El margen de maniobra, sin tocar la Constitución, para mejorar la representatividad de nuestras instituciones democráticas con ocasión de la reforma de la LOREG existe y cuestión a parte es que los dos grandes partidos quieran realmente abordarla.
Con ser realmente importante este aspecto, existen otros que también merecen ser abordados para profundizar en una senda de regeneración democrática de la vida política. Sin embargo es más que probable que las reformas que se van a acometer de la Ley Electoral van a seguir un camino muy diferente al que se supone que debe seguir una voluntad real de regenerar la vida democrática de nuestras instituciones políticas. En el fondo, los partidos políticos no quieren, ni pueden prescindir de la situación privilegiada que ostentan en la actualidad pese a que todos los estudios sociológicos vienen poniendo de relieve, desde hace tiempo, un progresivo distanciamiento de la ciudadanía y una pérdida progresiva de credibilidad de los propios partidos políticos.
Es el caso de la financiación de los partidos y de las campañas electorales. Hoy, los partidos políticos sólo pueden subsistir con sus estructuras actuales gracias a las subvenciones públicas. A pesar de las cifras de afiliados que exhiben, a veces con un infantilismo preocupante, lo cierto es que el compromiso políticos de tanto afiliado no se traduce en un compromiso económico para sostener al partido de su preferencia. Resulta chocante que mientras que se congelan las pensiones y mientras los recursos públicos no llegan para cubrir las necesidades más elementales de millones de ciudadanos, los partidos políticos y los sindicatos reciben anualmente centenares de millones de euros de las arcas públicas. Lo que podía ser hasta necesario hace 30 años para consolidar un sistema de partidos tras una larga dictadura con dinero público, hoy es un anacronismo y una flagrante injusticia. Los partidos políticos y los sindicatos deberían sostenerse únicamente de las cuotas de sus afiliados y de los donativos y prescindir del dinero público. Es evidente que ello les obligaría a reducir sus sobredimensionadas estructuras administrativas o adaptarlas a una mentalidad diferente basando su funcionamiento en el voluntariado y en la participación asociativa. Por otra parte, es de sobra sabido la poca incidencia que tienen las campañas electorales sobre la decisión del voto. Quince días de campaña electoral, por mucho dinero que se invierta en ella, modifican muy poco unas tendencias de voto estructuradas a lo largo de meses o años. Y, como botón de muestra, basta recordar lo que ocurrió en los años 80 con la millonaria campaña de la llamada operación Roca y el frustrado partido reformista.
Pero si hay algo verdaderamente importante que se ha dejado en el tintero en esta propuesta de reforma del Régimen Electoral es la deuda que nuestra sociedad, nuestra democracia, tiene contraída con las víctimas del terrorismo y, en concreto, con los exiliados vascos. Mientras se regula en la Ley el voto de los emigrantes, resulta que quienes han tenido que emigrar forzosamente del País Vasco para salvar su vida no pueden decidir con su voto el futuro de su tierra de la que han tenido que exiliarse. Desde que nuestra democracia echó a andar, más de 350.000 personas tuvieron que abandonar el País Vasco por miedo y no pueden ejercer allí su voto. Tan sólo durante los mandatos de Ibarretxe, más de 150.000 personas se exiliaron. Mientras tanto, el sistema político vive bajo la ficción de que las instituciones vascas son democráticas y representan la voluntad de los vascos. Se aceptan sin cuestionarse por la clase política unos resultados electorales y unas instituciones que nacen desde la legalidad, pero no desde la legitimidad. No son legítimas unas instituciones surgidas de unos procesos electorales viciados porque en ellos no pueden participar quienes bajo la amenaza del terror deben abandonar su tierra.
Y nadie puede negar que, sin violencia, con plena libertad y con la participación de 350.000 personas expulsadas del censo electoral los resultados serían muy distintos. Y la reforma de la LOREG brinda una ocasión de oro para articular los mecanismos legales necesarios para que los exiliados vascos puedan, con las garantías judiciales que sean necesarias, participar en los procesos electorales vascos. Es una deuda que nuestra sociedad democrática tiene que saldar de una vez. La dignidad y la justicia de nuestra democracia lo exige.
Santiago de Munck Loyola
No hay comentarios:
Publicar un comentario