¡Cuánta porquería!

A veces ciertas noticias que son importantes pasan bastante desapercibidas en medio de la vorágine informativa en la que los ciudadanos nos vemos inmersos. Estos últimos días por ejemplo hemos presenciado, una vez más, el funcionamiento implacable de la digitocracia de los grandes partidos. Por la banda derecha, el divino dedo de Mariano Rajoy ha ungido a su preferido para presidir el PP andaluz, Juan Manuel Moreno, un señor que por lo visto, como tantos otros, ha ido maquillando conveniente su curriculum vitae y por la banda izquierda, Pérez Rubalcaba, con mismo mecanismo digital ha designado a Elena Valenciano, muy aficionada a hacer novillos cuando era europarlamentaria, para encabezar la candidatura socialista a Estrasburgo ya que con los años es posible que haya superado su adición a cobrar sin trabajarse el escaño. Estamos asistiendo igualmente al cruce de acusaciones entre gobierno y oposición en torno a la tragedia de los inmigrantes ilegales africanos fallecidos cuando intentaban entrar a nado en territorio español y a la más que miserable utilización partidista de los muertos por parte del PSOE aunque esta repugnante técnica socialista no es nada nueva. Y también es objetos de portadas la falta de escrúpulos éticos y morales de los socialistas navarros dispuestos a auparse en el Gobierno Foral gracias a los votos de los herederos de ETA. Nada nuevo bajo el sol, en realidad.

Pero entro estas noticias y algunas otras, está pasando bastante desapercibida la noticia del creciente malestar de muchos dirigentes populares de la Comunidad Valenciana por la actuación de Alberto Fabra al frente de la Generalidad Valenciana. Según informan varios medios de comunicación, entre ellos el confidencial.com, el malestar viene motivado por el nombramiento de Esther Pastor como Secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales. ¿Y quién es esta señora cuyo nombramiento tanto molesta a algunos? Pues según dichos medios es la pareja sentimental de Alberto Fabra, su colaboradora cuando era Alcalde de Castellón y después Directora General de la Generalidad. No se trata de una afiliada del Partido Popular y, según parece, sus méritos profesionales para alcanzar tan alto cargo radican en su especial relación con el Presidente Fabra y la confianza que en ella tiene ante su falta de liderazgo y de colaboradores leales en el seno del PPCV. Estas cosas suelen ocurrir cuando se hereda una organización política, cuando el liderazgo político es inexistente y cuando la mediocridad política es encubierta por los cantos de sirena de toda una panda de aduladores y oportunistas tan prestos al aplauso como a la puñalada trapera.

Los asuntos sentimentales de nuestros políticos siempre se han mantenido bastante lejos de los focos periodísticos e incluso han sido analizados con bastante benevolencia por la mayoría de la opinión pública. Pero cuando el político, como en este caso ha hecho el Sr. Fabra, confunde su dormitorio con los despachos oficiales y utiliza la administración pública para colocar a su “amiga” la cosa cambia. Alberto Fabra ha roto la frontera entre lo público y lo privado y, por tanto, puede y debe someterse a la crítica de la opinión pública. De todos es sabido que cuando Fabra habla de líneas rojas carece de credibilidad porque las aplica según le conviene y lo ha demostrado claramente en Alicante al consentir que los Sres. Ciscar y JJ Zaplana retorciesen los Estatutos del PP para inventarse un Consejo de Dirección en el que poder situar a la Alcaldesa imputada Sonia Castedo y así saltarse la famosa e inexistente línea roja fabriana. Por cierto, vaya “pasada” de fotos de nuestra Alcaldesa y de su amigote Enrique Ortiz  publicadas por La Sexta. ¡Qué manera de arrastrar por los suelos la dignidad de nuestra ciudad!

El nombramiento de Esther Pastor es impresentable, indigno y humillante para la inmensa mayoría de los militantes populares. No vamos a hablar ya de señas de identidad de un partido como el Popular cuyos valores no encuentran mucho acomodo en determinado tipo de conductas personales sino de principios y valores éticos básicos e irrenunciables en la actuación de cualquier representante político y en el uso que se pueda o no hacer de los bienes y recursos públicos. No son pocos los dirigentes populares en nuestra comunidad que confundieron la hacienda pública con su bolsillo particular como podemos ver en las crónicas de los tribunales que ahora los ciudadanos tenemos que asistir estupefactos a la confusión del colchón con el despacho. No es de extrañar pues que Alberto Fabra, en su condición de Presidente del PPCV, tolere o promueva la expulsión de los militantes populares que reclaman ejemplaridad o la regeneración democrática del partido, tal y como han ejecutado los Sres. Ciscar y JJ Zaplana, dos personajes cuya palabra vale lo que un duro falso. Una vez más, la falta de democracia interna del PPCV está en la raíz de estos escandalosos y repugnantes comportamientos. El nepotismo, la corrupción, el oportunismo, el despilfarro y la ausencia de ejemplaridad están a la orden del día y ni los ciudadanos de esta Comunidad ni los militantes populares se merecen tanta porquería.

Santiago de Munck Loyola

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Largas vacaciones para sus señorías.

Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana podemos dormir tranquilos: la tranquilidad, el sosiego y el descanso de nuestros representantes, nuestros diputados en las Cortes Valencianas está más que asegurado. Podemos tener la seguridad casi absoluta de que sus señorías no se van a estresar en las Cortes y que, por tanto, estarán en plena forma, tras sus prolongadas vacaciones, para abordar sin nervios los innumerables problemas que nos aquejan merced a la incompetencia y a los incumplimientos electorales de quienes nos gobiernan. Y es que en esta nuestra Comunidad somos punteros como le gusta decir al Presidente Fabra: somos punteros en el número de diputados del PP imputados, somos punteros en los casos de corrupción a lo largo y ancho de nuestra geografía, somos punteros en despilfarro y deuda pública y somos punteros también, por algo será, en vacaciones parlamentarias para sus señorías. Todo es poco para nuestros representantes gracias a cuyos desvelos estamos como estamos.

Las Cortes Valencianas iniciaron sus vacaciones de Navidad el 19 de diciembre cuando se aprobaron los presupuestos para 2014. El parto presupuestario debió ser duro, sin epidural ni nada, a pelo y por eso sus señorías no van a reanudar su trabajo parlamentario hasta la semana que viene que  en la que se reanudará la actividad. Pero, que nadie se llame a engaño, la incorporación al trabajo parlamentario requiere calma y tranquilidad, no sea que alguien pueda de nuevo estresarse, y se hará con un Pleno en el que ni el Presidente Fabra va a comparecer, que para eso ya debatió con la oposición el 28 de noviembre y no hay por qué abusar, ni se van a debatir los problemas más importantes que agobian a los ciudadanos de la Comunidad.

Hay que ser comprensivos y entender que nuestros parlamentarios autonómicos necesitan reposo y sosiego para debatir, estudiar y aportar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Mens sana in corpore sano. Ya lo decían los romanos y el cuerpo de sus señorías debe estar en forma. Total, si uno se cree, ya hay que ser incauto, los discursos del Sr. Fabra, del Sr. Ciscar, de la Sra. Castedo o los cuentos chinos del Sr. Cotino la cosa no está tan mal, no es para tanto y no hay que ser catastrofista. Vamos, que lo están arreglando todo. Además, mantener las Cortes Valencianas sólo nos va a costar este año a los ciudadanos de la comunidad 23.300.000.- €, eso sí, siempre que no haya desviaciones presupuestarias, algo demasiado frecuente en las prácticas políticas del PPCV. ¿Y qué son 23 milloncitos al lado del aeropuerto de Castellón, de la Ciudad de las Artes, de las facturas de Calatrava o de lo que se debe a Alicante? Una minucia. Todo es poco para una casta política insaciable que con su ejemplo nos invita a los ciudadanos a movilizarnos para concederle unas vacaciones muchísimo más largas.

Pero en medio de tanta mediocridad siempre se eleva un faro de excelencia y brillantez intelectual y para ejemplo ahí tenemos al Portavoz del PPCV en las Cortes Valencianas, Jorge Bellver, que a propósito de la dedicación de los diputados a su actividad parlamentaria ha querido iluminarnos con su sabiduría (aunque alguno se atrevería a calificarlo de mentecato contemporáneo) afirmando que los ciudadanos esperan de sus representantes que trabajen, pero que participen de la vida de estas fiestas. ¡Claro! Para eso les pagamos para que trabajen, aunque sea un poquito, y para que estén de fiesta.

Lamentablemente, no es posible ignorar que lo que subyace tras esta situación es una profunda falta de respeto a los ciudadanos y a su esfuerzo diario, así como un absoluto desprecio a la esencia de lo democracia. Los foros parlamentarios son el núcleo donde se articulan las reglas de juego de la democracia y ésta se caracteriza por el debate, el diálogo, la negociación, el control de las minorías a las mayorías, etc. Un parlamento anestesiado, un parlamento en el que se elude el debate y el control, un parlamento que en medio de una brutal crisis se reúne con cuentagotas es el síntoma más claro y evidente de una democracia enferma. Y una democracia no enferma por casualidad sino por las acciones y omisiones de los políticos que tienen la obligación y la responsabilidad de velar por su salud. Todo ello es una prueba más de que la regeneración democrática, de que la revitalización de nuestra democracia es imprescindible y de que el mayor enemigo de la misma son los políticos y los partidos que se empeñan en negarlo.

Santiago de Munck Loyola

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El olor a podrido.

Un nuevo informe de la policía judicial ha vuelto a poner de manifiesto la existencia de graves irregularidades en la financiación del PPCV. No se trata de ninguna novedad. Llueve sobre mojado y sorprende mucho la lentitud de la justicia a la hora de enjuiciar y depurar responsabilidades de toda una trama corrupta de la que ha formado parte el PPCV. El último informe de la policía judicial sobre el caso Gürtel añade más acusaciones sobre las irregulares transacciones entre la trama corrupta y la contabilidad del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Según el informe policial el Partido Popular ha manejado abundante dinero negro y con él pagó a las empresas de la trama Gürtel numerosos actos electorales. Este informe saca a la luz también varios regalos efectuados por los responsables de la trama corrupta a muchos políticos que no eran ajenos, desde luego, a la formalización de contratos con las empresas de esta trama. Es cierto que muchos de los hechos denunciados quedan ya lejos en el tiempo como los relativos al Congreso Regional de 2002 que costó  240.582 euros y por el que el PPCV abonó a la empresa Special Events más 150.000 euros en negro, que se dice pronto, o como los 17.429 euros también pagados en negro en 2002 por la Convención Regional celebrada en el Palau de la Música de Valencia. Pero no es menos cierto que la posible prescripción de hechos delictivos o simplemente irregulares no puede en modo alguno esgrimirse como excusa para no depurar las responsabilidades políticas a que hubiere lugar.

Pero sin irnos tan lejos en el tiempo todavía quedan muchas cuestiones que aclarar y es muy importante hacerlo, no ya por la cantidades económicas manejadas, sino porque muchos de los que han manejado dinero negro para pagar actos electorales del Partido Popular ostentan hoy importantes responsabilidades de gobierno. Ya en el informe de la UDEF de 2008 se realizaban importantes y graves acusaciones que, al día de hoy, no han sido respondidas adecuadamente ante la opinión pública. En aquel informe se mencionaban a una serie de personas como pagadores, como personas de contacto para las empresas de la trama corrupta, para los gastos de las campañas de las elecciones de 2007 y las generales de 2008. Entre ellos hay que destacar a los siguientes y por las cantidades en dinero negro que se relacionan:

Adela Pedrosa, Alcaldesa de Elda y Vicepresidenta 1ª de la Diputación: 13.997.- €.

Alfredo Castelló, Alcalde de Sagunto y Presidente del Comité de Derechos y Garantías del PPCV (¡Qué ironía!): 14.554.- €.

Miguel Peralta 5.067.- €.

Mercedes Alonso, Alcaldesa de Elche: 42.131.- €.

César Augusto Asencio, Alcalde de Crevillente y Vicepresidente 2º de la Diputación de Alicante: 39.900.- €.

José Ciscar, Presidente del PP de Alicante y Vicepresidente, Consejero de Presidencia y Hacienda y Portavoz del Consejo de la Comunidad Valenciana: 4.472.- €.

Y respecto a la ciudad de Alicante a la que se asignan en el informe 62.495.- € pagados en negro no figura el nombre del “pagador” de los gastos de la campaña de 2007, aunque todos conocemos quién era la coordinadora de la campaña electoral.

Desde luego tiene lo suyo que el actual Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y Consejero de Hacienda, el Sr. Ciscar, pudiera haber manejado alegremente dinero negro para pagar actos electorales. Pues bien, como puede apreciarse del examen de los nombre de esta lista de políticos que manejaron dinero negro destaca el hecho de que la mayoría ostenta en la actualidad cargos de enorme relevancia. Se trata de personas que hoy en día manejan presupuestos públicos y el dinero de los contribuyentes, sin que hasta la fecha se sepa si es o no cierto lo que de ellos dice la policía. Son, en todo caso, políticos bajo sospecha y esa sospecha no despejada debería inhabilitarles, mientras no ofrezcan a la opinión pública una explicación plausible sobre la misma, para seguir ejerciendo responsabilidades públicas y, desde luego, les incapacita para exigir nada a los ciudadanos. ¿Cómo van a combatir estos señores por ejemplo la economía sumergida y el consiguiente tráfico de dinero negro si están acusados de manejarlo? Aquí sólo hay una alternativa: o la policía judicial miente o mienten los políticos.

Es cierto que la inmensa mayoría de los partidos políticos tiene sus “pecadillos” en cuanto a su financiación. Pero también es cierto que si los ciudadanos somos permisivos o tolerantes con estas prácticas la espiral de la corrupción será inacabable. Hace no mucho, algunos afiliados del PP de Alicante tuvimos conocimiento de denuncias de irregularidades en la campaña de las municipales de 2007: actos pagados por empresas, deudas impagadas al día de hoy, etc. Y como en el PP nunca se da cuenta a los militantes de la contabilidad, tuvimos el “atrevimiento” de pedir por escrito información al respecto. ¿Respuesta? Silencio sepulcral. Bueno, silencio del todo, no, algunos fuimos rápidamente expulsados mediante un procedimiento ilegal y leninista.

Mientras los partidos políticos no respondan ante sus afiliados y ante los contribuyentes que son los que ponen el 80 % del presupuesto oficial de los partidos políticos, las prácticas corruptas seguirán siendo el pan nuestro de cada día. Y mientras los partidos políticos sigan funcionando gracias al dinero público y no de las cuotas de sus afiliados seguirán viviendo por encima de sus posibilidades sin tener que responder ante nadie. Siempre vendrán con el cuento chino de que sus cuentas están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. ¡Claro! ¡Faltaría más! Y se quedan tan anchos. ¿Fiscaliza el Tribunal de Cuentas la contabilidad B, el dinero negro con el que, al parecer y según la Policía Judicial, el Sr. Ciscar y sus conmilitones pagaban a la trama Gürtel?

Una democracia sana necesita instituciones sanas y unas instituciones sanas necesitan partidos políticos sanos, partidos políticos democráticos, limpios y transparentes. Y desgraciadamente el PPCV hoy por hoy y con estos dirigentes no lo es. Un partido que hace trampa en las elecciones es como un deportista que se dopa. Su triunfo está viciado y cualquier análisis terminará por demostrarlo. Los ciudadanos no debemos mirar para otro lado, ni admitir prácticas semejantes bajo la excusa del mal menor. O somos firmes contra estas prácticas o seguirán arruinando nuestra democracia. Mirar para otro lado, minimizar estos problemas, colaborar con estas personas bajo sospecha o votarles es amparar y proteger la corrupción. Y viendo a dónde nos han conducido no nos lo podemos permitir. Va siendo hora de abrir las ventanas para que el olor a podrido desaparezca.

Santiago de Munck Loyola
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Huelgas y servicios públicos.

El pasado mes de noviembre tocó a los vecinos de Madrid sufrir las consecuencias de la huelga de los empleados de las empresas concesionarias de los servicios de limpieza viaria. El conflicto que enfrentaba a trabajadores y empresas concesionarias tenía su origen en la entrada en vigor el 1 de agosto de un nuevo contrato que integraba los servicios de limpieza y de jardinería y por el que las concesionarias iban a recibir un 16% menos de dinero por hacer el mismo trabajo. Las empresas que voluntariamente habían suscrito el nuevo contrato decidieron plantear un ERE con el despido inicial de 1.400 trabajadores, rebajado posteriormente a 1.134. Y la huelga cuyas consecuencias pagaron los contribuyentes estalló. Tras varias jornadas de huelga y la aparición de la empresa pública Tragsa para paliar los graves efectos de la huelga, empresas y trabajadores llegaron a un acuerdo y la huelga fue desconvocada. La semana pasada le llegó el turno a nuestra ciudad. En esta ocasión, a los cinco meses de que el Ayuntamiento otorgase el traje a medida, perdón, el contrato del servicio de recogida de basuras por 12 años al único licitador, cosa extraña en este país donde a cualquier licitación pública acuden decenas de empresas, la UTE de la que forma parte la empresa ¡Oh casualidad! del Sr. Ortiz, el de la fiesta en pijamas con la Sra. Alcaldesa, se inició una huelga por parte de los trabajadores de este servicio municipal. Tras varios años de recortes en las condiciones de los trabajadores del servicio municipal impuestos por parte de INUSA, empresa que forma parte de la UTE que hace 5 meses se vio agraciada con el suculento contrato municipal, se quería producir una nueva vuelta de tuerca pretendiendo eliminar el convenio vigente. Parece que, al final y gracias a la huelga, el ajuste se va a limitar a tres años sin subida salarial (la empresa quería cinco), media hora más de jornada que antes, un máximo de 40 días anuales de baja por enfermedad común por cada trabajador y mantener 21 días de vacaciones entre octubre y mayo, principalmente. Y, en estos días, también en una importante localidad, Alcorcón, se está desarrollando otra huelga del servicio de recogida de basuras.

La falta de recursos económicos, el despilfarro y la mala gestión está empujando a muchos ayuntamientos a reducir de forma importante las partidas destinadas a servicios públicos básicos y esenciales como la limpieza viaria o el tratamiento de residuos. Pretenden que con menos dinero se sigan prestando esos servicios sin importar, al parecer, que ello repercuta en la calidad de las prestaciones. Y en esta estrategia parece que participan, sin ningún reparo, las empresas concesionarias que, al final, hacen recaer los recortes en los trabajadores con el fin de mantener e incluso incrementar sus beneficios empresariales a pesar de la dureza de la crisis. Hasta ahora al obtener una adjudicación de un contrato para prestar estos servicios públicos, el adjudicatario se subrogaba en las relaciones existentes con los trabajadores que venían prestando el servicio para el antiguo adjudicatario. Sin embargo, los últimos conflictos evidencian que ya no es así. Las empresas licitan a la baja y automáticamente intentan repercutirla en los empleados con el consiguiente deterioro del servicio público prestado mediante la gestión privada.

El debate sobre la gestión pública o privada de servicios públicos siempre ha estado presente entre los partidos políticos y últimamente los ciudadanos hemos podido asistir a la confrontación dogmática entre la izquierda y la derecha. Hay quienes defienden a ultranza la bondad de la gestión privada y tratan de identificarla con una mayor economía y eficiencia y desde posiciones ideológicas contrarias se defiende la gestión pública de los servicios públicos como la única válida. Sin embargo, se trata de un debate falso y tramposo. Los que en un municipio o en una comunidad defienden la gestión pública a ultranza, resulta que en no pocas ocasiones allí donde gobiernan no tienen reparo alguno en apostar por el modelo de gestión privada. Basta recordar que, por ejemplo, en Rivas Vaciamadrid, quizás el municipio más grande gobernado por IU con mayoría absoluta, la Empresa Municipal de la Vivienda está gestionada por una empresa privada mientras el Ayuntamiento se manifiesta una y otra vez contra cualquier iniciativa privatizadora del gobierno regional madrileño.

Sin embargo, la elección entre una fórmula u otra no es tan simple ni puede obedecer simplemente al color político del gobernante. Hay que tener en cuenta que al coste de cualquier servicio público hay que añadirle cuando está privatizado o externalizado, como gusta a algunos denominarlo, el importe del IVA que cada Ayuntamiento ha de abonar a la empresa gestora y el propio beneficio empresarial de la misma. La diferencia entre la gestión directa o a través de un concesionario sería mucho menor si las administraciones públicas no tuvieran que pagar el IVA en los casos de gestión de servicios públicos a través de empresas privadas, pero no es así y no parece que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a aligerar la presión fiscal a los municipios ni a los contribuyentes. La elección entre la gestión privada o pública de los servicios públicos no puede ni debe depender de dogmas políticos, de ideologías, sino del sentido común, de las características propias del servicio a prestar, de la capacidad operativa de la administración, de la capacidad económica y de la cualificación de los gerentes del mismo y, sobre todo, de la obligación política de prestar al ciudadano los mejores servicios con la máxima eficiencia.

Desgraciadamente no siempre impera el sentido común ni gran parte de la clase política dirigente está a la altura para asumir y poner en marcha retos semejantes. Da la sensación que muchas veces se opta por el camino más fácil. Seguramente, nuestro Ayuntamiento cuenta con la capacidad humana y técnica para ofrecer muchos servicios públicos de forma directa y con unos niveles de calidad y eficiencia similares o superiores a los de muchas empresas pero da la sensación de que falta la voluntad, la valentía y la capacidad en sus rectores para apostar por ello o que priman más los intereses particulares que los del conjunto de los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola

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Rivas: sigue el melodrama “Todo sobre tu ladrillo”.

Tras la tregua de las fiestas navideñas, los ripenses y los ciudadanos en general han podido asistir a un nuevo capítulo del divertido e interesante melodrama que bien podría titularse “Todo sobre tu ladrillo”, interpretado por los dirigentes de Izquierda Unida de Rivas-Vaciamadrid. Las miradas y la atención del público se han dirigido allí donde el Alcalde, José Masa, ha dirigido el foco, al ladrillo de la vivienda de su adversario Pedro del Cura. Hay que reconocer que el Sr. Masa siempre ha sido un político hábil, de principios escasos o mudables, pero hábil. Haciendo uso de esos principios no ha tenido reparo alguno en filtrar o dejar que se filtre al Diario conservador la Razón, y de éste a todos los medios, la situación de la vivienda de su adversario. Todo el mundo anda hablando sobre la vivienda de Pedro del Cura, que si es muy grande, que si es de VPO, que si ha cometido infracciones administrativas, que si se otorgó a si mismo una licencia de obras, etc. Y mientras se habla de ello no se habla de lo fundamental, es decir, del ladrillo del Ayuntamiento, de qué hay del desfase contable de 21 millones de euros en la Empresa Municipal de la Vivienda.

Y si hábil es Masa hay que ver qué torpes son otros. Por la banda izquierda, el Sr. Pedro del Cura se apresuró a emitir un comunicado lacrimógeno sobre el origen de su patrimonio y el de toda su familia cercana remontándose en el árbol genealógico hasta el segundo o el tercer grado. Penoso, pero sería interesante conocer el nombre del responsable de comunicación de IU para que Masa le proporciones un puesto de trabajo municipal, si aún no lo tiene, y que el PP le condecore. La segunda torpeza por la misma banda no es otra que la de convocar una consulta interna para intentar deslegitimar a un alcalde elegido por mayoría absoluta y conseguir que, pese a la tremenda gravedad del asunto, apenas el 55% de los afiliados de Izquierda Unida acudiese a votar. Realizar una consulta así podrá tener su valor de puertas adentro pero cuando se publicita como se ha hecho, un demócrata no tiene más remedio que recordar que la legitimidad y la soberanía para elegir o destituir a un Alcalde está en el Pleno de la Corporación y que lo que por allí no pase podrá ser muy “caribeño” pero carece de valor alguno. Y para torpeza, por la banda derecha, la del Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, que anunció el martes pasado al ser preguntado sobre las presuntas irregularidades en las reformas de la vivienda de Pedro del Cura que su Consejería estaba "abriendo diligencias previas" para "analizar e investigar" dichas obras y que "cualquier obra que se produzca en una vivienda protegida se debe comunicar previamente a la Comunidad de Madrid". Y se ha quedado tan ancho. Debe ser que su Consejería no tiene problema más urgente que investigar las denuncias de La Razón y Pepe Masa. Como es de suponer que el Sr. Consejero no desea hacer una aplicación discriminatoria de la Ley deberá abrir también diligencias a las miles de viviendas protegidas que en Rivas-Vaciamadrid han sido objeto de reformas, la inmensa mayoría sin comunicación previa a la Comunidad y una buena parte de ellas incluso sin licencia municipal. ¿O se va a limitar a la de Pedro del Cura? Todo el mundo sabe que en el municipio hay centenares o quizás miles de viviendas unifamiliares protegidas que rebasan el límite legal de superficie porque cuentan con sótanos, buhardillas o anexos no legalizables ni por las limitaciones del régimen de VPO ni por los parámetros de edificabilidad municipales. Y entre ellas, por ejemplo, seguramente las de muy altos cargos del Gobierno Municipal del sector del Alcalde. Pues nada, que desembarquen decenas de inspectores de la Comunidad y que paseen por la calles del municipio. Se van a poner las botas a multas. Y la cuarta torpeza por la banda derecha, la del Partido Popular local aceptando presidir una Comisión de Investigación sobre la EMV. Dicen que cuando Napoleón quería que un tema se dilatase o no saliese enseguida creaba una comisión. Y la misma táctica ha usado el “Napo” local, crear una comisión y dejar que los participantes se ahoguen en los papeles de la misma. Y el PP encantado de presidir lo que sea, aunque sea esta comisión. Pero no nos engañemos, de lo que se está hablando es de un desfase contable muy importante, de peritaciones, de informes técnicos de mucha complejidad, de aplicaciones presupuestarias y de técnicas financieras que sobrepasan el conocimiento medio de los concejales. El análisis y estudio de lo ocurrido parece que ya está hecho por los técnicos de la Comunidad de Madrid, que de ello algo deben entender, y si no se considera suficiente bastaría con solicitar una auditoría externa. Se mire por donde se mire de esa documentación  y de sus resultados solo cabe deducir dos posibilidades: si se han cometido o no delitos y eso debe determinarlo la justicia o si ha habido o no negligencias o responsabilidades políticas que deben ser depuradas en el Pleno municipal con luz y taquígrafos.

Pedro del Cura y sus seguidores repiten machaconamente que todo este melodrama político obedece a su honesto y sincero objetivo de defender el patrimonio de todos los vecinos e incluso que el referéndum interno que convocaron se hacía para votar la petición de dimisión de Masa y el inicio de acciones legales "para la restitución del patrimonio público que haya podido verse mermado por las irregularidades" en la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). Pero no hay que engañarse. Izquierda Unida repite melodrama. Al igual que hace poco más de 20 años, Izquierda Unida utiliza las instituciones democráticas como escenario de sus luchas de poder internas y lo hace sin escrúpulo alguno, por encima de la gobernabilidad de las instituciones y del sentido del voto en las urnas. El poder es el poder y en la lucha por el mismo pueden llevarse todo por delante. Y les importa un pimiento la ética, la estética y el patrimonio municipal. Y si no es así, si de verdad a Izquierda Unida le importa algo el patrimonio municipal y el dinero del contribuyente hágase la prueba del algodón. Pedro del Cura y los suyos tienen una ocasión de oro para demostrar la sinceridad de sus preocupaciones investigando y pidiendo explicaciones no sólo con respecto a la EMV, sino también con respecto al primer Plan de Vivienda Joven en el que el suelo cedido gratis por el Ayuntamiento fue cobrado a los jóvenes por la gestora que se embolsó más de 100 millones de pesetas por la cara o con respecto al expediente nº 407/01, por el que el Gobierno Municipal pagó 48.382.208 de pesetas  a la empresa Centro de Ocio Comercial La Plaza de Rivas, participada por los amiguetes de Masa, por un proyecto arquitectónico que nunca se realizó. Y que no vengan con que se trata de asuntos prescritos, que podrán serlo judicialmente pero no políticamente ya que los responsables siguen pululando entre el patrimonio municipal. Verá el lector como estos presuntos defensores del patrimonio municipal no mueven un dedo. Y la explicación está en que han sido cómplices por pasividad de todo lo anterior y beneficiarios constantes hasta en lo personal de un repudiable modo de entender la gestión pública.

Lo que sí está quedando más que patente en este melodrama es que Izquierda Unida es una organización irresponsable institucionalmente que ha venido gestionando a su antojo el municipio como si de un coto privado se tratase, siempre con la inestimable colaboración del PSOE, ya sea a la hora de construir la estructura municipal, convertida en agencia de colocación de afines, o de gestionar el patrimonio municipal dilapidado en oscuras y sucias maniobras y, lo que es peor, es una organización que ha estafado ideológica y electoralmente no sólo a los vecinos, sino a la mayoría de sus honrados militantes, que han tenido que soportar o descubrir ahora el doble discurso, la doble moral de unos dirigentes prestos a denunciar cualquier iniciativa privatizadora de otras administraciones mientras habían privatizado, sin ningún tipo de escrúpulos, la joya de la corona ripense, la gestión del suelo, del ladrillo y de la vivienda pública en pleno boom urbanístico. ¡Vaya joyitas!

Santiago de Munck Loyola

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Comienza el navajeo.

Durante los últimos días los ciudadanos estamos asistiendo a un nuevo espectáculo político, el cruce de navajas entre distintos dirigentes políticos a propósito de las elecciones municipales que habrán de celebrarse en mayo de 2015. Los medios de comunicación están recogiendo casi diario las declaraciones de unos y otros sobre quién habrá de encabezar determinadas candidaturas o sobre quién se postula para ello. Y en el Partido Popular hay, por su peculiar sistema de designación de candidatos, verdaderos especialistas en estas lides. Desde hace semanas en Madrid se están lanzando globos sobre la candidatura popular a la Casa de la Villa madrileña. La designación de Ana Botella parece estar en el aire y el entorno de la Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, ha filtrado que la preferida para encabezar el cartel electoral es nada menos que la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Más cerca, en nuestra Comunidad, hemos contemplado con cierta diversión el primer escarceo entre la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo y el Secretario General del PPCV Serafín Castellano a propósito de quién habrá de encabezar el cartel electoral en la ciudad de Alicante. Serafín Castellano ha dejado claro que entre sus preferencias no está el que repita Sonia Castedo habida cuenta sus problemas judiciales. Y Sonia Castedo, que según el Presidente Provincial Popular y enemigo político de Serafín Castellano, José Ciscar, es el mejor activo electoral del PP, le ha respondido, vía Twitter, con su ya conocida frase sobre el retorno de los esputos lanzados al cielo. La respuesta del Secretario General ha sido poner de manifiesto su aprecio personal por Sonia Castedo y, simultáneamente, filtrar que su preferido para encabezar la candidatura popular al Ayuntamiento de Alicante es el exvicepresidente de la Diputación y actual director de la Cámara de Comercio, Carlos Mazón, “ripollista” de pro. Así que todo parece indicar que las espadas, mejor dicho, las navajas están en alto mientras que el Presidente Fabra anda autoproclamándose candidato a la Generalitat y promoviéndose a si mismo.

Pero si uno va más allá de estos juegos de esgrima político descubre algo profundamente preocupante. En ninguno de los casos en los que se está debatiendo quién ha de encabezar o no las candidaturas se habla de las preferencias de los militantes, de los afiliados quienes en buena lógica democrática deberían ser en última instancia los que eligiesen a los candidatos. Pero no, no es así. En el Partido Popular siguen anclados en los rancios y antidemocráticos métodos de designación de candidatos que tan malos resultados han proporcionado y a la vista está en las sedes judiciales y en los resultados de la gestión de nuestra Comunidad. Y los medios de comunicación participan con toda naturalidad de esta manera de entender la política. Parece que lo único que importa es saber quién es el preferido por el Presidente Provincial o por el Secretario General para ser candidato y no quién es el preferido por las bases del partido. A nadie le importa, al parecer, qué piensan los afiliados o a quien prefieren. Al fin y al cabo, todo el mundo da por sentado que tragarán, como siempre, apoyarán y votarán a cualquiera que desde la cúpula sea impuesto como candidato. No es de extrañar pues que las listas electorales estén plagadas de falsos liderazgos, de incompetentes y de arribistas y cuanto más sumisos con los de arriba, mejores puestos obtendrán en las candidaturas.

A un demócrata debería importarle poco a quien prefiere como candidato un alto cargo del partido y mucho lo que las bases del partido prefieren. Pero lamentablemente no es así con los resultados que todos padecemos. Una vez más la regeneración democrática y junto a ella la democracia interna brillan por su ausencia en estos “juegos florales” de nuestros presuntos políticos.

Santiago de Munck Loyola

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Ciscar ya se ha puesto la venda, por si acaso.

Recién apagados los ecos de las campanadas de fin de año, se ha reiniciado el curso político, a pesar de las largas vacaciones parlamentarias de sus señorías, con encuestas y declaraciones varias. Hay que tener en cuenta que iniciamos un año electoral que tendrá su momento culminante con las elecciones europeas que servirán, sin duda, como termómetro no sólo de las preferencias electorales de los ciudadanos, sino también del grado de afección al sistema político y a las instituciones europeas. Y entre las diferentes declaraciones de responsables políticos cabe destacar y comentar las del Presidente del PP de Alicante y Vicepresidente del Consell Valenciano, José Ciscar, que ha sido difundidas por casi todos los medios de comunicación regionales.

A la frase “en el PP no tenemos miedo al crecimiento de UPyD y Ciudadanos” le ha sucedido la afirmación de José Ciscar, destacada por la prensa, de que el Partido Popular estaría dispuesto a pactar con cualquier formación siempre y cuando “acepte los postulados que pasan por defender siempre el interés general de la Comunitat Valenciana”. Eso es ponerse la venda antes de la pedrada, porque pedrada la habrá con toda seguridad y merecida, por cierto, según vaticinan casi todas las encuestas. Parece poco coherente afirmar que no se teme la irrupción de esos dos partidos y a renglón seguido mostrar la predisposición al pacto con los mismos. Si uno no teme el crecimiento de otros partidos es porque cree que va a ser irrelevante así que carece de sentido estar planteándose la necesidad de formalizar pactos con ellos. Hay que deducir que el Sr. Ciscar da por perdidas las amplias mayorías que hasta ahora venía disfrutando el Partido Popular en una gran parte de las instituciones valencianas.

Según Ciscar a los votantes populares que están hoy en la abstención hay que convencerles de que la alternativa del PP es “la más importante para el futuro de la Comunitat” añadiendo que si se tiene en cuenta que la máxima alternativa posible al PP sería “un tripartito radical y de izquierdas”. Si sólo contempla como alternativa al PP un tripartido “radical y de izquierdas” ¿por qué se plantea pactar con partidos irrelevantes según él?

Más adelante, el Presidente Popular alicantino señala que lo que los ciudadanos quieren es “salir de la crisis, que se genere empleo y se mantengan las políticas sociales” y para ello, aseguró, “no quieren inventos de ningún tipo, solo que se gestione de forma razonada y con sentido común”. Parece que tiene claro lo que quieren los ciudadanos pero lo que no parece tener claro es que el PPCV no ha sabido ni mantener las políticas sociales, ni gestionar de forma razonada ni con sentido común. Si el Sr. Ciscar en lugar de mantenerse en su torre de marfil y de rodearse de aduladores y mercenarios de partido pisase un poco más la calle y palpase lo que a diario viven los ciudadanos no se pondría en evidencia con declaraciones como éstas.

Y para terminar de redondear sus declaraciones, el Sr. Ciscar no ha tenido inconveniente alguno en hacer gala, una vez más, del cinismo e hipocresía que viene caracterizando su gestión política al frente del PP de Alicante al que está conduciendo a un desastre electoral con su autoritarismo y falta de principios éticos. Así ha asegurado que en las listas electorales del PP valenciano “no va a haber personas imputadas por supuestos delitos que tengan que ver con la corrupción”, algo que, según ha dicho, lo dijo el presidente del Partido y de la Generalitat, Alberto Fabra, “y lo mantiene. A lo mejor podría explicar cómo se puede conciliar esa posición que además incluía la exclusión de imputados en los cargos orgánicos del PP con la fraudulenta maniobra que con la inestimable ayuda de su lacayo, el Sr. Zaplana, ha organizado en la ciudad de Alicante con el fin de poner lo que queda del PP alicantino en manos de los imputados del Ayuntamiento. Como sea tan creíble la promesa de que no habría imputados en los cargos orgánicos del PP como la de que no habrá imputados en las listas electorales, los ciudadanos pueden tener la seguridad de que, salvo milagro de última hora, sí los habrá.

Es evidente que estas declaraciones del Sr. Ciscar ponen de manifiesto una tremenda falta de realismo y de sensatez política. El PP está sufriendo un enorme desgaste electoral como consecuencia no sólo de las políticas impuestas por el Gobierno de la Nación, sino también como consecuencia de los resultados de la mala gestión popular en la Comunidad Valenciana, malos resultados debidos a los sistemáticos incumplimientos de los programas y principios del PP en la gestión de la Generalitat. Y a ello hay que añadir la estela de casos de corrupción y la incapacidad de la dirección popular para frenar y atajar en seco esta situación. Si a ello se añade la incapacidad de los actuales dirigentes populares para reconocer y asumir que es imprescindible abordar un proceso de regeneración democrática del Partido Popular y de muchas de las instituciones está completándose el cóctel necesario para cosechar malos resultados electorales. Y especial responsabilidad tiene en ello el Sr. Ciscar y su equipo, enemigos acérrimos de cualquier regeneración y de cualquier proceso democrático que permita al PP volver a conectar con las necesidades reales de los ciudadanos y de convertirse en un referente de participación, de debate, de transparencia, de libertad, de honestidad y de confianza ciudadana. Pero lamentablemente esas suelen ser las consecuencias de una determinada forma de hacer política que termina entregando toda una gran y noble organización al primer chaquetero y arribista que llega, es decir, consecuencia de la ausencia de democracia interna.

Finalmente hay un dato que parece obviar el Sr. Ciscar y es que el previsible crecimiento electoral de UPyD y Ciudadanos se basará, sobre todo, en el voto de los ciudadanos descontentos con el Partido Popular. Pensar que estos partidos traicionarían a la primera de cambio a sus electores para que haya “más de lo mismo” es cuando menos ingenuo. No somos pocos los antiguos votantes del PP los que pensamos que mientras el PP siga en manos de personajes como las actuales, enemigos declarados de la honestidad, de la transparencia y de la regeneración democrática, lo mejor que le puede pasar al PP y a la ciudadanía es que el Partido Popular se marche una temporada a la oposición a ver si, lejos de las moquetas, de los asesores y de los privilegios políticos, inicia una tan profunda como imprescindible renovación y regeneración interna.

Santiago de Munck Loyola

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La energía intervenida.

Buena se ha liado en los últimos días con la anunciada subida de un 11 % del recibo de la luz a partir del próximo enero  como consecuencia del resultado de la última subasta (CESUR) y por la consiguiente decisión del Gobierno de suspenderla. Todo parece indicar que no se producirá esa subida ya que el Gobierno, de prisa y corriendo, ha fijado un nuevo precio político de la electricidad moderando radicalmente la subida anunciada. Pero no nos engañemos porque tal y como van las cosas los usuarios, de una forma u otra, terminaremos pagando en nuestros recibos lo que el Gobierno y las eléctricas decidan. Lo cierto es que los consumidores estamos sometidos a un complejo régimen de establecimiento de precios en el sector eléctrico cuyas consecuencias son las que son, a saber, que el coste de la electricidad para uso industrial ha aumentado desde el año 2008 un 27 % situándose en el quinto lugar de los más caros de la Unión Europea y que desde el año 2006 el recibo de la luz para el consumo doméstico ha aumentado un 70 % por lo que los usuarios españoles pagamos una de las electricidades más caras de Europa. Y aún así, pagando uno de los recibos más caros de la Unión Europea mientras que percibimos unos salarios no precisamente homologables con nuestros vecinos, resulta que los consumidores españoles debemos al sector eléctrico cerca de 30.000 millones de euros que año tras año, sobre todo desde el 2005, se han ido acumulando y que se engloban bajo ese concepto del déficit tarifario, tan querido para algunos.

¿Y todo esto por qué? ¿Acaso en España los costes de la generación y distribución de la energía eléctrica son mucho mayores que en Europa? ¿Acaso la empresas eléctricas españolas son tan ineficientes e incompetentes? Pues no. Las empresas eléctricas españolas, a pesar de estar plagadas de ex políticos excelentemente remunerados, no son tan incompetentes a la hora de fabricar electricidad a precios europeos competitivos. El problema no está ahí, sino en la intervención pública, en la intervención estatal sobre el precio de la electricidad. El importe del recibo de la luz que los españoles pagamos desde hace años es más político que económico y a mayor intervención estatal sobre el mercado más caro nos sale el recibo.

La tarifa de último recurso (TUR), que a partir de 2014 se denominará precio voluntario al pequeño consumidor, está formada por dos elementos, los peajes y el coste de la energía, que representan alrededor de la mitad de la factura cada uno, y a los que se suman los impuestos. Es decir, que de cada 50 € que pagamos en el recibo, más de 30 € se deben a la intervención pública (peajes e impuestos) y menos de 20 € al coste de la energía. Los peajes los fija el Gobierno de turno y retribuyen lo que cuesta transportar y distribuir la energía eléctrica y además sirven para pagar decisiones políticas como las primas que se pagan a las renovables, la moratoria nuclear, las subvenciones al carbón, el sobrecoste que supone generar electricidad en sistemas extrapeninsulares y la financiación del déficit de tarifa. Y la otra parte del recibo, el coste de la energía, se establece en la subasta Cesur en la que intervienen los agentes del mercado.

Son las decisiones políticas de nuestros gobiernos las que año tras año han ido inflando el famoso déficit tarifario y que finalmente tendremos que pagar los consumidores bien a través del recibo, bien a través de la hacienda pública. De lo que no cabe duda es que el intervencionismo estatal en este ámbito ha sido y es un atentado directo a la economía de las familias, gravando sin compasión un artículo de primera necesidad, y a la competitividad de nuestras empresas contribuyendo con ello a la destrucción de empleo. Hoy por hoy, los consumidores no tenemos una auténtica capacidad de elección de nuestro suministrador de energía ni tenemos acceso a un mercado libre en el que a través de una competencia real los precio sean fijados con criterios económicos y no políticos. No tiene ningún sentido que por el hecho de que un gobierno decida subvencionar a los fabricantes de energía fotovoltaica con sus paneles importados de China seamos finalmente los consumidores quienes tengamos que pagar en nuestro recibo de la luz esa subvención. Y en medio de este panorama llama mucho la atención que algunos hayan decidido desempolvar su particular “libro rojo” y reivindiquen como una solución la nacionalización del sistema eléctrico. Si en la actualidad la intervención pública en el sistema eléctrico supone un sobrecoste de más del 50 % para el bolsillo del usuario, mejor no imaginar qué ocurriría si todo el sistema eléctrico dependiera de nuestros políticos. Apaga y vámonos.

Santiago de Munck Loyola

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¿Ladran?...

Hace pocos días, D. Antonio Zardoya, periodista y colaborador del Diario El Mundo ha escrito un artículo titulado “la derecha cainita” en el que lejos de realizar un análisis sobre las discrepancias políticas que existen en el centro derecha alicantino, tal y como podría sugerir dicho título, desarrolla más bien un ajuste de cuentas, en buena medida de carácter personal, destinado a descalificar el nacimiento de una nueva opción política en la provincia como es Ciudadanos. El Sr. Zardoya expone su simplista tesis, a saber, que las escisiones en el seno del Partido Popular de Alicante, a diferencia de los que según él ocurre en la izquierda, se debe a que cuando alguien es apeado de las listas electorales, se “cabrea” y monta su propio partido. Y para justificar esta simpleza fabrica un enorme saco en el que mete a todo aquel político que haya decidido emanciparse de la pesada bota popular y explorar otras iniciativas políticas, tan legítimas como cualquier otra. Sin “cortarse un pelo”, el Sr. Zardoya mete en su saco a Domingo Soler de Torrevieja, a Sonia Castedo a la que acusa de amenazar al PP con promover su propio partido, a Carlos Fabra que anda por Castellón, a Gema Amor y a David Devesa de Benidorm o a Emigdio Tormo en el caso de Elche, recientemente elegido representante provincial de Ciudadanos y al que guarda, al parecer, extrañas y oscuras animadversiones. A todos, de una forma u otra, los califica como cadáveres políticos, los sitúa interesadamente en el difuso contexto de la corrupción y los termina por embalsamar como políticos de cuerpo presente en el, según él, tanatorio de Ciudadanos.

Como respuesta escueta a tal cúmulo de desatinos, a esa ensalada seudoperiodística aliñada con buenas dosis de inquinas personales bastaría un “ladran, luego cabalgamos”. Sin embargo, parece mucho más adecuado, sobre todo para argumentar racionalmente el debate público, destacar algunos aspectos del citado artículo.

Según el Diccionario de la RAE, cainita significa “perteneciente o relativo a Caín. Se dice especialmente del odio o enemistad contra allegados o afines”. Y anda muy desorientado el Sr. Zardoya si piensa que las discrepancias o el fraccionamiento de la derecha alicantina se deben a odios o enemistades contra allegados o afines. Más sólidas son las divisiones en el campo de la izquierda y a nadie se le ocurre la simpleza de atribuirlas a odios o enemistades personales. La existencia de corrientes o de grupos ideológicos dispares en el campo del centro derecha no debería ser contemplado como algo negativo o condenable por un demócrata observador de la realidad y generador de opinión pública. Todo lo contrario, por lo que parece fuera de lugar, desde una perspectiva democrática y pluralista, encuadrar las discrepancias ideológicas en el ámbito de las guerras cainitas o simplemente personalistas.

Lo que llama la atención en el discurso del comentarista es la ausencia de un análisis, por superficial que fuera, de las causas que favorecen la fractura del centro derecha cuya unidad, por cierto, tanto esfuerzo costó. A modo de apunte, baste indicar que una de las principales causas se encuentra en la ausencia de canales de participación de la militancia en los órganos de gobierno del Partido Popular provincial, la falta de talante dialogante y democrático de muchos de sus dirigentes y en un elevado déficit de democracia interna que impide que sea la propia militancia la que decida quiénes deben o no representarles en las instituciones democráticas.

Pero parece que al Sr. Zardoya no le interesa hablar de eso, no. Ha construido un escrito y una tesis utilizando el método de la coctelera. Un “totum revolutum” que, en definitiva, busca descalificar a determinadas personas, quizás para saldar viejas cuentas, y, de paso, a una nueva opción política que le guste o no cada día tiene más seguidores. Y. lo que es peor, monta su tesis faltando a la verdad. Habrá a quien le guste más o menos la trayectoria del nuevo dirigente provincial de ciudadanos Emigdio Tormo o quien cuestione su reciente elección, pero no se debe mentir para expresar ese disgusto. Es falso que Tormo “se haya colocado como coordinador provincial”, ha sido elegido, importante matiz que a un demócrata no se le debería escapar, como también es falso que en 2011 “se quedara en el paro político”, a no ser que el periodista tenga constancia fehaciente de un parón en la actividad política del Sr. Tormo. No parece muy ético, intentar mezclar el cese en el desempeño de una responsabilidad política con el “paro” en estos tiempo que corren para intentar transmitir una idea equivocada o unos móviles poco ejemplares sobre su nueva actividad política. Por cierto que Emigdio Tormo tiene la suerte de estar en activo laboralmente.

Por último, es posible que quien sólo quiere construir una tesis sobre la base de prejuicios personales no pueda ver el nexo de unión entre muchas personas con sensibilidades políticas diferentes y que les conduce hacia Ciudadanos. Pues bien, es algo tan sencillo como la regeneración política, la necesidad imperiosa de que los partidos e instituciones sean regenerados democráticamente. Cada uno, de derechas o izquierdas, podrá tener un rumbo, un destino pero si el autobús que ha de conducir a los pasajeros no pasa la ITV, si falla su mecánica, dará igual el destino que la mayoría elija, el viaje se frustrará. Pues bien, de eso se trata, de regenerar el autobús, los partidos y las instituciones, porque tal y como están no se puede viajar con garantías. Y eso tan simple, tan elemental, es lo que puede y de hecho une a mucha gente, a muchas personas, que no cadáveres políticos, con inquietudes sociales y políticas que, aunque con destinos diferentes, coinciden en que lo primero que hay que hacer es garantizar el viaje. Y esa garantía, desgraciadamente, no se puede encontrar en los actuales dirigentes del Partido Popular de la Provincia de Alicante. No se pongan nerviosos, no descalifiquen, aparquen prejuicios y fobias personales porque queda un largo recorrido por delante. Ciudadanos está dando sus primeros pasos en Alicante y hay mucho por definir y construir, pero es evidente que hay quien prefiere poner sobre el tapete del debate nombres y no ideas ni proyectos. Esa apuesta puede que sea la de los partidos tradicionales y sus servidores mediáticos, pero no es la de la ciudadanía.

Santiago de Munck Loyola

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¿Otro “gatillazo” popular en Orihuela?

Dicen que a la tercera va la vencida, pero el tiempo dirá si por fin prospera la moción de censura que el Partido Popular ha presentado en Orihuela. Y por lo que se ve la desvergüenza de algunos líderes del Partido Popular no tiene límite. Es el caso del D. José Ciscar “capitis diminutio” en el Gobierno Valenciano, por la más que justificada desconfianza del Presidente Fabra, y que puesto a justificar esta nueva moción de censura ha apelado, como no podía ser menos, a la necesaria gobernabilidad del municipio y quien, además, no ha tenido ningún reparo en avalar una moción de censura promovida con cinco concejales del Partido Popular imputados en diversos casos de corrupción. Parece que, una vez más, la línea roja del Sr. Fabra es una línea intermitente, como en la ciudad de Alicante.

Por su parte, el Secretario General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, que asistió a la presentación del acuerdo de la moción de censura entre PP y el Centro Liberal Renovador de Orihuela, lo presentó como un “ejercicio de responsabilidad por la ciudad de Orihuela”. Según explicó, el acuerdo “tiene vocación de futuro” y posibilitará que Orihuela tenga una alcaldesa del PP y que será la portavoz del partido, Pepa Ferrando. Como era de esperar, los promotores de la moción de censura se justifican, como en todas las mociones de censura, apelando a la situación de “ingobernabilidad y parálisis” que sufre el Ayuntamiento y que en este caso está dirigido por un gobierno en minoría, con tan solo nueve concejales, frente a los 15 del PP y CLR.

Parece que el Sr. Ciscar y su escudero, el Sr. JJ Zaplana, están empeñados en engañar a los alicantinos y en tomarnos poco menos que por tontos. Alguna explicación deberían dar estos señores para justificar por qué ahora se han caído del caballo y, súbitamente, avalan una moción de censura haciendo un “ejercicio de responsabilidad”. ¿Por qué no lo han hecho antes? Habrá que deducir que la cúpula alicantina popular ha estado instalada mucho tiempo en la irresponsabilidad respecto a la situación de supuesta ingobernabilidad de Orihuela o que quizás estaba muy ocupada montando una farsa de partido en Alicante para que siga bajo el control de personas imputadas en casos de corrupción. Y, hablando de corrupción, deberían también explicar muy claramente a los ciudadanos cómo es posible que hace unos meses los dirigentes provinciales populares impidieran al Partido Popular de Orihuela que presentase una moción de censura encabezada por la ex alcaldesa Mónica Lorente, imputada en el caso Brugal precisamente por estar imputada, y ahora no exista ninguna reparo político o ético para formalizarla con cinco concejales imputados. Una vez más está quedando claro como el agua la actitud de D. José Ciscar y D. José Juan Zaplana respecto a la corrupción y sus consecuencias judiciales es puramente instrumental, carente de cualquier atisbo de condena e incompatibilidad. Usan las imputaciones según su conveniencia política y están demostrando que son los últimos interesados en que se produzca una auténtica regeneración democrática en la sociedad alicantina y en el PPCV. Algo falla cuando el Presidente del PP de Alicante manifiesta públicamente que el mejor activo del Partido Popular para las próximas elecciones municipales en la ciudad de Alicante es una persona imputada por varios delitos.

No es posible olvidar que el escándalo del caso Brugal nació a la sombra del Partido Popular de Orihuela y del Centro Liberal y que todavía queda bastante por conocer del mismo. Hay casualidades que pudiera ser que no lo son tanto. Y tanto súbito ejercicio de responsabilidad, cuando menos, marea. Estas idas y venidas populares, con mociones de censura fallidas, con pactos secretos y públicos, con candidatos defenestrados, ahora sí, ahora no, termina por dar una más que penosa impresión. Cuando hay tanta porquería detrás, pendiente de lo que dictamine la justicia, lo menos que podrían hacer los dirigentes provinciales del Partido Popular es actuar con una transparencia absoluta y con un exquisito respeto a la inteligencia ciudadana, sin más mentiras, sin tapujos y sin engaños. Una cosa es clara, de “ejercicio de responsabilidad” en Orihuela a estas alturas, nada de nada.

Santiago de Munck Loyola

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La agenda política y la agenda ciudadana.

No hay día que pase sin que conozcamos alguna noticia sobre la carrera independentista organizada por parte de la clase política catalana. Se van sucediendo las diferentes reacciones de los partidos y sus líderes en torno al anuncio del referéndum independentista organizado por CiU, ERC y sus socios de la versión catalana de Izquierda Unida y la CUP. Es cuando menos curioso observar como buena parte de la izquierda ha renunciado a su carácter internacionalista de tiempos pasado para anclarse en posiciones localistas de rancio abolengo. Izquierda Unida, sin ir más lejos, apoya la celebración de esa consulta independentista lo que significa que para esa formación la soberanía popular, la del conjunto de los españoles, es fraccionable a demanda. Es decir, que la soberanía popular, tal y como se recoge en nuestra Constitución, puede ser obviada, ignorada y transferida a sólo una parte del cuerpo electoral para que decida sobre el conjunto. Lo que nadie nos aclara, ni Izquierda Unida ni sus compañeros catalanes de aventura independentista es cual es límite hacia abajo en el que se puede ir fraccionando la soberanía popular. Si la soberanía popular puede, según ellos, ser amputada y ejercida sólo por una parte del cuerpo electoral, el catalán en este caso, ¿por qué no puede ser fraccionada aún más? ¿Por qué, por ejemplo, los ciudadanos de Badalona o del Valle de Arán no podrían a su vez ejercer el mismo derecho a decidir si quieren o no estar integrados en una hipotética Cataluña independiente? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para justificar el fraccionamiento de la soberanía popular? Una verdadera incógnita.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, da por sentado que esa consulta independentista no se va a celebrar y se ampara en el respeto a la legalidad constitucional como garantía para ello. Por su parte, los socialistas del PSOE están tratando de reconstruir sus relaciones con los socialistas catalanes tras las evidentes discrepancias en este asunto reflejadas en la ruptura de su unidad parlamentaria. Hoy mismo, en la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados el jefe de la oposición, Pérez Rubalcaba ha puesto de manifiesto su coincidencia con Rajoy a la hora de rechazar la celebración de un referéndum y de oponerse a una hipotética independencia de Cataluña. Y punto, porque a partir de esa coincidencia Pérez Rubalcaba ha aprovechado su turno para reiterar una vez más el discurso que en los últimos meses ha venido desplegando su partido, es decir, pedir el cambio de la Constitución y asegura, según él, al menos otros 35 años de convivencia entre todos los españoles en el marco de una España federal. Los socialistas, frente al desafío de los independentistas, son partidarios de reformar la Constitución de 1978 y dotar con ello a nuestro Estado de una estructura federal.

Es evidente que, tras 35 años de funcionamiento, nuestra Constitución necesita una revisión, pero es probable que dicha revisión no deba ir precisamente en la dirección que los socialistas señalan. La reforma constitucional no puede plantearse, porque es sencillamente falso, como una respuesta destinada a contentar a nacionalistas e independentistas, que tanto monta… Nacionalistas e independentistas sólo pueden justificar la razón de su existencia sobre la base de la confrontación permanente, de la reivindicación y del agravio comparativo. El desarrollo constitucional operado en las últimas décadas y plasmado en el modelo autonómico ha demostrado que a mayores cotas de descentralización estatal y autogobierno autonómico más independentismo. Cada cesión a los nacionalistas e independentistas lejos de atenuar sus reclamaciones ha servido para que suban un peldaño más en su escalada hacia la ruptura de España. Las llamadas al diálogo y al consenso de los nacionalistas e independentistas sólo sirven si con ellas “sacan tajada”, para ellos dialogar significa que el estado debe ceder a sus pretensiones, nunca a la inversa. Parece, por tanto, más que evidente que la solución de los socialistas, la reforma constitucional, al desafío de los separatistas peca de candidez y de aceptarse sería sumamente peligrosa para la unidad de España y para el modelo de Estado. Nadie puede creer sinceramente que la configuración de un modelo federal contentaría a los separatistas porque, por definición supondría la desaparición de los llamados “hechos diferenciales”. Y si lo que proponen es un desarrollo de eso que algunos denominaban el “federalismo asimétrico” no es necesario, porque eso es, en el fondo, la esencia de un estado autonómico, con competencias regionales diferentes en cada territorio.

Una gran parte de los ciudadanos vemos como un problema la actual articulación del Estado autonómico. Tiene graves defectos de funcionamiento que impiden fundamentalmente una auténtica igualdad de derechos y obligaciones entre todos los españoles y, además, comporta un grave lastre económico especialmente llamativo en tiempos de crisis como la presente. Una reforma constitucional debería quizás abordar la racionalización del estado, la redistribución y la delimitación precisa de las competencias cerrando, de una vez, el permanente proceso de incertidumbre.

Y siendo todo lo anterior tremendamente importante, da a veces la sensación de que la clase política está en juego bastante alejado de lo que hoy por hoy preocupa a la inmensa mayoría de los españoles. En medio de una recesión como la presente, con un paro atroz, con un crecimiento desorbitado de la pobreza y de las desigualdades sociales, con una caída del nivel de vida de los españoles y con un recorte permanente de nuestro Estado de Bienestar da la impresión de que la agenda de nuestra clase política está en otra cosa. La incapacidad de muchos políticos para resolver los problemas básicos de los ciudadanos queda difuminada tras iniciativas extemporáneas y sentimentalistas que terminan arrastrando al resto mientras los ciudadanos seguimos pagando las consecuencias de su fiesta. ¿No será mejor ocuparse ahora de resolver los graves problemas que asfixian a los ciudadanos? Yo creo que sí.

Santiago de Munck Loyola

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