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viernes, 31 de mayo de 2013

Algo debería cambiar.


Cada día que pasa parece que se agrava la situación política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su equipo de gobierno. Poco a poco se va extendiendo la idea, antes muy minoritaria, de que debería dimitir como consecuencia de su imputación por diversos delitos en los Tribunales de Justicia y del daño que esta circunstancia estaba ocasionando a la imagen de la ciudad y del Partido Popular. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, durante el acto de celebración del primer año del Presidente Fabra al frente del PPCV, todos pudimos ver cómo distintos dirigentes populares hacían el vacío a Sonia Castedo, y con ello a los alicantinos a quienes como Alcaldesa nos representa, y rehuían cualquier fotografía junto a ella. Por otra parte, va cobrando fuerza el rumor de que en Génova están hartos de la situación y presionan para que dimita. Al parecer, hay quien no desea la foto de la Alcaldesa imputada junto al Príncipe de Asturias en el caso de que presida la inauguración del AVE hasta nuestra ciudad.

Las últimas noticias no han contribuido tampoco a aliviar la mala imagen del Gobierno Municipal y en ellas ha vuelto a ser protagonista el mismo “tronco” que aparece en los procesos judiciales abiertos. Las adjudicaciones municipales de contratos a empresas vinculadas al Sr. Ortiz por importe de 468 millones de euros, realizadas por vía extraordinaria y urgente sin justificación política ni legal alguna, han agravado la mala imagen no ya de Sonia Castedo que no participó en la Junta de Gobierno, sino del equipo de gobierno que ha venido comportándose de forma cómplice en unas formas y modos de actuar más que reprobables. 

Del mismo modo, la anulación por parte del TSJ del Plan Rabasa, en el que también es pieza clave el Sr. Ortiz y su venta de suelos a Ikea, por la existencia de graves defectos en su tramitación ha supuesto una mancha más en la imagen de la gestión Municipal. Si a ello sumamos las recientes informaciones de dos viajes a Portugal de la Sra. Alcaldesa y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, en jet privado para negociar los precios de la venta de los suelos del Sr. Ortiz a Ikea, como si se tratase de agentes inmobiliarios, tenemos delante un panorama bastante desolador.

Este lamentable panorama político salpica fuertemente a la imagen del Partido Popular cuya pasividad, cuando no complicidad política, de cara a la opinión pública ha sido más que evidente. La dirección provincial, ante la imputación judicial de la alcaldesa y del vicealcalde, se ha limitado a recordar la obviedad de que las actas de los concejales eran personales y que no se les podía obligar a dimitir, pero es un hecho cierto que no ha querido, o no ha podido ejercer una facultad a través del resto de los concejales, de ordenar la exclusión de los imputados del Grupo Popular Municipal y no lo ha hecho, posiblemente, porque se habría encontrado con la negativa de la mayoría de los mismos quienes, a través de diferentes medios, ya habían expresado que estarían con la Alcaldesa hasta el final. A ello, hay que añadir dos datos relevantes para sopesar la actitud de la dirección provincial del PP ante esta grave situación. De una parte, el hecho de que el Secretario General Provincial José Juan Zaplana presidiera la cena de auto homenaje a Sonia Castedo que se organizó poco antes de Navidad y poco tiempo después de conocerse su imputación judicial. De otra, el hecho de que el Secretario Provincial se reuniera con los concejales imputados para “apuntalar” las elecciones internas del Partido Popular de la ciudad de Alicante, acabando con ello con la esperanza de unas elecciones internas limpias y democráticas, es decir, sin intervenciones superiores para predeterminar un resultado concreto. A este respecto hay que recordar que la democracia interna en el PP de la ciudad de Alicante no funciona, que la Dirección Provincial decidió en octubre pasado, de espaldas a los militantes, suprimir la Junta Local de la ciudad y crear una serie de distritos, que no se ha celebrado ningún proceso electoral interno, superando todos los plazos legales, y que según los medios de comunicación, algo no desmentido por la Dirección provincial, el derecho de voto de los miles de afiliados populares de la ciudad está condicionado al destino judicial de una sola persona, la Alcaldesa.

Aunque este análisis es compartido por muchos afiliados de la ciudad, la mayoría calla y consiente porque ya es sabido que el que se mueve no sale en la foto, pero por mucho que se siga escondiendo la cabeza en el agujero, la realidad es la que es y los hechos son lo que son. La ciudad de Alicante no se merece la imagen que se está trasladando de la institución municipal y los afiliados populares y los votantes tampoco se merecen el deterioro que este espectáculo político y judicial está ocasionando. Hay responsabilidades de muchos, ya sea por acción o por omisión, y desde una perspectiva política no están circunscritas a la esfera municipal, aunque lamentablemente y como suele ser habitual nadie dará la cara en el momento oportuno. Eso sí, matarán al mensajero.

Santiago de Munck Loyola


martes, 9 de octubre de 2012

Sobre la Alcaldesa de Alicante: un análisis demoledor.




El pasado domingo, 7 de octubre, el Diario El Mundo, bajo el titular “La última Alcaldesa en aferrarse al cargo” publicó un demoledor artículo de Héctor Fernández que plantea no pocas interrogantes y deja perplejo a cualquier afiliado del Partido Popular sobre los oscuros “manejos” que se producen en su interior. El artículo en cuestión empieza así: “Sonia Castedo se ha convertido en una piedra en el zapato de José Ciscar, Alberto Fabra y María Dolores de Cospedal. O lo que es lo mismo, de todas las estructuras del PP, desde la provincial hasta la nacional pasando por la autonómica. Su negativa a dimitir como primera edil de Alicante después de la imputación de tres graves delitos, tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada, y de que tenga la ciudad paralizada a la espera de su horizonte panal, se ha planteado como un pulso a las diferentes cúpulas del partido que en otros casos han enseñado ya la puerta de salida a los imputados”.

Poco más adelante continúa afirmando que “Alberto Fabra ha sido inflexible con altos cargos de la Generalitat dependientes directamente de él, como es el caso del cese inmediato del ex secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón, por su imputación en el caso Noós… Por eso, lo que muchos en el partido se preguntan es ¿por qué Castedo se le resiste?

El articulista ofrece cuatro razones para explicar esa resistencia de la Alcaldesa de Alicante:

“1º Maneja los tiempos del Partido en vez de que sea al revés. Castedo, pese a sus errores mediáticos, está siendo habilidosa en el manejo de los tiempos. Ha conseguido que solo haya un interlocutor, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, entre el Presidente Regional y ella. Y le ha arrancado el compromiso de protegerla mientras no haya nuevas decisiones judiciales. Ciscar está dispuesto a aplazar la Asamblea del PP de Alicante lo máximo para permitirle presentarse en el supuesto de que se archive la causa. En caso contrario, o promociona a su delfín, Carlos Castillo, como Presidente local o dividirá el partido en distritos para que no haya ningún contrapoder a la estructura provincial…
2º Juega con el miedo del PP a una escisión en Alicante…. Además, ha extendido la amenaza que si se le obliga a dimitir podría presentarse en 2015 como independiente y arrebatar la Alcaldía al PP…
El PPCV y la Generalitat tienen sus propios problemas…. Gürtel, Noós y Cooperación…
Se ha convertido con el paso de los años en la “líder” de los críticos con Fabra en la Provincia.

Para concluir su análisis, el articulista ofrece una última explicación para la numantina resistencia de la Alcaldesa:

Sin ninguna salida fuera de la política.
“No se va porque no tiene donde irse” dicen sus compañeros. Y es que Castedo no tiene profesión fuera de la política. … A esto se añade que durante este año ha intentado colocar a su marido desempleado (Arturo Soto “Turi”, de profesión transportista) en la Diputación, sin éxito.”

De todas estas razones expuestas en este periódico no se puede admitir ninguna con el peso suficiente para explicar, no la esperada resistencia de la Alcaldesa a presentar su dimisión, sino la falta de un pronunciamiento claro y contundente, de un gesto inequívoco de reprobación por parte del Presidente Regional y del Presidente Provincial. Si se diese por válida la primera razón, el manejo de los tiempos, deberían sonar todas las alarmas en el Partido Popular ya que sólo cabría preguntarse qué fuerza oculta la Alcaldesa, qué arma tan poderosa esconde como para doblegar al Presidente Provincial y obtener de él su protección hasta el punto de condicionar el calendario para la elección de un nuevo Presidente Local de Alicante, para imponer en su caso al delfín de Sonia Castedo, Carlos Castillo, (más de lo mismo) o para dividir a la ciudad en distritos agraviándola, una vez más, en relación a la ciudad de Elche, por ejemplo. Cualquiera de estas tres opciones sería no sólo una muestra de debilidad de la Dirección Provincial sino, además, un claro desprecio a los derechos de los afiliados de la Ciudad de Alicante a los que se demostraría que nada ha cambiado tras el Congreso Provincial, que sobreviven hábitos caducos y podridos en la forma de hacer política.

Es muy poco probable que alguien pueda tener miedo a una hipotética escisión del PP Alicantino liderada por alguien imputado y que hasta el día de hoy ha demostrado una clara incapacidad para liderar un proyecto de ciudad y cuyo estilo político se aleja cada día más de las exigencias morales que el servicio público impone. Las convocatorias electorales están llenas de cadáveres políticos de muchos que un día se creyeron por encima de las siglas de su partido y que llegaron a creerse valores políticos “per se”.

Es evidente que su perfil profesional o, mejor dicho, su incapacidad para ganarse la vida fuera de la sombra del poder condiciona enormemente el paso de la dimisión en la Alcaldesa de Alicante. Pero ni esa, ni ninguna de las otras razones pueden servir de excusa para que la Dirección Provincial adopte una postura pública clara y tajante, salvo que haya algo más que esconder. Si la política del Presidente Fabra es “aparcar” a los imputados, la Alcaldesa de Alicante no puede ser una excepción. Si no quiere dimitir como Alcaldesa (podría conservar su asiento de concejal hasta que se diluciden las causas penales contra ella y volver al primer asiento en el caso de que salga limpia), la Dirección Provincial tiene la obligación moral, ética y política de pedir su dimisión y, en su caso, de ordenar una moción de censura a los concejales populares. Más vale una vez colorado que ciento amarillo. Todo lo que no pase por ahí son paños calientes inaceptables para cuantos propugnamos transparencia, honestidad, democracia interna y participación en el seno del Partido Popular.

No es de extrañar que con la pasividad de muchos, los silencios de algunos y la trayectoria de unos pocos, hoy mismo, algunas encuestas (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/08/valencia/1349726507_027630.html) pronostiquen un vuelco electoral en la Comunidad Valenciana anunciando una próxima mayoría de izquierdas. Y seguramente así será si no se actúa de forma ejemplar, si no se recupera la sintonía con los ciudadanos cansados de una clase política, responsable de la crisis, y enrocada en su mundo de privilegios y conspiraciones. La izquierda valenciana está encontrando a sus mejores aliados en los Alperi, Castedo, Blasco, etc. y algunos no nos vamos a resignar a ello (https://www.facebook.com/pages/Foro-Plataforma-Popular-de-Alicante/142778659189545?fref=ts).
 
Santiago de Munck Loyola

lunes, 1 de octubre de 2012

¿Castedo y Alperi con o contra Fabra?




Se quiera o no reconocer hoy se ha producido un agravamiento de la situación política de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos, además, diputados alicantinos en las Cortes Valencianas. El juez instructor del caso Brugal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana los ha citado como imputados por su supuesta implicación en el caso Brugal, que investiga supuestos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz. La Alcaldesa y su antecesor deberán declarar por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

La imputación de los dos políticos populares supone el ascenso de un peldaño más en la escalera judicial. Es evidente que una imputación no supone lesión alguna del principio de presunción de inocencia, pero es incuestionable que implica consecuencias en el ámbito de la responsabilidad política. En todo caso, la imputación de ambos parlamentarios autonómicos y, en especial, de la Alcaldesa es una losa más para la imagen del Partido Popular de Alicante, para la agónica vida interna del partido en la ciudad y para la errática política municipal del consistorio alicantino.

Esta lamentable situación se añade a otros hechos que en los últimos tiempos han propiciado una más que cuestionable política municipal y que han puesto en entredicho la imagen y las políticas de regeneración impulsadas por el Presidente Fabra.

Retrocediendo en el tiempo hay que recordar la irresponsabilidad y la desmedida ambición que suponía ser candidata simultáneamente a la Alcaldía de una ciudad tan importante como Alicante, que requería una dedicación exclusiva, y a un escaño en las Cortes Valencianas. Y los hechos han confirmado lo desafortunado de esa elección. Después de las pasadas elecciones, los alicantinos supimos que no todos los concejales mayoritariamente elegidos por los ciudadanos iban a ostentar responsabilidades. La Alcaldesa usaba su cargo político para defenestrar a los compañeros no adictos a esas rocambolescas “familias” que se habían organizado en el seno del Partido Popular. Daba igual lo que los ciudadanos hubiesen votado.

Más tarde, en el mes de marzo, los medios de comunicación se hicieron eco de la curiosa forma en que el Ayuntamiento de Alicante entendía el objetivo de austeridad del Partido Popular: 47 cargos de confianza en una Corporación de 29 concejales, más de 1,4 millones de euros anuales, algo escandaloso. Y para más abundamiento que el Grupo Municipal Popular, con 18 concejales, contaba con 37 asesores y administrativos (personal de confianza). Un poco más tarde otra vez los medios de comunicación se hacían eco también de curiosos casos de nepotismo en el Ayuntamiento de la ciudad. Un Diario nacional denunciaba que “Ortiz tiene en nómina al cuñado de Castedo y a los hijos del técnico que le da contratos”  y que “trabajaban para la empresa de limpieza de la ciudad, la adjudicación más cara de Alicante”. Igualmente dicho Diario añadía: “Más casos: dos hijas de Alperi, parientes de concejales y el marido de la portavoz” con el siguiente subtítulo “el PP evita reaccionar contra los brotes de nepotismo en Alicante”. La noticia denunciaba que la empresa adjudicataria de la recogida de basuras y limpieza viaria, Inusa, mantenía en plantilla al cuñado de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a los dos hijos del técnico encargado de contratar este servicio en el año 2000, Víctor López,…los tres forman parte de los 600 empleados de Inusa y cobran más de 24.000 euros al año. Más adelante, el periódico añadía que “la primera edil tampoco ha negado nunca que se haya valido de sus influencias para emplear a gente… Castedo agregó desafiante: lo he hecho porque forma parte de mi trabajo como Alcaldesa, y lo voy a seguir haciendo”. Bajo el titular sobre las hijas de Alperi, el redactor de la noticia detallaba además los casos relativos a contrataciones no sólo de las hijas del exalcalde, sino también de la hija y de la sobrina del Concejal Miguel Valor, en puestos de confianza, o el caso del marido de la Portavoz Popular Marta García- Romeu.

El pasado mes de julio, un periódico denunciaba que la Alcaldesa de Alicante cobraba un extra de 584 € mensuales por liderar en las Cortes Valencianas la Comisión de Seguridad Nuclear a la que no asistía. Y nadie desmintió esa noticia. Y, finalmente, el pasado mes de septiembre se conoció el escrito del abogado defensor de la Alcaldesa tratando de justificar el injustificable, baboso y esperpéntico tono de las conversaciones entre toda una Sra. Alcaldesa y un empresario, entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz. Para ello el Sr. Letrado acudía nada menos que a la semántica para intentar explicar, sin conseguirlo, que amañar un Plan General no es lo mismo que apañarlo. Sobran los comentarios.

Llueve sobre mojado. No se trata de un hecho aislado, sino de una forma de actuar, de una manera de hacer política poco estética y bastante alejada de los principios éticos que postula el Partido Popular. Sin prejuzgar culpabilidades, hoy no queda más remedio que citar al Presidente Fabra quien el pasado mes de abril manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Hoy, los dos nuevos imputados tienen una ocasión de oro para demostrar o no su sintonía con el Presidente de la Generalidad Valenciana.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 8 de julio de 2012

Sonia Castedo debería considerar la dimisión.

No ha sido la semana anterior la mejor semana, desde un punto de vista informativo, para la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Hace poco más de cuatro días, los medios de información se hicieron eco de la decisión del Juez instructor del caso Brugal de enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia pidiendo la imputación de la Alcaldesa, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados en las Cortes valencianas. El juez ve en Castedo y Alperi indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, de tráfico de influencias y de cohecho.

Hoy, el Diario El Mundo, denuncia que la Alcaldesa de Alicante cobra un extra de 584 € mensuales por liderar en las Cortes Valencianas la Comisión de Seguridad Nuclear a la que no asiste. Según este periódico, dicha Comisión es inoperante y tan sólo se ha reunido tres veces desde que se inició la actual legislatura. Se subraya, además, que al único acto que podría haber justificado la percepción de esta dieta, la visita a la central de Cofrentes el pasado mes de junio, la Alcaldesa no asistió. Claro que lo que omite este Diario es que la situación de Castedo no es excepcional, es algo bastante extendido entre los miembros de las Cortes. No estaría de más, en estos tiempos de austeridad para los ciudadanos de a pie, que se publicasen los nombres y cantidades percibidas por los diputados autonómicos que muestran igual entrega y dedicación a su tarea sin dejar de percibir sus retribuciones. Pero Sonia Castedo no es la única responsable de su situación. Es materialmente imposible que se pueda desempeñar simultáneamente la Alcaldía de una ciudad como Alicante, puesto que exige una entrega y dedicación plenas, con un escaño en el Parlamento Regional. Es imposible desempeñar los dos puestos a la vez. Y la culpa de que no pueda realizar bien los dos trabajos la tiene la dirección del Partido Popular que se pasa “por el arco del triunfo” las incompatibilidades reales. Los militantes del Partido Popular están completamente al margen de la elaboración de todas las listas electorales. Jamás se recaba su opinión. Los puestos se reparten entre conocidos y amiguetes, familias y sensibilidades, sin que los afiliados puedan opinar lo más mínimo. Esta es una realidad incontestable, basta con repasar los Estatutos del PP, y éstos son los resultados.

El pasado mes de abril, el Presidente Alberto Fabra manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza" de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Poco después justificó dos dimisiones de cargos autonómicos imputados en la pieza separada del caso Palma Arena relacionada con el Instituto Nóos argumentando que "los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad". Fabra añadió que "en estos momentos no podemos hacer otra cosa que seguir generando la confianza en el ciudadano, que está exigiendo ejemplaridad".

Estas palabras del Presidente Fabra responden a una exigencia ciudadana cada vez más extendida, fiel reflejo de esta creciente percepción de que los políticos, la clase política, constituyen un problema para el conjunto de los ciudadanos. Hasta el día de hoy, la Alcaldesa de Alicante es, no se olvide, inocente de cualquier delito y lo seguirá siendo hasta el día en que una sentencia firme declare lo contrario. Pero es tan inocente como cualquier otro de los imputados que han dimitido de sus puestos o han sido obligados a dimitir. Y no pueden existir dos varas de medir en el mismo Partido, ni se pueden usar dos criterios contrapuestos en función del escalón administrativo y político de que se trate.

No se trata ahora de la culpabilidad o no de la Alcaldesa que sólo corresponde a la Justicia dilucidarla. Se trata de que su situación procesal y sus actuaciones dañan a la imagen del Partido Popular y se convierten en titulares permanentes. Hace daño a la imagen del PP que el juez instructor la acuse de haber cometido varios delitos basándose en las pruebas existentes en el sumario; daña a la imagen del PP que en tiempos de crisis presida un consistorio con 55 cargos de confianza; daña a la imagen del PP que se ufane de colocar a amigos y conocidos en las contratas municipales; daña a la imagen del PP simultanear dos cargos públicos y no tener tiempo para desempeñarlos adecuadamente; daña a la imagen del PP muchos comportamientos y actitudes que sin ser ilegales son poco presentables. Sonia Castedo debería plantearse seriamente su dimisión e igual que ella, el Sr. Blasco. En nada beneficia a la imagen del PP el hecho que el “tercer” grupo parlamentario más numeroso de las Cortes Valencianas sea precisamente el de los imputados del PP.

Nada impide que renuncie a la Alcaldía, permanezca como concejala sin responsabilidades mientras dura el proceso judicial y que retorne a la Alcaldía cuando se demuestre su inocencia. Es un duro sacrificio, pero seguramente es lo mejor que puede ofrecer a su Partido para compensar la mala imagen y el daño que su situación está causando.

Santiago de Munck Loyola