Ikea, Alicante y la “polla insaciable”.

En una sociedad de mercado libre, no intervenida, competitiva y con instituciones limpias y transparentes el hecho de que una empresa cualquiera, por muy grande que sea y por muy Ikea que se llame, decida instalarse en una ciudad como Alicante no debería causar todos los problemas y debates que en nuestro caso se están generando. La instalación de esa empresa debería depender fundamentalmente de razones de oportunidad de mercado y del cumplimiento de la legislación vigente. Y poco o nada tendrían que decir los políticos salvo en lo relativo a la defensa de los intereses de los usuarios.

Pero es evidente que no estamos en una sociedad de mercado libre, no intervenida, competitiva y con instituciones limpias y transparentes y no lo estamos porque nos gobiernan los que nos gobiernan y porque se oponen los que se oponen. Unos y otros son los responsables del lamentable espectáculo que se está ofreciendo para algo tan normal como que funcione el mercado en una sociedad moderna y occidental. Seguramente, al observador extranjero toda esta opereta en torno a la instalación de Ikea en Alicante le suena más a una aventura empresarial en una república bananera que a la que corresponde a un país y a una ciudad occidental en el siglo XXI.

Han conseguido que la llegada de Ikea a Alicante esté asociada a la corrupción, al tráfico de influencias y, en definitiva, a lo peor de una determinada forma de entender el papel de las administraciones públicas en el funcionamiento del libre mercado. A la vista de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo es evidente que en Alicante tenemos, más bien padecemos, un Ayuntamiento y una Administración Autonómica podridas hasta la médula que, lejos de servir al interés general, al de los ciudadanos y consumidores, sirven a intereses particulares y, además, bastante sucios, gracias a una clase política en buena parte corrupta, servil, irresponsable y, cuando menos, vergonzosamente pasiva.

Para que una gran empresa se instale en una determinada ciudad sólo deben confluir dos intereses: el de la empresa y el de los consumidores o usuarios y el primero siempre dependerá del segundo. Y el papel de las administraciones no puede ser otro que el de haber desarrollado un modelo de ciudad que disponga de los suelos necesarios para que las oportunidades empresariales pueden materializarse. Y eso no ha ocurrido en nuestra ciudad cuya configuración territorial, cuya trama urbana se ha venido improvisando a golpe de ocurrencias o de intereses particulares, sin más previsión de futuro que la del pelotazo del amigote.

Para que Ikea o cualquier otra gran empresa se instale en nuestra ciudad no hace falta que se vincule con la aprobación de suelos para miles de viviendas nuevas, ni con la creación de un supercomplejo comercial de 130.000 metros cuadrados. Si se hace es sólo para beneficiar al amigote de turno, si se hace es para servir a los intereses de un particular y no al interés general. Podrán justificarlo como quieran, pero todos sabemos que eso es así. Y cuando el proyecto inicial es sometido a investigación judicial, acudir a la figura urbanística de una ATE para eludirla es una demostración palpable de que el Gobierno de la Generalidad también está sirviendo a intereses privados.

Ikea no es la panacea para el empleo ni es la salvación de la ciudad, aunque lo sea del capo de la misma. Es indudable que su implantación beneficiará al consumidor que ya no tendrá que desplazarse a Murcia o a Valencia para adquirir los productos de la multinacional sueca. Pero si Ikea va acompañada de un macrocentro comercial significará, sin duda, la asfixia de los numerosos centros comerciales de la ciudad que no terminan de despegar, supondrá la creación de muchos puestos de trabajo pero simultáneamente la pérdida de cientos de puestos de trabajo en esos mismos centros comerciales y en muchos de los comercios del centro de la ciudad y supondrá el desplazamiento y concentración del ocio con la consiguiente pérdida de vitalidad de importantes zonas de la ciudad. Hay que valorar todo y hay que redimensionar el impacto de esta iniciativa empresarial. Pero lo que hay que intentar sobre todo es obligar a nuestros gobernantes a que sitúen en el centro de sus actos el interés de los alicantinos y a que olviden de una vez sus pactos y su vergonzante sumisión en Valencia y en Alicante a la “polla insaciable”.

Santiago de Munck Loyola

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Alicante maltratada: razones para un cambio.

Desde hace muchos años, los ciudadanos de Alicante sufrimos dos graves problemas cuyas consecuencias se notan en nuestra vida diaria: la discriminación que sufre nuestra provincia y la corrupción en las administraciones públicas. Estos dos problemas inciden directamente en nuestra vida porque son los responsables, en gran parte, de que el nivel de bienestar de los alicantinos esté por debajo de la media española. Ganamos menos que la media de los españoles y tenemos unos servicios públicos de calidad inferior a la media. ¿Por qué? Porque la discriminación provincial y la corrupción conllevan menos recursos públicos y privados para impulsar el desarrollo de nuestra provincia y, por tanto, del bienestar de todos los alicantinos.

Hay que recordar que Alicante es la quinta provincia española en población y en generación de riqueza. Nuestro Producto Interior Bruto es el quinto más elevado de España. Y, sin embargo, la renta media de los alicantinos está en el puesto 20 siendo 4.000 euros anuales por debajo de la media española y situándose en el último puesto de la Comunidad Autónoma. Hoy la renta media de un alicantino está más lejos de la renta de un valenciano de lo que estaba hace 20 años, lo que significa que las últimas dos décadas de política autonómica no han servido para favorecer una convergencia de las rentas provinciales sino para todo lo contrario. Y en el terreno de las rentas conviene recordar la pensión media en España es de 872 euros mientras que la de un alicantino es de 761, la más baja también de la Comunidad Valenciana.

Tanto el Estado como la Generalidad Valenciana no invierten en nuestra provincia lo que por población le corresponde. Nos discriminan y marginan y ello se traduce en malas infraestructuras, equipamientos deficitarios y prestaciones públicas deficientes. Alicante figura en el puesto 40 en las inversiones del Estado y en el último lugar en las inversiones de la Generalidad. En 2015, por ejemplo el Estado invertirá una media de 238 € por habitante, mientras que en Alicante solo invertirá 187 euros. Y la Generalidad hace lo mismo: invertirá 25 euros por alicantino mientras que la media regional será de 32 euros. Y no es la primera vez. En 7 años la Generalidad ha dejado de invertir en Alicante 253 millones de euros que le correspondían por población. Y lo mismo que en infraestructuras ocurre en las demás políticas públicas. Por ejemplo, mientras que en España hay una media de 45 médicos por cada 10.000 habitantes, en Alicante esa cifra se reduce a 32.

Estos son solo algunos ejemplos del maltrato que sufrimos los ciudadanos de Alicante. Y nuestros políticos, nuestros representantes calladitos. ¿Alguien ha escuchado a muchos diputados, senadores o alcaldes alzar la voz y denunciar esta injusticia? No lo hacen porque sus puestos dependen de Madrid o de Valencia y el que desafina sale del coro.

Y a esta discriminación hay que sumar la de la corrupción y el despilfarro que suponen no sólo una pérdida de recursos públicos, sino también privados. Es tal la mala fama que ha sembrado nuestra clase política que las inversiones huyen de nuestra ciudad y nuestra Provincia. Los que nos gobiernan han despilfarrado a manos llenas y han arruinado muchos ayuntamientos y a la propia Generalidad. Ahora cambian algunos nombres de cara a las elecciones pero detrás de los mismos siguen quienes han amparado, tolerado y protegido a los corruptos.

Discriminación provincial y corrupción conllevan menos recursos públicos y privados para el desarrollo y bienestar de los alicantinos. Es por tanto imprescindible combatir esos dos serios problemas.

Y, por eso, ha nacido Esperanza Ciudadana un partido provincial de y para Alicante. Un grupo de personas, normales y corrientes, sin cargos políticos, hartos e indignados con esta situación que queremos cambiar las cosas y que pretendemos, sobre todo, defender los intereses de los alicantinos, por encima de las disciplinas de los partidos, y regenerar la política. Sabemos que sin exigir los recursos que les pertenecen a los alicantinos y que se quedan en Madrid o en Valencia y sin limpiar a fondo las administraciones públicas no es posible atender lo único que importa en la política: el bienestar de las personas y de las familias.

Y, por eso, hemos decidido aunar esfuerzos constituyendo una coalición, “Esperanza Ciudadana – Juntos por Alicante” con otros dos partidos para ofrecer a nuestros vecinos una alternativa diferente porque ninguna otra opción política defiende lo verdaderamente importante y esencial para garantizar el progreso de Alicante: el fin de la discriminación a la que nos somete Valencia y Madrid y la regeneración política. “Esperanza Ciudadana – Juntos por Alicante” representa el cambio decente, un cambio profundo y radical para devolver a Alicante la importancia y el prestigio que le han robado. Y queremos hacerlo con la ayuda de todos, de la mano de la gente, desde abajo. Tenemos las ideas, los proyectos y los equipos para ello. Hay que pasar página, hay que romper con los grupos mafiosos que controlan buena parte de la política, con los moldes políticos caducos que lastran a nuestra provincia y a nuestra ciudad, hay que conseguir que no nos sigan ninguneando y estafando. Hay que decir ¡basta! Y exigir lo que nos corresponde. Los ciudadanos de Alicante no podemos seguir siendo tratados por el Estado y la Generalidad Valenciana como ciudadanos de segunda porque no lo somos. Hay que derrumbar los muros que impiden que se despliegue el enorme potencial que Alicante posee. Y entre todos podemos conseguirlo.

Santiago de Munck Loyola

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Alicante maltratada. (2)

El dedazo del "Ppführer" Rajoy se ha movido.

Cada día que pasa resulta más difícil comprender por qué el mayor partido de España, el Partido Popular, el partido que oficialmente cuenta con más de 800.000 afiliados, prescinde de ellos a la hora de decidir los candidatos que han de representarlos en las elecciones. Estos días todos los medios de comunicación se hacen eco de las especulaciones sobre quién será o no el candidato del PP en determinado Ayuntamiento o Comunidad Autónoma y para ello tratan de interpretar cualquier signo, declaración o gesto de los máximos líderes populares para adivinar los nombres de los agraciados con el “dedazo” del “pepeführer” Rajoy.

Es evidente que con una supuesta base de 800.000 personas un partido con sólidos canales de comunicación internos con esas mismas bases tendría una enorme ventaja sobre sus rivales la que le proporcionaría la conexión con una gran parte de la sociedad en la que sus afiliados se enraízan. Pero, claro, esa comunicación interna debería llevar aparejada, para que fuese efectiva, la participación y la capacidad de decisión de las bases, algo que la élite burocrática de la supuesta derecha española no está dispuesta a tolerar. La alergia popular a la democracia interna “sin tutelas, ni tutías” que dría D. Manuel, es ya una seña de identidad de este partido. Con ello, no se hace otra cosa que alentar y dar la razón a cuantos día a día se van alejando de la política desencantados al comprobar, entre otras cosas, como una casta burocrática y endogámica maneja a su antojo al mayor partido de España para ponerlo al servicio de intereses ajenos a los de sus propios militantes y de los más de 10 millones de españoles que en las últimas elecciones le otorgaron su voto.

Llaman la atención dos actitudes. De una parte la de los medios de comunicación que aceptan sin crítica alguna reseñable el hecho de que la ausencia de democracia interna en el PP se ponga de manifiesto especialmente a la hora de designar candidatos y que entren en ese juego de las especulaciones alimentando una condenable estrategia política. De otra, la sumisión y la aceptación del profundo desprecio con que son tratados por parte de la cúpula del partido los militantes populares. Nunca en democracia un partido político ha ninguneado y despreciado tanto a sus propios afiliados como lo está haciendo el Partido Popular. Sencillamente lo aceptan dócilmente y punto. ¿Cómo es esto posible en pleno siglo XXI? ¿Por qué tanta desconfianza hacia tanta y tan buena gente?

Son miles los candidatos a candidatos, alcaldes y concejales del PP, los que llevan semanas, por no decir meses, completamente descolocados. A pocas semanas de la convocatoria de las elecciones municipales no saben si repetirán o no en las listas porque a algún cerebro se le ha ocurrido que el todopoderoso Rajoy maneja astutamente los tiempos mientras que sus posibles candidatos se pasean con cara de póker por las calles de los pueblos de España mientras sus adversarios ya tienen todo listo para la campaña. ¡Allá ellos! Tienen el hiperliderazgo que se merecen y el que calla, como ellos, otorga.

Definitivamente el Partido Popular ha renunciado a cualquier atisbo de regeneración democrática porque la regeneración sin democracia interna no es tal. Y con ello se aleja, día a día, de un electorado al que ha engañado especialmente en esta legislatura aunque ahora trate de recuperarlo con algunos caramelitos fiscales tras haber castigado a la clase media española con el mayor aumento de la presión fiscal y los peores recortes sociales de la historia. Hoy hemos conocido además que el “Pepeführer” Rajoy ha agraciado con su “dedazo” para la candidatura a la Alcaldía de Alicante a Asunción Sánchez Zaplana y a Alberto Fabra para la Generalitat lo que viene a ratificar dos cosas: que para el PP la opinión de los afiliados alicantinos vale exactamente lo mismo que la de los afiliados socialistas, por poner un ejemplo, y que el PP pasa de nuestra tierra, que la da por perdida.

Santiago de Munck Loyola

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Constituida la Coalición electoral “Esperanza Ciudadana – Juntos por Alicante”.

Hoy, 3 de marzo, se ha constituido con la firma pública del correspondiente Acuerdo la Coalición “Esperanza Ciudadana – Juntos por Alicante” entre tres partidos alicantinos: Esperanza Ciudadana, Demòcrates per Alacant e Iniciativa Independiente de Alicante. Según sus promotores, esta Coalición se constituye con la finalidad de aunar voluntades para desarrollar una política municipal que devuelva al Ayuntamiento de Alicante el prestigio que le ha sido arrebatado y para situar a la institución municipal al servicio de los ciudadanos y no de los grupos de intereses que desde hace años la vienen instrumentalizando para sus fines particulares.

Los miembros de la Coalición presentarán una candidatura conjunta al Ayuntamiento de Alicante con un programa basado en la regeneración política y en la defensa a ultranza de los intereses de la Ciudad de Alicante y cuyos principales ejes de actuación serán:

1. El impulso del desarrollo social, económico y político de la Ciudad de Alicante a través de una política basada en la regeneración democrática, la honradez, la participación ciudadana, la ejemplaridad y la austeridad.

2. La reivindicación de un tratamiento presupuestario del Estado y la Generalidad para la Ciudad de Alicante basado en principios de equidad y solidaridad que permita dotar a la ciudad de las infraestructuras culturales, deportivas, administrativas, sanitarias y sociales así como de las conexiones terrestres y marítimas necesarias para impulsar el desarrollo económico y social de los alicantinos.

3. La realización de una profunda auditoría para medir la eficiencia de todos los servicios públicos y aprobar consecuentemente un Plan de reforma de la Administración municipal para acabar con las duplicidades, incrementar la eficacia de la misma y la accesibilidad ciudadana al Ayuntamiento, exigiendo de forma paralela un nuevo modelo de competencias y de financiación local.

El acuerdo, presentado a los medios por el Secretario General de Esperanza Ciudadana, Carlos Pascual Ruiz, ha sido suscrito por los representantes de los tres partidos, Santiago de Munck por Esperanza Ciudadana, Francisco García por Demòcrates per Alacant y Pablo García por Iniciativa Independiente de Alicante.

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PP-Podemos: No con nuestro dinero.

En diciembre de 2012, los diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Bartolomé González y María Isabel Redondo alcanzaron una notable relevancia informativa y se convirtieron de golpe en protagonistas en los temas de conversación de las redes sociales. La razón de su éxito mediático no estaba en su ingente trabajo en favor de los madrileños ni en la calidad de sus iniciativas parlamentarias, sino en que fueron pillados con las manos en la masa, mejor dicho, en la Tablet jugando a “apalabrados”, sentaditos en sus escaños mientras en el Pleno de la Asamblea madrileña se discutía algo tan intrascendente, al parecer, como era la privatización de seis hospitales y de una parte de los centros de salud. Estos dos sinvergüenzas pasaban así el rato en lugar de trabajar que es para lo que se les estaba pagando. ¿Y qué pasó? Pues nada, que estos dos caraduras se limitaron a balbucear unas excusas y han seguido en sus puestos cobrando del erario público.

Ayer, en el transcurso del debate sobre el estado de la Nación, la que fue “pillada” fue otra veterana diputada del Partido Popular, Dª Celia Villalobos, otra profesional de la política, quien presidiendo la sesión del Congreso, en ausencia del Sr. Posadas, se entretenía en jugar con su Tablet al “Candy Crusch” mientras el Sr. Rajoy intervenía en la tribuna de oradores. ¿Y qué va a pasar? Pues seguramente lo mismo que pasó con las “dos perlas” madrileñas, que, con suerte, emitirá algún tipo de excusa y a seguir cobrando de los sufridos contribuyentes. La indecencia y la falta de ejemplaridad de una buena parte de la clase política parece no tener límites. Los ciudadanos no pagamos los sueldos a sus Señorías para que se entretengan jugando, leyendo o durmiendo en las sesiones parlamentarias. Les pagamos para que trabajen y punto. Si tienen la suficiente cara dura como para entretenerse así delante de los medios de comunicación, a la vista de todo el mundo, bien podemos imaginarnos lo que harán, lo que trabajarán fuera de la vista pública. Mejor no pensarlo.

Claro que estas impresentables actitudes, estas manifestaciones de desprecio hacia los ciudadanos que algunos identificarían como propias de la “casta” son muy contagiosas. Hoy mismo, se ha celebrado en Estrasburgo un Pleno del parlamento europeo en el que, a instancias del Grupo Popular, se debatía la grave situación de los derechos humanos en Venezuela, la patria adoptiva de los ultraizquierdistas de Podemos. Y resulta que el Sr. Pablo Iglesias, en vez de cumplir con sus obligaciones para las que se le paga generosamente con cargo a los contribuyentes europeos, hace “novillos” y se planta en un mitin en Madrid en el que, por cierto, pasándose las urnas por el “arco del triunfo” se autoproclama jefe de la oposición. Dejando al margen esta “querencia” bolivariana y totalitaria del Sr. Pablo Iglesias y su, por supuesto, proverbial complacencia con la violación de los derechos humanos en Venezuela, lo cierto es que su actitud es exactamente la misma que la de los miembros de la “casta” que él tanto critica. El Sr. Iglesias cobra por un trabajo que no hace. ¿Cómo Monedero? Puede ser. ¿Cómo Villalobos, González y Redondo? Desde luego que sí. Un sinvergüenza más. Y disfrazado de profeta.

Santiago de Munck Loyola

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Alicante maltratada (1).

Sr. Ciscar: Obras son amores y no buenas razones.

“Adoro a España”, “amo a Cataluña”, ¿cuántas veces hemos escuchado a famosos, artistas, políticos o empresarios expresar así su “amor” por su tierra? Muchas ¿verdad? Y ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que estos enamorados de su tierra tienen su domicilio fiscal o su dinero a buen recaudo en el extranjero o en paraísos fiscales? Pues más de lo que nos gustaría a la gente normal y corriente. Son “amores”, cuando menos, curiosos. A estos famosos les encanta España, su tierra, lo proclaman casi a voz en grito; son más españoles o más catalanes, en su caso, que los demás. De boquilla lo que haga falta. Pero su peculiar patriotismo llega hasta donde llega hacienda, o sea, hasta donde llegamos todos porque no hay que olvidar que hacienda somos todos. Aman a su “patria” pero aman mucho más a su dinero. Su especial patriotismo les impide contribuir con su dinero al sostenimiento de su patria. ¡Faltaría más! La pasta a buen recaudo fuera de la patria y que sean otros los que con sus impuestos contribuyan al sostenimiento de la patria. Son unos farsantes. Así de claro. Sus proclamas son sólo eso, palabras huecas y vacías, un “engañabobos”. Son los hechos los que cuentan, las obras y no las palabras.

Me he acordado de esos farsantes al leer las declaraciones del Presidente Provincial del PP de Alicante, Sr.  Císcar para quien “ha llegado la hora de que los alicantinos digamos alto y claro por qué nos enamora nuestra tierra, y que nos sentimos orgullosos de ella y el PP lo va a hacer”. Como si se lo creyera, José Císcar dijo ayer, día de los enamorados, que el PP “va a poner a Alicante en valor” porque “cree en esta tierra, en su gente, en sus proyectos y en lo que representa”. Y terminó su alucinante alocución señalando que “nosotros sí creemos que esta es la 'millor terreta del món'. La izquierda, al parecer, no”. No, no se ría el lector por favor que estas declaraciones son ciertas. Sí, las ha realizado el Presidente del PP alicantino y Vicepresidente del Gobierno de la Generalidad Valenciana, el mismo Gobierno que lleva años y años marginando y discriminando a la Provincia de Alicante a la que viene relegando por sistema al último lugar en las inversiones de la Generalidad Valenciana.

El amor del Sr. Císcar y del PP por Alicante se traduce en que este año 2015 cada alicantino recibirá en inversiones de la Generalidad Valenciana una media de 25 euros, frente a los 31,5 de media, es decir, que  la provincia deja de recibir 12,52 millones de euros según criterio poblacional lo que supone una merma de inversiones territorializadas de 252,9 millones de euros entre los años 2008 y 2015. Gracias a este proclamado enamoramiento del Sr. Císcar y sus palmeros Alicante es la octava provincia con menos médicos en relación a su población lo que sitúa a nuestra provincia en el puesto 45 con una tasa de 328 médicos por cada 100.000 habitantes. Gracias al amor del PP, el Gobierno de España priva a los municipios de la provincia de grandes inversiones en 2015 y, así, los Presupuestos Generales del Estado apenas incluyen nuevas obras para Alicante, mientras que Elche solo dispondrá de 8,5 millones para la Ronda Sur. Tanto aman los populares a la Provincia de Alicante que el Gobierno de Rajoy destina en 2015 187,50 euros por ciudadano en las comarcas alicantinas frente a los 1.968,99 euros que ha invierte, por ejemplo, en Orense. Tan sublime amor por esta tierra hace que el Gobierno del PP condene el trasvase Júcar-Vinalopó tras gastarse 400 millones para enviar 8 hm3 y olvide el prometido Plan Hidrológico Nacional, que la inversión estatal en el litoral alicantino se hunda un 98% en siete años o que hayan relegado a nuestra provincia al puesto 26 de toda España en inversiones para el mantenimiento de carreteras. Y ¿para qué seguir? El amor de los Sres. Císcar, Fabra, JJ Zaplana y tantos otros líderes populares por Alicante se traduce en cifras y hechos incontestables que relegan a la 5ª provincia española en población y PIB al furgón de cola de las inversiones de la Generalidad Valenciana y del Estado, ambas administraciones gobernadas por el Partido Popular.

Los políticos pueden decir lo que les venga en gana, hasta la última estupidez que se les pase por la imaginación, pero, por favor, un poco de respeto a los ciudadanos, Sr. Císcar. No Insulte a nuestra inteligencia, el patriotismo como el amor se demuestra con hechos, no con palabras y menos aún tan cursis como huecas. Obras son amores y no buenas razones.

Santiago de Munck Loyola

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Los yihadistas españoles están de enhorabuena.

Entre el “buenismo” pseudoprogresista  del PSOE y el acomplejamiento bobalicón del Partido Popular, los españoles lo tenemos claro. Y ello sin mencionar al resto de los partidos políticos más preocupados en mirarse su ombligo que en garantizar la seguridad de los españoles. PP y PSOE han parido la semana pasada, con tanta solemnidad como inutilidad, un pacto para luchar contra el yihadismo, el terrorismo islamista, y entre los complejos de unos y el tontismo de otros han parido un bodrio. Muchas de las medidas pactadas, vendidas como novedades, ya existían en la legislación y, por el contrario, otras medidas que ya aplican británicos o franceses han sido intencionadamente excluidas del parto, perdón, el pacto. Y a diferencia de los franceses ni una mención a cuánto dinero se pone encima de la mesa para luchar contra esta plaga en ciernes.

Es el caso, por ejemplo, de la posibilidad de retirar la nacionalidad española a los condenados por actividades ligadas al yihadismo. Los franceses ya lo hacen y los británicos no se esperan para hacerlo ni siquiera a la existencia de una condena. Dicen los expertos policiales, que de esto deben saber algo más que los políticos, que se trata de una de las medidas más importantes para combatir el terrorismo islámico “la retirada de la nacionalidad sí es algo que considerábamos eficaz puesto que conlleva en muchos casos la pérdida del empleo y dificultades para seguir residiendo en España con los mismos derechos que siendo español”. Los socialistas se oponen porque según ellos “Las leyes españolas son de las más garantistas y hay que tener en cuenta que retirar a alguien la nacionalidad no solo perjudica al individuo afectado, sino a toda su familia, algo que consideramos injusto”. ¡Hay que fastidiarse! Y ¿meter en la cárcel a un delincuente no perjudica a su familia? Tanta simpleza y tanta demagogia, la verdad es que aburre.

Pues nada, lo dicho, gracias a socialistas y populares, con la complicidad silenciosa de los demás partidos, más de cien españoles de origen fundamentalmente magrebí que actualmente se adiestran o combaten en los territorios controlados por los yihadistas y que se perfeccionan en las técnicas más salvajes e inhumanas de muerte y tortura podrán regresar a España, el país que los acogió y otorgó en su día la nacionalidad española, para, si no los atrapan, poder aplicar aquí sus sanguinarias técnicas aprendidas en los territorios controlados por los execrables islamistas del llamado estado islámico. Y lo podrán hacer como ciudadanos españoles de pleno derecho. ¡Faltaría más!

Mucho han cambiado las cosas. El tontismo buenista y los complejines tratan de anestesiar a la sociedad española y de poner sordina al ruido de un peligro latente que terminará por causar profundos daños y mucho dolor. En la década de los 80, un ciudadano comunitario, criado en España e hijo de española, tenía que sufrir un largo proceso administrativo de varios años para adquirir la nacionalidad española en el que debía demostrar con documentos y testigos su arraigo, su integración y su aceptación de los valores y legalidad de la sociedad española. Hoy da la sensación de que todas esas exigencias, sobre todo cuando se comprueba el nivel de “españolidad” de muchos de estos nuevos españoles, parece que han desaparecido. Algunos deberían asumir que alguien que cree que sus normas religiosas deben ser impuestas a través de la legislación civil, que es lícito y normal concertar el matrimonio de sus hijas menores de edad, que la mujer es inferior al hombre y que no puede gozar de los mismos derechos, que la violencia, hasta la ejercida en el seno de la familia, es lícita y exigible o que la libertad de expresión debe ser reprimida, no está integrado, no participa de los principios y valores constitucionales y que, por tanto, no puede ni adquirir ni conservar la nacionalidad española.

Dice el Artículo 25 del Código Civil que “1. Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad:

b) Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno”. ¿Tan difícil es, si hace falta, retocar ligeramente este artículo para proteger mejor a los ciudadanos?

Santiago de Munck Loyola

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Esperanza Ciudadana con los enfermos de Hepatitis C.

COMUNICADO.

Esperanza Ciudadana con los enfermos de Hepatitis C.

Los pacientes afectados por la infección del virus de la Hepatitis C llevan meses exigiendo a las Administraciones Públicas la financiación del nuevo fármaco  (Sofosbuvir) que ha demostrado gran eficacia en la curación de la enfermedad. El precio abusivo impuesto por la multinacional que lo comercializa (entre 25.000 y 65.000 € el tratamiento por persona), impide el acceso universal al mismo. Ni las Comunidades Autónomas con competencia para ello, ni el Ministerio de Sanidad están financiando de forma suficiente el tratamiento. Hoy sólo un máximo de 5.000 personas, de las 30.000 que según las asociaciones médicas requieren el tratamiento, tendrán acceso al mismo. Tan sólo en la Provincia de Alicante se calcula que existen más de 5.000 afectados por esta enfermedad. Resulta paradójico que un país que financia el aborto sin problemas encuentre tantas dificultades económicas para salvar la vida de los enfermos de Hepatitis C.

Ante este drama que se cobra vidas a diario, ni el Gobierno de España ni los Gobiernos Autonómicos han hecho lo suficiente para garantizar el tratamiento a todos los afectados. Es una emergencia sanitaria y el Gobierno español podría autorizar la producción de genéricos con el fin de dar tratamiento a precio sostenible a los afectados por Hepatitis C sin vulnerar las disposiciones internacionales.

Por todo ello, Esperanza Ciudadana de Alicante manifiesta la siguiente:

1º Su apoyo y solidaridad con los enfermos de Hepatitis C así como con sus familias.

2º Exigir al Gobierno de España, a la Generalidad Valenciana y a todas las administraciones públicas con competencias a que realicen los esfuerzos presupuestarios necesarios para financiar de forma inmediata, hasta que se articulen otros mecanismos, los tratamientos médicos prescritos.

3º Instar al Gobierno español a que:

a) Declare la situación de los pacientes afectados por Hepatitis C como emergencia sanitaria.

b) Realice urgentemente los trámites necesarios para la emisión de licencia obligatoria de Sofosbuvir, autorizando el abastecimiento del mercado interno de este producto mediante la fabricación de genéricos garantizando el tratamiento para todos los que lo necesitan según los criterios médicos.

c) Inste a los organismos internacionales y a los países miembros de la UE a la modificación de la legislación de las patentes farmacéuticas para evitar los efectos perniciosos de la especulación financiera, como en el presente caso.

d) Incremente los fondos destinados a la investigación farmacéutica.

3 DE FEBRERO DE 2015.

Comunicado de Esperanza Ciudadana de Alicante.

COMUNICADO.

Esperanza Ciudadana de Alicante denuncia una vez más las políticas discriminatorias del PP hacia nuestra Provincia.

El sábado pasado, 31 de enero de 2015, el Ministro de Hacienda, Sr. Montoro, ante un auditorio compuesto por empresarios y cargos públicos del Partido Popular reconoció públicamente, por fin, que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, que es deber del Gobierno corregir esta situación y que el Gobierno del Partido Popular no ha tenido, ni va a tener tiempo en esta legislatura de acabar con esta discriminación que venimos sufriendo los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y, en especial, los ciudadanos de la Provincia de Alicante.

Esperanza Ciudadana de Alicante, como partido comprometido con la defensa de los intereses de los alicantinos, desea manifestar su repulsa por el cinismo y la clara falta de voluntad política del Partido Popular de acabar con una situación profundamente injusta e insolidaria para los ciudadanos de Alicante. Igualmente quiere resaltar la falta de peso y la ausencia de compromiso con los ciudadanos de la Provincia de Alicante de los cargos públicos del Partido Popular que manifiestan una sumisión indigna ante los dictados y políticas de su partido en detrimento de los ciudadanos que con su voto los auparon para defender sus intereses y no los de su partido.

Alicante no sólo sufre la discriminación histórica de la Generalidad Valenciana que siempre relega a la provincia al último puesto en cuanto a transferencias e inversiones, sino también la discriminación del Gobierno de la Nación que prima a otras comunidades autónomas a pesar de la histórica lealtad de Alicante con el proyecto común que es España.

Esperanza Ciudadana quiere hacer un llamamiento no sólo al tejido empresarial, sino al conjunto de los colectivos sociales que tienen que soportar este continuo desprecio para que tomen conciencia de esta realidad y, en consecuencia, actúen y exijan lo que por justicia corresponde a los alicantinos.

2 DE FEBRERO DE 2015.

El PP sin propósito de enmienda.

Cuando de pequeños nos enseñaban el catecismo nos decían que para hacer una buena confesión, y por tanto para obtener el perdón de los pecados, era necesario y por este orden empezar por hacer examen de conciencia, sentir dolor de los pecados, hacer propósito de enmienda, confesarse y cumplir la penitencia.

El sábado pasado, la alegría de la huerta, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se personó por fin, tras seis meses de retraso, en un acto con empresarios de la Comunidad Valenciana y líderes regionales y locales del Partido Popular. Los socialistas habían interpretado este acto como una “contraprogramación” del PP al cónclave socialista que los “barones”, excepción hecha de Susana Díaz, celebraban también en Valencia, pero en el fondo la comparecencia del simpático Ministro de Hacienda les ha venido bien, sobre todo a los socialistas valencianos.

Y es que parece que Cristóbal Montoro ha debido decidir que es hora de obtener el perdón de los ciudadanos de esta Comunidad que, dicho sea de paso, no están representados por los empresarios, ni mucho menos. Ha debido hacer examen de conciencia y hasta podría parecer que siente dolor por sus “pecados”. Por fin, se ha dignado a reconocer tarde y mal que la Comunidad Valenciana está “infrafinanciada” con el actual sistema de financiación autonómica. El ministro tras reconocer lo que todos sabíamos menos él y sus subordinados ha señalado que la obligación de un Gobierno es corregirlo y, a renglón seguido, no tuvo empacho alguno en admitir que el Gobierno del Partido Popular, conociendo esta injusticia, no lo ha hecho porque ha estado centrado en “salir de la crisis” y que, ahora, ya no hay “tiempo” para reparar el daño que se está haciendo a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Ya se sabe, el Gobierno del Partido Popular no puede hacer dos cosas a la vez, no puede trabajar por “salir de la crisis” y resolver las injusticias en la financiación autonómica, no puede ocuparse de la economía y hacer política simultáneamente y por ello ha aparcado promesas electorales como la de la reforma de la Ley del Aborto. No dan para más.

Es evidente que el Ministro Montoro y sus silentes acompañantes Fabra, Ciscar, Bonig, etc. quieren hacer trampa. Buscan el perdón de sus pecados pero sin propósito de enmienda alguno y, por supuesto, sin cumplir ninguna penitencia. Con ellos, los alicantinos no estamos de enhorabuena ni mucho menos. Porque a la infrafinanciación de nuestra comunidad, discriminación pura y dura, sumamos la infrafinanciación y discriminación que desde hace años recibimos desde Valencia. Gobierne el PPCV o el PSPV, Alicante sigue siendo la provincia que menos recursos recibe de la Generalidad Valenciana. Es un hecho cierto y constatado por numerosos informes que Alicante no percibe ni del Estado ni de la Generalidad Valenciana lo que, por su población y economía, en justicia le corresponde y es una realidad incontestable que nuestros paniaguados representantes no levantan la voz contra ello, no sea que pierdan el asiento. En Esperanza Ciudadana queremos acabar con ello y lo haremos si contamos con el respaldo de los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola

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¡Sí se puede!

¡Sí! Se puede maquillar un curriculum vitae hasta que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia.

¡Sí! Se puede montar una empresa para facturar trabajos realizados para gobiernos extranjeros y pagar así muchos menos impuestos de los que se deberían pagar en el caso de cobrarlos como persona física.

¡Sí! Se puede recibir dinero de gobiernos que ahorcan a los homosexuales o que han reducido a la mujer a la categoría de ciudadanas inferiores.

¡Sí! Se puede insultar y ofender a millones de españoles calificando al himno español de "cutre pachanga fachosa" y quejarse, alardeando de ignorancia, de tener que soportar, "día tras día, el nacionalismo español y su bandera monárquica y postfranquista".

¡Sí! Se puede camuflar una productora que ofrece servicios empresariales como una asociación sin ánimo de lucro y pagar sueldos de miseria.

¡Sí! Se puede entrar a dedo en un Ayuntamiento con 24 años para “asesorar” sin aportar más mérito que el carnet del partido y la condición de hija de un concejal.

¡Sí! Se puede mentir públicamente afirmando que no estaba presente en una mesa de contratación en la que se adjudicaban sustanciosos contratos a la empresa del hermano y mentir afirmando que las decisiones las tomaban los técnicos.

¡Sí! Se puede incumplir un contrato con la universidad mientras se trabaja para el partido y mentir alegando que se trataba de un simple defecto administrativo.

¡Sí! Se puede justificar y mostrar hasta benevolencia con los asesinos etarras sin ruborizarse lo más mínimo.

¡Sí! Se puede hablar sin pudor alguno de personas “de clase inferior a la nuestra” y justificar el empleo de la violencia física.

¡Sí! Se puede participar en boicots en la universidad para impedir la libertad de expresión de determinados líderes políticos y después pasearse por las televisiones dando clases de democracia a los demás.

¡Sí! Se puede prometer lo imposible a los ciudadanos sabiendo que lo es con tal de arañar votos.

¡Sí, se puede! Se puede todo eso y mucho más. Tic, tac, tic, tac, … Y lo veremos. ¡Sí, claro que se puede! Y todos pagaremos el precio. Quizás demasiado alto. Se puede, pero ¿Se debe?

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

¿PP vs PODEMOS?

Es tal la cantidad de mensajes y noticias que se ponen en circulación a diario que es preciso ponerlas entre paréntesis, hacer un alto y analizarlas con detenimiento para poder tener una visión más sosegada y objetiva de la realidad. Vivimos tiempos de cambios y los cambios siempre asustan  a quienes ven peligrar sus intereses y radicalizan muchos planteamientos. Este fin de semana, nos han “bombardeado” con la Convención del Partido Popular, con las constantes apariciones de Pablo Iglesias y “Podemos” y con las elecciones griegas. En los tres casos, el miedo, la radicalización y el caos son ideas que pueden reconocerse fácilmente en los mensajes que nos trasladan a los ciudadanos. Hay quienes parecen empeñados en convertir la política en algo muy alejado del debate y del contraste racional de ideas, del diálogo; algo muy alejado de esa noble actividad humana en la que la Libertad del individuo responsable y racional encuentra su máxima expresión y la reducen a una vulgar competición en la que la simplificación de las ideas llega al absurdo y en la que el temor a lo desconocido busca la adhesión y, en definitiva, el voto.

De un lado y de otro tratan de levantar el miedo, intentan plantearnos disyuntivas excluyentes que, en el fondo, encierran un profundo desprecio a la inteligencia de la gente y destilan un tufo totalitario. “No hay políticas alternativas a la nuestra”, “sólo nosotros vamos a frenar a los populismos” o “nosotros o el caos” nos gritan desde las filas del Partido Popular. Y desde las antípodas populistas proclaman que “el PP o PODEMOS” en un mensaje perfectamente coincidente. Tratan de hacernos creer que no hay más que dos opciones políticas: el PP o PODEMOS. Y los dos discursos se cimentan en el miedo y en el odio. Quieren convertir la política y las elecciones en un plebiscito, en un referéndum en el que las posibilidades de elegir se reduzcan a dos opciones y nada hay más peligroso para la convivencia democrática que la radicalización del voto, el “o conmigo o contra mi”.

El voto político, en el fondo, no es otra cosa que un contrato basado, como todos los contratos, en la existencia de la confianza, un contrato entre el elector y el candidato. Si el camino que algunos elijen para demandar el voto del ciudadano se sustenta, no en la confianza, sino en el miedo y si, además, para conseguirlo se apoya en la mentira lo único que se logra es pervertir y corromper la esencia de la democracia, la confianza entre el votante y el candidato. No está de más recordar que un contrato suscrito mediante la falsedad o bajo la coacción es un contrato nulo.

Es falso que la competencia política se reduzca a solo dos opciones y lo saben quienes así lo proclaman. Y es francamente despreciable que se busque el voto, la adhesión ciudadana apelando al miedo que es el peor enemigo de la memoria, de la inteligencia y de los sentimientos más elevados. Hay que combatir las falacias que unos y otros tratan de vendernos. Hay que desterrar la resignación que tanto beneficia a quienes aspiran a mantener sus privilegios y a quienes enarbolan la bandera de la utopía sin ofrecer una sola propuesta viable. En definitiva, hay que recuperar para la política la ética que entre tanto oportunista ha desaparecido de la práctica diaria.

Los ciudadanos podemos y queremos elegir en absoluta libertad y los que la condicionan o amenazan con sus mensajes y discursos simplistas y excluyentes no son dignos de recibir adhesión alguna. Los ciudadanos podemos y queremos transformar la realidad a través de la política y no debemos permitir que nos sigan alejando de ella. La pluralidad, la diversidad, los matices, las diferentes perspectivas enriquecen y permiten el ejercicio de la libertad de elección con más plenitud. En nuestras manos está cambiar todo aquello que no nos gusta, todo aquello que entorpece nuestro desarrollo personal y colectivo. Todo depende de nuestra propia responsabilidad.

Vivimos en una gran provincia, Alicante, que no ha sido tratada con justicia durante décadas. No pueden decirnos ahora los responsables de su estado de postración que no hay alternativa. Y tampoco pueden decirnos quienes solo saben promover el “los de abajo contra los de arriba” que ellos son la única salida. Hay otra forma de entender la política, de protagonizarla por parte del ciudadano, de defender nuestra provincia, de proponer soluciones sin renunciar a los principios y a los valores. Esperanza Ciudadana es la opción del cambio, la alternativa al miedo, a la resignación y al odio. Esperanza Ciudadana representa más sociedad y menos impuestos, más libertad y menos intervencionismo, más solidaridad y menos recortes, más eficacia y menos despilfarro, más Alicante y más España. Nos importa la persona y sus problemas. Creemos en su capacidad para afrontar la vida. Y entendemos la  política como un simple instrumento al servicio del progreso individual y colectivo. Creemos firmemente en las inmensas capacidades y en el enorme potencial de Alicante y sabemos que sin su defensa permanente ni unos ni otros serán capaces de sacarnos adelante. Es hora de pasar página y de apostar por el cambio.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es