El “neuronazo” de Rajoy.

¿Se imagina alguien, sin que le de un ataque de risa, a Berlusconi anunciando propuestas para promover una mayor moralidad en la vida de los políticos? Impensable. Pues algo parecido ocurre cuando se escucha a Mariano Rajoy y a Mª Dolores de Cospedal anunciar, como acaban de hacer, la puesta en marcha en septiembre una serie de medidas de “regeneración democrática”. Rajoy acaba de  pedir el "esfuerzo de todos" para "intentar corregir los errores en el sistema" y ha citado entre sus objetivos la elección directa de los alcaldes, la revisión del número de aforados, cambios en el régimen económico de los partidos y en el estatuto de los altos cargos. Según el Presidente Rajoy, la "regeneración democrática" es una de las prioridades del país, junto con la "consolidación de la recuperación económica". En febrero de 2013 ya hizo Mariano Rajoy un anuncio similar sin que hasta el día de hoy se haya vuelto a tener noticias de la pretendida regeneración democrática. Ya se sabe que el líder popular es más bien lento tomando decisiones, pero dado el tiempo transcurrido y a la luz de los últimos resultados electorales parece que la resurrección de estas medidas regeneradoras obedece más a cierto susto por las recientes decisiones de los electores que a un impulso de conciencia política.

El anuncio de Mariano Rajoy no es creíble por varias razones. Está claro que Rajoy no entiende bien la idea y el alcance de la regeneración democrática o, si la entiende, quiere colarnos en realidad un simple maquillado del sistema. Rajoy anuncia una serie de medidas, muy limitadas e interesadas por cierto, que responden a una iniciativa personal o de su círculo inmediato de asesores. No se trata, ni muchos menos, de medidas propuestas por el Partido Popular como consecuencia de un debate ideológico abierto en su seno, entre los afiliados populares, no. Se trata de un “neuronazo” presidencial, de una ocurrencia particular y que todos acatarán disciplinadamente en la casa, como acatan siempre el “dedazo” presidencial. Quiebra, por tanto, el espíritu regenerador de estas medidas por su propio origen y es que sin democracia interna, sin debate y participación interna en los partidos, no hay regeneración democrática posible. Los tiempos del despotismo ilustrado hace tiempo que pasaron.

Otra razón que resta credibilidad al “neuronazo” presidencial es que una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. Para proponer medidas de regeneración democrática como respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos hay que empezar por ponerlas en práctica la propia casa de uno. El sistema político necesita medidas de regeneración o se derrumbará. Y las medidas regeneradoras las tienen que poner en práctica los partidos políticos, únicos agentes legitimados en una democracia para hacerlo. Son los partidos políticos los primeros que han de regenerarse y, antes de proponer medidas a los demás partidos, Rajoy debería empezar por ponerlas en práctica en su propia casa. Según el propio Partido Popular en la Comunidad Valenciana “proponer medidas de regeneración democrática es inadmisible” y constituye causa de expulsión de los afiliados. Que se lo pregunte el Sr. Rajoy a sus subordinados Alberto Fabra, José Ciscar, José Juan Zaplana o Felipe del Baño, por citar sólo a algunos de los liquidadores de afiliados molestos. Un partido político que no practica la democracia interna, que tiene doble contabilidad, que paga sobresueldos aunque sean legales, que vulnera los derechos de sus militantes a los que oculta sus cuentas, que ampara y protege a los corruptos como en la Provincia de Alicante, por citar solo una, no tiene autoridad moral o política alguna para ir proponiendo medidas regeneradoras. Debe empezar por limpiar su propia casa. Y no hace falta pactar con la oposición, por ejemplo, para que el propio Rajoy o Montoro renuncien al cobro de la dieta del congreso por vivienda, cuando tienen varias en Madrid, o para renunciar a pensiones superiores a las máximas permitidas al resto de los ciudadanos o para renunciar a los privilegios fiscales de los diputados o para establecer incompatibilidades y prohibir pluriempleos públicos de sus compañeros de partido.

Tampoco da credibilidad al “neuronazo” regenerador rajoyano el hecho de que se haya apresurado a proponer la elección directa de los alcaldes, designando al más votado, a menos de un año de las próximas elecciones municipales. Es evidente que esta propuesta renace a la vista de los pésimos resultados electorales de las elecciones europeas y responde no a una voluntad regeneradora sino al miedo de perder muchísimas alcaldías en los próximos comicios municipales, ante la posibilidad cierta de que los grupos municipales minoritarios que se formen lleguen a acuerdos para desalojar al PP de ciertos sillones consistoriales y poder limpiar los Ayuntamientos, como bien podría pasar en la ciudad de Alicante. En todo caso, esta propuesta requerirá el consenso, como mínimo, con el PSOE que posiblemente la asumirá, aunque sea con matices, ante sus negras perspectivas electorales.

Es hora de la regeneración democrática, a pesar de algunos, y el que no quiera entenderlo y asumirlo con sinceridad y honestidad terminará cavando su propia tumba política. Pero mientras los partidos no cambien internamente y dejen que las propuestas regeneradoras nazcan desde sus propias bases estaremos hablando de simples “neuronazos” de los “capos”, de maquillajes del sistema que terminarán embadurnando el rostro de nuestra democracia. Financiación de los partidos políticos, eliminación de aforamientos, democracia interna, primarias, eliminación de subvenciones a partidos, patronales y sindicatos, fin de los privilegios fiscales y sociales de los políticos, incompatibilidades rígidas, independencia judicial real, reforma de la ley electoral, de la ley de contratos de las administraciones públicas, estatutos de los cargos políticos, … son algunos de los temas que deben necesariamente figurar en una agenda auténticamente regeneracionista. Lo demás son brindis al sol o simples fuegos artificiales.

Santiago de Munck Loyola

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El PP de Alicante con “la polla insaciable”.

Bochorno, vergüenza o indignación son seguramente las sensaciones que tendrán muchos ciudadanos al leer estos días las informaciones relativas a las conversaciones que mantenían nuestros representantes políticos alicantinos, todos ellos del Partido Popular, con el empresario Enrique Ortiz, autodenominado en las mismas como “la polla insaciable”. Y a esa sensación se sumará el convencimiento de que los gobernantes de nuestro Ayuntamiento lo han puesto a los pies de los intereses de un particular. Una banda de políticos y empresarios han manejado a esta ciudad, a los colectivos ciudadanos y a su Ayuntamiento a su antojo amañando o apañando desde el Plan general de Ordenación Urbana hasta las contratas de los servicios públicos, logrando incluso que en tiempos de crisis sólo acudiera una empresa a la mayor licitación pública, 420 millones de euros, de la historia de nuestra ciudad. Y ya adivinará el lector a quién le tocó. Los jueces dirán en su momento si en todo ello hay o no delito, pero no hay quien pueda evitar que los ciudadanos digamos que todo lo visto y oído es cutre, repugnante y seudomafioso y que esta banda organizada, amparada en las siglas del PP y protegida por la dirección popular alicantina ha hecho un daño enorme al prestigio de nuestra ciudad y de nuestro Ayuntamiento.

Estamos ante un escándalo de enormes proporciones que refleja claramente la gran extensión de la podredumbre de parte de los actores del sistema político y que de haber sido conocido por la mayoría de los vecinos de Alicante habría supuesto un castigo electoral aún mayor que el recibido por el Partido Popular en las pasadas elecciones. Y los vecinos deben saber que los responsables de esta situación no son sólo los que aparecen en las grabaciones policiales, no, son muchos más y deben ser denunciados públicamente.

Hay que denunciar públicamente a la Alcaldesa Sonia Castedo y a su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi por poner el Ayuntamiento al servicio de los intereses del Sr. Oriz, “la polla insaciable”, y no al servicio de los intereses de los alicantinos que fueron quienes con su voto los encumbraron al sillón municipal.

Hay que denunciar públicamente a los concejales del Partido Popular, y que seún declaraciones del Sr. Barcala estarán con la Alcaldesa hasta el final, que han sido y son cómplices con su silencio y pasividad y que siguen apoyando a una Alcaldesa deslegitimada moral y políticamente, no sólo ya por su imputación en los procedimientos judiciales, sino también por la evidencia de sus  impresentables conversaciones publicadas con el Sr. Ortiz y de cuya veracidad nadie duda: apaños en el PGOU para el Estadio Rico Pérez, para IKEA, abuso sobre el Hércules para intentar colocar al Sr. De Gea y poder descabezar así a los comerciantes, etc.

Hay que denunciar públicamente a la Dirección Provincial del Partido Popular que se ha dedicado a perseguir y a expulsar a los afiliados que denunciábamos esta situación y que promovíamos el concepto para ella maldito, de la regeneración democrática, mientras toleraba y protegía a los responsables de este impresionante escándalo. Hay que denunciar públicamente al Presidente Provincial, José Ciscar, y al Secretario General Provincial, José Juan Zaplana, que desde el primer momento se han alineado con la Alcaldesa y en lugar de pedirle que abandonase el Grupo Municipal Popular al ser imputada, el segundo acudió raudo y veloz a presidir una cena de homenaje a la misma al conocerse su múltiple imputación y que, en vez de aplicar la línea roja de Alberto Fabra en virtud de la cual los imputados no podrían ostentar responsabilidades orgánicas en el PP, decidieron suprimir fraudulentamente el PP de la ciudad, trocearlo en distritos y nombrar a Sonia Castedo, nada menos, coordinadora de los mismos. Han preferido convivir con semejante panorama a correr el más mínimo riesgo ante una eventual pérdida de la Alcaldía. Han sacrificado los principios al materialismo y al más espurio pragmatismo.

Hay que denunciar públicamente a los militantes populares que, conocedores de toda esta situación, han preferido mirar para otro lado o han callado como siempre o han colaborado con su pasividad ante las maniobras de unos indignos dirigentes populares siempre encaminadas a mantener la red clientelar en la ciudad y a asegurarse el control del partido para que nada cambie y sigan ganado los mismos.

Y hay que denunciar públicamente a algunos medios de comunicación que han venido sacrificando la objetividad, imparcialidad e independencia periodística a la connivencia con el poder político y económico de la ciudad.

No nos engañemos, “la política de Sonia Castedo es la política del Partido Popular y por ello no puede ser criticada públicamente por los afiliados del PP”. Eso es lo que literalmente dice el Comité de Derechos y Garantías del PPCV y eso es lo que avala Madrid. Seguramente, en los próximos meses los dirigentes populares intentarán lavarse la cara. Podrán cambiar el nombre y los rostros de los carteles electorales pero eso no significará un cambio de política. La podredumbre actual es fruto del sistema de funcionamiento interno del PP. No se olvide que los alcaldes y concejales del PP en la ciudad de Alicante no fueron designados candidatos por las bases, sino impuestos desde arriba para ajustar los repartos de poder entre los clanes del PP. Y, por ello, los próximos candidatos populares al Ayuntamiento serán fruto también del dedazo, el mejor sistema para propiciar la corrupción.

Por higiene democrática este PP debe irse a su casa. Tras conocer todas las maniobras especulativas que se han llevado a cabo, este PP no está en condiciones de adoptar ni una sola decisión municipal sin que sea sospechosa. Y dado que este PP no tiene la más mínima intención de rectificar, de pedir perdón y de regenerarse es evidente que no debe volver al Ayuntamiento de Alicante en una buena temporada. Pero ello no significa que la solución esté en la izquierda ni que el votante de centroderecha se vaya a quedar huérfano porque hay opciones políticas dispuestas a no renunciar y a defender los principios éticos que el PP de Alicante hace tiempo que abandonó.

Santiago de Munck Loyola

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El PP alicantino ensuciando el prestigio de Alicante.

Durante los últimos días, diversos medios de comunicación están publicando las escuchas policiales o la transcripción de las mismas efectuadas a varios de los implicados en los casos de corrupción que afectan a políticos municipales y a empresarios de la ciudad de Alicante. Los principales protagonistas de estas grabaciones son la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, (Partido Popular) y el empresario Enrique Ortiz. Es sencillamente vergonzoso tanto en el tono como en el contenido lo que se está publicando. El nombre de la ciudad de Alicante y su representación institucional quedan por los suelos. Hoy por hoy, la Alcaldesa está imputada por cuatro graves delitos y salvando su presunción de inocencia lo que sí se puede afirmar con absoluta rotundidad es que su grado de compadreo con el Sr. Ortiz, la sumisión al mismo de la representación municipal y el estilo cutre y tabernario de las conversaciones son inadmisibles e incompatibles con la más alta representación municipal. Ni la ciudad de Alicante, ni los vecinos se merecen tanta y tan cara basura.

Según el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, "la política de la Alcaldesa de Alicante es la política del Partido Popular y por ello no puede ser criticada públicamente por los afiliados del PP". Será por ello que al ser imputada se organizó una cena de homenaje que presidió nada menos que el Secretario General del PP de Alicante José Juan Zaplana, en claro y chulesco desafío a la justicia y a los ciudadanos decentes. Pero es indudable que el Partido Popular de Alicante es cómplice y encubridor de esta situación, al menos por su actitud pasiva y por su acoso a los que pidieron públicamente más honradez expulsándolos finalmente del PP.

Sea o no finalmente culpable o inocente la Alcaldesa, alguien debería pedir perdón a los alicantinos por la deplorable imagen que se está transmitiendo de nuestra ciudad en toda España y por el desprestigio de la institución municipal y de la clase política que han fomentado con estas peculiares formas de entender la gestión municipal.

Conversaciones cariñosas.

El sobrino de Cotino trabajando para IKEA de Ortiz.

Santiago de Munck Loyola

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Felipe VI, nuevo Rey de España.

Tras unas semanas de polémicas e intensos debates públicos desencadenados por el anuncio de abdicación del Rey Juan Carlos I, hoy se han cumplido las previsiones constitucionales y D. Felipe de Borbón y Grecia ha prestado juramento ante las Cortes Generales y ha sido proclamado Rey de España. Durante estos últimos días se han cruzado toda clase de argumentos tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación entre los partidarios del cumplimiento de la Constitución y de los favorables a su quebrantamiento para promover un cambio de régimen, entre los defensores de la Monarquía y los republicanos. Hoy, sin embargo, todo ese ruido político ha quedado eclipsado, pese a los intentos de la izquierda radical, por la ceremonia de juramento y proclamación de Felipe VI.

Había mucha expectación entre los comentaristas políticos por el contenido del mensaje que iba a pronunciar en las Cortes el nuevo Rey y es evidente que, a la luz de algunas reacciones, el primer discurso de Felipe VI ha sido, ante todo, impecablemente constitucional. Se equivocan quienes esperaban un discurso cargado de novedades políticas que pudieran suponer un cambio de rumbo en la política española porque el Rey, con la Constitución, en la mano no puede anunciar en público lo que políticamente no le compete. La Constitución define perfectamente cuales son las tareas y el papel que el Rey como Jefe del Estado tiene y Felipe VI, como no podía ser de otra forma, se ha atenido a ello. Las supuestas decepciones que las palabras del nuevo Rey han provocado en algunos periodistas e incluso entre algunos políticos solo denotan su ignorancia sobre el papel constitucional de la Corona y de quien la encarna.

Felipe VI ha iniciado su reinado con un discurso constitucional en el que ha querido transmitir y recordar algunas ideas. De una parte ha hecho algo más que un protocolario agradecimiento y reconocimiento a la labor de su padre, su predecesor en la Corona, de quien ha subrayado que bajo su liderazgo fue posible la construcción de un modelo de convivencia para todos y un largo período de progreso, al ampliar este agradecimiento de forma emocionada al papel jugado por su madre, la Reina Sofía, cuyo prestigio entre los ciudadanos españoles, por cierto, está a la cabeza de la institución monárquica. 

De otra parte, ha recordado el papel que en nuestra Constitución se otorga a la Corona, sus funciones y las ventajas que su independencia partidista puede otorgar a la hora de desempeñar las labores de mediación y arbitraje entre los poderes del estado y las fuerzas parlamentarias. En este campo, además, ha hecho mención al sentido y a la orientación que quiere imprimir al estilo de su reinado apelando acertadamente a la transparencia de la institución y a la ejemplaridad que debe presidir la actuación de la Corona. Ha sido un acierto que hable de ejemplaridad, no sólo como referencia al descrédito generalizado de la política, sino especialmente como contrapunto de algunas actuaciones de su propio padre y de otros miembros de la Familia Real que han provocado la indignación de buena parte de la ciudadanía y una considerable pérdida de apoyo a la Institución. 

El nuevo Rey ha dejado claras dos cosas: que sabe que sin ejemplaridad la Monarquía pierde buena parte de su razón de ser y que sabe que tiene que ganarse día a día el puesto que la sangre y la legitimidad constitucional le han entregado. Felipe VI sabe que a la legitimidad histórica y a la legitimidad constitucional debe sumar la legitimidad de ejercicio. Por último, en su discurso el Rey no ha querido dejar de mencionar los problemas más candentes de nuestra sociedad: el desempleo, especialmente el de los jóvenes, la crisis y sus consecuencias, la necesidad de promover la investigación, el papel de la mujer en nuestra sociedad o las tensiones que sobre la unidad de España estamos viviendo, aunque lo haya hecho de una forma quizás excesivamente velada. Y, en este repaso a la actualidad general, posiblemente ha sido un olvido no mencionar a un importante sector de nuestra sociedad, los nueve millones de jubilados que tras una larga y muchas veces dura vida, están siendo imprescindibles para que muchas familias puedan sobrevivir en esta dura crisis.

Hoy a diferencia de lo que ocurrió hace 39 años no se abre una nueva etapa desde la ilusión y la esperanza colectiva, sino desde la desconfianza y el escepticismo de millones de ciudadanos a los que el sistema ha defraudado profundamente. Ojalá que la sucesión en la Corona sea sinónimo de regeneración de la misma y que su ejemplo sirva de impulso para promover también la regeneración en los demás ámbitos de las instituciones y en el propio sistema político. Ojalá Felipe VI acierte porque el éxito de su reinado supondrá un éxito colectivo.

Santiago de Munck Loyola

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El lodazal municipal del PP de Alicante.

Que hablen mal de uno aunque sea mal dicen con no poco cinismo algunos políticos que prefieren los titulares al ostracismo de los medios de comunicación aunque, con la que está cayendo, es posible que no sea esa precisamente la preferencia de los dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y, en especial, de PP de la Provincia de Alicante. Y es que 127 cargos públicos del PPCV imputados o procesados por casos de corrupción dan para mucho.

En pocos días se han sucedido noticias relacionadas con las investigaciones judiciales que afectan al PP de Alicante en nuestra ciudad y, en concreto, en nuestro Ayuntamiento. Produce sonrojo y vergüenza que un día sí y otro también el nombre de nuestro Ayuntamiento se vea arrastrado por las salas judiciales como consecuencia de las acciones de unos políticos y las omisiones de otros, más prestos a ser tolerantes y complacientes con los imputados que con quienes exigen honradez y limpieza en la vida pública.

Así, en pocos días hemos sabido que el Vicealcalde de Alicante, Andrés Llorens ha sido procesado por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental por un supuesto caso de obras amañadas y que el fiscal acaba de pedir tres años de prisión por esos hechos. Y como era de esperar, la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal por cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos en el supuesto amaño o apaño, vaya usted a saber, del PGOU de Alicante, se ha apresurado a apoyar en el presente y en futuro al Sr. Llorens en su decisión de no abandonar sus cargos en el consistorio alicantino tras su procesamiento. 

Hay que subrayar que la actitud política de la Alcaldesa apoyando a su Vicealcalde pese a su situación procesal no es ninguna novedad en el PP alicantino ya que ella misma recibió el apoyo del propio secretario general provincial del PP, José Juan Zaplana, que presidió una cena de homenaje a la Alcaldesa cuando se conoció su imputación. Hoy por ti, mañana por mí. Actitud congruente también con la mantenida, por ejemplo, por el concejal popular Luis Barcala quien tras la imputación declaró que los concejales estarían del lado de la Alcaldesa pasase lo que pasase. Es evidente que para el PP de Alicante las líneas rojas de Fabra no existen, aunque ello le esté costando al PP alicantino un auténtico varapalo electoral como el recibido hace pocos días.

Y, por si fuera poco lo anterior, hoy un medio de comunicación ha publicado que “La Policía detecta una red para amañar contratos en Alicante” y ha hecho públicos extractos de los “pinchazos” telefónicos del caso que investiga sobornos en el Plan E. Nótese que cuando se habla de una red para amañar contratos en Alicante se está haciendo referencia, desgraciadamente, al Ayuntamiento de Alicante. ¿En qué han convertido estos “señores” nuestra Casa Consitorial? El informe de la Policía relata cómo se adjudicaban obras sin concurso y cómo se inflaba su precio. 

Según este informe los contratos se adjudicaban después de haberse empezado a ejecutar, los precios que se incrementaban arbitrariamente por los técnicos y se fraccionaban los contratos para no superar el límite legal de 18.000 euros y poder concederlos así a dedo. Todo ello forma parte de un sumario que investiga una presunta trama de sobornos en Alicante para amañar contratos millonarios, entre ellos tres del Plan E. Y en las conversaciones grabadas, además de algún técnico, aparece también el Vicealcalde de Alicante.

Y para completar las noticias sobre el panorama judicial que salpica a nuestro Ayuntamiento, los medios también se han hecho eco de la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad declarándose  incompetente para continuar con la causa abierta contra el ex alcalde de Alicante y ex diputado autonómico Luis Díaz Alperi por presuntos delitos fiscales, al no ser ya aforado, e inhibiéndose en favor de los juzgados de Alicante.

Se trata de un panorama desolador de nuestro Ayuntamiento que dura ya demasiado tiempo. La desesperante lentitud de la Justicia es inaceptable porque el daño a la imagen de las instituciones de nuestra ciudad es enorme. Es inaceptable porque, además, en el caso de que los acusados resultasen finalmente inocentes se les ha habría sometido a una larga presión injusta. Y es inaceptable porque, finalmente, si resultasen culpables habrían seguido manejando la administración demasiado tiempo. Pero aún aceptando que la Justicia en España tiene sus tiempos y que los implicados han podido contribuir intencionadamente a la prolongación de las causas, lo cierto es que el daño a la imagen de nuestro Ayuntamiento y a la de la clase política, en general, está hecho. Alicante no se merece tanto paseíllo judicial. Alicante se merece un Ayuntamiento transparente y libre de sospechas, un Ayuntamiento digno de confianza y unos regidores dispuestos a sacrificar sus intereses personales por los de la ciudad. Tan es así que los electores se han dado cuenta de ello y ya han dado un serio aviso al principal responsable de esta situación, al Partido Popular de Alicante, que ha sido castigado el pasado 25 de mayo con más fuerza que el resto del PPCV al bajar un 4 % más que la media.

La Asociación Esperanza Popular de Alicante, desde su nacimiento, ha venido denunciando esta penosa situación y ha reivindicado la necesidad de una profunda regeneración política que se traduce en más transparencia, más ejemplaridad, más honradez y más eficacia en la gestión pública. Y pronto dará un paso más pasando de la denuncia y la reivindicación a las propuestas concretas y a las alternativas, porque ni la Provincia de Alicante, ni la ciudad de Alicante, ni quienes han visto defraudado su voto se merecen este lodazal.

Santiago de Munck Loyola

Alicante languidece y nuestros ediles en Babia.

Un somero repaso por la actividad de los Plenos de miles de Ayuntamientos permite constatar en los mismos la presencia de una multitud de estadistas frustrados disfrazados de humildes concejales al servicio de sus vecinos. En los salones de Plenos de muchísimos Ayuntamientos resuenan grandilocuentes discursos de concejales metidos a estadistas para defender mociones y propuestas sobre asuntos de Estado que escapan a las competencias de los Ayuntamientos y cuyas resoluciones carecen de la más mínima efectividad legal. Parece que vale todo y hay grupos municipales que no tienen rubor alguno en embarcar a sus consistorios en debates sobre la OTAN, sobre la Guerra de Irak, sobre la República o sobre el sexo de los ángeles si es menester y si ello contribuye a la consecución de sus fines partidistas por encima, si hace falta, del interés de sus representados y de la propia institución municipal. Y en esta estrategia, que bien podría ser calificada de filibustera, la izquierda española es especialista. Cuando la izquierda no gobierna en el Estado o en una comunidad autónoma concreta los Ayuntamientos son usados como caja de resonancia de sus propuestas: lo que no han conseguido en las urnas lo agitan en los plenos municipales para provocar el desgaste político del adversario aún sabiendo que los Ayuntamientos carecen de competencias legales sobre la mayor parte de los asuntos que en esas mociones son llevados a debate.

Y, si no lo saben, deberían saberlo. Sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Alicante, los concejales Pavón y Simón de Izquierda Unida han solicitado un Pleno extraordinario para tratar un asunto que, al parecer, es muy urgente: un hipotético referéndum sobre la monarquía o república, saltándose por supuesto las previsiones de reforma de la Carta Magna. D. Miguel Ángel Pavón y D. Daniel Simón piden que ese pleno se celebre cuanto antes ante la urgencia con la que el Gobierno de España quiere tramitar la ley orgánica que daría amparo legal a la abdicación de Juan Carlos I y a su sucesión por Felipe VI. Y como no quieren quedarse atrás en esta carrera de despropósitos, los concejales del Grupo socialista del Ayuntamiento alicantino también llevarán al Pleno una propuesta de reforma de la Constitución que abarque el modelo de Estado y, además, demandas sociales y económicas, de garantías jurídicas y de derechos ciudadanos. No parece que se trate de un asunto de simple ignorancia política, de desconocimiento de las competencias de un Ayuntamiento, no, porque tratándose de un Ayuntamiento como el de Alicante que cuenta con 55 asesores para 29 concejales, parece que los ediles están suficientemente asesorados e informados sobre su misión y sobre el contenido y alcance del trabajo por el que cobran. Parece más bien que a nuestros ediles les importa un pito las competencias municipales atribuidas a los Ayuntamientos por nuestras leyes y que anteponen sus intereses partidistas, sus soflamas ideológicas, al interés y a las necesidades de los vecinos de Alicante que les pagamos el sueldo con nuestros impuestos.

Argumentarán en su favor que el Pleno debe debatir y reflejar el sentir de la calles y que su libertad de opinión prevalece ante cualquier otra consideración. Lo de siempre. Pero lo cierto es que un Ayuntamiento y sus concejales están para lo que dice la Ley y para satisfacer las necesidades de los vecinos desde las competencias municipales. Y para otras materias que no son de competencia municipal los contribuyentes ya costeamos un parlamento regional y otro nacional. Utilizar los medios municipales y el dinero de los contribuyentes para otros fines que no sean los expresamente señalados por la Ley se llama malversar fondos públicos.

Elegimos a los concejales y les pagamos para que se ocupen de nuestra ciudad y falta le hace, por cierto. Nuestros concejales están unos para gobernar y otros para controlar la acción de gobierno y proponer alternativas de gobierno municipal. Falta hace que alguien se ocupe en serio de acabar con la sensación de podredumbre que parece haber invadido la gestión municipal. Falta hace que se denuncie el abandono que se detecta en muchos de nuestros barrios y nuestras calles, que se acaben infraestructuras aletargadas desde hace años y que se planifiquen las imprescindibles para maximizar la posición estratégica de nuestra ciudad. Falta hace que se potencie nuestro comercio, nuestro turismo, nuestras actividades empresariales. Falta hace que se acabe con la espiral inflacionista de los tributos municipales y que se acabe con la falta de transparencia y las irregularidades en las contrataciones municipales. La lista de las tareas a realizar por nuestros concejales es inmensa y es para esas tareas exclusivamente municipales para las que los contribuyentes alicantinos les pagamos. No para otras. Y mientras algunos no cambien el paso será imposible que nuestra ciudad recupere el peso y el brillo que algunos incompetentes le han robado.

Santiago de Munck Loyola

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2 de junio de 2014, un día para la historia.

El pasado dos de junio pasará, sin lugar a dudas, como una fecha señalada en los libros de historia por el anuncio oficial de la abdicación del Rey, Juan Carlos I. Un anuncio que nos ha cogido por sorpresa a los ciudadanos españoles enfrascados muchos aún en los análisis y los debates sobre las recientes elecciones europeas y sus consecuencias y desplazando, afortunadamente, de los titulares de los medios de comunicación al líder de “Podemos” cuya saturada presencia mediática empezaba a aburrir hasta a las ovejas.

El anuncio de la abdicación del Rey supone el cierre de una larga e importante etapa de nuestra historia y el inicio de otra nueva llena de incertidumbres. Es muy pronto para realizar un análisis y un balance objetivo del reinado de Juan Carlos I. Será el paso del tiempo el que permita en el futuro tener una mejor perspectiva de estos 39 años de reinado. Pero sí podemos, aunque sea con toda la subjetividad del mundo, plasmar cada cual nuestras opiniones y sensaciones sobre una etapa histórica que es la nuestra y sobre quienes han ostentado las máximas responsabilidades institucionales durante la misma.

A pesar de las explicaciones oficiosas y de los razonables argumentos que muchos comentaristas han expuesto para justificar las razones y el momento elegido para esta abdicación, da la sensación de que algo se oculta, de que algo no se nos cuenta o de que no se dice toda la verdad. ¿Razones exclusivamente políticas? ¿Personales? ¿De salud? ¿La solidez de la Institución monárquica?… No parece que el momento elegido sea, a primera vista, el más oportuno sobre todo desde la perspectiva del interés nacional, que no tiene por qué ser coincidente con el de la Institución Monárquica, ante el desafío de los separatistas que requiere, entre otras cosas, la presencia de un Jefe del Estado firme, pero dialogante, experimentado y moderador.

Como era de esperar la izquierda más radical ha aprovechado este anuncio para iniciar movilizaciones callejeras reivindicando la tercera república y la convocatoria de un referéndum para ello. Una vez más se hace gala de un absoluto desprecio de la legalidad constitucional, de las reglas de juego, que establecen un claro cauce para canalizar esa legítima aspiración. Si se quiere instaurar una república en España hay que hacerlo a través de los mecanismos que la propia Constitución establece y hacerlo, por tanto, a través de una iniciativa en las Cortes, en la sede de la soberanía nacional, y no en la calle ni en los Ayuntamientos. El continuo desprecio que algunos vienen haciendo gala de la Constitución, que es la garante de nuestros derechos y libertades, es una clara expresión y anticipo del riesgo que en sus manos correrían esas mismas libertades públicas. Y hay que subrayar que no promueven la instauración de una república de y para todos, con ha sido y es la actual Monarquía Parlamentaria, sino de una república de izquierdas sectaria y excluyente tal y como lo simbolizan con el uso de la bandera del régimen del año 31. No quieren promover un nuevo proyecto político republicano, sino hacer un paréntesis de 75 años y retrotraernos al pasado republicano lo que, sin duda, espanta a muchos republicanos que encuentran en la Monarquía Parlamentaria un espacio de libertades y convivencia de una calidad y amplitud democrática mucho más amplia que la propuesta por esta izquierda republicana. Y es obvio que la democracia está por encima de la forma de la jefatura del estado.

El Rey deja la corona en el momento de más baja popularidad de la Institución. La memoria colectiva es frágil y en el ánimo ciudadano pesan más los recientes escándalos protagonizados por el propio Monarca y algunos de sus familiares que los años de dedicación, de trabajo eficaz y de arbitraje constitucional. Hoy, para muchos, la Monarquía solo puede tener sentido si es ejemplar porque solo desde la ejemplaridad puede desempeñar, sin la legitimidad periódica de las urnas, las tareas de representación y de arbitraje que la Constitución establece. Y es evidente que muchas informaciones de los últimos tiempos no evidencian esa ejemplaridad en la conducta del propio Monarca que ha incurrido en el tremendo error de mezclar su vida íntima con la pública.

Hoy no parece el momento más adecuado para plantearse si queremos Monarquía o una República. Los ciudadanos tenemos problemas muchos más graves y acuciantes que deben ser atendidos por nuestros representantes políticos y sería una frivolidad y una irresponsabilidad absoluta de la clase política que pasaran a segundo plano. La actual Monarquía Parlamentaria ofrece un espacio de libertades democráticas idóneo para ofrecer entre todos soluciones a los graves problemas que nos aquejan, un espacio que lamentablemente no se vislumbra por ninguna parte en la propuesta tricolor y excluyente de algunos.

Santiago de Munck Loyola

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Elecciones europeas: un varapalo especial en el Levante.

El varapalo que los resultados electorales han supuesto para la clase política española y, en especial, para los dirigentes de los dos grandes partidos políticos empieza a tener consecuencias. Los primeros en reaccionar y en asumir las responsabilidades por los resultados electorales han sido los socialistas cuyo líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha convocado un congreso extraordinario de su partido y ha adelantado el proceso de primarias. Lo ha hecho incluso reconociendo, por primera vez y en contra del discurso que ha venido manteniendo, que el fracaso socialista como alternativa es consecuencia en gran parte de los daños producidos a muchos españoles durante la etapa de gobierno de su partido. Y esta actitud es, sin lugar a dudas, un buen comienzo para intentar reconstruir una alternativa política sólida y creíble de cara al futuro.

Muy diferente es, sin embargo, la actitud del otro gran castigado por los resultados electorales, el Partido Popular. Da la sensación de que el hecho de haber ganado es más que suficiente para intentar minimizar la realidad de una victoria que ha supuesto la pérdida de 8 escaños sobre 24 y la fuga de 2.500.000 votos. Salvo alguna llamada a la reflexión interna, como si fuese tan difícil entender por qué se ha producido este fuerte castigo, y salvo alguna autocrítica más seria como la de la Presidenta popular madrileña, Esperanza Aguirre, que ha estado una vez más absolutamente certera en su análisis y en sus propuestas para enderezar la situación, lo cierto es que poco más se ha podido escuchar de interés de los dirigentes populares. Es más, algunos de ellos parecen empeñados en no querer enterarse de lo que pasa y de culpar el empedrado. Es el caso, nada menos, de la propia Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, que su supuesta llamada a la reflexión ante lo que es mucho más que un simple toque de atención de los votantes se limitaba a hacer autocrítica sobre la “forma de comunicar” del partido a los ciudadanos las actuaciones del Gobierno. Es decir, que a su juicio, el principal problema del PP es que no comunica bien con el ciudadano y que por eso éste no entiende bien lo que hace el gobierno. ¡Acabáramos! La culpa, en el fondo, es del votante que no termina de sintonizar. Pues bien, se equivoca una vez más la Sra. De Cospedal y todos los demás dirigentes populares que no son capaces de asumir y expresar públicamente lo que es una realidad incontestable: buena parte de los votantes populares se han quedado en casa precisamente porque entienden bien, perfectamente bien, lo que está haciendo el Partido Popular en el gobierno. Se han quedado en casa o han elegido otras opciones políticas porque entienden que el PP no sólo no está cumpliendo el programa electoral, que hasta hace muy poco era “vendido” como un contrato entre el candidato y el votante, sino que, además, está traicionando los propios principios que siempre han inspirado al Partido Popular. Así de claro y de sencillo.

Y la misma falta de reacción y de autocrítica que se aprecia en el PP nacional se observa en la Comunidad Valenciana, en el PPCV, donde el varapalo ha sido aún mayor. La desafección ciudadana y en especial la del votante popular que algunos, por cierto, veníamos anunciando hace tiempo como consecuencia de la escandalosa tolerancia de los dirigentes del PPCV ante los innumerables casos de corrupción que le salpican se ha puesto de manifiesto con especial fuerza en nuestra tierra. Así, mientras el PP ha perdido una media del 16 % de sus votos en toda España, en la Comunidad Valenciana esa pérdida de votos se ha elevado hasta el 23 %. Este castigo electoral no es casual. Su origen está en la política de un PPCV escasamente democrático, controlado por rancias camarillas, en el que el afiliado no cuenta para nada y en el que la democracia interna no existe lo que ha producido, como era de esperar, una delirante política que ha arruinado a la Comunidad Valenciana y un cúmulo de casos de corrupción a los que nadie ha sido capaz de poner freno. 

Cerca de 500.000 ciudadanos de la Comunidad Valenciana han decidido no volver a depositar en estas elecciones su confianza en este PPCV y no vale achacarlo exclusivamente al desgaste provocado por las medidas del Gobierno de Rajoy porque la pérdida de votos es casi un tercio más a la media nacional. La fuga de estos 500.000 votantes es mérito también y ganado a pulso por Alberto Fabra, un líder artificial y sin palabra, por Serafín Castellano, por Javier Moliner, por Alfonso Rus, la personificación de la sutileza política y el pluriempleo, por José Ciscar y su acólito, JJ Zaplana, el dúo protector de imputados, y por la larga ristra, hasta 127, de cargos públicos populares imputados en diferentes casos de corrupción. Esos son los responsables del varapalo electoral levantino y, con seguridad, ninguno de ellos tendrá la decencia de dimitir. 

Lo más sorprendente es la capacidad de resignación y de lealtad hacia unas nobles siglas secuestradas por semejante tropa que no se merecen los 507.000 votos recibidos. Sin autocrítica, sin reacción positiva, sin regeneración política terminarán esfumándose estos votos también. Han dejado el campo del centro derecha alicantino, que es lo que nos toca más de cerca, hecho unos zorros y todavía no se ha estructurado una nueva opción política, a la vista de los resultados del pasado domingo, capaz de resucitar la confianza ciudadana en unos principios e ideales que siguen siendo sociológicamente mayoritarios en la provincia. Pero pronto van a cambiar las cosas.

Santiago de Munck Loyola

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Elecciones europeas: varapalo general.

Cerradas las urnas y finalizado el recuento de los votos, empieza la resaca electoral o la comedia titulada “todos hemos ganado”, aunque en muchos casos la procesión vaya por dentro. Lo cierto es que el análisis de los resultados electorales será muy diferente, incluso contradictorio, según se haga desde las portavocías de los partidos políticos o por los analistas políticos en los medios de comunicación.

Tras una aburrida campaña en la que los problemas reales de Europa y de los propios ciudadanos españoles han estado bastante ausentes se abre un nuevo panorama político según los resultados electorales. Hay que señalar, en primer lugar, que aunque algunos interesadamente pretendan lo contrario no es posible extrapolar estos resultados al ámbito de la política interna. Los resultados de las elecciones europeas son orientativos de ciertas tendencias políticas, de ciertos movimientos en el ámbito doméstico, pero no pueden ser tomados como un reflejo exacto, de un pronóstico certero de lo que hubiera ocurrido o de lo que va a ocurrir en el caso de que se tratase de unas elecciones nacionales, autonómicas o municipales. Conviene, en segundo lugar, hacer un repaso pausado de la serie histórica de los datos electorales en comicios europeos anteriores para poder evaluar en su justo término el significado y la trascendencia de esta votación.

Tradicionalmente, los electores no tenemos conciencia de la verdadera trascendencia e importancia de los comicios europeos. Tenemos la sensación de que Europa nos queda lejos y que, por tanto, no nos jugamos gran cosa en el partido. Y de ahí que la participación sea escasa. Si a ello sumamos que la campaña electoral que los contendientes desarrollan no invita precisamente a la participación y que supone un elemento más de desmovilización electoral, es perfectamente comprensible que el auténtico ganado de estas elecciones europeas sea la abstención. Y el triunfo sin paliativos de la abstención es un auténtico fracaso de todos los partidos que han concurrido, desde Podemos de Pablo Iglesias hasta el PP de Arias Cañete. Juntos no han sido capaces de convencer a los votantes de que hagan uso de su derecho al voto, de que sean actores en el sistema político.

El segundo gran dato que a primera vista observamos es el fuerte castigo que han sufrido los dos gran partidos, el PP y el PSOE, que juntos no llegan a sumar el 50 % de los sufragios cuando antes superaban el 80%. Es un varapalo sin paliativos para el partido del Gobierno y para el partido que se pretendía ser su alternativa, para dos partidos cuyas candidaturas habían sido impuestas a dedo.  El PSOE sigue en caída libre sin ser capaz de rentabilizar su posición de oposición. Tras su desastrosa etapa de gobierno no ha sido capaz de realizar la más mínima autocrítica, no ha procedido a regenerarse y no es capaz de construir un discurso nacional y alternativo. Para colmo se ha empeñado en la campaña en centrarse en un error dialéctico de su adversario, como si el machismo fuese el principal de nuestra sociedad, ratificando con ello lo que era evidente, que la Sra. Valenciano carecía de suficiente talla política para tan alta misión. El voto de la izquierda se ha fragmentado como nunca. El desmoronamiento socialista ha alumbrado y propiciado parte del crecimiento de UPyD, el de IU y el de la extrema izquierda de Podemos, un conglomerado antisistema por la izquierda tan peligroso para la democracia como por la derecha el de Nuevo Amanecer en Grecia.

Y si el varapalo al PSOE ha sido sonado, no lo ha sido menos el que ha recibido el Partido Popular. Hoy mismo, el director de la campaña popular, Carlos Floriano, en declaraciones a un medio de comunicación achacaba este varapalo a que el votante popular o bien no había aceptado o bien no había comprendido la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy. Ni una sola frase de autocrítica. Y se equivoca: el votante popular ha comprendido perfectamente el alcance de las medidas de Rajoy y no las acepta porque suponen lisa y llanamente una traición a los principios políticos y al propio programa electoral del Partido Popular. Por ello, la inmensa mayoría de la abstención proviene de las filas del centro derecha español. Mientras la izquierda y la ultraizquierda se han movilizado y ahí están los resultados, el votante de centro derecha en gran medida ha preferido no votar. El PP ha perdido, respecto al año 2009, más de un 16 % de sus votantes y sólo una parte de los mismos ha sido recogida por partidos como UPyD, Ciudadanos o VOX. En concreto y suponiendo que todo el incremento de UPyD provenga del PP, que no es así, estos partidos han recogido el 9,1 % de los votos. Es muy probable que parte del crecimiento de UPyD provenga de antiguos votantes del PP, algo curioso tratándose de un partido de izquierdas, y otra parte de ex votantes socialistas. Y ciudadanos y VOX por su parte han crecido a costa del Partido Popular, eso es indudable, pero no han sabido o no han podido capitalizar eficientemente el desencanto del votante popular, pese al triunfalismo de Ciudadanos que en Cataluña, su feudo, no ha obtenido unos resultados precisamente brillantes.

Debería abrirse ahora un serio período de reflexión y, consecuentemente, de reacción en los partidos políticos, sobre todo, entre los que hasta ahora han venido siendo la base de la estabilidad del sistema político. Si no son capaces de renovarse, de conectar con los problemas reales de los ciudadanos, de ofrecer soluciones, de ser ejemplares, de acabar con la corrupción, de regenerarse y de regenerar el propio sistema democrático serán dinamitados políticamente y con ellos el propio sistema del que se han venido sirviendo impunemente en detrimento del interés general.

Santiago de Munck Loyola

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Acaba la campaña electoral, gracias a Dios.

Hoy termina la aburrida, zafia e inútil, gracias a la impresentable actitud de la mayoría de los partidos y candidatos que concurren, campaña electoral de las elecciones europeas y mañana se celebrará a llamada jornada de reflexión en la que una gran parte de los electores podrán elucubrar, sobre todo, si ganará el Real o el Atético de Madrid la final lisboeta.

Normalmente, las campañas electorales en nuestro país se vienen caracterizando por un bajo nivel de ideas y de propuestas y se suelen limitar a una competición de descalificaciones y exabruptos entre los distintos candidatos. En muchas ocasiones, y esta no ha sido una excepción, da la sensación de que los diferentes partidos nos consideran a los votantes incapaces de entender cualquier tipo de razonamiento o idea que supere el escalón del chascarrillo o el tópico simplista. Es patente que existe entre buena parte de la clase política un claro desprecio hacia la capacidad de comprensión y razonamiento de los votantes.

¿Y qué ha ocurrido en esta campaña electoral europea? Pues, además de lo anterior y del incidente de Arias Cañete, poco más. De una parte, que la inmensa mayoría de los medios de comunicación se ha conjurado en un pacto de silencio para ocultar a cualquier fuerza política cuya irrupción en el escenario político pudiese suponer un desequilibrio o un riesgo para el sistema bipartidista. Y a ello han contribuido no sólo los medios de comunicación públicos, la voz de su amo, sino también la gran mayoría de los medios de comunicación privados y supuestamente independientes, salvo alguna que otra honrosa excepción. Por otra parte, la mayoría de los partidos políticos han hecho o han intentado hacer una campaña electoral en clave nacional pero adulterada. Unos nos han contado que los socialistas no deben volver como si del resultado de las europeas dependiese la formación de un nuevo gobierno en España y otros que ellos nos van a sacar de la crisis que en su día no supieron o no quisieron ver y que los populares han agravado. Pero, en el fondo y situando el debate en clave nacional, pocos han querido entrar en los problemas que en realidad preocupan a los ciudadanos. Muy poco se ha hablado del paro y de las soluciones que se podrían proponer ante las negras perspectivas de creación de empleo, poco o muy poco se ha hablado de los problemas derivados del desafío independentistas y mucho menos aún de los graves problemas que la corrupción y la falta de regeneración democrática del sistema ocasionan. Es como si los dos grandes partidos, sobre todo, se hubiesen puesto de acuerdo en no tocar la corrupción que tanto les salpica, a pesar de ser una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos españoles según todas las encuestas. Por tanto, campaña en clave nacional pero descafeinada.

Con ello y con el hastío y la desafección ciudadana hacia la clase política, la mayoría de los partidos han conseguido que, si para muchos ciudadanos estas elecciones eran intrascendentes, lo sean ahora aún más. Planteando la campaña en una supuesta clave nacional que no ha sido tal, no han hablado de los problemas reales de la gente y aún menos de los problemas que se derivan de nuestra integración en Europa que también nos atañen. Poco o nada nos han hablado sobre la política europea en torno a la inmigración a pesar de los dramas que a diario se viven en nuestras costas y fronteras que también lo son de la Unión Europea, poco o nada nos han hablado sobre el creciente problema de la caída de la natalidad en una Europa cada año más vieja, poco o nada nos han hablado sobre la unión bancaria, sobre la necesaria estabilidad del euro o sobre la integración fiscal como tampoco lo han hecho sobre la política común exterior o de defensa comunitaria cuando al borde mismo de nuestras fronteras se están desarrollando serios conflictos que pueden desembocar en trágicos enfrentamientos civiles como en Ucrania y en los que la influencia de la Unión ha sido parte del detonante de los mismo.

La ausencia de debate público sobre los problemas reales que como miembros de la Unión afectan a la vida diaria de los ciudadanos y la propia incapacidad de las Instituciones europeas a la hora de abordarlos están en el origen del creciente euroescepticismo que se detecta en amplios sectores de la población. Muchos ciudadanos se cuestionan la necesidad de esta Unión si, de una parte no se abordan con eficacia graves problemas diarios, y si, de otra, no se atisba en el discurso político de los candidatos intención alguna de ponerse manos a la obra.

Los europeos tenemos señas de identidad comunes, por cierto eliminadas en las referencias constitutivas de la propia Unión, y problemas comunes algunos muy acuciantes pero la actitud de quienes nos han de representar, salvo algunas excepciones, no permite vislumbrar el nacimiento de proyectos comunes que refuercen esta Unión y que despierten la ilusión ciudadana. Es la clase política, una vez más, la que no sabe estar a la altura de las circunstancias y la que abona día a día  la pérdida de la ilusión por Europa entre los ciudadanos. ¡De pena!

Lo dicho, a reflexionar toca el sábado y a votar el domingo a pesar de todo. Un servidor sabe ya, sin necesidad de jornada de reflexión, a quien no votar: a los que incumplen su programa, a los incompetentes y demagogos ante la crisis, a los enemigos de la regeneración, a los que se complacen revolcándose en la cochiquera de la corrupción, a los separatistas y sus socios, a los colectivistas y enemigos de las libertades o a los populistas televisivos. ¡A votar toca para no otorgar con el silencio!

Santiago de Munck Loyola

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