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domingo, 6 de julio de 2014

La pasividad de muchos son las alas de los corruptos.


Es tal el aire a podrido y a corrupción pura y dura que destila el Ayuntamiento de Alicante y ha sido tal el batacazo recibido por ello en las elecciones europeas que algunos, tanto en los medios de comunicación como en el PP,  han empezado a inquietarse y a moverse para tratar de evitar lo que ya es inevitable. Hoy domingo, dos importantes periódicos se ocupan del tema y uno de ellos, pionero en las denuncias sobre la corrupción del PP en el Ayuntamiento alicantino, publica un artículo sobre la existencia de “vientos de regeneración en el PP” y analiza algunos movimientos en las filas populares en valencia y Alicante. Si entrar a valorar estos movimientos en Valencia, sí que se puede afirmar respecto a la provincia de Alicante que no hay nada nuevo bajo el sol, de regeneración nada de nada.

Los protagonistas de los movimientos supuestamente regeneracionistas de Alicante son los mismos de siempre, los que con su actitud sumisa, complaciente y colaboracionista han facilitado que el Ayuntamiento de Alicante, y algunos otros gobernados por el Partido Popular, sea un referente nacional de corrupción. Nótese que estos presuntos regeneracionistas se reúnen en el Casino de Alicante con la previa autorización del Presidente Provincial Popular, José Ciscar, principal responsable de esta escandalosa situación, protector de la Alcaldesa y enemigo declarado de quienes hace casi dos años denunciábamos la corrupción. Y nótese también que estos afiliados del PP, pertenecientes a ese grupo conocido como los ibéricos, fueron en su mayoría los colaboradores en el fraude político que constituyó el desguace y troceado del PP de Alicante para dividirlo en Distritos y entregárselo en bandeja, como coordinadora de los mismos a Sonia Castedo, con la bendición de José Ciscar y la colaboración de su mamporrero político, José Juan Zaplana, Secretario General Provincial. Poco, por tanto, pueden aportar a un proyecto de regeneración del PP quienes han contribuido de forma decisiva a su deriva corrupta, unas veces con su silencio cómplice, otras con su colaboración activa y en la mayoría de los casos con su irresponsable pasividad. Joaquin Galant, Salvador Fornes, Eloy Sentaña, Francisco Martín Irles, María Teresa Revenga, José Ramón Baró, José Albadalejo, José María Rodríguez Galant, José Rincón, Francisco Maestre, Ignacio Segura, Manuel Marcos o María José Santana no han expresado nunca públicamente ni en el seno del PP su rechazo a la política popular en el Ayuntamiento alicantino, ni su defensa de la necesidad de una regeneración interna ni su solidaridad, salvo una honrosa excepción, con los afiliados expulsados por promover esa regeneración y por pedir la separación de los imputados y procesados. No existe pues ningún antecedente político de los miembros de este grupo que permita pensar otra cosa que no sea que estamos ante un estratégico movimiento para intentar conseguir un salvavidas en el naufragio popular que se avecina.

Y por si fuera poco lo anterior, hoy hemos conocido la brillante ocurrencia de UPyD. Los seguidores alicantinos de Rosa Díez se han ofrecido al Partido Popular para votar conjuntamente una moción de censura contra Sonia Castedo y sustituirla por un concejal del PP que no esté imputado, ni procesado, claro está. Es decir, el Sr. Llopis de UPyD está dispuesto a promover y votar esta moción que exigiría en primer lugar que los concejales del PP expulsasen del Grupo Popular a Sonia Castedo. O sea que pretende que los mismos concejales que hace tan sólo unos días se han negado a reprobar en Pleno a la Alcaldesa por el repugnante contenido de sus conversaciones con “la polla insaciable”, Enrique Ortiz, sean ahora los encargados nada menos que de expulsarla del Grupo Popular, para después nombrar a uno de ellos, es decir, a uno de los cómplices políticos de la Alcaldesa, nuevo Alcalde o Alcaldesa. ¡Menudo papelón el de UPyD!

Tras la publicación de las grabaciones entre la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz y entre éste y el sobrino de Cotino, tras la fulgurante decisión del Gobierno de la Generalitat de allanar el camino de los negocios de Ortiz con IKEA, tras los rumores sobre la posibilidad de que Bankia “regale” suelos a Ortiz para que complete su control sobre este pelotazo de más de 90 millones de euros, tras las noticias relativas a los concursos municipales, a las técnicas mafiosas empleadas contra los representantes de los comerciantes o asociaciones vecinales o al cese del interventor municipal es más fuerte que nunca el hedor que destila nuestra Casa Consistorial y el partido que la gobierna. Y la solución no puede pasar por una moción de censura para que sigan los mismos, porque aunque se cambie el titular de la Alcaldía seguirá uno de sus colaboradores necesarios, uno de sus cómplices políticos, un miembro del Partido Popular que ha tolerado, facilitado y consentido esta situación. Hoy por hoy, no hay regeneración que valga sin una profunda regeneración del Partido Popular de Alicante previa entonación de un sincero “mea culpa”.

Y como eso está aún por venir y para que ocurra deberían irse previamente a su casa el Sr. Ciscar y el Sr. JJ Zaplana, responsables políticos de este repugnante clima, la única solución política y éticamente aceptable pasa por la disolución del Ayuntamiento de Alicante y por el nombramiento de una gestora. La izquierda, incluida UPyD, fue derrotada ampliamente en las últimas elecciones municipales. El Partido Popular tiene la legitimidad legal que otorgan las urnas para regir nuestro Ayuntamiento pero carece de la más mínima legitimidad moral, de ejercicio, para seguir al frente de la Alcaldía de Alicante. El presupuesto municipal no puede seguir en manos de este equipo de gobierno, solidariamente responsable del clima de corrupción que asola a nuestro Ayuntamiento. ¡Disolución ya!

Santiago de Munck Loyola



miércoles, 6 de junio de 2012

Una marea creciente.

En el día de hoy, el Portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando LLopis ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha subrayado el incremento de la mendicidad en las calles de Alicante y ha sugerido diferentes vías de actuación para atajar algunas de sus consecuencias. Ha mencionado la necesidad de que los servicios sociales y otras instituciones apoyen a las personas más necesitadas para que puedan acceder a recursos básicos de subsistencia y de que se actúe contra las mafias que al parecer recaudan dinero explotando a algunos mendigos. El activo Portavoz de UPyD (qué vitalidad política la suya si se compara con la otros grupos municipales) ha centrado buena parte de su mensaje, o al menos así lo han destacado algunos medios de comunicación, en la mala imagen que la mendicidad causa en una ciudad turística como la nuestra y en la necesidad, por tanto, de que la Policía aplique las normas existentes para erradicarla.

Es cierto que la mendicidad se ha multiplicado en los últimos años como consecuencia de la profunda crisis que vivimos, pero la mendicidad no es el problema, sino que es un síntoma y un reflejo del problema de fondo que no es otro que la enorme extensión de la pobreza en nuestra ciudad al igual que en tantas ciudades españolas. La crisis ha hecho mella, ha golpeado muy duramente en nuestra ciudad y se refleja en muchos otros aspectos, no sólo en la proliferación de la mendicidad.

No hace mucho, en un centro comercial cercano, una familia, el matrimonio y dos hijos pequeños, entraron por la mañana. Mientras la madre con los niños se dirigía al interior del establecimiento, el padre, muy azorado, se acercó a una de las cajeras y le dijo: “Disculpe señorita, mis hijos ayer no comieron nada, no tengo nada. Vamos a coger algo para que desayunen y no podemos pagarlo. Si quiere llame a la Policía”. Duro, pero real. Un reflejo de cómo están las cosas. ¿Qué hacer entonces?

La realidad de la calle, la que en muchas ocasiones no se quiere o no se puede ver desde los despachos es mucho más dura y grave que lo que pueda suponer la imagen de la mendicidad. Para hacerse una idea del contexto en el que nos movemos, el contexto del que surge la mendicidad hay que considerar algunos datos. En mayo, el número de parados en la Provincia de Alicante se situó en 223.591 personas, lo que significa 17.275 personas en desempleo más en relación al mismo periodo del año anterior. De estos 223.591 desempleados, solo están cobrando prestaciones 118.367 personas y de ellas más de 70.000 subsisten con una prestación asistencial que no llega ni a los 500 euros al mes. Los parados de la ciudad de Alicante superan los 36.000 y casi la mitad de ellos no percibe ningún subsidio.

Recientemente, el obispo de Orihuela-Alicante, Rafael Palmero, afirmó que unos 40.000 alicantinos se encontraban en una situación de extrema pobreza y que 360.000 más se hallaban en el umbral de la pobreza relativa. Los comedores sociales de la Iglesia están desbordados y la capacidad asistencial de su voluntariado al límite.

Según un comunicado de la Cruz Roja de Alicante, esta entidad atendió en el primer trimestre de 2012 a 1.490 personas sin hogar a través de diferentes proyectos. En la provincia de Alicante, se han puesto en marcha proyectos como el de Unidades Móviles de Emergencia Social (UMES) para la asistencia de personas que viven en las calles.

Café, comida, abrigo, materiales de aseo e higiene, atención sanitaria y escucha son algunas de las labores que prestan los voluntarios. En los primeros meses del año se han atendido a 1.004 personas sin hogar por ola de frío en 17 localidades de la provincia. A lo largo del año pasado casi 5.000 familias fueron desahuciadas de sus viviendas en la Provincia de Alicante y para este año esa cifra va a ser ampliamente superada.

Si estos datos no reflejan por si solos una situación de auténtica emergencia social que va mucho más allá de los daños que a la imagen de la ciudad la práctica de la mendicidad puede provocar, es que no es posible sintonizar con la clase política. Estamos ante una situación social excepcional que exige medidas excepcionales por parte de todas las administraciones y una auténtica movilización solidaria de la sociedad.

En este contexto social sorprende que algunos se irriten (y no se imagina el lector hasta qué punto) cuando se critica la existencia en el Ayuntamiento de más asesores y cargos de confianza que de concejales, o se cuestiona que los ediles cobren hasta 1.500 euros por asistir a Consejos de Administración de las Empresa Públicas o se dude la necesidad de gastar más de 500 euros diarios en la reposición de plantas ornamentales, por citar algunos ejemplos. Pero, en fin, la sensibilidad social es muy variable.

La mendicidad no es el problema. La mendicidad es un reflejo más, y no el único, del problema de fondo, la creciente pobreza de miles de familias de nuestro entorno. Y no deberíamos olvidar que en estas circunstancias no hay diques que nos mantengan a salvo de esta marea creciente.

Santiago de Munck Loyola