DESAHUCIOS DE VIVIENDAS: TODOS COMO EL DE RAFAEL VERA.

A pesar de los famosos e invisibles “brotes verdes” anunciados hace tiempo por el Gobierno, lo cierto es que la recesión que padecemos sigue golpeando con fuerza a las familias españolas. Y una de las consecuencias más grave de esta recesión es la pérdida de la vivienda de miles de familias por no poder hacer frente a los pagos de su hipoteca. Entre 84.000 y 300.000 ejecuciones hipotecarias, dependiendo de la fuente que se consulte, se habrán producido cuando haya acabado este año. Eso significa que cuando estos procedimientos hayan concluido miles de familias se habrán quedado sin hogar y, si tienen suerte, lo harán sin deber dinero al banco pues la práctica abusiva y consentida por la clase política de permitir una nueva retasación de la vivienda a la hora de ejecutar la hipoteca está haciendo que, en muchos casos, además de perder la vivienda se sigue debiendo dinero al banco. No es raro el día en que tenemos conocimiento a través de algún programa televisivo de actualidad de casos tristes y duros de personas que se ven en la calle por culpa del impago de su hipoteca. Lo cierto es que hasta el día de hoy tan sólo IU ha realizado una propuesta para impedir los desahucios por impago de la hipoteca como consecuencia de la crisis. Resulta francamente desoladora la falta de sensibilidad y de solidaridad de la clase política en cuyas manos está impedir que este drama se siga extendiendo.

Y en medio de este panorama resulta sorprendente la resolución del tribunal constitucional dictada hace casi un año, el 9 de diciembre de 2009, suspendiendo la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo que preveía el desalojo del Ex Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, condenado por malversación de fondos públicos, el caso de los “Fondos Reservados”. El 18 de octubre de 2004, el Tribunal Supremo había condenado a Rafael Vera como responsable de la malversación de 645 millones de pesetas (3,8 millones de euros) procedentes de los fondos reservados que estaban asignados al Ministerio del Interior. El Alto Tribunal confirmó que en concepto de responsabilidad civil Vera reembolsase los 141 millones de pesetas por el dinero que había sustraído y, por tanto, el decomiso de las fincas "La Berzosilla" (situada en Torrelodones, Madrid) y "El Relumbrar" (Albacete), propiedades que decía el Supremo habían sido "adquiridas con el dinero proveniente de un delito". Rafael Vera recurrió al Tribunal Constitucional solicitando la suspensión del desalojo de la finca “la Berzosilla” ya que alegaba que era su vivienda habitual y la de su familia y que carecía de otra vivienda alternativa donde ubicarse. Sorprendentemente la Sala Segunda del Tribunal Constitucional suspende la ejecución de la sentencia del Supremo porque, según queda constatado "en una consolidada doctrina constitucional", salvo "supuestos excepcionales", las resoluciones judiciales que ordenan el desalojo de la vivienda o local "pueden originar un perjuicio difícilmente reparable que aconseja optar por la suspensión de la ejecución".

El Alto Tribunal subraya que "la pérdida de la posesión del inmueble podría dar lugar a un perjuicio difícilmente reparable en su integridad, al generar una situación irreversible".

La Sala accede a la petición de suspensión, ya que, de lo contrario, "la Administración podría efectivamente proceder al desalojo del recurrente de su domicilio permanente y habitual que comparte con su familia, con los consiguientes perjuicios difícilmente reparables que supone la privación de posesión de la citada vivienda". Para colmo, esta esperpéntica sentencia añade que "el desalojo forzoso del recurrente del domicilio que ocupa desde hace más de 20 años supone un perjuicio difícilmente reparable en su integridad y, por tanto, suficiente para justificar la suspensión".

A todo esto hay que añadir un dato relevante, la celeridad. El Constitucional ha tardado solo tres meses en atender la solicitud de suspensión de Rafael Vera.

Al leer esta sentencia hay que plantearse por qué no se aplica el mismo criterio para cualquier ciudadano. Si "la pérdida de la posesión del inmueble podría dar lugar a un perjuicio difícilmente reparable en su integridad, al generar una situación irreversible", ¿no ocurre lo mismo cuando la pérdida de la posesión de un inmueble es de un honrado ciudadano que por culpa de la crisis no puede pagar su hipoteca? O ¿acaso los perjuicios difícilmente reparables en su integridad sólo se dan cuando se trata del desahucio de un delincuente y no de un ciudadano corriente? ¿No se puede ordenar el desalojo de un delincuente porque ocupa su domicilio desde hace 20 años y sí se puede desalojar a miles de familias que no han cometido delito alguno?

Si la justicia funcionase como es debido, esta resolución debería servir de antecedente para que cualquier ciudadano obtuviese el mismo trato y con la misma rapidez que Rafael Vera. Pero no es así. Es evidente que hay dos varas de medir en la justicia española y que la falta de respuesta de la clase política ante una sentencia semejante huele a corporativismo rancio. Con esa doctrina jurisprudencial lo mejor que podrían hacer es extenderla para todos los ciudadanos y, en consecuencia, legislar lo necesario para impedir semejante agravio comparativo.

Santiago de Munck Loyola.

LOS MAESTROS DE LA COMUNICACIÓN.

La comunicación política cuando no está debidamente orientada o cuando el mensaje que se pretende trasladar a la sociedad es débil o inconsistente se convierte en un arma muy peligrosa cuyas heridas requieren tiempo para su sanación. La reciente entrevista a Mariano Rajoy en el diario El País es una buena muestra de ello. En ella, Mariano Rajoy afirmó que le gustaba el plan de recortes que el primer ministro británico, David Cameron, ha implantado en su país. Y esa afirmación hecha sin matizar ha sido hábilmente utilizada por los socialistas para estructurar todo un discurso que están repitiendo como loros estos días. De ella deducen que si a Rajoy le gusta lo que Cameron ha hecho en Gran Bretaña es que piensa hacer lo mismo en España. Es decir que Rajoy tiene un “programa oculto” y que ese programa consiste en realizar recortes sociales. Se trata de un prodigioso razonamiento deductivo que, analizado serenamente, no se sostiene y, sin embargo, lo han sabido convertir en toda una pieza de artillería con la que están continuamente machacando. Ni que decir tiene que la situación británica no es comparable con la española y que, por consiguiente, las recetas que allí puedan ser aplicables no tienen por qué ser válidas para España, pero no importa. Han descubierto un “programa oculto” y lo han identificado con recortes sociales.

Y tiene su gracia la cosa. Resulta cuando menos sorprendente que sean precisamente los socialistas los que pongan el grito en el cielo ante la hipótesis de que Rajoy pretenda hacer recortes sociales. Ellos nunca lo harían, no. No sé si trata de la arrogancia que el poder otorga en muchas ocasiones o si simplemente se trata de cinismo político. ¿Cómo pueden denunciar que los demás quieran o pretendan hacer recortes sociales? ¿Qué legitimidad tienen para hacerlo quienes llevan años realizando recortes sociales sin precedentes?

No hay mayor recorte social que el paro. Hace poco más de dos años, Zapatero, a pesar de que en su mesa estaban todos los informes que señalaban la existencia de una grave crisis económica, negó su existencia y prometió el pleno empleo para esta legislatura. Y la política económica que siguió no hizo más que agravar la situación multiplicando los efectos devastadores del paro. Y para recortes sociales ahí está la rebaja salarial media de un 5 % de las retribuciones de los funcionarios en 2010 y de un 8% en 2011. Para recorte social ahí está la congelación de las pensiones incumpliendo el Pacto de Toledo y negándose a su debate en el Congreso de los Diputados. Para recorte social ahí está la subida del IVA que afecta a ricos y a pobres por igual. Para recorte social ahí está la supresión del cheque bebé. O para recorte social ahí está la supresión de la devolución de los 400 euros del IRPF. Y la lista de recortes sociales perpetrada por este gobierno socialista no se acaba ahí, sino que puede completarse con muchas otras decisiones de carácter fiscal o laboral adoptadas por este Gobierno.

Éste sí que era y es un programa oculto. Ni una de estas medidas figura en el programa socialista con el que concurrieron a las elecciones de 2008. Habrá quien lo justifique alegando que se trata de decisiones impuestas por una realidad imprevisible hace dos años. Pues ya hay que ser torpes para no haber previsto la que se nos venía encima. Pero no, no se trata de imprevisión. Se trata de un gran engaño, de una gran mentira que sirvió para ganar las elecciones últimas.

Que los autores de esta gran estafa hablen ahora de un “programa oculto” de la oposición no tiene credibilidad alguna. Que los autores de tanto recorte social en los últimos meses traten de denunciar hipotéticas propuestas de recortes sociales de la oposición, es una auténtica burla a la inteligencia y al sentido común. Eso sí, hay que reconocerles que para comunicar mentiras son unos auténticos maestros.

Santiago de Munck Loyola.

DEL DICHO AL HECHO.

La necesidad de proyectar una determinada imagen y unos valores concretos hace que muchos políticos terminen por decir y enunciar cosas en las que realmente no creen o que, ni siquiera, han formado parte de su bagaje intelectual o de sus reflexiones y compromisos personales. Tal es así que leen discursos grandilocuentes, evidentemente redactados por terceros, cargados de nobles ideas y buenos propósitos, pero que realmente no se corresponden con sus convicciones íntimas. Hay que suponer que es así, que no son plenamente conscientes del alcance de sus palabras y que, por tanto, es normal que su acción política no se corresponda con sus palabras e ideas. Porque, de lo contrario, lo que hay que suponer es que son unos auténticos cínicos y que no les importa usar la mentira como instrumento permanente de comunicación.

La decisión del PSOE de vetar las enmiendas de la Oposición en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 para impedir que en el Parlamento se pueda hablar de la congelación de las pensiones constituye una buena prueba de ello. Este veto socialista, escudándose en una interpretación restrictiva y posiblemente fraudulenta del Reglamento del Congreso, tiene por finalidad que ni tan siquiera se pueda discutir o hablar sobre la citada congelación de las pensiones. No se trata ya de que se rechacen las enmiendas destinadas a impedir la congelación, sino de impedir lo más elemental: que se pueda hablar de ello. Si el Congreso de los Diputados, si el Parlamento donde reside la soberanía nacional no es el lugar adecuado para que se discuta sobre ello algo muy profundo quiebra en el sistema democrático.

Hay que recordar lo que José Luis Rodríguez Zapatero manifestó en su discurso de investidura el jueves, 15 de abril de 2004, en el Congreso de los Diputados:

“Estoy decidido a propiciar que las Cámaras puedan ejercer efectiva y eficazmente su misión fundamental de controlar al Gobierno. Es una cuestión de racionalidad política: en esta Cámara reside la soberanía nacional. Es una cuestión de pedagogía política: un Parlamento anquilosado, prisionero del Gobierno, pierde su condición de referente político para el ciudadano. Es una cuestión de valores políticos: aquí es donde debe concretarse el diálogo y la transacción en una sociedad plural.”

¡Qué abismo entre estas palabras y la decisión de vetar las enmiendas de la Oposición! O simplemente mentía entonces o nunca se enteró de lo que leía. Y, en todo caso, es evidente que el deseo de revitalizar la acción parlamentaria nunca formó parte de su acervo democrático. Felipe González usó sólo una vez el veto. José María Aznar ninguna. Y Zapatero lo ha usado ya 60 veces. Las cifras hablan por sí solas de las convicciones democráticas del Presidente y, sobre todo, de su capacidad de mentir a la sociedad española.

Cada día es mayor la distancia y más acusado el contraste entre sus palabras y sus hechos. Tanto discurso escrito por terceros, tantos cientos de asesores en la Moncloa sólo consiguen evidenciar la profunda vaciedad intelectual del personaje.

Santiago de Munck Loyola

El “gatillazo” de la reforma de la Ley Electoral. (y 5ª parte).

El margen de maniobra, sin tocar la Constitución, para mejorar la representatividad de nuestras instituciones democráticas con ocasión de la reforma de la LOREG existe y cuestión a parte es que los dos grandes partidos quieran realmente abordarla.

Con ser realmente importante este aspecto, existen otros que también merecen ser abordados para profundizar en una senda de regeneración democrática de la vida política. Sin embargo es más que probable que las reformas que se van a acometer de la Ley Electoral van a seguir un camino muy diferente al que se supone que debe seguir una voluntad real de regenerar la vida democrática de nuestras instituciones políticas. En el fondo, los partidos políticos no quieren, ni pueden prescindir de la situación privilegiada que ostentan en la actualidad pese a que todos los estudios sociológicos vienen poniendo de relieve, desde hace tiempo, un progresivo distanciamiento de la ciudadanía y una pérdida progresiva de credibilidad de los propios partidos políticos.

Es el caso de la financiación de los partidos y de las campañas electorales. Hoy, los partidos políticos sólo pueden subsistir con sus estructuras actuales gracias a las subvenciones públicas. A pesar de las cifras de afiliados que exhiben, a veces con un infantilismo preocupante, lo cierto es que el compromiso políticos de tanto afiliado no se traduce en un compromiso económico para sostener al partido de su preferencia. Resulta chocante que mientras que se congelan las pensiones y mientras los recursos públicos no llegan para cubrir las necesidades más elementales de millones de ciudadanos, los partidos políticos y los sindicatos reciben anualmente centenares de millones de euros de las arcas públicas. Lo que podía ser hasta necesario hace 30 años para consolidar un sistema de partidos tras una larga dictadura con dinero público, hoy es un anacronismo y una flagrante injusticia. Los partidos políticos y los sindicatos deberían sostenerse únicamente de las cuotas de sus afiliados y de los donativos y prescindir del dinero público. Es evidente que ello les obligaría a reducir sus sobredimensionadas estructuras administrativas o adaptarlas a una mentalidad diferente basando su funcionamiento en el voluntariado y en la participación asociativa. Por otra parte, es de sobra sabido la poca incidencia que tienen las campañas electorales sobre la decisión del voto. Quince días de campaña electoral, por mucho dinero que se invierta en ella, modifican muy poco unas tendencias de voto estructuradas a lo largo de meses o años. Y, como botón de muestra, basta recordar lo que ocurrió en los años 80 con la millonaria campaña de la llamada operación Roca y el frustrado partido reformista.

Pero si hay algo verdaderamente importante que se ha dejado en el tintero en esta propuesta de reforma del Régimen Electoral es la deuda que nuestra sociedad, nuestra democracia, tiene contraída con las víctimas del terrorismo y, en concreto, con los exiliados vascos. Mientras se regula en la Ley el voto de los emigrantes, resulta que quienes han tenido que emigrar forzosamente del País Vasco para salvar su vida no pueden decidir con su voto el futuro de su tierra de la que han tenido que exiliarse. Desde que nuestra democracia echó a andar, más de 350.000 personas tuvieron que abandonar el País Vasco por miedo y no pueden ejercer allí su voto. Tan sólo durante los mandatos de Ibarretxe, más de 150.000 personas se exiliaron. Mientras tanto, el sistema político vive bajo la ficción de que las instituciones vascas son democráticas y representan la voluntad de los vascos. Se aceptan sin cuestionarse por la clase política unos resultados electorales y unas instituciones que nacen desde la legalidad, pero no desde la legitimidad. No son legítimas unas instituciones surgidas de unos procesos electorales viciados porque en ellos no pueden participar quienes bajo la amenaza del terror deben abandonar su tierra.

Y nadie puede negar que, sin violencia, con plena libertad y con la participación de 350.000 personas expulsadas del censo electoral los resultados serían muy distintos. Y la reforma de la LOREG brinda una ocasión de oro para articular los mecanismos legales necesarios para que los exiliados vascos puedan, con las garantías judiciales que sean necesarias, participar en los procesos electorales vascos. Es una deuda que nuestra sociedad democrática tiene que saldar de una vez. La dignidad y la justicia de nuestra democracia lo exige.

Santiago de Munck Loyola

La crisis económica de los ayuntamientos.

La larga crisis económica que estamos viviendo afecta por igual a todas las administraciones públicas que han visto disminuidos sensiblemente sus ingresos, teniendo que mantener una extensa red de servicios de carácter público. Y esta crisis se hace especialmente evidente y perceptible en las corporaciones locales cuyos ingresos corrientes, sustentados en gran parte en el sector inmobiliario, han caído de forma espectacular. Su proximidad a los ciudadanos y su íntima conexión con el tejido económico inmediato del que se proveen hacen especialmente visibles los efectos de esa drástica reducción de los ingresos y, por tanto, de las negativas consecuencias de sus dificultades de tesorería y de liquidez. La salida inmediata de todas las administraciones públicas, incluidas las municipales, ha sido aumentar su endeudamiento.

Las Corporaciones Locales han venido aumentando su endeudamiento por encima de límites razonables, al igual que las demás Administraciones Públicas. Bien es cierto que la deuda de las Corporaciones Locales, fundamentalmente los Ayuntamientos, es relativamente pequeña si se compara con las deudas autonómicas o estatal. La media por habitantes es de 910 euros en el caso de las Corporaciones Locales, de 2.600 en el caso de las Comunidades Autónomas y de 12.500 euros en el caso del Estado. Sin embargo, con ser mucho más reducida es paradójicamente la más llamativa, la más perceptible por el conjunto de los ciudadanos, sobre todo, en los miles de municipios pequeños y medianos de España.

¿La razón? La proximidad, la cercanía de la administración al administrado. En los municipios pequeños y medianos, las dificultades de tesorería se perciben claramente en el entorno inmediato: retrasos en los pagos a proveedores, muchos de ellos del propio municipio, dificultades con las nóminas, reducciones de jornadas y salarios a empleados que en su mayoría residen en el propio municipio, eliminación o reducción de servicios, subidas de tasas e impuestos, etc. Por tanto, los efectos de la crisis son percibidos de forma directa y rápida por los ciudadanos quienes, en la mayoría de los casos, señalan como responsables a los gestores municipales de la situación. Y todo el mundo es consciente de lo que eso significa cuando las fechas de las elecciones municipales se aproximan.

Un informe reciente de la FEMP señalaba que un tercio de la deuda de los Ayuntamientos se debe principalmente a la prestación de servicios ajenos a las competencias municipales y a la ausencia de transferencias específicas para su desempeño. Es muy probable que se trate de bastante más que un tercio. Durante las últimas décadas, los Ayuntamientos han ido aumentando el catálogo de la prestación de servicios mucho más allá de las competencias que la Ley les otorga y sin dotarse de los mecanismos específicos de financiación para su sostenimiento. Los ingresos corrientes abultados por los provenientes de las tasas e impuestos urbanísticos servían para pagar todo o casi todo en un ejercicio de irresponsabilidad colectiva sin límites. Ahora, en plena sequía urbanística, la solución financiera propuesta por la mayoría pasa por pedir más dinero al Estado y a las Comunidades Autónomas a través de una reforma del sistema de financiación de los Ayuntamientos. Es como si el dinero y los recursos fuesen ilimitados. Y no es así. La solución pasa por un cambio radical de mentalidad. Hay que gastar menos y hay que gastar mejor. Y hay que hacerlo adaptándose a las circunstancias. No hay otra solución.

El deseo de todo regidor municipal de ofrecer a sus vecinos toda clase de servicios y prestaciones públicas choca con una realidad brutal: no hay dinero para todo. Y si se quiere hacer sólo queda incrementar los ingresos a través de la subida generalizada de tasas, precios públicos e impuestos, algo inaceptable para políticos y contribuyentes. Por tanto, hay que replantearse la situación y no queda más remedio que ajustar los gastos a los ingresos disponibles, salvo que se quiera hacer inviable el sistema. El café gratis para todos hoy no es una opción válida.

Al amparo de la Ley y con la vista siempre puesta en las urnas, los Ayuntamientos han aumentado sus prestaciones de forma progresiva sin un sustento sólido para su financiación regular. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local los Ayuntamientos tienen unas competencias obligatorias, unas prestaciones públicas que desarrollar, en función de su población. Un municipio, según el Artículo 25. 1. de esta Ley para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Según el art. 27 de la misma Ley pueden también desarrollar otras competencias delegadas por otras administraciones y según el art. 28 realizar otras actividades complementarias a las de otras administraciones. Pero hay un mínimo obligatorio de competencias establecido en el art. 26. Si se toma como ejemplo un municipio de 7.000 habitantes nos encontramos con que el art. 26 señala que las competencias mínimas de ese Ayuntamiento son: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas, parques públicos, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. Y no hay más. Fuera de estas competencias obligatorias, cualquier otra actividad o competencia que desarrolle tiene carácter voluntario o, en su caso, delegado teniendo, por tanto, que estar dotada de la correspondiente transferencia de recursos. Es evidente que gran parte de las competencias desarrolladas por los municipios de tamaño similar son voluntarias y que, por tanto, su financiación depende igualmente de la capacidad económica de la Corporación. Sin embargo, la irresponsabilidad de los gobiernos locales está ampliamente consolidada. Se asumen competencias voluntarias, se prestan nuevos servicios sin una base sólida de financiación y nadie pone freno a este disparate.

En la prestación de competencias voluntarias, de servicios no obligatorios ni delegados, deben regir, al menos, dos criterios fundamentales si no se quiere acabar con Ayuntamientos inviables:

- El principio de subsidiariedad. Una Administración no debe asumir una competencia o una prestación de servicios que ya esté siendo desarrollado satisfactoriamente por otra administración o por la propia iniciativa privada. Con ello se evitaría una innecesaria duplicidad de servicios, con su correspondiente coste, y una competencia desleal hacia los propios contribuyentes. ¿Qué hacen las Policías Locales asumiendo funciones que no les corresponden? ¿Qué pinta un Ayuntamiento proporcionando clases de tenis o de inglés cuando hay entidades privadas que lo hacen satisfactoriamente? No vale argumentar que así se garantiza el acceso a todo el mundo a esas actividades, pues se garantiza igual y a menor precio mediante otras fórmulas como las subvenciones o cheques escolares.

- El principio de progresividad fiscal. Es una práctica generalizada en la mayoría de los Ayuntamientos establecer precios públicos sin cumplir los requisitos legales para ello y prescindir de la capacidad contributiva del usuario. No es que sólo se cobren servicios municipales sin cubrir los costes de los mismos, sin memorias económicas, sin controles de eficiencia ni criterios económicos algunos, sino que, además, se hace sin tener en cuenta la capacidad económica del usuario. Café para todos y, si se apura, gratis es la fórmula habitual. Con unos recursos económicos limitados no tener en cuenta la capacidad contributiva de los usuarios resulta de todo punto profundamente injusto. Con ello, se acaban antes los recursos y no es posible atender verdaderas necesidades de muchos ciudadanos. Cobrar a todos los usuarios de una escuela infantil, por ejemplo, el mismo precio con independencia de su situación familiar y su capacidad económica es profundamente inmoral e injusto. Cobrar por debajo de coste clases de tenis a alguien que acude a tomarlas cómodamente en su coche de alta gama, lo mismo. Por ello, en tiempos de crisis, más que nunca es preciso aplicar criterios de progresividad fiscal.

Por último, hay que señalar que la ejecución del Plan E, como del Plan Confianza de la Comunidad Valenciana, lejos de mejorar la situación económica de los Ayuntamientos la van a empeorar. La puesta en funcionamiento de todas las nuevas infraestructuras va a requerir un enorme esfuerzo de los Ayuntamientos en el incremento del gasto corriente: más personal y nuevos gastos de mantenimiento. Ese no es el camino adecuado para reflotar los Ayuntamientos.

Santiago de Munck Loyola

¡Cuánta hipocresía!

Hay que ver la que ha montado el Alcalde de Valladolid con sus desafortunadas declaraciones sobre el nombramiento de Leire Pajin como Ministra de Sanidad, Igualdad y Políticas Sociales. Según recogen todos los medios de comunicación el Sr. Alcalde del PP León de la Riva se despachó a gusto al dar su opinión sobre el citado nombramiento y, como cierre a su intervención sobre Pajín, apostilló: "Tengo que decir que cada vez que le veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a decir aquí". Es cierto que el alcalde se ha disculpado por activa y por pasiva por sus declaraciones a las que él mismo ha calificado como un "exceso verbal". A mi no me gusta nada este nombramiento y no por “los morritos” de la Ministra, algo que entiendo no viene a cuento, sino por la parca preparación intelectual de la misma, su inexperiencia y su trayectoria política y personal.

Descalificarla por su aspecto físico está fuera de lugar. Pero, claro, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid el PSOE y los de la ceja han salido en tromba para pedir su dimisión acusándole de machista y, de paso, para descalificar a los 700.000 afiliados del PP aludiendo a su genética (Rubalcaba dixit). Y, sinceramente, no creo que se trate de un asunto de machismo, sino de buena educación, ¿o acaso sería admisible una crítica sobre el físico en el caso de que el criticado fuera un hombre? Evidentemente, no.

El Alcalde de Valladolid no ha estado acertado. No, señor. Tendría que haber copiado al Alcalde de Getafe y Presidente de la Federación Española de Municipios, Pedro Castro, que el 3 de diciembre de 2008 dijo: "¿Por qué hay tanto tonto de los cojones que votan a la derecha?". (http://www.youtube.com/watch?v=vzVIufLNG98)

Y no pasó nada. Ningún socialista pidió su dimisión ni él se disculpó con los 10.500.000 de españoles que votan a la derecha. Tampoco los de la farándula, los de la ceja abrieron la boca para mostrar su indignación, ni se rasgaron las vestiduras como ahora. Políticamente es mucho más correcto insultar a diez millones y medio de españoles que a una ministra. ¡Dónde va a parar!. A lo mejor, si el Alcalde de Valladolid se hubiese referido a Leire Pajín como “tonta de los cojones” o, perdón, “tonta del c…” no habría pasado nada. Sería mucho más progresista y políticamente mucho más correcto. Es que estos del PP no aprenderán nunca.

¡Por Dios, cuanta hipocresía!

Santiago de Munck Loyola

El “gatillazo” de la reforma de la Ley Electoral. (4ª parte).

El artículo 68.3 de la Constitución de 1978 señala que la elección de los miembros del Congreso de los Diputados se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Con esta redacción, los padres de la constitución vinieron a zanjar un viejo debate que ha venido subsistiendo desde el siglo XIX entre los partidarios de un sistema electivo de corte mayoritario y los defensores de una fórmula distributiva. Con el paso del tiempo, la mayor parte de las democracias occidentales han ido adoptando sistemas electorales basados en fórmulas distributivas en detrimento de las fórmulas mayoritarias. Sin embargo, el debate sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de las fórmulas se ha venido manteniendo. Se trata, en el fondo, de una pugna entre el principio de mandato mayoritario frente a la representatividad. Durante el Siglo XIX, en Gran Bretaña, Jhon Stuart Mill, defensor del sistema proporcional, y Walter Bagehot, partidario del sistema mayoritario, mantuvieron una larga polémica que resulta particularmente ilustrativa para conocer las ventajas e inconvenientes de cada sistema.

En todo caso, el mandato constitucional señala una clara elección a favor de la fórmula proporcional para el Congreso. Sin embargo, desechada la posibilidad de la fórmula mayoritaria, quedan abiertas otras puertas para mejorar un sistema proporcional corregido, como el vigente, que es susceptible de mejorar para lograr una mejor representación de la voluntad popular. El art. 68.3 de la C.E. se decanta por “criterios de representación proporcional”, es decir, por cualquiera de las variantes, y son muchas, basadas en esos mismo criterios de proporcionalidad. Y es la LOREG la que opta por el sistema proporcional corregido con la Ley D’Hont.

Dentro de los sistemas proporcionales o distributivos podemos encontrar dos grandes grupos según la solución elegida para, una vez asignados los escaños según los números enteros de cada partido, asignar los escaños restantes en función de las fracciones de cada partido o candidatura:

a) La fórmula del resto mayor que, a su vez, ofrece dos variantes: la Hare-Niemeyer, la Droop, Hare-Andrae, la Imperiali y la Imperiali reforzada.

b) La fórmula de la media mayor con las variantes D’Hont, la Sainte-Laguë, la Imperiali y la Hagenbach-Bischoff.

Tal y como se puede observar existen numerosas fórmulas que matizan y corrigen la proporcionalidad atenuándola o reforzándola. La modificación de la fórmula vigente y sus sustitución por otra que corrija sus defectos y que, en definitiva, otorgue a las instituciones representativas una mayor identificación con la voluntad real de los ciudadanos depende de la voluntad de nuestros políticos. Resulta paradójico que la mayoría de los políticos coincidan en que nuestro sistema electoral tiene defectos y que resulta injusto el desigual valor que el sistema introduce en el voto de los ciudadanos pero, después, este reconocimiento no se traduce en una voluntad de cambio. Es evidente que el actual sistema favorece a los dos grandes partidos nacionales y que sus dirigentes se encuentran muy a gusto con este sistema. Reconocen sus defectos, sí, pero se benefician de los mismos ya que garantiza la posibilidad de conformar amplias mayorías parlamentarias aunque ése no haya sido el mandato popular en las urnas.

Santiago de Munck Loyola

El “gatillazo” de la reforma de la Ley Electoral. (3ª parte).

Aplicando la propuesta de ampliación del Congreso a 400 escaños con asignación inicial de 1 diputado por circunscripción, podemos ver cual habría sido el resultado en las pasadas elecciones generales de 2008 y qué variaciones se habrían producido en la composición del Congreso de los Diputados:

La comparación de los resultados sobre 350 escaños (2008) y 400 escaños sería la siguiente:

Lo más destacable es lo siguiente: 

• La sobrerrepresentación de PSOE y PP disminuye ligeramente. 
• CIU y ERC adquieren una ligera sobrerrepresentación. 
• IU dobla el número de diputados pero sigue estando infrarrepresentada. 
• UPyD aumenta su infrarrepresentación.

Por tanto, no parece decisiva para mejorar la representación de los partidos la propuesta de aumentar a 400 escaños el Congreso ni la disminución a uno de los diputados inicialmente asignados a cada circunscripción. Se mejora, pero de forma muy tenue.

Quedan dos elementos específicos del régimen electoral que también se pueden modificar sin cambiar la Constitución: la Ley D’Hont y el porcentaje mínimo para tener representación en el Congreso. El límite del 3% no parece tener excesiva influencia habida cuenta del tamaño relativamente pequeño de las circunscripciones electorales. Es la Ley D’Hont la que de verdad altera el mandato popular favoreciendo a los partidos más votados en detrimento de los demás y su aplicación resulta verdaderamente perturbadora al combinarse con unas circunscripciones electorales pequeñas.

Si las elecciones de 2008, se hubiesen celebrado en una circunscripción electoral única que abarcase todo el territorio nacional, la aplicación de la Ley D’Hont en combinación con el límite del 3% habría arrojado los siguientes resultados:

PSOE 169 escaños

PP 156         “

IU 14            “

CIU 11         “

Es decir, los dos grandes partidos mantendrían prácticamente los mismos resultados, al igual que CIU. Sólo IU se beneficiaría igualando casi su porcentaje de voto con el de escaños. Todos los demás grupos pequeños desaparecerían al no llegar al 3% mínimo de votos.

Santiago de Munck Loyola.

Una remodelación inspirada en una tarde de domingo.

El domingo pasado, el Presidente del Gobierno afirmó ante los periodistas que no iba a haber una remodelación del gobierno, tan sólo iba a sustituir al Ministro de Trabajo. Hoy, tres días después, ZP anuncia una remodelación amplia del Gobierno y en la rueda de prensa ha manifestado que se le ocurrió el domingo por la tarde. Así pues nos encontramos con una remodelación improvisada al amparo de una tranquila tarde dominical y ante una mentirijilla más del personaje. No pasa nada, hombre, si al Presidente se le ocurre de repente que tiene que cambiar el gobierno pues se cambia y ya está. Una ocurrencia de última hora, una improvisación más no significan nada en un país que lo resiste todo. Cada cual es libre para determinar la seriedad y responsabilidad con que se toman determinadas decisiones y parece evidente el nivel utilizado para estas cosas por el Presidente del Gobierno.

Hace tan sólo dos años parecía fundamental, básico e imprescindible crear un ministerio como el de Igualdad. Los que osaban criticarlo eran unos retrógrados y, además, machistas. Hoy ya no hace falta el citado ministerio. Sus exiguas y discutibles competencias son integradas en el ministerio de sanidad. Y los ciudadanos no se merecen, al parecer, ni una explicación por la supresión de esta piedra angular de la política ministerial socialista. Claro que, desaparecido el ministerio de igualdad, abandonan el gobierno cuatro mujeres y sólo se incorporan dos. ¿No habíamos quedado en que la paridad era imprescindible?

Leire Pajín, esa estadista de verbo florido y natural, augur fallida de acontecimientos planetarios, brillante intelectual sin par en el orbe socialista, protectora de tránsfugas familiares, crisol de salarios múltiples, fustigadora de empleados de cruceros y portadora de una pulsera curativa denostada por la profesión médica pasa a ser la nueva ministra de sanidad, igualdad y políticas sociales. Increíble pero cierto. Es de suponer que entre la militancia socialista no había nadie con más capacidad y preparación para hacerse cargo de esta cartera ministerial o que sus destellos han cegado la visión del Presidente quien no ha podido, por tanto, vislumbrar otro candidato para el cargo, pero ahí está Dª Leire, para regocijo de su clan familiar.

Valeriano Gómez es el nuevo ministro de trabajo. Un viejo conocido para muchos vecinos de Rivas-Vaciamadrid y para los cooperativistas de Pablo Iglesias, (fiasco cooperativo en el que cientos de familias perdieron sus ahorros quedándose sin viviendas y del que no se rindieron cuentas como era de esperar), de la PSV o de lo que más tarde sería conocido en esa localidad como Casa Romanas, conjunto de viviendas en el que adquirirían casa varios militantes socialistas tras la supervisión, allá por los 80, del Ministerio de Trabajo en el que Valeriano Gómez trabajaba. Miembro a principios de los 90 de Fundescoop e IPADE, fundaciones de UGT que recibieron más de 1800 millones de Ptas. y vinculadas a la tristemente famosa PSV. Es de suponer que tras su participación en las manifestaciones contra la reforma laboral, el nuevo ministro se apresurará a dejarla en suspenso. ¿A que sí?

Rosa Aguilar es una incógnita. Su evolución resulta asombrosa. Poco tiene que ver aquel discurso que compartía en los años 90 con Julio Anguita con su posicionamiento actual en este Gobierno.

Rubalcaba, Trinidad Jiménez y Jáuregui tienen ya una acreditada trayectoria política que permite prever pocas sorpresas en el desempeño de sus nuevas responsabilidades.

En todo caso, parece que esta improvisada remodelación carece de coherencia con los planteamientos anteriores del Presidente del Gobierno. Da la impresión de que se trata de una huida hacia delante en la que se ha fortalecido a quien, en teoría, mejor puede tratar de enderezar una más que complicada tendencia electoral. No en balde Rubalcaba es un político con los colmillos retorcidos, intrigante y con muchos resortes del estado a su entera disposición.

Santiago de Munck Loyola

El “gatillazo” de la reforma de la Ley Electoral. (2ª parte).

Una de las reformas propuestas para mejorar la representatividad de las instituciones ha sido formulada insistentemente por IU que se considera muy perjudicada por el actual sistema. Su propuesta incluye elevar el número de diputados del Congreso al máximo previsto por la Constitución, es decir, a 400 diputados. Con el sistema vigente, una vez asignados los diputados mínimos por provincias, dos, sólo quedan 248 diputados para distribuir según la población de cada provincia. Es evidente que aumentando el número de diputados a 400 se mejora la proporcionalidad ya que el número de diputados a distribuir según la población pasa de 248 a 298. Sin embargo, no es suficiente. La proporcionalidad puede mejorar reformando también el art. 162.2 de la LOREG asignando un diputado inicial por provincia en lugar de los dos actuales. Con ello, habría 348 diputados a distribuir según la población.

Con 400 escaños en el congreso y un diputado inicial por provincia en lugar de dos, podemos comparar cómo quedaría el reparto de escaños por circunscripción electoral en relación al sistema actual:

Con esta distribución (400 diputados y 1 diputado inicial por provincia) se mejora algo la representación y las diferencias se hacen menores, pero aún así no se resuelve la desigualdad:

- Ahora, en Madrid hay 1 diputado por cada 182.483 habitantes mientras que en Soria hay 1 diputado por cada 47.550 habitantes.

- Con 400 diputados y sólo 1 inicial por circunscripción, en Madrid habría 1 diputado por cada 130.345 habitantes, mientras que en Soria seguiría habiendo 1 diputado por cada 47.550 habitantes.

Es cierto que la diferencia disminuye mejorando algo la representatividad pero aún así resulta insuficiente. Con 400 diputados, en las 37 mayores circunscripciones electorales haría falta entre 100.000 y 130.000 habitantes para asignar un diputado. Mientras que en 15 circunscripciones habría 1 diputado con menos de 100.000 habitantes. Dicho de otro modo, habría 361 diputados que representarían a una media de 120.596 habitantes por diputado (las 37 mayores circunscripciones) y 39 diputados que representarían a una media de 82.319 habitantes por diputado. El problema se origina lógicamente por la asignación del diputado mínimo inicial (dos según la LOREG vigente) impuesto por la Constitución. Aunque insuficiente, se trata de una mejora en la calidad de la representación de los diputados y desdeñar esta propuesta, tal y como se ha hecho ya, escudándose en la inoportunidad del aumento del gasto en tiempos de crisis resulta un claro desprecio hacia el conjunto de los ciudadanos que contemplamos atónitos cómo se tira el dinero público en asuntos mucho menos trascendentes y que, desde luego, no afectan a la calidad democrática de nuestras instituciones representativas.

Santiago de Munck Loyola

El “gatillazo” de la reforma de la Ley Electoral. (1ª parte).

Hace dos días, se ha hecho público el acuerdo inicial entre los grandes partidos para reformar la Ley Electoral. A lo largo de casi dos años, una subcomisión del Congreso presidida por Alfonso Guerra ha estado trabajando en una amplia revisión de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Entre las novedades figura la exclusión de los residentes en el extranjero en las elecciones locales, la posibilidad de voto en urna en consulados y embajadas para los emigrantes, la desactivación del papel clave de los tránsfugas en las mociones de censura municipales, la mejora del sistema de concejo abierto que rige para los pequeños municipios, el adelantamiento del censo válido para unas elecciones evitando empadronamientos de conveniencia, la extensión de los criterios de pluralismo y proporcionalidad a las televisiones privadas, la prohibición de actos de inauguración en campaña electoral, la eliminación de publicidad política en precampaña, la exigencia de un aval testimonial de firmas a las formaciones sin representación parlamentaria que optan a escaños en Cortes o la reducción de los gastos electorales y la congelación de las subvenciones a los partidos.

Sin embargo, el principal problema que arrastra nuestro régimen electoral no se aborda: la vulneración de la igualdad de voto entre los españoles. Con el actual régimen electoral y con la reforma prevista el viejo axioma “un hombre, un voto” no se cumple. Según la provincia de que se trate hacen falta más o menos votos para conseguir un diputado, en ocasiones, hasta 6 veces más. Las provincias con menos población se encuentran sobre representadas. Se trata, ni más, ni menos, de una grave vulneración de los principios democráticos más esenciales: aquí no vale igual el voto de los electores. Y este hecho, guste o no, supone un déficit serio de legitimidad de las instituciones democráticas.

El marco legislativo en el que se sustenta nuestro sistema electoral viene determinado fundamentalmente por dos normas: la Constitución de 1978 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985.

En lo relativo al Congreso, el Art. 68 de la C.E. señala lo siguiente:

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y de un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la Ley.

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La Ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

El Art. 162 de la LOREG señala por su parte lo siguiente:

1. El Congreso está formado por 350 Diputados.

2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado.

3. Los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento:

a. Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares.

b. Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto.

c. Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor.

4. El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir en cada circunscripción, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.

Y el Art. 163 determina la aplicación de la Ley D’Hont para la asignación de escaños.

Por tanto, la Constitución determina los parámetros básicos que no pueden ser alterados sin la correspondiente reforma constitucional:

- El Congreso tendrá entre 300 y 400 diputados.

- La circunscripción electoral es la Provincia.

- La Ley electoral asignará una representación mínima por provincia.

- La asignación de escaños se hará atendiendo a criterios de proporcionalidad.

Por su parte la LOREG limita el número de diputados a 350, establece un mínimo de 2 diputados por provincia dejando, por tanto, sólo 248 escaños para repartir según la población e introduce la Ley D’Hont para suavizar la proporcionalidad y primar a los grandes partidos favoreciendo la formación de mayorías. Por tanto, se sacrifica la representatividad en beneficio de la gobernabilidad.

Reformar la Constitución en este campo sería muy difícil pero se puede mejorar el nivel de representatividad sin hacerlo. Y la ocasión está ahí y ahora con la reforma de la LOREG. Aunque el principal obstáculo radica en que precisamente los dos grandes partidos no comparten la necesidad de mejorar la calidad democrática de las instituciones representativas. Hoy por hoy, el sistema vigente cumple su función principal para ellos: asegurarles más representación de la que el pueblo soberano les concede.

Santiago de Munck Loyola.

LA RECETA DE DÍAZ FERRÁN.

El presidente de la CEOE y ex dueño de Marsans ha afirmado que para salir de la crisis económica hay que "trabajar más y, desgraciadamente, ganar menos". Pues ¡qué bien! A tenor de sus palabras habrá que deducir que eso es precisamente lo que no hizo él mismo cuando dirigía su grupo de empresas, visto el resultado que obtuvo, es decir, la quiebra de las mismas. No sé si se habrá dado cuenta este señor, al igual que muchos políticos, que los trabajadores españoles ya no pueden cobrar menos de lo que cobran. Los salarios españoles están por debajo de la media europea mientras que el coste de la vida sigue subiendo y convergiendo con los precios de los países de nuestro entorno.

Hay millones de familias en España, afortunadas por tener trabajo e ingresos, a las que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes, a las que ya no se les puede rebajar más sus ingresos. Cada vez que se produce una subida de tasas o de impuestos indirectos, los políticos de turno nos vienen con el cuento chino de que tenemos que homologarnos con Europa y que la presión impositiva debe converger con la presión fiscal europea. Vale, pero ¿y los servicios públicos y las prestaciones sociales? ¿No deberían también homologarse? ¿Y los salarios y pensiones? ¿No deberían también homologarse?

Sinceramente me parece una desfachatez que el Sr. Díaz Ferrán nos venga ahora con esta receta “milagrosa” para salir de la crisis. A lo mejor habría que estudiar y considerar otras alternativas. En todo caso, parece evidente que no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, de ser más productivos y tratar así de reducir el diferencial cada vez mayor que nos separa de nuestros socios económicos. Sin una mejora de la productividad no podemos ser competitivos. Y para mejorar nuestra competitividad no es preciso trabajar más. A lo mejor hay que empezar por reducir los tremendos beneficios que obtienen las grandes empresas y reinvertirlos en investigación y en nuevas tecnologías. A lo mejor los empresarios deben dejar de vivir, muchos de ellos, de las subvenciones públicas y beneficios fiscales mientras están engordando sus cuentas de resultados. A lo mejor, los empresarios, los grandes empresarios, deben estimular la productividad mediante una progresiva participación de sus trabajadores en los beneficios de su empresa.

Que el Presidente de una Patronal que necesita de las subvenciones públicas para mantener la estructura de la CEOE venga ahora con esta receta parece una auténtica burla al sentido común. Que la Patronal en la que están integradas las mayores empresas de España, empresas cuyos directivos y propietarios disfrutan de una posición económica absolutamente privilegiada, se esté nutriendo de subvenciones públicas, es decir de dinero puesto por todos los contribuyentes incluidos los trabajadores a los que se pide trabajar más por menos salario, resulta de una desvergüenza imposible de justificar. Y que esta situación se mantenga mientras se congelan pensiones o se rebajan salarios a los empleados públicos es de una incongruencia total.

Santiago de Munck Loyola