Bochorno, vergüenza o indignación
son seguramente las sensaciones que tendrán muchos ciudadanos al leer estos
días las informaciones relativas a las conversaciones que mantenían nuestros
representantes políticos alicantinos, todos ellos del Partido Popular, con el
empresario Enrique Ortiz, autodenominado en las mismas como “la polla
insaciable”. Y a esa sensación se sumará el convencimiento de que los
gobernantes de nuestro Ayuntamiento lo han puesto a los pies de los intereses
de un particular. Una banda de políticos y empresarios han manejado a esta
ciudad, a los colectivos ciudadanos y a su Ayuntamiento a su antojo amañando o
apañando desde el Plan general de Ordenación Urbana hasta las contratas de los
servicios públicos, logrando incluso que en tiempos de crisis sólo acudiera una
empresa a la mayor licitación pública, 420 millones de euros, de la historia de
nuestra ciudad. Y ya adivinará el lector a quién le tocó. Los jueces dirán en
su momento si en todo ello hay o no delito, pero no hay quien pueda evitar que
los ciudadanos digamos que todo lo visto y oído es cutre, repugnante y
seudomafioso y que esta banda organizada, amparada en las siglas del PP y
protegida por la dirección popular alicantina ha hecho un daño enorme al
prestigio de nuestra ciudad y de nuestro Ayuntamiento.
Estamos ante un escándalo de
enormes proporciones que refleja claramente la gran extensión de la podredumbre
de parte de los actores del sistema político y que de haber sido conocido por
la mayoría de los vecinos de Alicante habría supuesto un castigo electoral aún
mayor que el recibido por el Partido Popular en las pasadas elecciones. Y los
vecinos deben saber que los responsables de esta situación no son sólo los que
aparecen en las grabaciones policiales, no, son muchos más y deben ser denunciados
públicamente.
Hay que denunciar públicamente a
la Alcaldesa Sonia Castedo y a su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi por
poner el Ayuntamiento al servicio de los intereses del Sr. Oriz, “la polla
insaciable”, y no al servicio de los intereses de los alicantinos que fueron
quienes con su voto los encumbraron al sillón municipal.
Hay que denunciar públicamente a
los concejales del Partido Popular, y que seún declaraciones del Sr. Barcala
estarán con la Alcaldesa hasta el final, que han sido y son cómplices con su
silencio y pasividad y que siguen apoyando a una Alcaldesa deslegitimada moral
y políticamente, no sólo ya por su imputación en los procedimientos judiciales,
sino también por la evidencia de sus impresentables conversaciones publicadas con
el Sr. Ortiz y de cuya veracidad nadie duda: apaños en el PGOU para el Estadio
Rico Pérez, para IKEA, abuso sobre el Hércules para intentar colocar al Sr. De Gea
y poder descabezar así a los comerciantes, etc.
Hay que denunciar públicamente a
los militantes populares que, conocedores de toda esta situación, han preferido
mirar para otro lado o han callado como siempre o han colaborado con su
pasividad ante las maniobras de unos indignos dirigentes populares siempre
encaminadas a mantener la red clientelar en la ciudad y a asegurarse el control
del partido para que nada cambie y sigan ganado los mismos.
Y hay que denunciar públicamente
a algunos medios de comunicación que han venido sacrificando la objetividad,
imparcialidad e independencia periodística a la connivencia con el poder
político y económico de la ciudad.
No nos engañemos, “la política de Sonia Castedo es la política
del Partido Popular y por ello no puede ser criticada públicamente por los
afiliados del PP”. Eso es lo que literalmente dice el Comité de Derechos y
Garantías del PPCV y eso es lo que avala Madrid. Seguramente, en los próximos
meses los dirigentes populares intentarán lavarse la cara. Podrán cambiar el
nombre y los rostros de los carteles electorales pero eso no significará un
cambio de política. La podredumbre actual es fruto del sistema de funcionamiento
interno del PP. No se olvide que los alcaldes y concejales del PP en la ciudad
de Alicante no fueron designados candidatos por las bases, sino impuestos desde
arriba para ajustar los repartos de poder entre los clanes del PP. Y, por ello,
los próximos candidatos populares al Ayuntamiento serán fruto también del
dedazo, el mejor sistema para propiciar la corrupción.
Por higiene democrática este PP
debe irse a su casa. Tras conocer todas las maniobras especulativas que se han llevado a cabo, este PP no está en condiciones de adoptar ni una sola decisión municipal sin que sea sospechosa. Y dado que este PP no tiene la más mínima intención de
rectificar, de pedir perdón y de regenerarse es evidente que no debe volver al
Ayuntamiento de Alicante en una buena temporada. Pero ello no significa que la
solución esté en la izquierda ni que el votante de centroderecha se vaya a
quedar huérfano porque hay opciones políticas dispuestas a no renunciar y a
defender los principios éticos que el PP de Alicante hace tiempo que abandonó.
Santiago de Munck Loyola
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