La irresponsable agenda sanchista.

En períodos de crisis agudos como el que en estos momentos se vive en España constituye un ejercicio de responsabilidad política por parte de quienes dirigen el Estado intentar encontrar puntos de encuentro lo más abiertos e integradores posibles para aunar el máximo de voluntades políticas que puedan contribuir a superar los graves problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Es indudable que en estos momentos coinciden a la vez graves problemas económicos, sanitarios, sociales, políticos e institucionales cuya solución podrá ser más o menos rápida en función de la capacidad del Gobierno, de la Oposición y de los agentes sociales para alcanzar acuerdos de estado. Y, para lograrlo, es indudable que quien gobierna debe actuar con cierta grandeza de espíritu abriendo campos para el diálogo y para el acuerdo que cuenten con el mayor respaldo ciudadano posible, es decir, que sumen el mayor respaldo parlamentario. Y, para ello, lo más inteligente y eficaz es acotar la agenda del debate a la solución de los problemas más graves para la inmensa mayoría de los ciudadanos y aparcar temporalmente cualquier cuestión que ideológicamente suponga barreras de difícil superación para los interlocutores. 

 

Es evidente que la gestión de la pandemia habría sido muy diferente si el Gobierno desde el primer día hubiese intentado implicar en las medidas a adoptar y en la gestión sanitaria a todas las fuerzas políticas, si hubiese actuado con absoluta transparencia y si hubiese, por tanto, corresponsabilizado al conjunto de las administraciones y de las fuerzas políticas y sociales en el rumbo a seguir para minimizar el impacto de la misma. Unir a la sociedad para la consecución de grandes objetivos colectivos es un imperativo político de un Gobierno que aspire realmente a ejercer el poder con responsabilidad. Los cambios profundos no se consolidan si vienen respaldados por una mayoría parlamentaria frágil y precaria.

 

Salir más fuertes de la pandemia no se consigue por proclamarlo propagandísticamente. Se consigue abordando cambios profundos que fortalezcan la cohesión social, que consoliden un Estado lo suficientemente fuerte para poder enfrentar cualquier emergencia sanitaria de forma unitaria; se logra removiendo los obstáculos que nos dificultan un mercado interior único incluyendo también una reforma educativa duradera y nacional, una política energética transparente sin concesiones a la demagogia, una política fiscal incentivadora de la creación de empleo, cuya destrucción es ahora más que nunca un auténtico drama, una política exterior alineada, sin concesión alguna al populismo, con los países referentes en progreso y libertad; y se logra reformando aquellos aspectos institucionales que lastran nuestra convivencia democrática como la debilidad de la independencia judicial o la desigualdad de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en función del territorio de residencia. Se sale más fuerte abordando de forma conjunta estos asuntos y despejando la agenda del debate político de aquellos otros que ni figuran en las preocupaciones de los ciudadanos, ni facilitan el entendimiento entre los partidos políticos.

 

Y en este sentido, no parece muy razonable, ni muy acuciante para la mayoría de los españoles sacar a la palestra el proyecto de Ley de Memoria Democrática. No sólo no es un tema prioritario, sino que además es un tema que sólo va a servir en estos momentos para reducir el campo de encuentro y de diálogo entre los grandes partidos para abordar en profundidad las reformas que nuestro país necesita para salir lo antes posible de la profunda crisis económica, política y social que atravesamos y para sentar unas bases sólidas de convivencia para las próximas décadas.

 

Los ciudadanos, la inmensa mayoría, queremos que se resuelvan los problemas de desempleo, que el precio de la electricidad sea asequible y que la factura de la luz deje de ser un instrumento de saqueo fiscal, queremos unas fronteras seguras y que nuestro país sea respetado, queremos que nuestros pensionistas reciban unas pensiones dignas y que se aseguren para las próximas décadas, queremos que nuestro sistema sanitario sea reforzado, queremos poder usar nuestro idioma en cualquier territorio español, queremos un pacto educativo y no reformas del modelo cada que hay un cambio de gobierno, queremos que los gobiernos no metan la mano ni en la caja pública, ni en la justicia ni en los medios de comunicación. 

 

Se equivocan y mucho quienes piensan que lo prioritario es imponer ese insulto a la lengua española que es el mal llamado lenguaje inclusivo o la mal llamada memoria democrática. Eso no es abrir ámbitos de diálogo, ni abordar los problemas más graves que a diario sufrimos los ciudadanos. Es simplemente irresponsabilidad ideológica. Es puro sanchismo.

 

Santiago de Munck Loyola