EL PASADO 8 DE NOVIEMBRE MIEMBROS DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE SE PERSONARON EN EL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID Y TRAS MÁS DE 10 HORAS SE LLEVARON DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA.

 

(ANTE LA CENSURA DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALICANTINOS REPRODUZCO LA NOTA DE PRENSA PUBLICADA AYER POR EL PAR)

Por primera vez en su historia, el Ayuntamiento de Monforte del Cid ha recibido la visita de varios miembros de la Agencia Valenciana Antifraude quienes estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde requiriendo la entrega de expedientes administrativos al Gobierno Municipal, examinándolos y llevándose varios de ellos.

 

Todo parece indicar que esta actuación contra la corrupción de la Agencia Valencina Antifraude viene motivada por dos denuncias del Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid ante los juzgados de Instrucción y ante la propia agencia por dos acuerdos urbanísticos adoptados por el consistorio que han supuesto pérdidas millonarias tanto para la Generalitat Valenciana como para el propio Ayuntamiento monfortino así como un “pelotazo” superior a los 5 millones para la empresa que contrató al marido de la alcaldesa en plena pandemia.

 

La primera denuncia del PAR fue presentada el 18-3-2021 (Diligencias previas 167/21), ampliada el 8 de noviembre del mismo año, por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra el medio ambiente contra la alcaldesa, el concejal de urbanismo y demás responsables por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 4 de enero de 2021 aprobando definitivamente el Convenio de colaboración para el acondicionamiento de vial de salida del sector UZI-1 (actual UBZ-8 del plan general), a la CV-825, entre el Ayuntamiento de Monforte del Cid, la Agrupación de Interés Urbanístico “Las Norias” del Sector UZI-1 y las mercantiles Isidro Abad, S.L y Uvasdoce, S.L. Este Convenio supuso una pérdida de más de 1.200.000 euros de ingresos al Ayuntamiento. Una segunda ampliación de la denuncia fue rechazada por el juzgado dado que la naturaleza de los hechos requería una instrucción independiente. Igualmete el juzgado señaló que dada la complejidad técnica del asunto se había requerido a la Agencia Valenciana Antifraude su colaboración en la causa.

 

La segunda denuncia, derivada de la anterior, fue presentada por el PAR el 18-5-2022 por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias contra la alcaldesa de Esquerra Unida, Mª Dolores Berenguer Bello, el concejal de urbanismo del mismo partido, Angel Guitérrez Guillén, los funcionarios y demás personas responsables de la aprobación del acuerdo plenario de de 17-7-2018, aprobado por los concejales de todos los partidos, por el que se aprobó ilegalmente exonerar a los empresarios de la Agrupación Urbanística Las Norias de construir dos 

 

rotondas valoradas en un millón de euros y endosar su ejecución a la Generalitat Valenciana. Hay que resaltar que este acuerdo del Pleno se llevó a cabo sin seguir ninguno de los trámites exigidos por la legislación urbanística valenciana y sin que existiera ni tan siquiera el preceptivo informe del Secretario del Ayuntamiento, a la sazón, D. José Fernando Mullor Ortiz.

 

EL Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid entiende que estas denuncias y actuaciones son solo la punta del iceberg de una gestión urbanística absolutamente corrupta, caracterizada por la falta de transparencia, el nepotismo y salpicada del victimismo de la alcaldesa que enseguida lloriquea invocando en su defensa un inexistente acoso ante cualquier crítica o denuncia política de la única oposición existente en el Municipio, la del Partido Alicantino Regionalista.

¿Se acabó? Sólo en parte.

El pasado 3 de noviembre, a las 19 horas, miles de alicantinos acudimos a la concentración en la Montañeta convocada por los empresarios de la Provincia para protestar contra la discriminación de nuestra provincia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que relega a Alicante al último puesto en inversión en infraestructuras: 85 euros por cada alicantino mientras que le media nacional es de 283 euros. No es nada nuevo, año tras año el Gobierno de España, gobierne el PP o el PSOE, ha ido invirtiendo cada vez menos en nuestra Provincia; de hecho, desde 2008 a 2022, el déficit acumulado en inversiones asciende a 3.540 millones de euros, es decir, que los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez no invirtieron en carreteras, autovías, ferrocarriles, infraestructuras hídricas, puertos o aeropuerto por valor de 3.540 millones de euros que nos habrían correspondido atendiendo sólo al número de habitantes de nuestra Provincia. Y han tenido que ser los empresarios, no los políticos, los que se han atrevido a levantar la voz, bajo el lema ¡Se acabó! ¿Qué clase de políticos padecemos? ¿Por qué tanto pasotismo? Para tener cierta idea de la clase de políticos que nos representan basta recordar que en nuestra Provincia hay 1.669 concejales y decenas de diputados autonómicos y nacionales. Y en su inmensa mayoría no estaban el día 3 en la Montañeta y, lo cierto, es que muy pocos estaban allí defendiendo los derechos de los alicantinos. Los de izquierdas porque es evidente que se deben más a sus partidos que a los ciudadanos y por tanto no se van a manifestar contra una injusticia histórica cometida por los suyos y los demás, salvo la presencia de algunos, pues, quién sabe, por pereza, por falta de compromiso o por simple pasotismo tampoco estaban.

¡Se acabó! Fue el lema de la concentración, se acabó aguantar resignadamente más desprecios hacia los alicantinos, se acabó aguantar calladamente más discriminación, se acabó… ¿la injusticia? Evidentemente no y hay que decirlo claro. Seguirán discriminando a nuestra provincia tanto desde el Estado como desde la Generalidad Valenciana, aunque sería mejor llamarla Generalidad de Valencia porque lo que es de Alicante lo es solo nominalmente. La Generalidad de Valencia nos quiere tanto que sus políticas y sus inversiones durante 40 años han llevado a aumentar la brecha de la renta entre los alicantinos y los valencianos de modo que hoy somos más pobres con relación a los mismos que hace 40 años. Una institución política que lejos de propugnar la cohesión social entre sus territorios logra lo contrario es un fracaso institucional. Y Estado y Generalidad seguirán discriminando a los alicantinos por varias razones. En primer lugar, porque los políticos que nos representan no hacen valer su voto en las instituciones representativas y están sometidos a la disciplina centralista de sus partidos. En segundo lugar, porque da igual que la Generalidad de Valencia levante la voz pidiendo más financiación ya que en caso de obtenerla seguirá aplicando su propia política de reparto que no pasa por tener en cuenta nuestra población fija y flotante. En tercer lugar, porque la clase política alicantina no es capaz de construir un consenso básico sobre las necesidades de la provincia y su financiación. Solo utilizan la infrafinanciación que padecemos como arma arrojadiza, como argumento electoralista de desgaste del adversario. No hace ni cinco años que los socialistas y podemitas se quejaban de las raquíticas inversiones del Gobierno del PP en Alicante y los populares alicantinos lo negaban a pesar de las evidencias. Hoy ocurre exactamente lo contrario.

 

Lamentablemente lo único que se ha acabado es “sufrir en silencio” los insultos presupuestarios del Gobierno PSOE-Podemos. Y ya es algo, pero no es suficiente. No basta con protestar y pedir más. Lo que es imprescindible es articular un proyecto político, una propuesta institucional que blinde los derechos y las necesidades de los alicantinos ya sea mediante la reforma del Estatuto de Autonomía, ya sea promoviendo una reforma del mapa autonómico. Otras provincias lo han hecho o al menos lo están intentado. Su mera presencia electoral sirve de aviso para navegantes y está obligando al centralismo periférico a replantear sus estrategias de desarrollo regional. En medio del fragmentado panorama político y del delicado equilibrio de mayorías ¿se imagina alguien que con dos o tres diputados alicantinistas en el Congreso se atreverían a dejar a nuestra Provincia en el vagón de cola de las inversiones? Pues eso.

 

Ni las limosnas que Puig o de Baldoví pueden contentarnos en modo alguno. El Estado adeuda a nuestra Provincia 3.500 millones de euros y si otras Comunidades han exigido y obtenido el pago por parte del Estado de su deuda histórica Alicante también tiene derecho a lograr lo mismo. Debe ser un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas e innegociable. Lamentablemente, el único partido que así lo reclama es el Partido Alicantino Regionalista y hay que ser conscientes que 3.500 millones de euros en inversiones supondrán la conversión de Alicante en un territorio muy atractivo para la inversión y para la generación de riqueza y, por tanto, conllevarán un crecimiento exponencial de la renta de los alicantinos.

 

Santiago de Munck Loyola