El
pasado mes de noviembre tocó a los vecinos de Madrid sufrir las consecuencias
de la huelga de los empleados de las empresas concesionarias de los servicios
de limpieza viaria. El conflicto que enfrentaba a trabajadores y empresas
concesionarias tenía su origen en la entrada en vigor el 1 de agosto de un
nuevo contrato que integraba los servicios de limpieza y de jardinería y por el
que las concesionarias iban a recibir un 16% menos de dinero por hacer el mismo
trabajo. Las empresas que voluntariamente habían suscrito el nuevo contrato
decidieron plantear un ERE con el despido inicial de 1.400 trabajadores,
rebajado posteriormente a 1.134. Y la huelga cuyas consecuencias pagaron los
contribuyentes estalló. Tras varias jornadas de huelga y la aparición de la
empresa pública Tragsa para paliar los graves efectos de la huelga, empresas y
trabajadores llegaron a un acuerdo y la huelga fue desconvocada. La semana
pasada le llegó el turno a nuestra ciudad. En esta ocasión, a los cinco meses
de que el Ayuntamiento otorgase el traje a medida, perdón, el contrato del
servicio de recogida de basuras por 12 años al único licitador, cosa extraña en
este país donde a cualquier licitación pública acuden decenas de empresas, la
UTE de la que forma parte la empresa ¡Oh casualidad! del Sr. Ortiz, el de la
fiesta en pijamas con la Sra. Alcaldesa, se inició una huelga por parte de los
trabajadores de este servicio municipal. Tras varios años de recortes en las
condiciones de los trabajadores del servicio municipal impuestos por parte de
INUSA, empresa que forma parte de la UTE que hace 5 meses se vio agraciada con
el suculento contrato municipal, se quería producir una nueva vuelta de tuerca
pretendiendo eliminar el convenio vigente. Parece que, al final y gracias a la
huelga, el ajuste se va a limitar a tres
años sin subida salarial (la empresa quería cinco), media hora más de jornada que
antes, un máximo de 40 días anuales de baja por enfermedad común por cada
trabajador y mantener 21 días de vacaciones entre octubre y mayo,
principalmente. Y, en estos días, también en una importante localidad,
Alcorcón, se está desarrollando otra huelga del servicio de recogida de
basuras.
La
falta de recursos económicos, el despilfarro y la mala gestión está empujando a
muchos ayuntamientos a reducir de forma importante las partidas destinadas a
servicios públicos básicos y esenciales como la limpieza viaria o el
tratamiento de residuos. Pretenden que con menos dinero se sigan prestando esos
servicios sin importar, al parecer, que ello repercuta en la calidad de las
prestaciones. Y en esta estrategia parece que participan, sin ningún reparo,
las empresas concesionarias que, al final, hacen recaer los recortes en los
trabajadores con el fin de mantener e incluso incrementar sus beneficios
empresariales a pesar de la dureza de la crisis. Hasta ahora al obtener una
adjudicación de un contrato para prestar estos servicios públicos, el
adjudicatario se subrogaba en las relaciones existentes con los trabajadores
que venían prestando el servicio para el antiguo adjudicatario. Sin embargo,
los últimos conflictos evidencian que ya no es así. Las empresas licitan a la
baja y automáticamente intentan repercutirla en los empleados con el
consiguiente deterioro del servicio público prestado mediante la gestión
privada.
El
debate sobre la gestión pública o privada de servicios públicos siempre ha
estado presente entre los partidos políticos y últimamente los ciudadanos hemos
podido asistir a la confrontación dogmática entre la izquierda y la derecha.
Hay quienes defienden a ultranza la bondad de la gestión privada y tratan de
identificarla con una mayor economía y eficiencia y desde posiciones
ideológicas contrarias se defiende la gestión pública de los servicios públicos
como la única válida. Sin embargo, se trata de un debate falso y tramposo. Los
que en un municipio o en una comunidad defienden la gestión pública a ultranza,
resulta que en no pocas ocasiones allí donde gobiernan no tienen reparo alguno
en apostar por el modelo de gestión privada. Basta recordar que, por ejemplo,
en Rivas Vaciamadrid, quizás el municipio más grande gobernado por IU con
mayoría absoluta, la Empresa Municipal de la Vivienda está gestionada por una
empresa privada mientras el Ayuntamiento se manifiesta una y otra vez contra
cualquier iniciativa privatizadora del gobierno regional madrileño.
Sin
embargo, la elección entre una fórmula u otra no es tan simple ni puede
obedecer simplemente al color político del gobernante. Hay que tener en cuenta
que al coste de cualquier servicio público hay que añadirle cuando está
privatizado o externalizado, como gusta a algunos denominarlo, el importe del IVA
que cada Ayuntamiento ha de abonar a la empresa gestora y el propio beneficio
empresarial de la misma. La diferencia entre la gestión directa o a través de
un concesionario sería mucho menor si las administraciones públicas no tuvieran
que pagar el IVA en los casos de gestión de servicios públicos a través de
empresas privadas, pero no es así y no parece que el Ministerio de Hacienda
esté dispuesto a aligerar la presión fiscal a los municipios ni a los
contribuyentes. La elección entre la gestión privada o pública de los servicios
públicos no puede ni debe depender de dogmas políticos, de ideologías, sino del
sentido común, de las características propias del servicio a prestar, de la
capacidad operativa de la administración, de la capacidad económica y de la
cualificación de los gerentes del mismo y, sobre todo, de la obligación
política de prestar al ciudadano los mejores servicios con la máxima
eficiencia.
Desgraciadamente
no siempre impera el sentido común ni gran parte de la clase política dirigente
está a la altura para asumir y poner en marcha retos semejantes. Da la
sensación que muchas veces se opta por el camino más fácil. Seguramente,
nuestro Ayuntamiento cuenta con la capacidad humana y técnica para ofrecer
muchos servicios públicos de forma directa y con unos niveles de calidad y
eficiencia similares o superiores a los de muchas empresas pero da la sensación
de que falta la voluntad, la valentía y la capacidad en sus rectores para
apostar por ello o que priman más los intereses particulares que los del
conjunto de los alicantinos.
Santiago
de Munck Loyola
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