La energía intervenida.

Buena se ha liado en los últimos días con la anunciada subida de un 11 % del recibo de la luz a partir del próximo enero  como consecuencia del resultado de la última subasta (CESUR) y por la consiguiente decisión del Gobierno de suspenderla. Todo parece indicar que no se producirá esa subida ya que el Gobierno, de prisa y corriendo, ha fijado un nuevo precio político de la electricidad moderando radicalmente la subida anunciada. Pero no nos engañemos porque tal y como van las cosas los usuarios, de una forma u otra, terminaremos pagando en nuestros recibos lo que el Gobierno y las eléctricas decidan. Lo cierto es que los consumidores estamos sometidos a un complejo régimen de establecimiento de precios en el sector eléctrico cuyas consecuencias son las que son, a saber, que el coste de la electricidad para uso industrial ha aumentado desde el año 2008 un 27 % situándose en el quinto lugar de los más caros de la Unión Europea y que desde el año 2006 el recibo de la luz para el consumo doméstico ha aumentado un 70 % por lo que los usuarios españoles pagamos una de las electricidades más caras de Europa. Y aún así, pagando uno de los recibos más caros de la Unión Europea mientras que percibimos unos salarios no precisamente homologables con nuestros vecinos, resulta que los consumidores españoles debemos al sector eléctrico cerca de 30.000 millones de euros que año tras año, sobre todo desde el 2005, se han ido acumulando y que se engloban bajo ese concepto del déficit tarifario, tan querido para algunos.

¿Y todo esto por qué? ¿Acaso en España los costes de la generación y distribución de la energía eléctrica son mucho mayores que en Europa? ¿Acaso la empresas eléctricas españolas son tan ineficientes e incompetentes? Pues no. Las empresas eléctricas españolas, a pesar de estar plagadas de ex políticos excelentemente remunerados, no son tan incompetentes a la hora de fabricar electricidad a precios europeos competitivos. El problema no está ahí, sino en la intervención pública, en la intervención estatal sobre el precio de la electricidad. El importe del recibo de la luz que los españoles pagamos desde hace años es más político que económico y a mayor intervención estatal sobre el mercado más caro nos sale el recibo.

La tarifa de último recurso (TUR), que a partir de 2014 se denominará precio voluntario al pequeño consumidor, está formada por dos elementos, los peajes y el coste de la energía, que representan alrededor de la mitad de la factura cada uno, y a los que se suman los impuestos. Es decir, que de cada 50 € que pagamos en el recibo, más de 30 € se deben a la intervención pública (peajes e impuestos) y menos de 20 € al coste de la energía. Los peajes los fija el Gobierno de turno y retribuyen lo que cuesta transportar y distribuir la energía eléctrica y además sirven para pagar decisiones políticas como las primas que se pagan a las renovables, la moratoria nuclear, las subvenciones al carbón, el sobrecoste que supone generar electricidad en sistemas extrapeninsulares y la financiación del déficit de tarifa. Y la otra parte del recibo, el coste de la energía, se establece en la subasta Cesur en la que intervienen los agentes del mercado.

Son las decisiones políticas de nuestros gobiernos las que año tras año han ido inflando el famoso déficit tarifario y que finalmente tendremos que pagar los consumidores bien a través del recibo, bien a través de la hacienda pública. De lo que no cabe duda es que el intervencionismo estatal en este ámbito ha sido y es un atentado directo a la economía de las familias, gravando sin compasión un artículo de primera necesidad, y a la competitividad de nuestras empresas contribuyendo con ello a la destrucción de empleo. Hoy por hoy, los consumidores no tenemos una auténtica capacidad de elección de nuestro suministrador de energía ni tenemos acceso a un mercado libre en el que a través de una competencia real los precio sean fijados con criterios económicos y no políticos. No tiene ningún sentido que por el hecho de que un gobierno decida subvencionar a los fabricantes de energía fotovoltaica con sus paneles importados de China seamos finalmente los consumidores quienes tengamos que pagar en nuestro recibo de la luz esa subvención. Y en medio de este panorama llama mucho la atención que algunos hayan decidido desempolvar su particular “libro rojo” y reivindiquen como una solución la nacionalización del sistema eléctrico. Si en la actualidad la intervención pública en el sistema eléctrico supone un sobrecoste de más del 50 % para el bolsillo del usuario, mejor no imaginar qué ocurriría si todo el sistema eléctrico dependiera de nuestros políticos. Apaga y vámonos.

Santiago de Munck Loyola

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