Entre el “buenismo” pseudoprogresista
del PSOE y el acomplejamiento bobalicón
del Partido Popular, los españoles lo tenemos claro. Y ello sin mencionar al
resto de los partidos políticos más preocupados en mirarse su ombligo que en
garantizar la seguridad de los españoles. PP y PSOE han parido la semana pasada,
con tanta solemnidad como inutilidad, un pacto para luchar contra el yihadismo,
el terrorismo islamista, y entre los complejos de unos y el tontismo de otros
han parido un bodrio. Muchas de las medidas pactadas, vendidas como novedades,
ya existían en la legislación y, por el contrario, otras medidas que ya aplican
británicos o franceses han sido intencionadamente excluidas del parto, perdón,
el pacto. Y a diferencia de los franceses ni una mención a cuánto dinero se
pone encima de la mesa para luchar contra esta plaga en ciernes.
Es el caso, por ejemplo, de la
posibilidad de retirar la nacionalidad española a los condenados por
actividades ligadas al yihadismo. Los franceses ya lo hacen y los británicos no
se esperan para hacerlo ni siquiera a la existencia de una condena. Dicen los
expertos policiales, que de esto deben saber algo más que los políticos, que se
trata de una de las medidas más importantes para combatir el terrorismo
islámico “la retirada de la nacionalidad
sí es algo que considerábamos eficaz puesto que conlleva en muchos casos la
pérdida del empleo y dificultades para seguir residiendo en España con los
mismos derechos que siendo español”. Los socialistas se oponen porque según
ellos “Las leyes españolas son de las más
garantistas y hay que tener en cuenta que retirar a alguien la nacionalidad no
solo perjudica al individuo afectado, sino a toda su familia, algo que
consideramos injusto”. ¡Hay que fastidiarse! Y ¿meter en la cárcel a un
delincuente no perjudica a su familia? Tanta simpleza y tanta demagogia, la
verdad es que aburre.
Pues nada, lo dicho, gracias a
socialistas y populares, con la complicidad silenciosa de los demás partidos,
más de cien españoles de origen fundamentalmente magrebí que actualmente se
adiestran o combaten en los territorios controlados por los yihadistas y que se
perfeccionan en las técnicas más salvajes e inhumanas de muerte y tortura
podrán regresar a España, el país que los acogió y otorgó en su día la
nacionalidad española, para, si no los atrapan, poder aplicar aquí sus
sanguinarias técnicas aprendidas en los territorios controlados por los
execrables islamistas del llamado estado islámico. Y lo podrán hacer como
ciudadanos españoles de pleno derecho. ¡Faltaría más!
Mucho han cambiado las cosas. El
tontismo buenista y los complejines tratan de anestesiar a la sociedad española
y de poner sordina al ruido de un peligro latente que terminará por causar
profundos daños y mucho dolor. En la década de los 80, un ciudadano
comunitario, criado en España e hijo de española, tenía que sufrir un largo
proceso administrativo de varios años para adquirir la nacionalidad española en
el que debía demostrar con documentos y testigos su arraigo, su integración y su
aceptación de los valores y legalidad de la sociedad española. Hoy da la
sensación de que todas esas exigencias, sobre todo cuando se comprueba el nivel
de “españolidad” de muchos de estos nuevos españoles, parece que han
desaparecido. Algunos deberían asumir que alguien que cree que sus normas
religiosas deben ser impuestas a través de la legislación civil, que es lícito
y normal concertar el matrimonio de sus hijas menores de edad, que la mujer es
inferior al hombre y que no puede gozar de los mismos derechos, que la
violencia, hasta la ejercida en el seno de la familia, es lícita y exigible o que
la libertad de expresión debe ser reprimida, no está integrado, no participa de
los principios y valores constitucionales y que, por tanto, no puede ni
adquirir ni conservar la nacionalidad española.
Dice el Artículo 25 del Código
Civil que “1. Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad:
b) Cuando entren voluntariamente
al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero
contra la prohibición expresa del Gobierno”. ¿Tan difícil es, si hace falta,
retocar ligeramente este artículo para proteger mejor a los ciudadanos?
Santiago de Munck Loyola
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