Del mismo modo que el Hércules C.F. no está en la división de
honor, ni desgraciadamente se le espera, parece que tampoco lo está nuestra
ciudad, Alicante, ni nuestra Provincia. Hablamos de la cuarta provincia más
poblada de España, la más densamente poblada de la Comunidad Valenciana y la
quinta de España. Estamos hablando de una provincia cuya población, si sumamos
la de residentes extranjeros no empadronados, supera incluso a la de Valencia y
que es uno de los territorios españoles con mayor grado de urbanización. Y, sin
embargo, se trata de una provincia cuyo peso demográfico, por no mencionar
otros factores, no se ve correspondido con las inversiones públicas necesarias
e imprescindibles para su progreso y el bienestar de sus ciudadanos.
Hace pocas horas los medios de comunicación volvían a poner
encima de la mesa un dato que ya fue objeto de polémica hace unos meses y que
los representantes populares provinciales trataron de negar tomando por tontos
a los ciudadanos: la falta de inversión del Gobierno central para el
mantenimiento de las carreteras en la provincia. El hecho es que el Gobierno
del Partido Popular relegó el pasado año a la provincia al puesto 26 de toda
España en inversiones para el mantenimiento de carreteras. El Ejecutivo central
apenas destinó 12,7 millones de euros en 2013 para la conservación y la mejora
de nuestras carreteras, a pesar de que Alicante es la quinta demarcación
nacional en población y que es una de las que más turistas recibe por
carretera. Es decir, Alicante se situó en el puesto provincial vigésimo sexto
en cuanto a este tipo de inversiones. Es evidente, como cualquier usuario puede
comprobar, que el estado de la red de carreteras en la Provincia necesita más
inversión en mantenimiento y que muchos proyectos de mejora necesitan
financiación para poder ver la luz. Ni los ciudadanos de la provincia, ni los
turistas que nos visitan pueden esperar, hoy por hoy, que la administración del
Estado ni la arruinada Generalidad Valenciana aporten las inversiones imprescindibles
para configurar una red vial acorde con la población existente y con una
apuesta creíble por el desarrollo del turismo y del tejido empresarial. Y a
todo esto, nuestros representantes y gobernantes calladitos y aparentemente muy
satisfechos: José Císcar, Sonia Castedo, Luisa Pastor,… Ellos a lo suyo que no
es, al parecer, lo mismo que lo de los ciudadanos.
Con ser relevante lo anterior no es, ni mucho menos, lo único
que pone de manifiesto que Alicante no es tratada con justicia y que la falta
de talante reivindicativo de nuestra clase política o la ausencia de proyectos
ambiciosos nos sitúa muy por debajo del nivel que nos corresponde. Resulta a
todas luces incomprensible la infrautilización de nuestro puerto al que la
ausencia de enlace ferroviario para mover mercancías con el centro y norte de
España hace perder la nada despreciable cifra de nueve millones de euros cada
año. El Ministerio de Fomento cortó la conexión en 2010 a causa de las obras
del AVE y no la ha repuesto aún. Situación que además podrá agravarse según los
expertos ya que si se retrasa el enlace con el futuro Corredor Mediterráneo las
pérdidas anuales se dispararán hasta los 11,4 millones de euros anuales. A este
respecto, Joaquín Rocamora, Presidente de Ineca, coincide en que “Alicante ha dejado de contar tanto para la
Generalidad como para el Gobierno, pese a que seguimos siendo una provincia
importante”.
Es incomprensible que no haya una respuesta ni solución a la
vista para conectar por tren el puerto y el aeropuerto al Corredor Mediterráneo
y al AVE. Como lo es también la paralización de las obras del acceso sur a la
ciudad de Alicante ofreciendo una imagen indigna de la capital de una provincia
como la nuestra, la paralización de las obras del túnel se Serra Grossa, la
lentitud en el desarrollo de los trabajos del paseo peatonal del Plan Bahía o
la paralización de las obras en el túnel del AVE por los impagos de la
Generalidad Valenciana.
Ni la ciudad de Alicante ni la provincia están siendo
tratadas con justicia por las administraciones públicas ni por los políticos
que las gestionan y que, teóricamente, nos representan. A la falta de
inversiones públicas en nuestro territorio acompaña la ausencia de planes
vertebradores del mismo y ello es extensible desde la ciudad de Alicante hasta
el último rincón de la provincia.
Todo ello es fruto de un sistema de partidos y de una clase
política instalada en sus privilegios que no se debe a los ciudadanos a los que
debían representar sino al propio sistema partitocrático que los premia o
castiga según su docilidad. No se trata de colores políticos, no, porque
estamos hartos de ver cómo se tiran los trastos a la cabeza cuando el que
gobierna en Madrid no es del mismo color que el que gobierna en Valencia. Da
igual, azules y colorados comparten los mismos genes de una determinada casta
política que debería ir pensando en jubilarse por el bien de los ciudadanos. El
que se mueve no sale en la foto, el que alza la voz cuando los intereses
ciudadanos no coinciden con los de su partido es silenciado y apartado
perdiendo con ello la poltrona. Pocos son los políticos que anteponen los
intereses de la provincia, de su pueblo o de su ciudad a los intereses de su
partido o a los suyos personales. Por eso callan, por eso no exigen, por eso no
reivindican lo que en justicia corresponde a los ciudadanos de Alicante. Y ya
se sabe que “el que no llora no mama”. Y a lo que se ve, lamentablemente,
nuestros representantes políticos se conforman con el chupete.
Santiago de Munck Loyola