Los empleados públicos chivos expiatorios.

Parece que en esta crisis los empleados públicos se han convertido en una especie de chivo expiatorio al que inmolar sobre el altar de los recortes. Es como si todo gobierno que se precie tuviera la necesidad o la obligación de propinar a este colectivo un pescozón para general deleite de la opinión pública. ¿Que los políticos han despilfarrado y han malgastado el dinero de los contribuyentes? Pues nada, siempre se empieza por congelar o recortar las retribuciones de los empleados públicos. Eso sí, de forma previa es preciso contar con la atmósfera adecuada y ningún ambiente más propicio para ello que el existente con más de cinco millones de parados en el que calan perfectamente toda clase de mensajes: que sobran muchos empleados públicos, que no trabajan lo exigible, que se lo llevan crudo, que tienen mucho absentismo laboral o que tienen asegurado de por vida el puesto de trabajo. Una vez se ha predispuesto adecuadamente a la opinión pública se produce el cíclico hachazo que generalmente es recibido con alborozo y satisfacción de muchos.

Es evidente que la imagen de los empleados públicos no se encuentra en esta época en sus mejores momentos. Es muy posible que a ello también haya contribuido la irresponsabilidad o la cara dura de algunos empleados públicos. Es cierto que existen en algunos ámbitos determinados abusos, pero si es así los responsables son los mandos, generalmente los políticos, que no han puesto remedio a estas situaciones, bien porque no han querido o bien porque no han sabido. A buenas horas un empresario permitiría que, día tras día, sus empleados llegasen dos horas tarde a trabajar como ocurre en algunos juzgados, por poner un ejemplo, o que sus trabajadores se llevasen a casa para uso particular materiales de la empresa, como ocurre en algunos hospitales o centros de salud, por poner otra ejemplo. A ningún buen empresario tampoco se le ocurriría poner a dirigir una fábrica o una tienda a personas sin la más mínima preparación por el simple hecho de pertenecer al mismo club de fútbol y, sin embargo, estamos hartos de ver cómo el simple hecho de poseer un determinado carnet político o la simple amistad sirve para ostentar máximas responsabilidades en muchos ámbitos públicos. Parece pues que existe una evidente responsabilidad en el consentimiento de determinados abusos por parte de algunos empleados públicos, abusos que en todo caso se producen por culpa o negligencia de la clase política y cuya difusión mancha la imagen del conjunto de servidores públicos. Y si a ello se añade la irracional pretensión de algunos políticos de identificar la gestión privada como paradigma de todas las bondades entonces podremos hacernos una clara idea de que detrás de esta mala imagen existe algún interés oculto.

Pese a todo, la realidad de la función pública es mucho más compleja de lo que evidencian las simplificaciones interesadas que circulan por ahí. Los empleados públicos también pueden perder sus puestos de trabajo, claro que sí. Con más o menos dificultad según su carácter funcionarial o laboral, pero pueden perderlo en determinadas ocasiones. Esa justificación de que son unos privilegiados por tener un puesto de trabajo para toda la vida y que por tanto no pasa gran cosa porque se les recorte el sueldo es falsa. Parece increíble, que el patrón de patronos, el Sr. Rosell, afectado por algún tipo de fobia funcionarial, pidiese hace unos meses sacrificios a los empleados públicos justificándolo precisamente "como tributo a los que no tienen un contrato para toda la vida" y en compensación por las "ventajas y beneficios". Afirmaba pomposamente que "no es el momento de la queja constante, sino de la responsabilidad constante". Y se quedó tan ancho mientras sigue percibiendo subvenciones que pagamos todos. Pues bien, desde 1982 a 2007, sin contar los sablazos del Sr. Zapatero y los últimos del Sr. Rajoy, los empleados públicos han perdido más del 42 % de su poder adquisitivo. ¿Más sacrificios?

Y forman parte de esta función pública a la que hay que seguir recortando para regocijo del personal los Policías, los Guardias Civiles o los soldados que nos protegen y a veces a costa de su propia vida, los bomberos y agentes forestales que mueren cada año en los pavorosos incendios que nos asolan cada verano, las trabajadores sociales que se ven desbordados para atender a los cientos de miles de personas arruinadas por la gestión de los políticos, el personal sanitario en cuyas manos ponemos nuestras propias vidas, el personal docente al que confiamos a nuestros hijos, las miles de personas que mantienes habitables nuestras calles o todos aquellos que nos resuelven la complicada burocracia que nos imponen unos dirigentes políticos incapaces de construir una sociedad más racional, por citar algunos ejemplos. No, los empleados públicos no son una cuerpo informe y abstracto idóneo para cualquier ocurrencia presupuestaria.

Hay quien dice que sobran, como mínimo, 500.000 empleados públicos en España. No lo sé. Puede que sea así pero una cosa es indudable: si queremos recibir unas prestaciones públicas de calidad, los empleados públicos son imprescindibles y deben ser tratados justamente. Es evidente que existen sectores no esenciales, en concurrencia desleal con el sector privado y además permanentemente deficitarios que podrían ser perfectamente prescindibles sin que se resientan los pilares básicos de una sociedad moderna, es decir, la sanidad, la educación y la atención social. Pero da la casualidad de que es precisamente en aquellos sectores  no esenciales donde los Partidos Políticos han encontrado un auténtico filón para colocar a sus huestes prescindiendo, además, de los principios para el acceso a la función pública. Hay quien prefiere, por ejemplo, recortar el personal sanitario de su Comunidad Autónoma antes que cerrar las seudoembajdas abiertas por medio mundo en las que familiares y amigotes encuentran una colocación a medida. Un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer.

Santiago de Munck Loyola