No podemos seguir igual.

 

Hablar de inmigración ilegal no siempre es fácil. Es un tema muy complejo susceptible de generar fuertes enfrentamientos ideológicos y partidistas. Sin embargo, no es posible mirar hacia otro lado y evitar así posicionarse en medio de un contexto tan polarizado. Y la realidad que estamos viviendo con especial intensidad informativa en estos días merece algunas reflexiones para tratar de centrar el debate.

El constante tráfico de pateras hacia las Islas Canarias ha puesto a su población en una situación límite: las administraciones de las islas están desde hace meses desbordadas y ya no tienen capacidad para acoger y tratar a los inmigrantes que llegan. Y especial preocupación despiertan los más de 6.000 menores no acompañados para los que no hay ni alojamientos, ni personal suficiente para ser atendidos.

Hay que puntualizar algunas cosas a la hora de analizar la situación. En primer lugar, la vigilancia de las fronteras es una competencia exclusiva del Gobierno de España, no de las autonomías, como lo es también la política sobre inmigración. Es evidente que en ninguno de los dos aspectos el Gobierno lo esta haciendo bien. Las pateras, fletadas por las mafias que trafican con seres humanos, siguen burlando la vigilancia y llegando a nuestras costas. Y los acuerdos que el Gobierno cierra con los países emisores de inmigrantes son papel mojado a pesar de las ayudas económicas que estos reciben de España. Nadie rinde cuentas.

Resulta llamativo que el Gobierno desprecie la propuesta de la oposición de que la Armada se incorpore a las tareas de vigilancia fronteriza diciendo que la Armada no está para eso y a renglón seguido el Presidente Sánchez pida ayuda a la OTAN, nada menos, para defender nuestras fronteras marítimas. A ello hay que añadir que nuestras fronteras son las fronteras de la Unión Europea, que son la puerta de entrada al espacio europeo comunitario, y que, por tanto, su violación y las consecuencias derivadas de ello son un problema en el que la Unión tiene algo que decir.

La pésima gestión gubernamental de esta crisis migratoria no debería servir de excusa a nadie para intentar obtener réditos electorales. Pero no ha habido que esperar a la búsqueda de una solución para los 6.000 menores no acompañados concentrados en Canarias, ha bastado el reparto de solo 400 para que tanto el Gobierno de España como Vox se hayan puesto “estupendos”, cada cual en su estilo. El Gobierno, de una parte, se ha ocupado de afear a los gobiernos regionales del PP su relación con Vox, que no quiere a ninguno de esos menores en la península, y a presionar al PP para que acepte modificar la Ley de extranjería, de modo que el reparto de menores sea de obligada aceptación por los gobiernos autónomos. 

En su delirante maniqueísmo los socialistas y la ultraizquierda insultan y vituperan al PP, pero callan como pu… ante la posición de la ultraderecha racista catalana de Junts que exige, como Vox, que Cataluña quede al margen del reparto de menores inmigrantes. O sea que como el Gobierno de Izquierdas no cuenta en este asunto con el voto ni de Junts, ni de ERC, sus socios parlamentarios, trata de forzar a la oposición para que le preste los suyos. Todo ello sin una palabra, ni un mal gesto hacia la xenofobia de los independentistas catalanes. ¡Muy coherente!

De otra parte, Vox, alegando que acoger a estos menores es tanto como respaldar la inmigración ilegal ha roto sus acuerdos de Gobierno con el PP en cinco autonomías, al no ceder este partido a su chantaje. Pero acoger a estos menores no acompañados no es apoyar la inmigración ilegal por mucho que se empeñen. Es, ante todo, un acto humanitario, un acto de caridad en términos cristianos si le gusta más a Vox. Es un acto de solidaridad con la población canaria y es un acto de responsabilidad ante la irresponsabilidad del Gobierno de España. Es cierto que no es la solución a los graves problemas que la inmigración masiva ilegal plantea que requiere, ante el fracaso de las políticas actuales, nuevas medidas basadas en un planteamiento global diferente.

Cada uno de estos menores viene costando a las administraciones publicas una media de 6.000 € al mes y es evidente que debe ser el Estado el que asuma íntegramente este coste y que lo comparta con la Unión Europea. España va a tener que pagar, de momento, 432 millones de euros el próximo año solo para atender a los 6.000 menores retenidos en las Islas Canarias. Y lo primero que tenemos que plantearnos es si podemos sostener continuamente este gasto junto con todos los demás gastos que la inmigración ilegal nos genera.

Pero, dejando al margen el problema económico, el hecho evidente es que las políticas sobre inmigración seguidas hasta ahora conllevan un evidente efecto llamada que, lejos de desincentivar los flujos migratorios ilegales, los promueven. Las legalizaciones masivas de inmigrantes ilegales y las ayudas y subsidios generosamente distribuidos son un reclamo muy atractivo. Los inmigrantes y las mafias que trafican con ellos saben perfectamente que una vez en suelo español difícilmente serán deportados a sus países de origen y que recibirán toda clase de ayudas a costa de los contribuyentes españoles. Ese y no otro es el mensaje que reciben, porque esa es nuestra política de inmigración. Si todo aquel que entra ilegalmente en España fuera inmediatamente devuelto a su país, otro gallo cantaría.

Por todo ello, es evidente que hay que plantear una nueva política sobre inmigración y que esa política debe sustentarse sobre principios y fines claros y compartidos por la mayor parte de las fuerzas políticas: nuestras fronteras deben respetarse y el que entre en nuestro país ilegalmente debe salir de él inmediatamente; la inmigración debe ser legal y debe estar limitada a la capacidad de oferta laboral existente y hay que priorizar la inmigración que sea compatible culturalmente con la nuestra porque el continuo crecimiento de guetos no integrables nos conducirá a los enfrentamientos sociales. Los intereses nacionales, los de los españoles deben ser prioritarios a la hora de establecer las políticas sobre inmigración.

No cabe ninguna duda de que estos menores deben ser atendidos y en la medida que sea posible devueltos a sus gobiernos y a sus familias. Es en sus países de origen donde nuestros servicios diplomáticos y de cooperación deben ser reforzados con un enorme esfuerzo humano y presupuestario. España no puede seguir lanzando el mensaje de que pueden seguir arriesgando la vida para llegar a nuestras costas porque el premio merece la pena. Lo que tienen que saber es que ya no habrá premio alguno.

Santiago de Munck Loyola

Alejandro Morant.

Hace unos días, Alejandro Morant del Partido Popular, Vicepresidente de la Diputación de Alicante y Alcalde de Bussot escribió en su muro de Facebook: “En unos años nos arrepentiremos. Solución: eliminación de ayudas y privilegios, endurecimiento de las leyes, nacer aquí no te hace español, más autoridad a jueces y policías como en Estados Unidos, poner en marcha un  plan de deportaciones masivas y cerrar las fronteras. Esto no es inmigración es una invasión silenciosa que acabará con el mundo occidental convirtiéndolo al islam. Tiempo al tiempo”. Acto seguido, la izquierda política y mediática, los pancatalanistas del Botánico, junto con la dirección provincial sorayista del PP, capitaneada por el liberticida José Ciscar y los pasteleros de Ciudadanos, se le tiraron al cuello. Todos a una en patética competición de descalificaciones y gruesos tópicos: que si extrema derecha, que si racismo, que si xenofobia,… Y todo por opinar en una página personal de una red social sobre un grave problema que nos preocupa a todos los españoles y ante el que la clase política no ofrece soluciones creíbles. No, Alejandro Morant, no ha opinado en nombre del Partido Popular, ni lo ha hecho en nombre de sus vecinos de Bussot, ni en el nombre de la Diputación de Alicante.

Pero no importa. Aquí todo vale si no te sometes al dictado de lo políticamente correcto, al dictado de la hipocresía política y de la ausencia de principios claros. Y lo verdaderamente llamativo es que la opinión expresada por Alejandro Morant haya servido a la cúpula provincial para incoarle un expediente disciplinario. Es evidente que esta opinión particular no es la postura oficial del Partido Popular sobre la inmigración porque, lo cierto, es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es. Ésa es principalmente una de las causas de la desafección de tantos millones de votantes del PP: su permanente indefinición en asuntos capitales como las autonomías, la cuestión catalana, la inmigración o el derecho a la vida. Pero volviendo al asunto, incoar un expediente disciplinario a un militante del PP por expresar opiniones personales significa una vuelta a las peores tácticas caciquiles del Presidente provincial, Sr. Ciscar, acostumbrado desde hace años a expulsar del partido a todo aquel que se atreviese a opinar públicamente en contra del criterio “oficial”. Hace 5 años sin ir más lejos el Sr. Ciscar expulsaba sin ninguna garantía jurídica y ante el cómplice silencio de la mayoría de afiliados  a los militantes que pedían públicamente la regeneración del partido o denunciaban casos de corrupción. Ahora expedienta a Alejandro Morant. ¿Por qué? ¿Por decir lo que mucha gente piensa? ¿Por agradar a la patulea pancatalanista? ¿Para saldar cuentas por la derrota de los sorayistas entre los que él mismo se encuentra? Lo único que ha conseguido, hasta el momento, es echar más leña al fuego.

Alejandro Morant es un hombre de principios, que dice las cosas claras y cuyas opiniones pueden ser o no compartidas, pero que, en todo caso, merecen en caso de discrepancia un debate sosegado y constructivo, no un linchamiento público.

Los políticos están para liderar a la sociedad, no para acariciarle los oídos en pos de un voto. Deben expresar claramente sus posiciones y ofrecer soluciones a los problemas por muy complicados y sensibles que sean. Pero, ante todo, se deben a los ciudadanos españoles, al interés general, no al de una sociedad más o menos amplia sin perfiles concretos, sino al interés de la sociedad española, al conjunto de hombre y mujeres, titulares de derechos y obligaciones y depositarios de un legado cultural e histórico secular, que con su esfuerzo diario nos permiten a todos sostener al Estado y a los políticos.

Defender los intereses de la sociedad española implica necesariamente abordar el problema de la inmigración desde la perspectiva de los que es mejor para los españoles. Y éso no es ni racismo, ni xenofobia, es lealtad con el pueblo soberano y es, visto lo visto, puro sentido común. España no puede acoger a todo aquel que quiera venir aquí porque nuestros recursos son más que limitados. España no puede confundir a los inmigrantes con los refugiados porque la diferenciación entre unos y otros está bien delimitada por el derecho internacional. España tiene que regular el problema de la inmigración en el ámbito de una política común de la Unión Europea siempre que ésta no sea incompatible con los intereses generales y siempre que nuestra identidad cultural no sea puesta en peligro. Los ciudadanos necesitamos pronunciamientos claros y propuestas concretas sobre la base de datos reales y contrastados, no sobre simples eslóganes y demagogias hace tiempo obsoletas.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com

Más allá del Acuarius.

La decisión del Gobierno español de acoger en Valencia al barco Acuarius con 630 inmigrantes tras la negativa de los demás países europeos a hacerlo ha desatado la polémica en las redes sociales. Durante muchos días se han difundido muchas noticias al respecto algunas falsas y otras ciertas que evidencian que esta decisión no ha sido indiferente para la mayoría de los ciudadanos. No se trata de una cuestión baladí. Al contrario, sus implicaciones y consecuencias son muy complejas y, ante todo, es preciso analizarlas con la máxima objetividad y desde los principios y valores de cada cual.

El caso del Acuarius hay que enmarcarlo en el ámbito de la excepcionalidad, pero su tratamiento mediático por parte del Gobierno de España y de otras administraciones públicas deja mucho que desear.

En primer lugar porque es indudable, como han reflejado las cifras del último fin de semana, que ha provocado un efecto llamada, casi 1000 inmigrantes ilegales más en 48 horas.  En segundo lugar, porque el Gobierno de Pedro Sánchez se precipitó y expresó su intención de otorgar a estos inmigrantes del Aquarius el estatus de “refugiados”, lo que implica que éstos no sean enviados a los Centros de Internamiento, ni devueltos a sus países de origen y además tendrán acceso a otra serie de derechos recogidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Tras esa precipitación publicitaria resulta que al día de hoy aún no se sabe cuántos de los 630 inmigrantes del Aquarius recibirán tal condición, sobre todo después de que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) avisase al Gobierno de que no hay precedente de una concesión masiva como la que pretendía y subrayan que deben ser analizadas individualmente las necesidades de cada persona y las circunstancias de su país de origen. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados aquellos rescatados del Aquarius que reciban el estatus de “refugiados” podrán ser receptores de un empleo remunerado, una vivienda o de libertad de circulación, entre otras cosas. Sin embargo, las personas que salen de su país por pobreza o por motivos económicos no pueden ser considerados refugiados, tan sólo inmigrantes. Y es que, además, los países de origen de estos inmigrantes son Afganistán, Argelia, Camerún, Chad, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea (Conakry), Guinea Bissau, Costa de Marfil, Mali, Marruecos, Níger, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sierra Leona, Sudán (Norte), Bangladesh, RD Congo, Liberia, Somalia, Sudán del Sur, Togo y Comoras, algunos de los cuales hacen muy difícil la posibilidad de conceder el estatus de refugiado. Y a mayor abundamiento hay que recordar que al día de hoy el Gobierno tiene pendiente de resolver 40.000 solicitudes de “refugiados”.

La llegada de inmigrantes ilegales sea en la modalidad de pateras o de barcos fletados por ONG’s debe ser considerada y resuelta en el ámbito de una política global sobre inmigración coordinada a ser posible con la Unión Europea y subrayo lo de “a ser posible” porque ante todo hay que defender los derechos de los ciudadanos españoles que son en última instancia quienes soportarán los costes y los beneficios y perjuicios de cualquier política inmigratoria.

No se trata de abanderar la solidaridad o  el aislamiento como únicos criterios para diseñar y establecer la política de inmigración, porque existen una serie de consideraciones a tener en cuenta:

- -  Los derechos y los intereses de los ciudadanos españoles deben primar ante todo.

- - Los españoles tenemos derecho a preservar nuestra identidad cultural. Existen líneas rojas que sectores de inmigrantes no están dispuestos a respetar (primacía de la legislación civil sobre las normas religiosas, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, libertad de culto, etc.) y que, por tanto, no son integrables. La multiculturalidad es un fracaso tan evidente como la Alianza de Civilizaciones.

- - La escasez de recursos públicos que exige priorizar su destino en primer lugar hacia los contribuyentes y, en segundo lugar, hacia los españoles en general. Papá Estado no puede simultáneamente gastar 1.100 millones de euros en extender la asistencia sanitaria gratuita de forma universal, revalorizar las pensiones según el IPC, subir las pensiones mínimas hasta el SMI, pagar pensiones no contributivas a 150.000 extranjeros, garantizar vivienda pública para los españoles y a la vez para extranjeros, mantener a 25.000 delincuentes extranjeros en las prisiones sin quebrar la hacienda pública al mismo tiempo.

- - La ingente cantidad de recursos públicos destinados a atender a la inmigración ilegal deben ser invertidos en los países de origen de los inmigrantes.

- - Muchas ONG’s han convertido las ayudas públicas en un tremendo negocio. Y aquellas que se dedican a recoger barcos de inmigrantes están haciendo el juego a las mafias de traficantes. Es evidente que los inmigrantes deben ser rescatados pero una vez salvadas sus vidas, en lugar de ser traídos a Europa, deberían ser devueltos al puerto de origen. La Unión Europea debería abrir centros de acogida en los países-puertos de salida.

La inmigración ilegal constituye un auténtico problema para los países occidentales. Es un hecho indiscutible. Y no podemos olvidar que en su progresivo incremento influyen no sólo los conflictos armados en los países de origen y la pobreza, sino también y sobre todo la existencia de mafias de tráfico humano que la incentivan y alientan de forma incesante.

Sé que discrepar de lo políticamente correcto acarrea inevitablemente ser tachado de racista o de xenófobo. Pero no es así, de lo que se trata es de controlar y regular una inmigración que, hoy por hoy, es necesaria para el desarrollo de muchos países occidentales. Compartir nuestros recursos con los inmigrantes legales es beneficioso para ambas partes, pero los países de acogida, los ciudadanos españoles en nuestro caso tenemos derecho a priorizar a aquella inmigración que por razones culturales, históricas, sociales o religiosas garantice una integración real y no el desarrollo de guetos que pongan en riesgo nuestra identidad cultural y religiosa.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com

Sanidad para todos.

La falta de dinero para poder sostener el conjunto de las administraciones y, por tanto, el conjunto de las prestaciones públicas se traduce en una serie de medidas de ahorro camufladas bajo distintas denominaciones que en muchas ocasiones ponen los pelos de punta. Los anuncios, los globos sonda, las rectificaciones o las matizaciones se suceden a diario ya se hable de educación, de pensiones, de sanidad o de infraestructuras. Unas veces nos anuncian que nos van a cobrar por usar las autovías que ya estaban pagadas y amortizadas, otras que vamos a tener que pagar más por los medicamentos, antes nos dijeron que los años que habíamos cotizado para cobrar una pensión ya no valían y que había que cotizar más años, después nos quitaron el cheque bebé y así sucesivamente. Anuncios, amenazas, amagos, reformas y contrarreformas constituyen el pan nuestro de cada día. Eso sí, si hay que salir corriendo a salvar a Bankia, no se corre, se vuela.

Lo cierto es que no hay dinero para todo. Lo cierto es que hay más de cinco millones de parados en nuestro país y que el siguiente en engrosar la larga lista puede ser cualquiera de nosotros. Lo cierto es que cada año 200.000 familias se quedan sin vivienda. Lo cierto es que casi dos millones de personas ya no reciben ayuda pública alguna. Y lo cierto es que estamos donde estamos porque la mayor parte de la clase política, de todos los colores, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y no ha sabido hacer bien su trabajo ni en ayuntamientos, ni en las comunidades autónomas, ni en el Estado. Puede haber muchas causas que hayan propiciado que hayamos llegado hasta aquí en estas condiciones, pero es evidente que nuestra clase política debería haber estado lo suficientemente preparada y capacitada para haberlo previsto y para haber sabido mitigar o paliar los efectos de esas causas externas o internas. Y no lo ha hecho.

Hace tiempo ya que la clase política renunció a “hacer política” y se transformó en una casta gestora, desplazando a los profesionales, sin estar lo suficientemente preparada para ello y ajustando su comportamiento a los dictados del marketing político. Los políticos nos han venido contando lo que queríamos oír para lograr nuestro voto. El relativismo social y moral imperante ha producido un relativismo político igual de ambiguo y acomodaticio. El ser humano, la persona hace tiempo que, pese a los discursos ideológicos, ha desaparecido de la agenda y del centro de toda actuación política. El poder y su conquista o conservación es el centro real del pensamiento y de la acción política por encima de cualquier otra consideración. Los gobiernos adoptan medidas y programas con tenues e imperceptibles fronteras ideológicas perfectamente intercambiables.

Si la persona, si el ser humano estuviesen en el centro de la acción política a nadie se le ocurriría adoptar medidas que pudieran suponer poner en riesgo la salud y la vida de los individuos. Bien está que se racionalice el sistema sanitario; bien está que de una vez se diseñe un catálogo de prestaciones sanitarias para todos los ciudadanos con independencia del territorio de España donde residan; bien está que se acabe con el turismo sanitario y con el abuso que supone, por ejemplo, el empadronamiento fraudulento de 140.000 vecinos portugueses para beneficiarse de nuestra sanidad; bien está, si no queda más remedio, que se paguen por quien tenga capacidad económica para ello determinadas prestaciones sanitarias.

Pero plantearse la posibilidad de dejar sin asistencia sanitaria a los llamados “sin papeles” es inmoral. Si durante años hemos permitido que cientos de miles de personas se instalasen en nuestro país de forma irregular no podemos ahora dejarles sin prestación sanitaria. Regúlese la inmigración de una forma lógica y racional, adóptense las medidas a que haya lugar respecto a los inmigrantes irregulares, legalizando su situación o repatriándoles a sus lugares de origen si fuere preciso, pero mientras sigan viviendo con nosotros no podemos dejarlos sin atención sanitaria. Es una cuestión de principios, de derechos humanos, de sentido común y de ética elemental.

Santiago de Munck Loyola