viernes, 20 de febrero de 2015
domingo, 15 de febrero de 2015
Sr. Ciscar: Obras son amores y no buenas razones.
“Adoro a España”, “amo a Cataluña”, ¿cuántas veces
hemos escuchado a famosos, artistas, políticos o empresarios expresar así su “amor”
por su tierra? Muchas ¿verdad? Y ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que
estos enamorados de su tierra tienen su domicilio fiscal o su dinero a buen
recaudo en el extranjero o en paraísos fiscales? Pues más de lo que nos
gustaría a la gente normal y corriente. Son “amores”, cuando menos, curiosos. A
estos famosos les encanta España, su tierra, lo proclaman casi a voz en grito;
son más españoles o más catalanes, en su caso, que los demás. De boquilla lo
que haga falta. Pero su peculiar patriotismo llega hasta donde llega hacienda,
o sea, hasta donde llegamos todos porque no hay que olvidar que hacienda somos
todos. Aman a su “patria” pero aman mucho más a su dinero. Su especial
patriotismo les impide contribuir con su dinero al sostenimiento de su patria.
¡Faltaría más! La pasta a buen recaudo fuera de la patria y que sean otros los
que con sus impuestos contribuyan al sostenimiento de la patria. Son unos
farsantes. Así de claro. Sus proclamas son sólo eso, palabras huecas y vacías, un
“engañabobos”. Son los hechos los que cuentan, las obras y no las palabras.
Me he acordado de esos farsantes al leer las
declaraciones del Presidente Provincial del PP de Alicante, Sr. Císcar para quien “ha llegado la hora de que los alicantinos digamos alto y claro por qué
nos enamora nuestra tierra, y que nos sentimos orgullosos de ella y el PP lo va
a hacer”. Como si se lo creyera, José Císcar dijo ayer, día de los
enamorados, que el PP “va a poner a
Alicante en valor” porque “cree en
esta tierra, en su gente, en sus proyectos y en lo que representa”. Y
terminó su alucinante alocución señalando que “nosotros sí creemos que esta es la 'millor terreta del món'. La
izquierda, al parecer, no”. No, no se ría el lector por favor que estas
declaraciones son ciertas. Sí, las ha realizado el Presidente del PP alicantino
y Vicepresidente del Gobierno de la Generalidad Valenciana, el mismo Gobierno
que lleva años y años marginando y discriminando a la Provincia de Alicante a
la que viene relegando por sistema al último lugar en las inversiones de la
Generalidad Valenciana.
El amor del Sr. Císcar y del PP por Alicante se
traduce en que este año 2015 cada alicantino recibirá en inversiones de la
Generalidad Valenciana una media de 25 euros, frente a los 31,5 de media, es
decir, que la provincia deja de recibir
12,52 millones de euros según criterio poblacional lo que supone una merma de
inversiones territorializadas de 252,9 millones de euros entre los años 2008 y
2015. Gracias a este proclamado enamoramiento del Sr. Císcar y sus palmeros Alicante
es la octava provincia con menos médicos en relación a su población lo que
sitúa a nuestra provincia en el puesto 45 con una tasa de 328 médicos por cada
100.000 habitantes. Gracias al amor del PP, el Gobierno de España priva a los
municipios de la provincia de grandes inversiones en 2015 y, así, los
Presupuestos Generales del Estado apenas incluyen nuevas obras para Alicante,
mientras que Elche solo dispondrá de 8,5 millones para la Ronda Sur. Tanto aman
los populares a la Provincia de Alicante que el Gobierno de Rajoy destina en
2015 187,50 euros por ciudadano en las comarcas alicantinas frente a los
1.968,99 euros que ha invierte, por ejemplo, en Orense. Tan sublime amor por
esta tierra hace que el Gobierno del PP condene el trasvase Júcar-Vinalopó tras
gastarse 400 millones para enviar 8 hm3 y olvide el prometido Plan Hidrológico
Nacional, que la inversión estatal en el litoral alicantino se hunda un 98% en
siete años o que hayan relegado a nuestra provincia al puesto 26 de toda España
en inversiones para el mantenimiento de carreteras. Y ¿para qué seguir? El amor
de los Sres. Císcar, Fabra, JJ Zaplana y tantos otros líderes populares por
Alicante se traduce en cifras y hechos incontestables que relegan a la 5ª
provincia española en población y PIB al furgón de cola de las inversiones de
la Generalidad Valenciana y del Estado, ambas administraciones gobernadas por
el Partido Popular.
Los políticos pueden decir lo que les venga en
gana, hasta la última estupidez que se les pase por la imaginación, pero, por
favor, un poco de respeto a los ciudadanos, Sr. Císcar. No Insulte a nuestra
inteligencia, el patriotismo como el amor se demuestra con hechos, no con
palabras y menos aún tan cursis como huecas. Obras son amores y no buenas
razones.
Santiago de Munck Loyola
domingo, 8 de febrero de 2015
Los yihadistas españoles están de enhorabuena.
Entre el “buenismo” pseudoprogresista
del PSOE y el acomplejamiento bobalicón
del Partido Popular, los españoles lo tenemos claro. Y ello sin mencionar al
resto de los partidos políticos más preocupados en mirarse su ombligo que en
garantizar la seguridad de los españoles. PP y PSOE han parido la semana pasada,
con tanta solemnidad como inutilidad, un pacto para luchar contra el yihadismo,
el terrorismo islamista, y entre los complejos de unos y el tontismo de otros
han parido un bodrio. Muchas de las medidas pactadas, vendidas como novedades,
ya existían en la legislación y, por el contrario, otras medidas que ya aplican
británicos o franceses han sido intencionadamente excluidas del parto, perdón,
el pacto. Y a diferencia de los franceses ni una mención a cuánto dinero se
pone encima de la mesa para luchar contra esta plaga en ciernes.
Es el caso, por ejemplo, de la
posibilidad de retirar la nacionalidad española a los condenados por
actividades ligadas al yihadismo. Los franceses ya lo hacen y los británicos no
se esperan para hacerlo ni siquiera a la existencia de una condena. Dicen los
expertos policiales, que de esto deben saber algo más que los políticos, que se
trata de una de las medidas más importantes para combatir el terrorismo
islámico “la retirada de la nacionalidad
sí es algo que considerábamos eficaz puesto que conlleva en muchos casos la
pérdida del empleo y dificultades para seguir residiendo en España con los
mismos derechos que siendo español”. Los socialistas se oponen porque según
ellos “Las leyes españolas son de las más
garantistas y hay que tener en cuenta que retirar a alguien la nacionalidad no
solo perjudica al individuo afectado, sino a toda su familia, algo que
consideramos injusto”. ¡Hay que fastidiarse! Y ¿meter en la cárcel a un
delincuente no perjudica a su familia? Tanta simpleza y tanta demagogia, la
verdad es que aburre.
Pues nada, lo dicho, gracias a
socialistas y populares, con la complicidad silenciosa de los demás partidos,
más de cien españoles de origen fundamentalmente magrebí que actualmente se
adiestran o combaten en los territorios controlados por los yihadistas y que se
perfeccionan en las técnicas más salvajes e inhumanas de muerte y tortura
podrán regresar a España, el país que los acogió y otorgó en su día la
nacionalidad española, para, si no los atrapan, poder aplicar aquí sus
sanguinarias técnicas aprendidas en los territorios controlados por los
execrables islamistas del llamado estado islámico. Y lo podrán hacer como
ciudadanos españoles de pleno derecho. ¡Faltaría más!
Mucho han cambiado las cosas. El
tontismo buenista y los complejines tratan de anestesiar a la sociedad española
y de poner sordina al ruido de un peligro latente que terminará por causar
profundos daños y mucho dolor. En la década de los 80, un ciudadano
comunitario, criado en España e hijo de española, tenía que sufrir un largo
proceso administrativo de varios años para adquirir la nacionalidad española en
el que debía demostrar con documentos y testigos su arraigo, su integración y su
aceptación de los valores y legalidad de la sociedad española. Hoy da la
sensación de que todas esas exigencias, sobre todo cuando se comprueba el nivel
de “españolidad” de muchos de estos nuevos españoles, parece que han
desaparecido. Algunos deberían asumir que alguien que cree que sus normas
religiosas deben ser impuestas a través de la legislación civil, que es lícito
y normal concertar el matrimonio de sus hijas menores de edad, que la mujer es
inferior al hombre y que no puede gozar de los mismos derechos, que la
violencia, hasta la ejercida en el seno de la familia, es lícita y exigible o que
la libertad de expresión debe ser reprimida, no está integrado, no participa de
los principios y valores constitucionales y que, por tanto, no puede ni
adquirir ni conservar la nacionalidad española.
Dice el Artículo 25 del Código
Civil que “1. Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad:
b) Cuando entren voluntariamente
al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero
contra la prohibición expresa del Gobierno”. ¿Tan difícil es, si hace falta,
retocar ligeramente este artículo para proteger mejor a los ciudadanos?
Santiago de Munck Loyola
miércoles, 4 de febrero de 2015
Esperanza Ciudadana con los enfermos de Hepatitis C.
COMUNICADO.
Esperanza Ciudadana con los enfermos de Hepatitis C.
Los pacientes afectados por la
infección del virus de la
Hepatitis C llevan meses exigiendo a las Administraciones
Públicas la financiación del nuevo fármaco
(Sofosbuvir) que ha demostrado gran eficacia en la curación de la enfermedad.
El precio abusivo impuesto por la multinacional que lo comercializa (entre
25.000 y 65.000 € el tratamiento por persona), impide el acceso universal al
mismo. Ni las Comunidades Autónomas con competencia para ello, ni el Ministerio
de Sanidad están financiando de forma suficiente el tratamiento. Hoy sólo un
máximo de 5.000 personas, de las 30.000 que según las asociaciones médicas
requieren el tratamiento, tendrán acceso al mismo. Tan sólo en la Provincia de Alicante se
calcula que existen más de 5.000 afectados por esta enfermedad. Resulta
paradójico que un país que financia el aborto sin problemas encuentre tantas
dificultades económicas para salvar la vida de los enfermos de Hepatitis C.
Ante este drama que se cobra
vidas a diario, ni el Gobierno de España ni los Gobiernos Autonómicos han hecho
lo suficiente para garantizar el tratamiento a todos los afectados. Es una
emergencia sanitaria y el Gobierno español podría autorizar la producción de
genéricos con el fin de dar tratamiento a precio sostenible a los afectados por
Hepatitis C sin vulnerar las disposiciones internacionales.
Por todo ello, Esperanza
Ciudadana de Alicante manifiesta la siguiente:
1º Su apoyo y solidaridad con los
enfermos de Hepatitis C así como con sus familias.
2º Exigir al Gobierno de España,
a la
Generalidad Valenciana y a todas las administraciones
públicas con competencias a que realicen los esfuerzos presupuestarios
necesarios para financiar de forma inmediata, hasta que se articulen otros
mecanismos, los tratamientos médicos prescritos.
3º Instar al Gobierno español a
que:
a) Declare la situación de los
pacientes afectados por Hepatitis C como emergencia sanitaria.
b) Realice urgentemente los
trámites necesarios para la emisión de licencia obligatoria de Sofosbuvir,
autorizando el abastecimiento del mercado interno de este producto mediante la
fabricación de genéricos garantizando el tratamiento para todos los que lo
necesitan según los criterios médicos.
c) Inste a los organismos
internacionales y a los países miembros de la UE a la modificación de la legislación de las
patentes farmacéuticas para evitar los efectos perniciosos de la especulación
financiera, como en el presente caso.
d) Incremente los fondos
destinados a la investigación farmacéutica.
3 DE FEBRERO DE 2015.
martes, 3 de febrero de 2015
Comunicado de Esperanza Ciudadana de Alicante.
COMUNICADO.
Esperanza Ciudadana de Alicante denuncia una vez más las políticas
discriminatorias del PP hacia nuestra Provincia.
El
sábado pasado, 31 de enero de 2015, el Ministro de Hacienda, Sr. Montoro, ante
un auditorio compuesto por empresarios y cargos públicos del Partido Popular
reconoció públicamente, por fin, que la Comunidad Valencianala Comunidad Valencianala Provincia de Alicante.
Esperanza
Ciudadana de Alicante, como partido comprometido con la defensa de los
intereses de los alicantinos, desea manifestar su repulsa por el cinismo y la
clara falta de voluntad política del Partido Popular de acabar con una
situación profundamente injusta e insolidaria para los ciudadanos de Alicante.
Igualmente quiere resaltar la falta de peso y la ausencia de compromiso con los
ciudadanos de la Provincia
de Alicante de los cargos públicos del Partido Popular que manifiestan una sumisión
indigna ante los dictados y políticas de su partido en detrimento de los
ciudadanos que con su voto los auparon para defender sus intereses y no los de
su partido.
Alicante
no sólo sufre la discriminación histórica de la Generalidad
Valencianala Nación
que prima a otras comunidades autónomas a pesar de la histórica lealtad de
Alicante con el proyecto común que es España.
Esperanza
Ciudadana quiere hacer un llamamiento no sólo al tejido empresarial, sino al
conjunto de los colectivos sociales que tienen que soportar este continuo
desprecio para que tomen conciencia de esta realidad y, en consecuencia, actúen
y exijan lo que por justicia corresponde a los alicantinos.
2 DE FEBRERO DE 2015.
lunes, 2 de febrero de 2015
El PP sin propósito de enmienda.
Cuando de
pequeños nos enseñaban el catecismo nos decían que para hacer una buena
confesión, y por tanto para obtener el perdón de los pecados, era necesario y
por este orden empezar por hacer examen de conciencia, sentir dolor de los
pecados, hacer propósito de enmienda, confesarse y cumplir la penitencia.
El sábado
pasado, la alegría de la huerta, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se
personó por fin, tras seis meses de retraso, en un acto con empresarios de la Comunidad Valenciana
Y es que parece
que Cristóbal Montoro ha debido decidir que es hora de obtener el perdón de los
ciudadanos de esta Comunidad que, dicho sea de paso, no están representados por
los empresarios, ni mucho menos. Ha debido hacer examen de conciencia y hasta
podría parecer que siente dolor por sus “pecados”. Por fin, se ha dignado a
reconocer tarde y mal que la Comunidad Valenciana está “infrafinanciada” con
el actual sistema de financiación autonómica. El ministro tras reconocer lo que
todos sabíamos menos él y sus subordinados ha señalado que la obligación de un
Gobierno es corregirlo y, a renglón seguido, no tuvo empacho alguno en admitir
que el Gobierno del Partido Popular, conociendo esta injusticia, no lo ha hecho
porque ha estado centrado en “salir de la crisis” y que, ahora, ya no hay
“tiempo” para reparar el daño que se está haciendo a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.la Ley
del Aborto. No dan para más.
Es evidente que
el Ministro Montoro y sus silentes acompañantes Fabra, Ciscar, Bonig, etc.
quieren hacer trampa. Buscan el perdón de sus pecados pero sin propósito de
enmienda alguno y, por supuesto, sin cumplir ninguna penitencia. Con ellos, los
alicantinos no estamos de enhorabuena ni mucho menos. Porque a la
infrafinanciación de nuestra comunidad, discriminación pura y dura, sumamos la
infrafinanciación y discriminación que desde hace años recibimos desde
Valencia. Gobierne el PPCV o el PSPV, Alicante sigue siendo la provincia que
menos recursos recibe de la Generalidad
Valenciana.la Generalidad
Valenciana
Santiago de
Munck Loyola
jueves, 29 de enero de 2015
¡Sí se puede!
.jpg)
¡Sí! Se puede maquillar un curriculum vitae hasta que
cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia.
¡Sí! Se puede montar una empresa para facturar trabajos
realizados para gobiernos extranjeros y pagar así muchos menos impuestos de los
que se deberían pagar en el caso de cobrarlos como persona física.
¡Sí! Se puede recibir dinero de gobiernos que ahorcan a los
homosexuales o que han reducido a la mujer a la categoría de ciudadanas
inferiores.
¡Sí! Se puede insultar y ofender a millones de españoles
calificando al himno español de "cutre pachanga fachosa" y quejarse,
alardeando de ignorancia, de tener que soportar, "día tras día, el
nacionalismo español y su bandera monárquica y postfranquista".
¡Sí! Se puede entrar a dedo en un Ayuntamiento con 24
años para “asesorar” sin aportar más mérito que el carnet del partido y la
condición de hija de un concejal.
¡Sí! Se puede mentir públicamente afirmando que no
estaba presente en una mesa de contratación en la que se adjudicaban
sustanciosos contratos a la empresa del hermano y mentir afirmando que las
decisiones las tomaban los técnicos.
¡Sí! Se puede justificar y mostrar hasta benevolencia
con los asesinos etarras sin ruborizarse lo más mínimo.
¡Sí! Se puede hablar sin pudor alguno de personas “de
clase inferior a la nuestra” y justificar el empleo de la violencia física.
¡Sí! Se puede participar en boicots en la universidad
para impedir la libertad de expresión de determinados líderes políticos y
después pasearse por las televisiones dando clases de democracia a los demás.
¡Sí! Se puede prometer lo imposible a los ciudadanos
sabiendo que lo es con tal de arañar votos.
¡Sí, se puede! Se puede todo
eso y mucho más. Tic, tac, tic, tac, … Y lo veremos. ¡Sí, claro que se
puede! Y todos pagaremos el precio. Quizás demasiado alto. Se puede, pero ¿Se
debe?
Santiago de Munck Loyola
lunes, 26 de enero de 2015
¿PP vs PODEMOS?
Es tal la cantidad de mensajes y noticias que se ponen en
circulación a diario que es preciso ponerlas entre paréntesis, hacer un alto y
analizarlas con detenimiento para poder tener una visión más sosegada y
objetiva de la realidad. Vivimos tiempos de cambios y los cambios siempre
asustan a quienes ven peligrar sus
intereses y radicalizan muchos planteamientos. Este fin de semana, nos han
“bombardeado” con la
Convención del Partido Popular, con las constantes
apariciones de Pablo Iglesias y “Podemos” y con las elecciones griegas. En los
tres casos, el miedo, la radicalización y el caos son ideas que pueden
reconocerse fácilmente en los mensajes que nos trasladan a los ciudadanos. Hay
quienes parecen empeñados en convertir la política en algo muy alejado del
debate y del contraste racional de ideas, del diálogo; algo muy alejado de esa
noble actividad humana en la que la
Libertad del individuo responsable y racional encuentra su
máxima expresión y la reducen a una vulgar competición en la que la
simplificación de las ideas llega al absurdo y en la que el temor a lo
desconocido busca la adhesión y, en definitiva, el voto.
De un lado y de otro tratan de
levantar el miedo, intentan plantearnos disyuntivas excluyentes que, en el
fondo, encierran un profundo desprecio a la inteligencia de la gente y destilan
un tufo totalitario. “No hay políticas
alternativas a la nuestra”, “sólo
nosotros vamos a frenar a los populismos” o “nosotros o el caos” nos gritan desde las filas del Partido
Popular. Y desde las antípodas populistas proclaman que “el PP o PODEMOS” en un
mensaje perfectamente coincidente. Tratan de hacernos creer que no hay más que
dos opciones políticas: el PP o PODEMOS. Y los dos discursos se cimentan en el
miedo y en el odio. Quieren convertir la política y las elecciones en un
plebiscito, en un referéndum en el que las posibilidades de elegir se reduzcan
a dos opciones y nada hay más peligroso para la convivencia democrática que la
radicalización del voto, el “o conmigo o
contra mi”.
El voto político, en el fondo, no
es otra cosa que un contrato basado, como todos los contratos, en la existencia
de la confianza, un contrato entre el elector y el candidato. Si el camino que
algunos elijen para demandar el voto del ciudadano se sustenta, no en la
confianza, sino en el miedo y si, además, para conseguirlo se apoya en la
mentira lo único que se logra es pervertir y corromper la esencia de la
democracia, la confianza entre el votante y el candidato. No está de más
recordar que un contrato suscrito mediante la falsedad o bajo la coacción es un
contrato nulo.
Es falso que la competencia
política se reduzca a solo dos opciones y lo saben quienes así lo proclaman. Y
es francamente despreciable que se busque el voto, la adhesión ciudadana
apelando al miedo que es el peor enemigo de la memoria, de la inteligencia y de
los sentimientos más elevados. Hay que combatir las falacias que unos y otros
tratan de vendernos. Hay que desterrar la resignación que tanto beneficia a
quienes aspiran a mantener sus privilegios y a quienes enarbolan la bandera de
la utopía sin ofrecer una sola propuesta viable. En definitiva, hay que
recuperar para la política la ética que entre tanto oportunista ha desaparecido
de la práctica diaria.
Los ciudadanos podemos y queremos
elegir en absoluta libertad y los que la condicionan o amenazan con sus
mensajes y discursos simplistas y excluyentes no son dignos de recibir adhesión
alguna. Los ciudadanos podemos y queremos transformar la realidad a través de
la política y no debemos permitir que nos sigan alejando de ella. La
pluralidad, la diversidad, los matices, las diferentes perspectivas enriquecen
y permiten el ejercicio de la libertad de elección con más plenitud. En
nuestras manos está cambiar todo aquello que no nos gusta, todo aquello que
entorpece nuestro desarrollo personal y colectivo. Todo depende de nuestra
propia responsabilidad.
Vivimos en una gran provincia,
Alicante, que no ha sido tratada con justicia durante décadas. No pueden
decirnos ahora los responsables de su estado de postración que no hay
alternativa. Y tampoco pueden decirnos quienes solo saben promover el “los de abajo contra los de arriba” que
ellos son la única salida. Hay otra forma de entender la política, de
protagonizarla por parte del ciudadano, de defender nuestra provincia, de
proponer soluciones sin renunciar a los principios y a los valores. Esperanza Ciudadana es la opción del cambio, la alternativa
al miedo, a la resignación y al odio. Esperanza Ciudadana representa más
sociedad y menos impuestos, más libertad y menos intervencionismo, más
solidaridad y menos recortes, más eficacia y menos despilfarro, más Alicante y
más España. Nos importa la persona y sus problemas. Creemos en su capacidad
para afrontar la vida. Y entendemos la
política como un simple instrumento al servicio del progreso individual
y colectivo. Creemos firmemente en las inmensas capacidades y en el enorme
potencial de Alicante y sabemos que sin su defensa permanente ni unos ni otros
serán capaces de sacarnos adelante. Es hora de pasar página y de apostar por el
cambio.
Santiago de Munck Loyola
sábado, 24 de enero de 2015
La Caja B de Bárcenas y sus discípulos alicantinos.
La salida de la cárcel del extesorero
del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha sido ciertamente inoportuna para este
partido. Inoportuna porque se ha producido pocos días antes de que los
populares iniciasen su Convención, evento propagandístico destinado a insuflar
ánimos a las desencantadas huestes populares, a servir de pasarela de todos
cuantos aspiran a seguir en “el machito” y a transmitir los mensajes a la
ciudadanía que durante tres largos años no se han escuchado e inoportuna porque
esta excarcelación se produce a pocos meses de unas importantes elecciones en
las que el enfado ciudadano con la corrupción y con cierta clase política se va
a hacer notar.
El ahora innombrable para muchos
dirigentes del PP, Luis Bárcenas, que, por cierto, hasta el pasado 28 de enero
de 2013 seguía percibiendo mensualmente su nómina de Génova 13, se ha vuelto
bastante más locuaz de lo que era antes de su paso por Soto del Real y parece
que no tiene, ni va a tener, ningún inconveniente en contarnos detalles de cómo
se manejaba el dinero en el Partido Popular. Y ha empezado por lo que parece
algo más que evidente: que había una Caja B en el Partido Popular, afirmación
que tiene visos de absoluta credibilidad para el magistrado que instruye la
causa por la que el Sr. Bárcenas ha pasado casi dos años en la cárcel. De poco
sirve que el Sr. Floriano, recientemente nombrado director de la campaña
electoral del Partido Popular para mayor regocijo de los adversarios del PP, se
haya apresurado a afirmar con tanta solemnidad como poca convicción que en el
PP nunca ha habido una Caja B. ¿De dónde
han venido si no los sobresueldos y “préstamos” reconocidos ya por distintos
miembros del PP? ¿De dónde si no proceden determinados pagos de obras y de
gastos electorales?
Podría preguntar el Sr. Floriano en el PP de Alicante, por
ejemplo. Podría preguntar al Presidente Provincial Sr. Ciscar si es cierto o no
si pagaba facturas de campaña electoral en negro, como afirma la Guardia Civil
en sus informes. Podría también preguntárselo entre otros a la Alcaldesa de
Elche, Mercedes Alonso, o al Alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio,
señalados también y por la misma razón en los informes policiales aportados en
la causa de la rama valenciana de la trama Gürtel. Los tiene ahora cerquita, en
la Convención. Y también podría preguntar aunque ahora ande de tertuliana en Tele
Cinco a Sonia Castedo para que le explique cuanto gastó y de dónde venía todo
el dinero empleado en las campañas de electorales de 2007 y 2011. Incluso el
Secretario Provincial, el edil derrochador de San Vicente de Raspeig, Sr.
Zaplana, le podría explicar cómo se manejaban fondos en cuentas paralelas a
nombre de asociaciones en distintas localidades de la provincia de Alicante. ¿Una Caja B en el PP? Pues a lo mejor va a terminar teniendo razón el Sr. Floriano.
Una no, pero sí muchas Cajas B.
La existencia de Cajas B no es un
pecado exclusivo del Partido Popular. Se trata de una práctica bastante
extendida entre los partidos políticos del sistema. Luis Bárcenas no hace sino
poner negro sobre blanco, subrayar lo que es una práctica muy generalizada
entre los partidos políticos que se han venido mostrando poco interesados o incapaces de
establecer una regulación clara, estricta y eficaz para acabar con estas
anómalas situaciones. No nos pueden venir a hablar de regeneración política
unos partidos que no empiezan por regenerarse a si mismos, unos partidos que
tienen tan poca adhesión y afecto ciudadano que son incapaces de sobrevivir sin
el dinero del contribuyente percibido mediante las subvenciones que se otorgan
a si mismos, unos partidos que esconden su contabilidad a sus propios
afiliados.
Los ciudadanos queremos
ejemplaridad y transparencia en nuestros dirigentes y en los partidos políticos.
Queremos una democracia fuerte y para ello necesitamos unos partidos políticos
sólidos, capaces de ganarse la adhesión y la confianza de la ciudadanía. Y para
ello necesitamos saber de dónde procede el dinero de los partidos y cómo lo
gastan. Es un síntoma de mala salud democrática que el 80% de los ingresos de
los partidos políticos provenga de subvenciones y que sin ellas no puedan
sobrevivir. No es de recibo que mientras que tantos alicantinos lo pasan mal,
PP y PSOE aprobaran el año pasado que con dinero de la Diputación de Alicante,
presidida por la Sra. Luisa Pastor, podrían pagar vía subvención el alquiler de
sus sedes. Luz y taquígrafos es lo que la financiación de los partidos
políticos necesita, cuentas claras y públicas, ni un euro de subvenciones y fiscalización
judicial rigurosa. En Esperanza Ciudadana de Alicante apostamos por que así
sea.
Santiago de Munck Loyola
viernes, 16 de enero de 2015
Los “pucheritos” de Elisa.
La patética reacción de la
diputada popular Elisa Díaz González, hija del ex Alcalde popular de Alicante
Luis Díaz Alperi, gimoteando ante las cámaras de televisión al tratar de
defenderse de las acusaciones de la policía de haberse beneficiado en la compra
de su vivienda de dinero procedente del polifacético empresario Enrique Ortiz
pone en evidencia el mal de fondo del Partido Popular y de otros partidos
políticos que han generado y se nutren de una casta mediocre y parasitaria. El
ciudadano normal y corriente espera otro tipo de reacciones de un político ante
una situación similar, al menos espera cierta serenidad, firmeza, inteligencia
y, sobre todo, unas explicaciones convincentes, pero no un espectáculo
semejante. Un político no debe ponerse ante las cámaras si se siente tan
afectado como para no poder controlar sus emociones hasta el punto de hacer el
ridículo. Y es que estamos hablando de toda una señora diputada, de una
representante de los ciudadanos alicantinos con más de seis años de experiencia
parlamentaria.
http://www.20minutos.tv/video/hntwERVZ-elisa-diaz-pp-yo-pago-mi-casa/0/
http://www.20minutos.tv/video/hntwERVZ-elisa-diaz-pp-yo-pago-mi-casa/0/
Pero ¿por qué es diputada Elisa
Díaz González? ¿Por su reconocido trabajo entre la militancia del Partido
Popular? No. ¿Por su acreditada experiencia profesional que ha requerido su
incorporación a las Cortes para enriquecer así el debate parlamentario? No.
Elisa Díaz González ha llegado a ser diputada en las Cortes Valenciana porque
fue incluida a dedo, sin el apoyo de los afiliados populares, en una lista
electoral por ser hija de su padre. Ni más, ni menos.
Es el mismo caso de Tania
Sánchez de Izquierda Unida en Rivas-Vaciamadrid o de Andrea Fabra, diputada
nacional del PP por Castellón. Tania Sánchez, Diplomada en Educación Social,
entró en el Ayuntamiento ripense en 2003, con 24 años, como asesora del Grupo
Municipal de Izquierda Unida y de ahí pasó en 
Andrea Fabra,
conocida por su fina oratoria parlamentaria (“que se jodan” proclamó refiriéndose a los millones de parados),
fue nombrada con 24 años, de forma similar, asesora parlamentaria, nada menos,
que del Secretario de Estado de Hacienda y de ahí saltó a dedo a las listas
electorales del PP. ¿Por su acreditada experiencia personal? No. ¿Por su
brillante currículum?, No. Lo hizo por ser hija del delincuente Carlos Fabra,
ex presidente todopoderoso de la
Diputación de Castellón y visionario de la aeronáutica sin
aviones. ¿Piensa alguien sensatamente que tanto Tania como Andrea estaban en
condiciones a sus 24 añitos de andar asesorando a alguien? Tanto el Partido
Popular, como Izquierda Unida, como el PSOE y otras formaciones políticas usan
nuestro dinero, el de los contribuyentes, para colocar a los familiares y
amiguetes en puestos públicos creados al efecto, los disfrazan como asesores,
como asistentes o con cualquier ropaje y así mantienen a toda una clientela que
forma parte de una casta impresentable. Y ahí están los resultados, una
lloriquenado por los pasillos, otra adjudicando contratos a la familia porque
no sabía que eso no se podía hacer y otra soltando exabruptos parlamentarios.
El déficit de democracia interna
en los partidos políticos permite que logren responsabilidades políticas
personas que por méritos propios seguramente nunca serían elegidas por sus
compañeros para ello. Y una vez que entran en el circuito político de la mano
de papá, de un amigo o de un clan siguen recorriéndolo sin aportar nada
sustancial a la dignificación de la vida política. Y pasa lo que pasa, porque
del mismo modo que un cargo público debe su puesto al de arriba que lo propuso
para la lista y no a los de abajo, a los militantes, no rinde cuentas ante los
mismos y no defiende más intereses que los que desde arriba le señalen.
Corrupción y falta de democracia interna, falta de control por parte de las
bases, suelen ir de la mano en la mayoría de las ocasiones.
Tras el fiasco del mandato de
Sonia Castedo que también empezó su carrera política como personal de
confianza, es decir, como colocada a dedo en el Ayuntamiento alicantino y que
fue designada candidata a la alcaldía en virtud del dedazo superior, tenemos en
Alicante un nuevo Alcalde, Miguel Valor. Un sempiterno concejal, también en
virtud del dedazo superior, otro miembro de la casta cuya “entronización” se ha
realizado sin que los miles de afiliados del PP hayan tenido la oportunidad de
manifestarse lo más mínimo. Así no hay regeneración política que valga. Siguen
los mismos clanes, las mismas familias políticas, los mismos grupos de presión
decidiendo a su capricho el presente y el futuro de la ciudad. Ojalá esta forma
de hacer política acabe pronto.
Santiago de Munck Loyola
miércoles, 14 de enero de 2015
Con Sonia y Paco, por la dación en pago y la condonación de la deuda.
Desde el pasado 5 de enero, un
matrimonio alicantino, Sonia y Paco con dos niños pequeños, permanecen acampados ante la oficina del
BBVA de la Avenida Alfonso el Sabio, junto con los miembros de la Plataforma Stop Desahucios de
Alicante, para exigir a esta entidad financiera la condonación de la deuda que les reclama a pesar de haberlos desahuciado y de haberse quedado con su casa y cuya cuantía exacta ha permanecido durante mucho tiempo en el limbo de inexactitudes y ocultaciones del banco a la pareja y a sus representantes.
La vivienda de esta pareja costó 119.000
euros, durante 7 años pagaron sus cuotas hipotecarias por importe total de 40.000
euros. Se quedaron en el paro, como tantos millones de españoles y renegociaron la hipoteca con el banco. Cuando ya no pudieron seguir haciendo frente a los pagos, ofrecieron la dación en pago y el BBVA rechazó esta opción. El banco ejecutó la hipoteca, se quedó con la vivienda por 34.000 euros y los puso en la calle. Después les reclamó una deuda de 105.000 euros y procedió a embargar la pensión de los padres de Sonia que habían sido avalistas en la hipoteca y que constituía prácticamente el único ingreso familiar para la subsistencia de 6 personas.
Se trata de una situación familiar dramática que pone de manifiesto, una vez más, que este Gobierno, al igual que el anterior, ha sido incapaz de prevenir y abordar estas situaciones con una profunda reforma de la legislación hipotecaria desde la perspectiva del interés del ciudadano y no de las entidades financieras. No se debería olvidar que la concesión de hipotecas es un simple negocio de los bancos que, en esencia, implica que ellos valoran y tasan la vivienda y sobre ese valor prestan el dinero. Y en caso de impago, es la vivienda la que garantiza el pago, la que debe responder por ese incumplimiento. Es evidente que siempre la vivienda vale o debería valer más que el dinero prestado y, por tanto, que adquiriendo la propiedad de la misma el banco está 0 debería estar más que saldada la deuda. Sin embargo, durante los últimos años es público y notorio que de una parte los bancos dieron en ocasiones más dinero del necesario realizando para ello tasaciones inmobiliarias por encima del valor del bien a hipotecar. Y de otra, la crisis y la recesión, en gran parte originada por las malas prácticas de las propias entidades financieras, han implicado una bajada importante del valor de los bienes inmobiliarios, de las viviendas. En todo caso, es evidente que la responsabilidad ante una posible pérdida de dinero por la diferencia entre el dinero prestado y el valor actual del bien es del banco, no del cliente, del ciudadano y por tanto tiene que ser la entidad financiera la que soporte la pérdida. Son así los negocios, unas veces se gana y otras se pierde. Lo que no es de recibo es pretender ganar siempre haciendo trampas. Porque por muy legal que sea usar un valor del bien hipotecado, el del momento de la concesión o el del momento presente, según convenga es una trampa moral y ética.
Estamos ante unas prácticas bancarias inadmisibles. Ni este gobierno, ni el anterior, han sido capaces de priorizar el interés del ciudadano. El drama de Sonia y de Paco es el drama familiar de miles de españoles que a la pérdida de la vivienda habitual tienen que sumar la losa de una deuda añadida que hará muy difícil que puedan volver a empezar una nueva vida.
Los ciudadanos tenemos la solución en nuestra mano. Los bancos no son nada sin nosostros, los clientes, al igual que los partidos no son nada sin nosotros, los votantes. Tenemos la obligación ética y política de traducir la indignación que nos provocan hechos como este en actuaciones individuales solidarias y concretas. "Usted, banco, sigue abusando y aplastando a sus clientes, pues no cuente conmigo, me cambio de entidad bancaria". "Usted, gobernante, sigue legislando a favor de los bancos, pues no cuente con mi voto".
Hay que denunciar el
abuso de situación dominante que las entidades bancarias ejercen de modo implacable sin ningún tipo de sensibilidad social y
humanitaria. Y hay que denunciar a quienes consienten que las leyes, a pesar de las últimas reformas,
sigan estando al servicio de los poderosos y no de los ciudadanos.
Hace falta una
profunda reforma de la legislación hipotecaria y de los demás instrumentos
legales pertinentes con el fin de establecer como opción al servicio del
ciudadano la dación en pago con la consiguiente liquidación de la deuda
hipotecaria y la asunción en exclusiva
por parte de las entidades financieras de los riesgos derivados de su mala
praxis en las operaciones de tasaciones hipotecarias y de los riesgos de las
posibles depreciaciones de los precios del mercado inmobiliario. Y hace falta igualmente, como en otros países de nuestro entorno, el establecimiento de una renta familiar mínima por debajo de la cual no se pueda producir un desahucio aunque el banco adquiera la propiedad de la vivienda tras la ejecución de la hipoteca.
Santiago de Munck Loyola
http://santiagodemunck.blogspot.com.es
viernes, 9 de enero de 2015
Charlie Hebdo: hay que despertar.
El brutal asesinato de doce
personas en París cometido por unos fanáticos islamistas ha conmocionado a toda
la opinión pública occidental. Diez empleados de la revista satírica “Charlie
Hebdo” y dos agentes de policía fueron asesinados ayer fríamente por dos
ciudadanos franceses musulmanes de origen argelino. Las imágenes del atentado
en las que se puede apreciar la frialdad y precisión de los terroristas al
rematar en el suelo a uno de los policías herido han dado la vuelta al mundo.
Hoy se han celebrado concentraciones de repulsa en las principales ciudades europeas
a las que se han sumado cientos de miles de ciudadanos.
Nuestra querida y vieja Europa
está enferma, muy enferma. Nuestra sociedad occidental tan satisfecha de si
misma padece un serio proceso degenerativo y las reacciones a este brutal
atentado son una buena prueba de ello. No me refiero a las reacciones de gentuza
como los filoterroristas de Bildu que hoy han impedido en el Parlamento Vasco
la aprobación de una declaración de condena pactada entre todos los demás
grupos políticos, ni a la reacción de sujetos tan despreciables como Willi
Toledo y otros más siempre dispuestos a buscar explicaciones o justificaciones
a lo que solo puede merecer la condena y repulsa de cualquier persona decente.
No, no me refiero a esos, sino al conjunto de nuestra sociedad. Una sociedad
que de forma prácticamente unánime se solidariza con estas víctimas, con sus
familias, sus amigos y compañeros de los medios de comunicación, una sociedad
que se moviliza para expresar su condena, su rechazo y su dolor ante la brutal
muerte de estas doce personas, una sociedad cuyos gobiernos se movilizan para
perseguir a los culpables y para prevenir policialmente nuevas posibles
acciones de los terroristas musulmanes. Pero se trata de la misma sociedad que prácticamente
no se altera por el brutal genocidio que a estas mismas horas están padeciendo
las comunidades cristianas en Siria, Irak o Pakistán. Es la misma sociedad que
permanece pasiva ante el diario asesinato de decenas de personas, hombres,
mujeres y niños, en estos países, la misma sociedad que permite la difusión de
los repugnantes videos de esas ejecuciones que los salvajes asesinos graban
para enaltecer sus atrocidades cometidas en nombre del Islam y seguir
reclutando más asesinos en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras
calles. Porque los tenemos aquí. Les estamos dando todo para que un día nos
arrebaten la libertad o la vida. Nos conmocionamos por “nuestros” muertos, por
los atentados en “nuestra” casa y, al mismo tiempo, ignoramos a los de “allí”.
Una parte del Islam nos ha
declarado la guerra. Pero nuestra querida y vieja Europa está enferma, débil
moralmente, instalada en lo políticamente correcto e incapacitada para
reconocer el origen del problema y, por tanto, para adoptar las soluciones necesarias
para erradicarlo. Poco a poco hemos ido cediendo nuestras conquistas políticas
y morales a la presión de quienes, por convicciones religiosas, son enemigos e incompatibles
con las libertades y derechos fundamentales que inspiran nuestras sociedades. Hemos
abierto nuestras puertas y ni tan siquiera hemos sido capaces de exigir algo
tan básico y justo como el principio de reciprocidad. Los islamistas radicales,
los yihadistas, son una expresión concreta del Islam. Son musulmanes
extremistas para los que todo lo que sea occidental es intrínsecamente perverso.
A los europeos nos ha costado siglos alcanzar unos estados más o menos laicos en
los que la religión ha sido reconducida al ámbito de la vida privada. Y esa
laicidad es inaceptable para gran parte de los musulmanes.
Es una auténtica
paradoja que en la Francia laica por excelencia se introduzcan las
prescripciones religiosas islámicas hasta el punto de habilitar piscinas
públicas para el uso exclusivo de mujeres, todo ello en nombre de una supuesta
multiculturalidad, una errónea concepción de la tolerancia religiosa y una
fraudulenta idea de coexistencia que no es otra cosa que cesión y traición a la
proclamada laicidad del estado francés.
El Islam es incompatible con los
derechos y libertades fundamentales sobre los que se basan nuestras sociedades
occidentales y cuanto antes lo reconozcamos, antes podremos seguir progresando
como sociedades de ciudadanos libres. Intentar exportar nuestros derechos y
libertades o nuestros sistemas democráticos a los países islámicos es una
utopía. Tolerar la expansión de sus normas en nuestras sociedades occidentales,
un suicidio. Basta leer libros como “las prohibiciones del Islam” de la
profesora francesa Anne-Marie Delcambre o como “la fuerza de la razón” de la
fallecida periodista italiana Oriana Fallaci para darnos cuenta de ello.
Nuestra sociedad debe despertar.
No basta con que nuestros gobiernos activen todas las capacidades policiales
preventivas, es preciso que empiecen a establecer rígidos límites a todos
cuantos cuestionan los fundamentos más básicos y elementales que nos han
permitido construir tras siglos de sufrimiento un espacio tan preciado de
libertades individuales y colectivas y que ninguna fe puede poner en cuestión. Aquí
no.
Santiago de Munck Loyola
Suscribirse a:
Entradas (Atom)