La profunda crisis
económica y política que atravesamos ha hecho, entre otras cosas, que se
subrayen determinados comportamientos y privilegios de la clase política que se
alejan mucho de la necesaria ejemplaridad que hoy habría que exigir a todos los
dirigentes políticos. Los partidos políticos se han convertido en
impresionantes máquinas burocráticas con una propensión permanente a invadir
todas las esferas y escalones del poder, viven del dinero público, no de las
cuotas de sus afiliados, y sirven de agencia de colocación de sus peones,
muchos de ellos sin preparación ni cualificación política o técnica. Así, han
terminado por copar las administraciones públicas desplazando en muchas
ocasiones a los propios profesionales de la administración sustituyéndoles por
los “enchufados”. Es casi una vuelta al sistema del siglo XIX, denunciado
magistralmente por Galdós, en el que la alternancia en el poder conllevaba el
inmediato relevo de miles de colocados en detrimento de la profesionalidad de
las administraciones públicas. A todo ello hay que sumar el abuso permanente de
buena parte de la clase política de los instrumentos legales a su disposición
atribuyéndose toda clase de privilegios fiscales, sociales, económicos y
jurídicos mientras la gente lo pasa francamente mal.
España necesita un Estatuto
de los Cargos Políticos que acabe con esta situación y que establezca unas reglas claras,
precisas y estrictas. Sería sin duda una saludable iniciativa democrática. Este
Estatuto debería impulsar reformar legislativas para:
- Encuadrar las pensiones de los parlamentarios nacionales y autonómicos en
el sistema general de pensiones, sin privilegio alguno. No existe ninguna razón
que justifique un sistema diferenciado.
- Establecer para los mismos un baremo de retribuciones transparente en el
que las dietas e indemnizaciones, perfectamente delimitadas y controladas, sean
las mismas que las asignadas en los PGE para los funcionarios de más alto
nivel.
- Modificar las pensiones vitalicias de Presidentes de Gobierno y
Presidentes Autonómicos, estableciendo límites e incompatibilidades con otros
ingresos. Incompatibilizar la percepción de dichas pensiones con el cobro de
retribuciones provenientes de empresas o consorcios que tengan o hayan tenido vinculación
con la actividad de las administraciones públicas.
- Suprimir los privilegios fiscales de los parlamentarios y demás cargos
públicos.
- Limitar el aforamiento a los miembros de las Cortes y del Gobierno.
- Incompatibilizar el desempeño simultáneo de dos puestos electivos, por
ejemplo, ser alcalde y diputado nacional o autonómico o senador. No se puede
pertenecer al legislativo y al ejecutivo de forma simultánea ni desempeñar
íntegramente dos cargos sin merma en la dedicación a uno de ellos o a ambos.
- Incompatibilizar la percepción de ingresos de carácter público o
semipúblico con las retribuciones de sus cargos. Es preciso terminar con la
práctica habitual por la que muchos cargos públicos perciben dos o más ingresos
públicos o de origen público como los provenientes de sus partidos políticos.
- Incompatibilizar el desempeño de un cargo público con actividades
privadas o de representación en consejos de administración incluso en empresas
públicas.
- Establecer una escala retributiva nacional para todos los cargos públicos
y directivos de empresas públicas o privadas cuyos ingresos provengan de
subvenciones públicas de modo que ninguna retribución pueda superar a la
percibida por el Presidente del Gobierno.
- Reducir de forma drástica el número de asesores y cargos de confianza en
todas las administraciones públicas, limitando su existencia exclusivamente a
tareas de comunicación e imagen, tareas que no suelen existir en las
organizaciones públicas.
- Exigencia de un mínimo de experiencia profesional previa, sea en el
ámbito privado o en el público, para el acceso a un cargo político, sea de
elección directa o de libre designación.
- Limitar a dos mandatos los cargos de representación electiva.
- Reducir ostensiblemente el número de coches oficiales en todas las administraciones
públicas y eliminar las tarjetas de crédito para gastos de representación.
- Limitar los gastos de representación.
Se trata de una relación de medidas perfectamente ampliable que podrán
contribuir a la exigencia de austeridad y ejemplaridad que, hoy por hoy, están
tan ausente en el quehacer diario de buena parte de nuestra clase política. Impulsar
un Estatuto de los Cargos Públicos en la dirección señalada sería, sin duda,
una muestra más de la existencia de una voluntad regeneradora de nuestro sistema
políticos, aunque mucho me temo que pocos partidos se atreverán a recoger un
guante como éste.
Santiago de Munck Loyola.
No hay comentarios:
Publicar un comentario