El olor a podrido.

Un nuevo informe de la policía judicial ha vuelto a poner de manifiesto la existencia de graves irregularidades en la financiación del PPCV. No se trata de ninguna novedad. Llueve sobre mojado y sorprende mucho la lentitud de la justicia a la hora de enjuiciar y depurar responsabilidades de toda una trama corrupta de la que ha formado parte el PPCV. El último informe de la policía judicial sobre el caso Gürtel añade más acusaciones sobre las irregulares transacciones entre la trama corrupta y la contabilidad del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Según el informe policial el Partido Popular ha manejado abundante dinero negro y con él pagó a las empresas de la trama Gürtel numerosos actos electorales. Este informe saca a la luz también varios regalos efectuados por los responsables de la trama corrupta a muchos políticos que no eran ajenos, desde luego, a la formalización de contratos con las empresas de esta trama. Es cierto que muchos de los hechos denunciados quedan ya lejos en el tiempo como los relativos al Congreso Regional de 2002 que costó  240.582 euros y por el que el PPCV abonó a la empresa Special Events más 150.000 euros en negro, que se dice pronto, o como los 17.429 euros también pagados en negro en 2002 por la Convención Regional celebrada en el Palau de la Música de Valencia. Pero no es menos cierto que la posible prescripción de hechos delictivos o simplemente irregulares no puede en modo alguno esgrimirse como excusa para no depurar las responsabilidades políticas a que hubiere lugar.

Pero sin irnos tan lejos en el tiempo todavía quedan muchas cuestiones que aclarar y es muy importante hacerlo, no ya por la cantidades económicas manejadas, sino porque muchos de los que han manejado dinero negro para pagar actos electorales del Partido Popular ostentan hoy importantes responsabilidades de gobierno. Ya en el informe de la UDEF de 2008 se realizaban importantes y graves acusaciones que, al día de hoy, no han sido respondidas adecuadamente ante la opinión pública. En aquel informe se mencionaban a una serie de personas como pagadores, como personas de contacto para las empresas de la trama corrupta, para los gastos de las campañas de las elecciones de 2007 y las generales de 2008. Entre ellos hay que destacar a los siguientes y por las cantidades en dinero negro que se relacionan:

Adela Pedrosa, Alcaldesa de Elda y Vicepresidenta 1ª de la Diputación: 13.997.- €.

Alfredo Castelló, Alcalde de Sagunto y Presidente del Comité de Derechos y Garantías del PPCV (¡Qué ironía!): 14.554.- €.

Miguel Peralta 5.067.- €.

Mercedes Alonso, Alcaldesa de Elche: 42.131.- €.

César Augusto Asencio, Alcalde de Crevillente y Vicepresidente 2º de la Diputación de Alicante: 39.900.- €.

José Ciscar, Presidente del PP de Alicante y Vicepresidente, Consejero de Presidencia y Hacienda y Portavoz del Consejo de la Comunidad Valenciana: 4.472.- €.

Y respecto a la ciudad de Alicante a la que se asignan en el informe 62.495.- € pagados en negro no figura el nombre del “pagador” de los gastos de la campaña de 2007, aunque todos conocemos quién era la coordinadora de la campaña electoral.

Desde luego tiene lo suyo que el actual Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y Consejero de Hacienda, el Sr. Ciscar, pudiera haber manejado alegremente dinero negro para pagar actos electorales. Pues bien, como puede apreciarse del examen de los nombre de esta lista de políticos que manejaron dinero negro destaca el hecho de que la mayoría ostenta en la actualidad cargos de enorme relevancia. Se trata de personas que hoy en día manejan presupuestos públicos y el dinero de los contribuyentes, sin que hasta la fecha se sepa si es o no cierto lo que de ellos dice la policía. Son, en todo caso, políticos bajo sospecha y esa sospecha no despejada debería inhabilitarles, mientras no ofrezcan a la opinión pública una explicación plausible sobre la misma, para seguir ejerciendo responsabilidades públicas y, desde luego, les incapacita para exigir nada a los ciudadanos. ¿Cómo van a combatir estos señores por ejemplo la economía sumergida y el consiguiente tráfico de dinero negro si están acusados de manejarlo? Aquí sólo hay una alternativa: o la policía judicial miente o mienten los políticos.

Es cierto que la inmensa mayoría de los partidos políticos tiene sus “pecadillos” en cuanto a su financiación. Pero también es cierto que si los ciudadanos somos permisivos o tolerantes con estas prácticas la espiral de la corrupción será inacabable. Hace no mucho, algunos afiliados del PP de Alicante tuvimos conocimiento de denuncias de irregularidades en la campaña de las municipales de 2007: actos pagados por empresas, deudas impagadas al día de hoy, etc. Y como en el PP nunca se da cuenta a los militantes de la contabilidad, tuvimos el “atrevimiento” de pedir por escrito información al respecto. ¿Respuesta? Silencio sepulcral. Bueno, silencio del todo, no, algunos fuimos rápidamente expulsados mediante un procedimiento ilegal y leninista.

Mientras los partidos políticos no respondan ante sus afiliados y ante los contribuyentes que son los que ponen el 80 % del presupuesto oficial de los partidos políticos, las prácticas corruptas seguirán siendo el pan nuestro de cada día. Y mientras los partidos políticos sigan funcionando gracias al dinero público y no de las cuotas de sus afiliados seguirán viviendo por encima de sus posibilidades sin tener que responder ante nadie. Siempre vendrán con el cuento chino de que sus cuentas están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. ¡Claro! ¡Faltaría más! Y se quedan tan anchos. ¿Fiscaliza el Tribunal de Cuentas la contabilidad B, el dinero negro con el que, al parecer y según la Policía Judicial, el Sr. Ciscar y sus conmilitones pagaban a la trama Gürtel?

Una democracia sana necesita instituciones sanas y unas instituciones sanas necesitan partidos políticos sanos, partidos políticos democráticos, limpios y transparentes. Y desgraciadamente el PPCV hoy por hoy y con estos dirigentes no lo es. Un partido que hace trampa en las elecciones es como un deportista que se dopa. Su triunfo está viciado y cualquier análisis terminará por demostrarlo. Los ciudadanos no debemos mirar para otro lado, ni admitir prácticas semejantes bajo la excusa del mal menor. O somos firmes contra estas prácticas o seguirán arruinando nuestra democracia. Mirar para otro lado, minimizar estos problemas, colaborar con estas personas bajo sospecha o votarles es amparar y proteger la corrupción. Y viendo a dónde nos han conducido no nos lo podemos permitir. Va siendo hora de abrir las ventanas para que el olor a podrido desaparezca.

Santiago de Munck Loyola
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