticos, con el paso de los años, se han ido convirtiendo en maquinarias electorales, en agencias de colocación de amigos y familiares, que han sacrificado sus respectivos códigos de principios y valores a la rentabilidad electoral. Los partidos políticos en lugar de formular propuestas desde determinados principios y valores vienen modulando sus mensajes en función de lo que creen que puede resultar más agradable y atractivo al oído del elector renunciando, con ello, al liderazgo social que deberían ejercer. No se cuenta la verdad porque puede hacer perder votos. No se formulan compromisos porque luego hay que cumplirlos. No se defienden valores o principios porque ello puede ser políticamente incorrecto. Los partidos políticos han trabajado tanto para presentar envoltorios atractivos que han dejado a un lado la importancia del contenido. Las ideologías se han ido difuminando de tal manera que los partidos van perdiendo la conexión ciudadana que se sustentaba en la identificación con códigos de valores concretos.

Y los partidos políticos, en su actual configuración, han sacrificado igualmente la libertad interna, el debate ideológico en su seno, la renovación interior y la democracia interna a favor de una aparente unidad, de una homogeneidad y disciplina basada en una casta semi-funcionarial que se pone al servicio del superior jerárquico en lugar de las bases del mismo. Para “hacer carrera” en los partidos políticos no valen ni el mérito, ni la capacidad, ni siquiera el voto de los compañeros. Lo que sirve es el amiguismo, el parentesco, la sumisión, la docilidad y, sobre todo, no expresar en alto ninguna idea propia. Esa casta semi funcionarial está compuesta, en muchos casos, por gente que no ha tenido nunca una actividad profesional fuera de las alas del partido y es la que termina desembocando en los puestos públicos: ministros, diputados, alcaldes, concejales, asesores, etc. Hay cientos de ejemplos de ello, de gente que nunca se ha ganado la vida en la calle, que ni siquiera ha sido capaz de terminar unos estudios universitarios pero que, eso sí, en sus currícula utilizan auténticas filigranas lingüísticas para camuflar su indigencia profesional. Esta casta política, esta clase dirigente criada en las maquinarias de los partidos es la que ha venido gobernando y gobierna nuestras instituciones públicas y los resultados de su labor están a la vista de todo el mundo. Además, la endogamia propia de los partidos ha ido acompañada de una constante propensión ha invadir todas las esferas posibles de la sociedad controlando con sus mediocres peones toda aquello que pudiera servir a la satisfacción de sus necesidades: instituciones financieras, culturales, deportivas, educativas, asistenciales, etc.

En muchas ocasiones, al expresar el rechazo a esta clase política se utiliza, en tono despectivo, la denominación de los “profesionales” de la política. No creo que ser un profesional de la política deba ser considerado como algo necesariamente malo. La política debe tener un componente claramente vocacional pero como toda vocación, para ser desarrollada en plenitud, debe ir acompañada de cierta formación. Ser médico requiere tener vocación, pero además una determinada preparación para plasmar esa llamada concreta en una excelente profesionalidad. Cuando nos referimos a un médico como un excelente profesional no lo estamos haciendo en tono despectivo, todo lo contrario. Y lo mismo debería ocurrir en el ámbito de la Política. Sin embargo, del mismo modo que acudimos al mejor profesional médico cuando tenemos un problema de salud y no a un curandero, deberíamos acudir a los profesionales de la política y no a los politicastros. La mayor parte de los médicos, por seguir citando esta profesión, que he conocido son personas que, además de ejercer su actividad, siguen formándose a lo largo de su vida para estar al día en sus conocimientos y poder así ejercer mejor su profesión y qué raro es encontrar una actitud semejante en el ambiente político.

Los partidos políticos si quieren servir a la sociedad deberían realizar una profunda reforma de sus esquemas de funcionamiento, volver a las raíces y al verdadero significado de la política, del servicio a la ciudadanía y del bien común. Servir a la sociedad no es servirse de ella.

Estamos ante una crisis del sistema mucho más profunda de lo que algunos quieren ver. La clase política debe ser la primera en recuperar los valores que hacen de la política una noble tarea, una actividad que en estos tiempos, sobre todo, exige ejemplaridad y sacrificios de toda índole, incluso personales o económicos. El liderazgo político no puede seguir ausente en una sociedad cada vez más dolida y defraudada porque, de lo contrario, otras fuerzas surgirán abriendo un período de dura incertidumbre.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Sin capacidad de elección no hay libertad.




Según nos cuentan últimamente todos los estudios sociológicos, cada día es mayor el número de ciudadanos que se aleja de la política y de los políticos. El rechazo a la clase política va creciendo y con ello la distancia entre la gente y los políticos. Se está generando un caldo de cultivo cuyo desarrollo está aún por ver pero que, vistas otras experiencias en países similares, puede generar consecuencias negativas impredecibles para nuestro sistema. La clase política y la partitocracia no están a la altura de las circunstancias, ni responden a las expectativas que la mayoría de los ciudadanos ha depositado en ellos. No puede olvidarse que la actual situación de crisis con toda su larga lista de consecuencias negativas para la vida diaria del ciudadano tiene unos claros culpables: la clase dirigente española, la política, la sindical y la empresarial. Unos y otros y cada cual en su ámbito de competencia son los que por acción u omisión nos han llevado donde estamos. Y son precisamente los responsables de este desastre los que ahora tienen que sacarnos del agujero al que nos han conducido. Es normal, por tanto, que confundiéndose culpables con salvadores se extienda cada vez más esa desconfianza. Pero es que, además, en muchos casos la clase dirigente parece vivir una realidad muy distinta a la que diariamente percibimos los ciudadanos y esta afirmación se comprueba cuando vemos las tardías reacciones a la hora de abordar graves problemas como el de los desahucios, por citar sólo uno. Es evidente que existen dos realidades paralelas: la de la clase dirigente y la del ciudadano.

Circulan también algunas encuestas que, en el caso del PP de la Comunidad Valenciana, vaticinan una grave pérdida de confianza electoral, pérdida que curiosamente no es recogida por su rival electoral directo el PSPV, lo que, sin ninguna duda, viene a confirmar ese distanciamiento ciudadano hacia la clase política. Sería suicida para las formaciones políticas y para el propio sistema que, analizada la situación presente, no se abordasen de forma inmediata determinados procesos internos para recuperar valores y posiciones que sintonicen mejor con los problemas y aspiraciones del ciudadano.

En este contexto, un problema que afecta a muchas organizaciones y en especial a los partidos políticos, y más aún cuando sus estructuras internas se institucionalizan, es la tendencia a la entropía, a cerrarse sobre si mismos, sobre sus cuadros y sus discursos internos estrangulando los flujos entre la sociedad y su vida interna. Un claro reflejo de este problema se pone de manifiesto en los procesos de renovación interna. Los poderes territoriales superiores intentan siempre que los inferiores sean “de su cuerda” para lo que no dudan en controlar y, si es preciso, manipular los procesos electorales internos de los órganos inferiores. Se consigue así una organización monocolor, cómoda, dócil y manejable, pero se ahonda en el principal problema, en la desconexión con la realidad social. Son los militantes de estas organizaciones quienes están en la calle, quienes a diario viven y sufren lo mismo que el resto de los ciudadanos y son, por tanto, quienes podrían elegir mejor en sus ámbitos territoriales a las personas idóneas para liderar esa realidad. Pero desgraciadamente no ocurre así.

Un claro ejemplo de ello es el proceso de renovación de las Juntas Locales del PP en la Provincia de Alicante. La primera e incomprensible obsesión del Comité Provincial de Alicante es que en estos procesos electorales internos no haya más de un candidato a Presidente por localidad y entienden, y así se lo trasladan a la prensa, que cuando hay más de uno es que hay conflicto. Pues, no señor, el problema de verdad es cuando no hay más de un candidato, cuando el militante no puede elegir libremente entre varias opciones. Pero ¿por qué esta enfermiza obsesión? ¿Por qué entienden que es malo que haya más de un candidato y que los militantes puedan elegir al que más les convenza? Nada hay más bonito en democracia que poder elegir y la capacidad de elección solamente se realiza plenamente cuando hay más de uno en la competición. Lo contrario no es elegir, es ratificar. No hay democracia sin libertad y la máxima expresión de la libertad es la capacidad de elección. No es tan difícil de entender. 

Decía John Stuart Mill que “el genio sólo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad” y es cierto. Por ello, el reino de la mediocridad es lo que han conseguido estos últimos años los partidos políticos y con la mediocridad, la incompetencia, la ineficacia, el despilfarro y la corrupción. Más que nadie, los dirigentes del PP deberían abrir las puertas del partido a los que constituyen la mayor riqueza del mismo, los militantes, y deberían hacerlo sin miedos, con grandeza de miras, con generosidad y absoluta confianza porque son ellos los que mejor pueden elevar a la organización lo que pasa en la calle de verdad y romper así con esa tendencia casi suicida de no saber o no querer reaccionar ante unas perspectivas poco halagüeñas.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 1 de julio de 2012

Los partidos políticos siguen "de fiesta" con nuestro dinero.

Un Diario publica hoy una noticia relativa a la financiación de los Partidos Políticos que teniendo en cuenta la escasez de dinero para todo llama bastante la atención. Según este diario, los partidos políticos reciben subvenciones hasta por dieciocho conceptos distintos y, entre ellos, destaca especialmente la cantidad que percibirán en el año 2012 para sus gastos de funcionamiento y seguridad y que ascenderá a 65 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta cantidad se refiere exclusivamente a la asignación que el Estado distribuye entre los partidos y que se reparte en su mayoría entre el PP y el PSOE. No hace falta subrayar que en esta cantidad no se incluye lo que, al margen de sus sueldos, perciben los parlamentarios en concepto de dietas, compensaciones, móviles, ordenadores, viajes, etc. ni otras asignaciones que las cámaras pudieran dedicar en sus presupuestos a los Grupos Parlamentarios. De igual modo, esta importante cantidad tampoco hace referencia a las cantidades que los partidos políticos reciben a través de los grupos institucionales en los diferentes parlamentos autonómicos o en las diputaciones provinciales, allí donde existen.

Al día de hoy es materialmente imposible conocer con exactitud las cantidades totales que los partidos políticos reciben, en dinero o en especie, de las diferentes administraciones públicas. La fiscalización que el Tribunal de Cuentas realiza sobre el dinero público percibido por los partidos políticos es absolutamente insuficiente y la legislación aplicable es lo suficientemente sesgada y ambigua como para permitir que los partidos políticos oculten de forma legal a los ciudadanos la cantidad total de dinero público que perciben y el destino que al mismo dan.

Sin embargo, existe además una importante fuente de financiación legal de los partidos políticos que casi siempre pasa desapercibida y que supone una impresionante cuantía en medios materiales, personales y económicos. Se trata de los Ayuntamientos. La Ley de Bases del Régimen Local señala que cada Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, deberá poner a disposición de los Grupos Municipales los medios personales y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta disposición se traduce en que los grupos municipales usan despachos, teléfonos, ordenadores y personal, en función de la capacidad de cada consistorio, y lo hacen teóricamente para el desempeño de su trabajo como representantes locales, pero que en la práctica se usan al servicio de cada partido político. A ello hay que añadir las asignaciones económicas a los grupos Municipales, es decir, la cantidad de dinero que mensualmente cada ayuntamiento entrega a los grupos y que se devide en dos partes: una fija igual para todos los grupos y otra variable en función del número de concejales con que cuenta cada grupo. El Artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que “el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”. En el mismo Artículo se añade que “los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” Esto significa que esta subvención no está sujeta a las mismas normas de control y fiscalización que las demás subvenciones que los Ayuntamientos conceden. Los grupos municipales, los partidos, sólo deben justificar el empleo de la subvención cuando así lo requiera el Pleno de la Corporación, algo que nunca ocurre, a diferencia de la justificación de las demás subvenciones que deben ser fiscalizadas por la Intervención municipal. Esto significa que estas subvenciones carecen de cualquier control técnico, ni pasan por el Tribunal de Cuentas, ni tan siquiera por la Intervención Municipal.

Y no se trata de cantidades pequeñas, no. Un Ayuntamiento como el de Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo, con una población de  73.000 habitantes, dedica anualmente 590.000.- € a cargos de confianza, es decir, cargos de los partidos políticos, despachos y toda clases de medios para los grupos municipales y, además, 130.000.- € de subvención para los Grupos Municipales. Y estamos hablado de un municipio gobernado por IU, teóricos abanderados de la austeridad. Eso sí, al menos publican la cifra, no como en otros Ayuntamientos, como el de Alicante, en el que si se entra en su página web resulta imposible conocer la cuantía exacta dedicada a financiar a los Grupos Municipales. Por hacerse una idea aproximada de lo que puede suponer este gasto de los grupos municipales, si aplicásemos las cantidades que el Ayuntamiento de Rivas dedica a los grupos al conjunto de la población española nos saldría una cifra de 450 millones de euros, es decir, prácticamente lo que el Gobierno espera ahorrar con el “repago” de los medicamentos. Bien es cierto que es poco riguroso dar por buena esta hipótesis ya que hay muchos Ayuntamientos con escasos medios, pero la falta de transparencia de los partidos políticos y de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos no permite conocer la cifra exacta con que los españoles estamos financiando a los partidos.

En todo caso, la financiación anómala y descontrolada de los partidos a través de los entes locales es un hecho cierto e incontestable y supone una cantidad de dinero muy elevada. Es una exigencia de higiene democrática que la transparencia sea absoluta en torno al dinero que los partidos reciben. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto y cómo se gastan nuestro dinero los partidos. En tiempos de crisis y de austeridad, en medio de una penosa situación económica y social a la que nos han llevado los diferentes partidos, éstos deberían ser los primeros en ser austeros, en ser transparentes con el dinero público y en apretarse el cinturón en vez de exigirnoslo a los ciudadanos. Y, además, deberían autofinanciarse y, si no son viables, que cierren el chiringuito.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 28 de junio de 2012

Democracia avanzada.


Hace unos días, un amigo me envió un interesante enlace de Internet (http://demo4punto0.net/) en el que se formula una propuesta sobre la participación directa del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Se trata de una iniciativa presentada en junio de 2010,  por Juan Moreno Yagüe, un abogado sevillano y que desde noviembre del 2010 duerme el sueño de los justos, como era de esperar con esta clase política, en un cajón de la Comisión de garantías constitucionales del Congreso de los Diputados. La propuesta de este abogado afecta directamente a las nociones de soberanía nacional, la representación política y a la participación directa del votante y supone la formulación práctica de una evidencia real: la superación de las teorías políticas tradicionales sobre las que se fundamenta nuestro esquema político, el de todas las democracias representativas.

En síntesis, la propuesta formulada plantea que los electores podamos intervenir, si así lo decidimos, en la toma de decisiones, en las votaciones que se desarrollan en el Congreso de los Diputados y, se entiende que, por extensión, en cualquier cámara representativa en la que los electores hayan delegado su voluntad. Se propone, por tanto y en relación al Congreso, que los 35 millones de electores representados por 350 diputados tengan la posibilidad de descontar la pequeña cuota de representación de cada uno (una treinta y cinco millonésima parte) votando cuando quieran a través de Internet. A todos los diputados se les restaría una pequeña parte de soberanía, la correspondiente a la cuota de soberanía del número de personas que decidiesen utilizar su derecho a votar.

Es un hecho evidente que las posibilidades que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías suponen una superación radical de las teorías políticas elaboradas en los últimos tres siglos y la concreción de las mismas en los modernos sistemas políticos.

Del mismo modo que el concepto político de la soberanía evolucionó a lo largo de los siglos desde el autoritarismo de Thomas Hobbes para quien la soberanía radicaba de forma exclusiva en el soberano, pasando por Rousseau que atribuyó la soberanía al pueblo, generador de la voluntad colectiva que era transferida al soberano, hasta llegar a Sièyes que matiza el concepto y lo transforma en el de soberanía nacional, ampliando los sujetos depositarios de la misma, el concepto de representación política también ha sufrido una evolución paralela pero su construcción intelectual, hoy por hoy, no se ajusta ni a las posibilidades técnicas, ni a las necesidades de una sociedad moderna en la que la información y la capacidad de decisión de individuos pueden hacerse efectivas en tiempo real.

El ejercicio práctico de la soberanía nacional se ha venido desarrollando a través del concepto de la representación política. Los ciudadanos ejercen su soberanía eligiendo a unos gobernantes o a unos representantes en los que delegan la misma para que actúen en su nombre durante un período determinado de tiempo transcurrido el cual podrán ver renovada o retirada la confianza. Los representantes hablan y actúan en nombre de los representados durante un período determinado de tiempo. Los partidos políticos se han venido convirtiendo, además, en instrumentos canalizadores de la soberanía nacional y en filtros que han matizado mucho la vinculación entre los representantes y los representados. Distorsionándole en ocasiones hasta extremos insospechados.

Hoy no existe ningún inconveniente técnico que impida al elector estar presente, si así lo desea, en la toma de decisiones políticas. Vivimos en una sociedad en la que la información, requisito esencial para un ejercicio efectivo de la libertad, circula a velocidad de vértigo y los ciudadanos no sólo tenemos acceso fácil a la misma, sino que, además, disponemos de los medios técnicos para poder manifestar nuestra voluntad de forma inmediata. Del mismo modo que podemos recibir notificaciones oficiales del Ministerio de Hacienda, pagar impuestas con nuestra firma digital a través de Internet o realizar compras a distancia podríamos poder emitir nuestro voto en determinadas circunstancias cuando así lo decidamos. Hace pocos días hemos visto como el Congreso (http://www.abc.es/20110721/espana/abci-congreso-cambia-reglamento-para-201107211401.html) ha adoptado las medidas necesarias par que una Diputada pudiera votar de forma telemática. Si sus señorías pueden hacerlo ¿por qué no el conjunto de los ciudadanos?

A la posibilidad técnica de hacerlo se añade además una necesidad evidente derivada del comportamiento fraudulento de los partidos políticos que, por una parte, nos imponen a los candidatos a representarnos sin permitirnos ningún tipo de vinculación que permitiese responsabilidades y exigencias ante los electores, y que, por otra, nos engañan en la oferta electoral que nos hacen a la hora de recabar nuestro voto y  que, una vez elegidos, no respetan sus compromisos electorales.

La recuperación de la soberanía por parte de los ciudadanos a través del voto digital no supondría la desaparición de los representantes políticos, instrumentos imprescindibles a la hora de elaborar, negociar y acordar la mayor parte de las tareas legislativas o gubernamentales, pero sí supondría una importantísima matización de su mandato, de su poder y, sobre todo, de su sintonía “on line” con el sentir del soberano, es decir, de nosotros mismos, en cada momento.

Santiago de Munck Loyola