Al conocer el constante goteo de noticias y comentarios sobre el Rey Juan Carlos I, sus manejos económicos y su amiga Corinna, la falsa princesa y peculiar “empresaria”, surgen inevitablemente sentimientos contradictorios para la mayoría de los españoles. Pocas veces, además, se ha hecho más evidente el viejo dicho de hacer leña del árbol caído, un deporte nacional, y, entiéndase por caído, el hecho de que ya no sea el Jefe del Estado sin entrar en otras cuestiones. La lista de nuevos leñadores es impresionante y se nutre de muchos periodistas cortesanos, comentaristas antes juancarlistas y políticos oportunistas tan escasos de principios como de luces intelectuales. Algunos hasta parecen sorprendidos con el hecho de que el Rey Juan Carlos I tenga una más o menos cuantiosa fortuna o de que reciba o haya recibido regalos de los monarcas árabes cuando lo cierto es que ya en los años 90 algunas informaciones, pocas es cierto, se hacían eco de préstamos o donaciones de Kuwait y de negocios de amigos del Rey en torno a las torres Kio.
Al día de hoy, parece conveniente situar las informaciones en sus justos términos y no sacar conclusiones precipitadas ni dar por cierto todo lo que se lee o escucha. Y ello, porque hay un contexto político evidente. Tenemos un gobierno formado por socialistas y comunistas y una parte de él tiene como objetivo prioritario derribar la monarquía parlamentaria. Y, como es evidente, van a usar todos sus terminales mediáticos para explotar este asunto y erosionar al actual Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, cuya conducta constitucional está siendo impecable.
Hay que destacar que la mayor parte de las informaciones o más bien afirmaciones provienen de grabaciones de la Sra. Corinna quien se dió “a conocer en los salones y eventos de la jet set europea, presentándose como princesa. Alega dedicarse a los negocios y mantiene una intensa vida social.
Y si hay algo que cualquier ciudadano comprometido con los valores y derechos establecidos en nuestra Constitución debe hacer, especialmente si se trata de un político, es respetar la presunción de inocencia que vale para todos los españoles sea cual fuere su posición social. A muchos se les ve el plumero de lejos, sobre todo a los políticos que ya se han apresurado a pedir la retirada del nombre del Rey Juan Carlos I de Avenidas, Calles, parques o de cualquier edificio público. A los pancatalanistas de Compromis les ha faltado tiempo para exigir la retirada de un busto en el Ayuntamiento de Alicante.
Parece más que evidente que la vida privada del Rey Juan Carlos I no ha sido ejemplar. Y entre otros muchos aspectos el hecho de que pudiera tener dinero en paraísos fiscales no lo es, como no lo eran sus cacerías y su tren de vida en plena crisis económica. Pero no existe ni coherencia ni legitimidad alguna para que esa crítica y ese reproche social lo traten de instrumentalizar quienes han recibido regalos económicos de Irán o de Venezuela utilizando igualmente cuentas en paraísos fiscales.
Pero lo que sí es evidente es que el reinado de D. Juan Carlos I ha sido la mayor etapa de libertad y prosperidad para los españoles de los últimos siglos. Es un hecho que no puede ser borrado que D. Juan Carlos hizo posible una transición pacífica de la dictadura a la democracia admirada y estudiada en innumerables cátedras universitarias de todo el mundo. Es un hecho innegable que en 1981 un golpe de estado no triunfó por su decisiva intervención. Y es un hecho innegable que durante su reinado España ha alcanzado las mayores cotas de bienestar social de su historia. Y es por ello, por todo ello, por lo que se le han rendido honores y reconocimiento público y no por su vida privada, no por ser buen marido, padre, amante o administrador de su patrimonio. Si se demuestra que en el ámbito de su vida privada ha infringido las leyes, deberá responder por ello si nuestra legislación lo permite. Pero de ahí a tratar de borrar su legado político hay un verdadero abismo que, con una nueva memoria histórica ad hoc, parece ser el objetivo de tanto inconsciente, advenedizo y miserable que pulula en los medios de comunicación y en la política.
No se puede borrar el papel histórico y constitucional de D. Juan Carlos y menos aún intentar espuriamente imputar responsabilidades al Rey Felipe VI que, aunque no les guste a los podemitas y a sus conmilitones socialistas, está desarrollando su tarea de forma constitucionalmente impecable. Que la pareja del Sr. Iglesias, la Ministra Montero vea "muy difícil" separar de la institución monárquica "los casos de corrupción, algunos presuntos y otros contrastados, de la familia Borbón" no deja de ser una generalización y una apelación a la genética impropia de alguien que debería contar con la suficiente formación intelectual para formar parte del gobierno de España. ¿Son ahora los hijos responsables de los errores de los padres? ¿Hablamos entonces de los ancestros del Sr. Iglesias?
La Monarquía española es hoy más que nunca absolutamente necesaria para garantizar los derechos y libertades de los españoles. Y lo es no sólo porque durante los últimos 45 años ha demostrado su valía para construir una sociedad democrática y próspera, sino porque, además, la alternativa encarnada por personajes de la talla moral y política del Sr. Iglesias o del Sr. Sánchez Castejón es realmente pavorosa.
Santiago de Munck Loyola
