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sábado, 15 de marzo de 2014
viernes, 14 de marzo de 2014
Los ciudadanos pasmados y ellos a lo suyo.
Tanto asesor para nuestros políticos, tanto dinero público
empleado en marketing político, en
técnicas de comunicación y en imagen para que luego algunos de nuestros
dirigentes desconcierten e indignen al personal con sus declaraciones o sus
actitudes públicas. El pasado domingo, en un acto político del PPCV celebrado
en Alicante el Presidente del Partido y de la Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, dejó de piedra a más de uno de los asistentes (que no obstante
aplaudirían de forma entusiasta como es habitual en este tipo de actos) y a los
ciudadanos de la calle cuando manifestó su respaldo a la plurimputada alcaldesa
de Alicante Sonia Castedo. “Estás fantástica, a punto, y ahí estaremos todos
ayudándote”. Sorpresa y aplausos entre los asistentes. Más de uno de los
actuales concejales que trabajan bajo cuerda para ocupar el sillón de la
alcaldesa se quedó helado. ¿Y qué hay de la línea roja de Fabra? ¿Dónde queda
esa línea discontinua según la cual los imputados deberían irse a casa? Al día
siguiente todos los medios de comunicación y los comentaristas políticos atónitos
también. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no hay línea roja?
Y se monta tal revuelo que el
Presidente Fabra se ve obligado a salir a la palestra para rectificar y para
aclarar que su apoyo era de carácter personal y que se refería sólo al embarazo
de la alcaldesa. ¡Acabáramos! Alguien, alguno de esos múltiples asesores con
los que cuenta el Presidente Fabra y que costeamos los contribuyentes debería
haberle advertido que se trataba de un mitin, de una reunión política y no de
un encuentro entre amiguetes, ni de una charla del curso del parto sin dolor
por lo que debía medir muy bien sus palabras. Claro que, cuando todo un
Presidente de la Generalitat ve normal que su amiga cargue la factura del “arreglo
del cocido” al presupuesto público, es normal que pasen estas cosas.
Pero, claro, en el PPCV siempre hay “tiralevitas” dispuestos
a apoyar cualquier tontería por grande que sea que diga el jefe y a buscar cualquier
argumento que la refuerce. Es ése el caso de la Presidenta de la Diputación
alicantina, Luisa Pastor, que se apresuró a hacer unas declaraciones antes de
que se produjera la rectificación del jefazo. Y, así, con el pie cambiado dijo
al día siguiente del “apoyo comunitario al embarazo de la alcaldesa” que no hay
ningún inconveniente en que Sonia Castedo vuelva a encabezar la candidatura del
PP porque sólo está imputada por cuatro graves delitos y que no está condenada.
Semejante “perogrullada” cae por su peso. Evidentemente, ningún imputado es, de
momento, culpable de nada. Pero cuando se traza una línea roja, no se sabe muy
bien siguiendo qué criterio y se fija en el momento de la imputación, se hace,
se supone, por una exigencia pública de
ejemplaridad, aunque no lo sepa la Sra. Pastor. Tampoco Luis Bárcenas ha sido
condenado por nada y se sospecha que, pese a su valía financiera, la Sra.
Pastor no desea incorporarle en la próxima candidatura del PP de su pueblo ni
ofrecerle cargo alguno en la Diputación. ¿O sí?
Y por si fuera poca la ligereza con la que algunos políticos
se toman la necesidad de practicar la ejemplaridad y de combatir la corrupción,
ayer mismo fuentes próximas al Gobierno de España y al Ministro De Guindos,
experto fichando socialistas chaqueteros para altos puestos del Gobierno, hacen
saber que no hay ninguna prisa por promover la sustitución de la socialista
Magdalena Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, imputada en
el caso de los ERES andaluces, el mayor caso de corrupción de la historia, y
para la que la Juez Mercedes Alaya acaba de imponer una fianza civil de
29.568.129 euros. Sospecha la Juez que la ex ministra de Zapatero fue la ideóloga
(algo difícil conociendo al personaje) del procedimiento de subvenciones que dio
lugar al latrocinio del dinero de los ERES en la Junta de Andalucía. Que los
socialistas sigan calladitos y que, por supuesto, no pidan la dimisión de sus
imputados es absolutamente normal. Pero que haga lo mismo el Gobierno y el
partido que lo sustenta ya no lo es tanto. Parece que ajuicio de nuestro
Gobierno y, en especial, del Sr. De Guindos este asunto no afecta a la imagen
de España. Total, que la vicepresidenta del banco europeo que maneja miles de
millones destinados a inversiones esté procesada por un caso de corrupción tan
escandaloso como éste carece de importancia. Es más, con no poco cinismo
algunos argumentan que se trata de un asunto que nada tiene que ver, por ser
anterior en el tiempo, con su trabajo en dicho banco como si en ese banco o en
la Junta andaluza no se manejasen fondos públicos y que estas cosas hay que
tratarlas con más delicadeza que la que los socialistas suelen emplear en
asuntos de corrupción mucho menos relevantes. Casi nada.
Hay quien ve algo más en esta tibieza gubernamental y “pepera”
frente a la ejemplaridad que una simple
falta de principios y apunta al hecho de que España es el principal cliente del
Banco Europeo de Inversiones, que en 2013 concedió al país préstamos por valor
de 10.656 millones de euros. España tiene 76.000 millones de euros de préstamos
vivos y espera que este año este Banco nos preste otros 10.000 millones, por lo
que, algunos entienden que es bueno que esta señora siga en su puesto en el
que, por cierto, cobra 23.000 euros al mes.
Ni principios, ni gestos, ni gaitas. El euro es el euro. Unos
no saben por dónde se andan entre tanto asesor, tana línea roja incumplida y
tantos casos de corrupción y otros saben demasiado bien por dónde transitan
aunque huela a cloaca. Y mientras tanto, los ciudadanos pasmados ante tanta
incompetencia y tanto espectáculo bochornoso.
Santiago de Munck Loyola
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domingo, 2 de marzo de 2014
España ausente de su debate.
Aburrido
y decepcionante, así fue el debate sobre el estado de la Nación celebrado la
semana pasada. Los datos publicados sobre el seguimiento que el debate tuvo
entre los ciudadanos ponen de manifiesto que la brecha existente entre los
ciudadanos y sus representantes cada día es más grande. La audiencia, que ya
era baja el año pasado, cayó a la mitad. Muy pocos españoles siguieron el mismo
y llama poderosamente la atención que sea así cuando la mayoría de los
españoles seguimos padeciendo, y lo que nos queda, los desastrosos efectos de
esa recesión en la que unos nos han mentido y otros no terminan de sacarnos.
Era
de esperar que el Presidente del Gobierno se aferrase a los datos
macroeconómicos tímidamente positivos que empiezan a conocerse y que, por
tanto, vendiera a bombo y platillo las supuestas bondades de su gestión que,
dígase lo que se diga, todavía no es perceptible en el bienestar de la
ciudadanía. Cuando sigue habiendo más de cinco millones de desempleados, cuando
la clase media está fiscalmente machacada y cuando los recortes en todos los
campos se hacen notar sobra cualquier autocomplacencia. Los esfuerzos para
salir de esta desastrosa situación los están llevando a cabo los ciudadanos, no
los políticos y entre tanto aplauso en las bancadas del congreso parece que
esto se olvida.
Y
era de esperar, cómo no, que el frágil líder de la oposición, el socialista
Pérez Rubalcaba ofreciese un discurso catastrofista, demagógico y, por
supuesto, exento de cualquier autocrítica o reconocimiento de su
responsabilidad en la grave situación que hoy padecemos. Es evidente que los
socialistas no pueden ofrecer alternativas políticas y económicas para señalar
un camino diferente al del Gobierno para salir cuanto antes de la recesión y de
la crisis. De una parte, no pueden plantear como alternativas las mismas
políticas que siguieron durante sus ocho años de Gobierno porque los resultados
de las mismas a la vista están. De otra, plantear alternativas diferentes a sus
políticas de los últimos ocho años sería tanto como reconocer que no lo
hicieron bien, que se equivocaron y que, por tanto, son los responsables del
desastre, algo que, por otra parte, percibe la inmensa mayoría de los electores
como indican todos los sondeos electorales que sitúan al PSOE en caída libre.
Pero es que, además, el PSOE sigue anclado en un especial síndrome de doble
personalidad, un síndrome disociativo de la personalidad que le impulsa a
mantener un doble discurso y una dualidad del comportamiento. Mientras en
Ferraz se desgañitan proclamando que con Bildu nada de nada, sus
correligionarios navarros beben los vientos por hacerse con el poder con los
votos de los defensores de los terroristas. Mientras que los portavoces
socialistas intentan por todos los medios que la E de sus siglas no se les
caiga y afirman con solemnidad su compromiso con la unidad de España, sus
socios catalanes realizan su doble juego respecto a la ilegal consulta
independentista. Mientras que los voceros socialistas sacan pecho hablando de
primarias y se exhiben como los campeones de la democracia interna, el dedazo
de Rubalcaba, al igual que el de Rajoy en el PP, designa a Elena Valenciano
¡vaya fichaje! como cabeza de lista para las elecciones europeas. Está claro
que por su banda izquierda, Rajoy puede estar tranquilo.
Y
de los demás grupos intervinientes en el debate para qué hablar. Rosa Díez
sigue encantada de haberse conocido. Y los independentistas catalanes y vascos
a lo suyo. Los primeros, erre que erre, insisten en que el Gobierno tiene que
mover ficha (algo que incomprensiblemente también propugnan los socialistas) y
dialogar. Ya se sabe que para los independentistas, aunque se disfracen de
nacionalistas moderados, dialogar o mover ficha es acatar sus propuestas, es
“cepillarse” la soberanía del pueblo español e ignorar la legalidad. Y los
vascos a lo suyo también, a dar carta de naturaleza, a elevar al rango de
tratado de paz la farsa del presunto desarme etarra. ¿Será que también cobran
de la misma fuente que paga a los farsantes de los autodenominados mediadores
internacionales?
Es
más que llamativo y de ahí quizás el desinterés ciudadano por este debate que
una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, los partidos políticos con
su corrupción, apenas ocupase tiempo en los discursos de los intervinientes y
que uno de los mayores problemas que enferma el estado de nuestra Nación, la
inviabilidad e insostenibilidad del estado autonómico, tampoco tuviese un lugar
preferente entre las preocupaciones del Gobierno y de la oposición. Está claro
que nuestro parlamento sigue instalado en su realidad virtual y que los
ciudadanos tenemos que sufrirlo.
Dice
la mayoría de los comentaristas políticos que el debate lo ganó Rajoy y el País
que el ganador por la mínima fue Rubalcaba. Y se centran en discutir quién ganó
o no, como si eso nos importase mucho a los ciudadanos. Pero la verdad es que,
una vez más, el perdedor del debate fue el pueblo español.
Santiago
de Munck Loyola
martes, 25 de febrero de 2014
Alberto Fabra ¿un mentiroso compulsivo?
Si
hace unos días era José Ciscar el que se veía obligado, a instancias de los
periodistas, a pronunciarse sobre la corrupción y los imputados y entonaba, una
vez más, su falso discurso sobre lo que le preocupaban estos temas, procupación
debida más al desgaste electoral que a una cuestión de principios éticos, ahora
ha sido el Presidente del PPCV y de la Generalitat Valenciana el que ha
entonado su peculiar lamento al respecto. Mal deben andar las encuestas y peor
deben ser las relaciones con la C/ Génova, no en balde, merced a la actuación
de estos dos personajes, el PPCV se ha convertido en motivo de preocupación y
de escándalo en la sede de los populares.
Y
aunque a algunos pueda parecerles que la insistencia desde estas páginas por
denunciar los inmorales comportamientos de algunos dirigentes populares resulta
cansina, no por ello hay que renunciar a ello. Si lo de José Císcar eran
lágrimas de cocodrilo, lo de Alberto Fabra en el Club Siglo XXI ya es de nota.
Dicen que se puede mentir por omisión, ocultando parte de la verdad, o por
acción, es decir, faltando o falseando deliberada e intencionadamente a la
verdad. D. Alberto Fabra ha hecho en su comparecencia las dos cosas a la vez. No
se trata ya de que algunos hechos sean más o menos ciertos o que puedan ser
susceptibles de interpretaciones. De lo que se trata aquí es que el Sr. Fabra
es un auténtico embustero, un descarado mentiroso que no ha tenido empacho
alguno, no ya en ocultar algunos hechos que desmontan su supuesto repudio a la
corrupción, sino de afirmar cosas que son absolutamente falsas y que son muy
fácilmente demostrables.
Este
inconsistente, pusilánime y melifluo Presidente autonómico no se ha limitado en
su intervención a lanzar propuestas como la peregrina idea de resucitar el
famoso “tercio” familiar de los procuradores de las Cortes franquistas, sino
que, además, y hablando de la corrupción en la política de nuestra Comunidad ha
intentado sacar pecho, presentándose como el Mr. Proper levantino de la lucha
contra la corrupción. Ha vuelto a exhibir su permanentemente incumplida,
especialmente en Alicante de la mano de Císcar y JJ Zaplana, línea roja en
virtud de la cual los imputados no ostentarán cargos públicos en la Generalitat
ni cargos orgánicos en el seno de la estructura organizativa del Partido
Popular. Y todo ello bajo la mirada complaciente, nada menos, del otro Zaplana,
el ex presidente de la Generalitat.
Se
le olvidan, oculta, esconde y falsea muchas cosas Alberto Fabra. Para empezar
se le olvida que el problema de la corrupción y del descrédito de la política
va mucho más allá de dónde estén y qué se haga con los imputados, al fin y al
cabo, inocentes mientras no se demuestre lo contrario. La falta de principios,
de criterios y de formación política y jurídica le ha llevado a adoptar una
medida, la de la línea roja, bastante incoherente e incumplida permanentemente.
La corrupción tiene muchas causas, pero una de peso es la falta de democracia
interna en los partidos, entre ellos el PPCV, que propicia la ascensión de los
amiguetes, de los arribistas, de los aprovechados y de los incompetentes a
puestos de responsabilidad que escapan de la elección de las bases y, por
supuesto, de su posterior control. Forma parte de la corrupción financiar al
PPCV a través de asociaciones paralelas como ha venido ocurriendo hasta hace
dos días en Alicante o que las campañas electorales se financien oscuramente a
través de ciertas empresas, como en el 2007 en Alicante, y que se niegue a los
afiliados, como han hecho el Sr. Ciscar y su ayudante JJ Zaplana, el control y
la información de la contabilidad a los afiliados. Forma parte de la corrupción
no cumplir los programas electorales, llenar de personal una RTV autonómica y
tener que cerrarla de malas maneras, construir infraestructuras innecesarias e
inútiles como el aeropuerto de Castellón, hacer licitaciones de 420 millones de
euros de tal manera que sólo se presente un licitador, etc.
Y
forma parte de la corrupción meter en el gobierno, como mano derecha, a la
novia que además está denunciada por "malversación de caudales
públicos" por el uso de
habitaciones de hotel a precios mucho más elevados de los previstos por la ley
de austeridad que dictó el propio presidente Fabra y, presuntamente, en fechas
sin agenda oficial de la Generalitat en aquellas localidades. Y para qué
mencionar las facturas de la compra por 3.000 euros cargadas a la Generalitat.
Pero
si hay una afirmación del Sr. Fabra que permite sin ningún género de dudas
poder calificarle de mentiroso es la de que ningún imputado ostenta con él
cargo orgánico alguno dentro del PP. ¿Cómo se puede tener tanta cara dura? En
estas páginas se ha denunciado repetidamente: en Alicante el Sr. Fabra, de la
mano de Ciscar y Zaplana, ha sustituido la Junta Local del PP de la ciudad a
cuya presidencia no podía aspirar formalmente la Alcaldesa Sonia Castedo por
estar imputada y lo ha hecho por cinco distritos, ahora encabezados por los
concejales de confianza de la Alcaldesa, y se ha inventado un Consejo de Dirección
(que no existe en los Estatutos) para que lo presida Sonia Castedo. Por tanto,
Fabra miente y lo sabe. Y, además, su mentira, su falta de compromiso con la
regeneración y con la honestidad se compadece perfectamente con lo que ha hecho
con los afiliados que reclamábamos precisamente eso, más honradez pública,
regeneración y más democracia interna. Y no se trata de una suposición, sino
que, para colmo, el PPCV así lo ha escrito en el documento de expulsión de los
militantes que propugnábamos unos valores bastante ausentes en las actuaciones
del PPCV. D. Alberto Fabra no es el campeón de la higiene política, ni mucho
menos. Es cómplice, cuando menos, del profundo descrédito de la política en
nuestra comunidad y de la mala imagen que los votantes perciben del PP. Alguien
cuyos actos son los que son, alguien que miente tan descaradamente, alguien que
se deshace de la gente que propugna la regeneración no puede, de ninguna
manera, encabezar ningún proyecto regenerador. No se puede poner a la zorra a
cuidar de las gallinas.
Santiago
de Munck Loyola
domingo, 23 de febrero de 2014
Ciscar y sus lágrimas de cocodrilo.
Desde
hace tiempo, las encuestan indican que entre las preocupaciones que más
importan a los ciudadanos españoles se encuentran la corrupción y los
comportamientos de una buena parte de la clase política. Parece que en la C/
Génova empiezan a darse cuenta y por ello se van anunciando algunas medidas, a
todas luces necesarias pero insuficientes, encaminadas a tratar de frenar esos
comportamientos y, por tanto, a mejorar la percepción ciudadana sobre estos
problemas. No parece sin embargo que en la rama popular valenciana se esté
percibiendo de igual manera la gravedad y el alcance de la indignación de los
ciudadanos. Hace tan sólo dos días, el vicepresidente del Consell y Presidente
del PP alicantino, José Císcar, a preguntas de los periodistas llegó a
reconocer que los imputados del PP sentados en su escaño de Las Cortes “perjudican”
la imagen del partido, pero que les corresponde a ellos decidir si entregar el
acta o si, por el contrario, prefieren aferrarse a ella. El Sr. Ciscar añadió
que la permanencia de imputados y procesados “perjudica a la imagen pública del
conjunto de políticos en general, y por supuesto también” del PP, algo que “preocupa”
al partido. Y con ello, con expresar su supuesta preocupación da por zanjado el
asunto y da a entender a los ciudadanos que ni él ni el PP pueden hacer otra
cosa que preocuparse por la mala imagen que se proyecta ya que no pueden
obligar a nadie a que deje su escaño o su acta de concejal.
Sin
embargo, semejante obviedad no significa que no se pueda hacer algo más que
preocuparse. El Sr. Ciscar lo sabe, pero lo oculta. Si estas personas dañan
según él la imagen del PP, lo hacen porque están imputadas o procesadas y
siguen permaneciendo en el Grupo Parlamentario Popular o en los Grupos
Municipales Populares de los distintos Ayuntamiento y ahí sí que puede actuar
el Sr. Ciscar y el PPCV. ¿Y Cómo? Pues excluyéndolas de dichos Grupos
institucionales que con los reglamentos en la mano es factible. ¿Y por qué si
está tan preocupado el Sr. Ciscar no lo hace o no pide que se haga? Por varias
razones. En primer lugar porque peligrarían las votaciones en dichas
instituciones ya que los así excluidos podrán revolverse y tumbar con su voto
las propuestas populares. Los actuales dirigentes del PPCV no se mueven por
principios éticos sino por pragmatismo. Yen segundo lugar, porque dicha
preocupación no se corresponde con la realidad. Hay que recordar que hace pocos
meses, estando imputada por tres presuntos delitos la Alcaldesa de Alicante,
Sonia Castedo, el Sr. Ciscar manifestó públicamente que seguía siendo el mejor
activo electoral del PP de la ciudad de Alicante, lo que da una idea del nivel
de los activos electorales populares.
Pero
es que, además, la falta de principios y, por tanto, de preocupación sincera y
honesta de algunos dirigentes populares se pone perfectamente de manifiesto en
el documento del PPCV por el que se expulsa a varios militantes del PP. En
dicho documento redactado por el exdiputado Felipe del Baño, acusado por cierto
de corrupción y promovido por el Sr. José Ciscar y su ayudante el Sr. José Juan
Zaplana, se dice que no se pueden criticar públicamente las actuaciones de la alcaldesa
imputada, Sonia Castedo, porque sus actuaciones son las del Partido Popular y
que no se puede pedir públicamente honestidad y regeneración democrática porque
eso es tanto como dar a entender que todo el PPCV es corrupto. Es, por tanto,
más que evidente que el Sr. Ciscar y todos los demás dirigentes del PPCV, al
avalar y apoyar esta tesis, actúan en connivencia con la corrupción y son, por
consiguiente, corresponsables del daño que la imagen pública del PP sufre.
Y,
por si fuera poco, la connivencia del Sr. Ciscar y de su equipo con el daño a
la imagen del PP que ocasiona la corrupción se puso no hace mucho de manifiesto
con la antidemocrática maniobra orquestada para que la alcaldesa imputada
pudiera seguir controlando la organización popular de la ciudad de Alicante,
sorteando con descaro la inexistente línea roja de Fabra. Para ello suprimieron
la Junta local de la ciudad, la dividieron en distritos y sin elecciones
democráticas situaron en la cúspide a la alcaldesa como directora de un órgano
de coordinación recién inventado. ¿Qué credibilidad puede tener por tanto el
Sr. Ciscar y todos cuantos participan y consienten silenciosamente estas sucias
maniobras? Ninguna. La corrupción y la desafección ciudadana les trae al pairo.
Sólo les preocupan los efectos electorales y no mucho porque para lo que les
queda en el convento…
Y,
a todo esto, vuelve a surgir con fuerza el rumor de que la Alcaldesa, Sonia
Castedo, podría estar organizando su propio partido para concurrir a las
próximas elecciones municipales. No es nuevo el rumor pero hoy en el Diario El
Mundo, en la Sección de Alicante, se publica un interesante artículo al
respecto (http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/23/5309d86bca47415d108b4572.html).
Hay que decirlo: hoy por hoy, Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante es inocente.
Está imputada por varios delitos, pero es inocente y es normal que intente
actuar como tal. Otra cosa es que a la luz de las grabaciones publicadas y de
los distintos testimonios conocidos hasta la fecha pueda afirmarse con
rotundidad que su comportamiento con algún proveedor municipal diste mucho del
que debería haber tenido quien representaba la dignidad de esta ciudad y de los
alicantinos. Y otra cosa muy distinta, también, es que siendo inocente, por el
momento, las acusaciones existentes contra ella dañan y mucho a la imagen del
PP, de la clase política en general y de la propia ciudad que regenta.
Considerándose inocente es lógico que no dimita, pero siendo consciente del
daño que su situación procesal causa, no es tan lógico que no haya tenido un
gesto de generosidad o de grandeza personal y haya suspendido voluntariamente
su militancia o haya abandonado temporalmente el Grupo Popular.
Si
es cierto que está “montando” su propio partido, y algo debe haber cuando el
río suena, no es posible creer que en la Dirección Provincial del PP no sepan
nada o que la estén dejando actuar con toda libertad. Organizar un partido
desde la Alcaldía de Alicante, con los inmensos recursos a su disposición para
hacerlo, es relativamente sencillo y, desde luego, no se puede llevar en
secreto. Lo que sí es evidente es que si se consuma será gracias a la
pasividad, cuando no complicidad, de muchos ediles que hoy son del PP y de la
funesta dirección provincial popular encarnada en ese tétrico dúo compuesto por
los Sres. Ciscar y Zaplana.
Santiago
de Munck Loyola
martes, 18 de febrero de 2014
¡Cuánta porquería!
A
veces ciertas noticias que son importantes pasan bastante desapercibidas en
medio de la vorágine informativa en la que los ciudadanos nos vemos inmersos.
Estos últimos días por ejemplo hemos presenciado, una vez más, el
funcionamiento implacable de la digitocracia de los grandes partidos. Por la
banda derecha, el divino dedo de Mariano Rajoy ha ungido a su preferido para
presidir el PP andaluz, Juan Manuel Moreno, un señor que por lo visto, como
tantos otros, ha ido maquillando conveniente su curriculum vitae y por la banda
izquierda, Pérez Rubalcaba, con mismo mecanismo digital ha designado a Elena
Valenciano, muy aficionada a hacer novillos cuando era europarlamentaria, para
encabezar la candidatura socialista a Estrasburgo ya que con los años es
posible que haya superado su adición a cobrar sin trabajarse el escaño. Estamos
asistiendo igualmente al cruce de acusaciones entre gobierno y oposición en
torno a la tragedia de los inmigrantes ilegales africanos fallecidos cuando
intentaban entrar a nado en territorio español y a la más que miserable
utilización partidista de los muertos por parte del PSOE aunque esta repugnante
técnica socialista no es nada nueva. Y también es objetos de portadas la falta
de escrúpulos éticos y morales de los socialistas navarros dispuestos a auparse
en el Gobierno Foral gracias a los votos de los herederos de ETA. Nada nuevo
bajo el sol, en realidad.
Pero
entro estas noticias y algunas otras, está pasando bastante desapercibida la
noticia del creciente malestar de muchos dirigentes populares de la Comunidad
Valenciana por la actuación de Alberto Fabra al frente de la Generalidad
Valenciana. Según informan varios medios de comunicación, entre ellos el
confidencial.com, el malestar viene motivado por el nombramiento de Esther
Pastor como Secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y
Relaciones Institucionales. ¿Y quién es esta señora cuyo nombramiento tanto
molesta a algunos? Pues según dichos medios es la pareja sentimental de Alberto
Fabra, su colaboradora cuando era Alcalde de Castellón y después Directora
General de la Generalidad. No se trata de una afiliada del Partido Popular y,
según parece, sus méritos profesionales para alcanzar tan alto cargo radican en
su especial relación con el Presidente Fabra y la confianza que en ella tiene
ante su falta de liderazgo y de colaboradores leales en el seno del PPCV. Estas
cosas suelen ocurrir cuando se hereda una organización política, cuando el
liderazgo político es inexistente y cuando la mediocridad política es
encubierta por los cantos de sirena de toda una panda de aduladores y
oportunistas tan prestos al aplauso como a la puñalada trapera.
Los
asuntos sentimentales de nuestros políticos siempre se han mantenido bastante
lejos de los focos periodísticos e incluso han sido analizados con bastante
benevolencia por la mayoría de la opinión pública. Pero cuando el político,
como en este caso ha hecho el Sr. Fabra, confunde su dormitorio con los
despachos oficiales y utiliza la administración pública para colocar a su
“amiga” la cosa cambia. Alberto Fabra ha roto la frontera entre lo público y lo
privado y, por tanto, puede y debe someterse a la crítica de la opinión
pública. De todos es sabido que cuando Fabra habla de líneas rojas carece de
credibilidad porque las aplica según le conviene y lo ha demostrado claramente
en Alicante al consentir que los Sres. Ciscar y JJ Zaplana retorciesen los
Estatutos del PP para inventarse un Consejo de Dirección en el que poder situar
a la Alcaldesa imputada Sonia Castedo y así saltarse la famosa e inexistente
línea roja fabriana. Por cierto, vaya “pasada” de fotos de nuestra Alcaldesa y
de su amigote Enrique Ortiz publicadas
por La Sexta. ¡Qué manera de arrastrar por los suelos la dignidad de nuestra
ciudad!
El
nombramiento de Esther Pastor es impresentable, indigno y humillante para la
inmensa mayoría de los militantes populares. No vamos a hablar ya de señas de
identidad de un partido como el Popular cuyos valores no encuentran mucho
acomodo en determinado tipo de conductas personales sino de principios y
valores éticos básicos e irrenunciables en la actuación de cualquier
representante político y en el uso que se pueda o no hacer de los bienes y
recursos públicos. No son pocos los dirigentes populares en nuestra comunidad
que confundieron la hacienda pública con su bolsillo particular como podemos
ver en las crónicas de los tribunales que ahora los ciudadanos tenemos que
asistir estupefactos a la confusión del colchón con el despacho. No es de
extrañar pues que Alberto Fabra, en su condición de Presidente del PPCV, tolere
o promueva la expulsión de los militantes populares que reclaman ejemplaridad o
la regeneración democrática del partido, tal y como han ejecutado los Sres.
Ciscar y JJ Zaplana, dos personajes cuya palabra vale lo que un duro falso. Una
vez más, la falta de democracia interna del PPCV está en la raíz de estos
escandalosos y repugnantes comportamientos. El nepotismo, la corrupción, el
oportunismo, el despilfarro y la ausencia de ejemplaridad están a la orden del
día y ni los ciudadanos de esta Comunidad ni los militantes populares se
merecen tanta porquería.
Santiago
de Munck Loyola
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miércoles, 12 de febrero de 2014
Largas vacaciones para sus señorías.
Los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana podemos dormir tranquilos: la
tranquilidad, el sosiego y el descanso de nuestros representantes, nuestros
diputados en las Cortes Valencianas está más que asegurado. Podemos tener la
seguridad casi absoluta de que sus señorías no se van a estresar en las Cortes
y que, por tanto, estarán en plena forma, tras sus prolongadas vacaciones, para
abordar sin nervios los innumerables problemas que nos aquejan merced a la
incompetencia y a los incumplimientos electorales de quienes nos gobiernan. Y
es que en esta nuestra Comunidad somos punteros como le gusta decir al
Presidente Fabra: somos punteros en el número de diputados del PP imputados,
somos punteros en los casos de corrupción a lo largo y ancho de nuestra
geografía, somos punteros en despilfarro y deuda pública y somos punteros
también, por algo será, en vacaciones parlamentarias para sus señorías. Todo es
poco para nuestros representantes gracias a cuyos desvelos estamos como estamos.
Las
Cortes Valencianas iniciaron sus vacaciones de Navidad el 19 de diciembre
cuando se aprobaron los presupuestos para 2014. El parto presupuestario debió
ser duro, sin epidural ni nada, a pelo y por eso sus señorías no van a reanudar
su trabajo parlamentario hasta la semana que viene que en la que se reanudará la actividad. Pero, que
nadie se llame a engaño, la incorporación al trabajo parlamentario requiere
calma y tranquilidad, no sea que alguien pueda de nuevo estresarse, y se hará
con un Pleno en el que ni el Presidente Fabra va a comparecer, que para eso ya
debatió con la oposición el 28 de noviembre y no hay por qué abusar, ni se van
a debatir los problemas más importantes que agobian a los ciudadanos de la
Comunidad.
Hay
que ser comprensivos y entender que nuestros parlamentarios autonómicos
necesitan reposo y sosiego para debatir, estudiar y aportar soluciones a los
problemas de los ciudadanos. Mens sana in corpore sano. Ya lo decían los
romanos y el cuerpo de sus señorías debe estar en forma. Total, si uno se cree,
ya hay que ser incauto, los discursos del Sr. Fabra, del Sr. Ciscar, de la Sra.
Castedo o los cuentos chinos del Sr. Cotino la cosa no está tan mal, no es para
tanto y no hay que ser catastrofista. Vamos, que lo están arreglando todo.
Además, mantener las Cortes Valencianas sólo nos va a costar este año a los
ciudadanos de la comunidad 23.300.000.- €, eso sí, siempre que no haya
desviaciones presupuestarias, algo demasiado frecuente en las prácticas
políticas del PPCV. ¿Y qué son 23 milloncitos al lado del aeropuerto de
Castellón, de la Ciudad de las Artes, de las facturas de Calatrava o de lo que
se debe a Alicante? Una minucia. Todo es poco para una casta política
insaciable que con su ejemplo nos invita a los ciudadanos a movilizarnos para
concederle unas vacaciones muchísimo más largas.
Pero
en medio de tanta mediocridad siempre se eleva un faro de excelencia y
brillantez intelectual y para ejemplo ahí tenemos al Portavoz del PPCV en las
Cortes Valencianas, Jorge Bellver, que a propósito de la dedicación de los
diputados a su actividad parlamentaria ha querido iluminarnos con su sabiduría (aunque alguno se atrevería a calificarlo de mentecato contemporáneo) afirmando que los ciudadanos esperan de
sus representantes que trabajen, pero que participen de la vida de estas
fiestas. ¡Claro! Para eso les pagamos para que trabajen, aunque sea un
poquito, y para que estén de fiesta.
Lamentablemente,
no es posible ignorar que lo que subyace tras esta situación es una profunda
falta de respeto a los ciudadanos y a su esfuerzo diario, así como un absoluto
desprecio a la esencia de lo democracia. Los foros parlamentarios son el núcleo
donde se articulan las reglas de juego de la democracia y ésta se caracteriza
por el debate, el diálogo, la negociación, el control de las minorías a las
mayorías, etc. Un parlamento anestesiado, un parlamento en el que se elude el
debate y el control, un parlamento que en medio de una brutal crisis se reúne
con cuentagotas es el síntoma más claro y evidente de una democracia enferma. Y
una democracia no enferma por casualidad sino por las acciones y omisiones de
los políticos que tienen la obligación y la responsabilidad de velar por su
salud. Todo ello es una prueba más de que la regeneración democrática, de que
la revitalización de nuestra democracia es imprescindible y de que el mayor
enemigo de la misma son los políticos y los partidos que se empeñan en negarlo.
Santiago
de Munck Loyola
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jueves, 6 de febrero de 2014
El olor a podrido.
Un
nuevo informe de la policía judicial ha vuelto a poner de manifiesto la
existencia de graves irregularidades en la financiación del PPCV. No se trata
de ninguna novedad. Llueve sobre mojado y sorprende mucho la lentitud de la
justicia a la hora de enjuiciar y depurar responsabilidades de toda una trama
corrupta de la que ha formado parte el PPCV. El último informe de la policía
judicial sobre el caso Gürtel añade más acusaciones sobre las irregulares
transacciones entre la trama corrupta y la contabilidad del Partido Popular de
la Comunidad Valenciana. Según el informe policial el Partido Popular ha
manejado abundante dinero negro y con él pagó a las empresas de la trama Gürtel
numerosos actos electorales. Este informe saca a la luz también varios regalos
efectuados por los responsables de la trama corrupta a muchos políticos que no
eran ajenos, desde luego, a la formalización de contratos con las empresas de
esta trama. Es cierto que muchos de los hechos denunciados quedan ya lejos en el
tiempo como los relativos al Congreso Regional de 2002 que costó 240.582 euros y por el que el PPCV abonó a la
empresa Special Events más 150.000 euros en negro, que se dice pronto, o como
los 17.429 euros también pagados en negro en 2002 por la Convención Regional
celebrada en el Palau de la Música de Valencia. Pero no es menos cierto que la
posible prescripción de hechos delictivos o simplemente irregulares no puede en
modo alguno esgrimirse como excusa para no depurar las responsabilidades
políticas a que hubiere lugar.
Pero
sin irnos tan lejos en el tiempo todavía quedan muchas cuestiones que aclarar y
es muy importante hacerlo, no ya por la cantidades económicas manejadas, sino
porque muchos de los que han manejado dinero negro para pagar actos electorales
del Partido Popular ostentan hoy importantes responsabilidades de gobierno. Ya
en el informe de la UDEF de 2008 se realizaban importantes y graves acusaciones
que, al día de hoy, no han sido respondidas adecuadamente ante la opinión
pública. En aquel informe se mencionaban a una serie de personas como
pagadores, como personas de contacto para las empresas de la trama corrupta,
para los gastos de las campañas de las elecciones de 2007 y las generales de
2008. Entre ellos hay que destacar a los siguientes y por las cantidades en
dinero negro que se relacionan:
Adela
Pedrosa, Alcaldesa de Elda y Vicepresidenta 1ª de la Diputación: 13.997.- €.
Alfredo
Castelló, Alcalde de Sagunto y Presidente del Comité de Derechos y Garantías
del PPCV (¡Qué ironía!): 14.554.- €.
Miguel
Peralta 5.067.- €.
Mercedes
Alonso, Alcaldesa de Elche: 42.131.- €.
César
Augusto Asencio, Alcalde de Crevillente y Vicepresidente 2º de la Diputación de
Alicante: 39.900.- €.
José
Ciscar, Presidente del PP de Alicante y Vicepresidente, Consejero de Presidencia
y Hacienda y Portavoz del Consejo de la Comunidad Valenciana: 4.472.- €.
Y
respecto a la ciudad de Alicante a la que se asignan en el informe 62.495.- €
pagados en negro no figura el nombre del “pagador” de los gastos de la campaña
de 2007, aunque todos conocemos quién era la coordinadora de la campaña
electoral.
Desde
luego tiene lo suyo que el actual Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y
Consejero de Hacienda, el Sr. Ciscar, pudiera haber manejado alegremente dinero
negro para pagar actos electorales. Pues bien, como puede apreciarse del examen
de los nombre de esta lista de políticos que manejaron dinero negro destaca el
hecho de que la mayoría ostenta en la actualidad cargos de enorme relevancia.
Se trata de personas que hoy en día manejan presupuestos públicos y el dinero
de los contribuyentes, sin que hasta la fecha se sepa si es o no cierto lo que
de ellos dice la policía. Son, en todo caso, políticos bajo sospecha y esa
sospecha no despejada debería inhabilitarles, mientras no ofrezcan a la opinión
pública una explicación plausible sobre la misma, para seguir ejerciendo
responsabilidades públicas y, desde luego, les incapacita para exigir nada a
los ciudadanos. ¿Cómo van a combatir estos señores por ejemplo la economía
sumergida y el consiguiente tráfico de dinero negro si están acusados de
manejarlo? Aquí sólo hay una alternativa: o la policía judicial miente o
mienten los políticos.
Es
cierto que la inmensa mayoría de los partidos políticos tiene sus “pecadillos”
en cuanto a su financiación. Pero también es cierto que si los ciudadanos somos
permisivos o tolerantes con estas prácticas la espiral de la corrupción será
inacabable. Hace no mucho, algunos afiliados del PP de Alicante tuvimos
conocimiento de denuncias de irregularidades en la campaña de las municipales de
2007: actos pagados por empresas, deudas impagadas al día de hoy, etc. Y como
en el PP nunca se da cuenta a los militantes de la contabilidad, tuvimos el
“atrevimiento” de pedir por escrito información al respecto. ¿Respuesta?
Silencio sepulcral. Bueno, silencio del todo, no, algunos fuimos rápidamente
expulsados mediante un procedimiento ilegal y leninista.
Mientras
los partidos políticos no respondan ante sus afiliados y ante los
contribuyentes que son los que ponen el 80 % del presupuesto oficial de los
partidos políticos, las prácticas corruptas seguirán siendo el pan nuestro de
cada día. Y mientras los partidos políticos sigan funcionando gracias al dinero
público y no de las cuotas de sus afiliados seguirán viviendo por encima de sus
posibilidades sin tener que responder ante nadie. Siempre vendrán con el cuento
chino de que sus cuentas están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. ¡Claro!
¡Faltaría más! Y se quedan tan anchos. ¿Fiscaliza el Tribunal de Cuentas la
contabilidad B, el dinero negro con el que, al parecer y según la Policía
Judicial, el Sr. Ciscar y sus conmilitones pagaban a la trama Gürtel?
Una
democracia sana necesita instituciones sanas y unas instituciones sanas
necesitan partidos políticos sanos, partidos políticos democráticos, limpios y
transparentes. Y desgraciadamente el PPCV hoy por hoy y con estos dirigentes no
lo es. Un partido que hace trampa en las elecciones es como un deportista que
se dopa. Su triunfo está viciado y cualquier análisis terminará por
demostrarlo. Los ciudadanos no debemos mirar para otro lado, ni admitir
prácticas semejantes bajo la excusa del mal menor. O somos firmes contra estas
prácticas o seguirán arruinando nuestra democracia. Mirar para otro lado,
minimizar estos problemas, colaborar con estas personas bajo sospecha o
votarles es amparar y proteger la corrupción. Y viendo a dónde nos han
conducido no nos lo podemos permitir. Va siendo hora de abrir las ventanas para
que el olor a podrido desaparezca.
Santiago
de Munck Loyola
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jueves, 30 de enero de 2014
Huelgas y servicios públicos.
El
pasado mes de noviembre tocó a los vecinos de Madrid sufrir las consecuencias
de la huelga de los empleados de las empresas concesionarias de los servicios
de limpieza viaria. El conflicto que enfrentaba a trabajadores y empresas
concesionarias tenía su origen en la entrada en vigor el 1 de agosto de un
nuevo contrato que integraba los servicios de limpieza y de jardinería y por el
que las concesionarias iban a recibir un 16% menos de dinero por hacer el mismo
trabajo. Las empresas que voluntariamente habían suscrito el nuevo contrato
decidieron plantear un ERE con el despido inicial de 1.400 trabajadores,
rebajado posteriormente a 1.134. Y la huelga cuyas consecuencias pagaron los
contribuyentes estalló. Tras varias jornadas de huelga y la aparición de la
empresa pública Tragsa para paliar los graves efectos de la huelga, empresas y
trabajadores llegaron a un acuerdo y la huelga fue desconvocada. La semana
pasada le llegó el turno a nuestra ciudad. En esta ocasión, a los cinco meses
de que el Ayuntamiento otorgase el traje a medida, perdón, el contrato del
servicio de recogida de basuras por 12 años al único licitador, cosa extraña en
este país donde a cualquier licitación pública acuden decenas de empresas, la
UTE de la que forma parte la empresa ¡Oh casualidad! del Sr. Ortiz, el de la
fiesta en pijamas con la Sra. Alcaldesa, se inició una huelga por parte de los
trabajadores de este servicio municipal. Tras varios años de recortes en las
condiciones de los trabajadores del servicio municipal impuestos por parte de
INUSA, empresa que forma parte de la UTE que hace 5 meses se vio agraciada con
el suculento contrato municipal, se quería producir una nueva vuelta de tuerca
pretendiendo eliminar el convenio vigente. Parece que, al final y gracias a la
huelga, el ajuste se va a limitar a tres
años sin subida salarial (la empresa quería cinco), media hora más de jornada que
antes, un máximo de 40 días anuales de baja por enfermedad común por cada
trabajador y mantener 21 días de vacaciones entre octubre y mayo,
principalmente. Y, en estos días, también en una importante localidad,
Alcorcón, se está desarrollando otra huelga del servicio de recogida de
basuras.
La
falta de recursos económicos, el despilfarro y la mala gestión está empujando a
muchos ayuntamientos a reducir de forma importante las partidas destinadas a
servicios públicos básicos y esenciales como la limpieza viaria o el
tratamiento de residuos. Pretenden que con menos dinero se sigan prestando esos
servicios sin importar, al parecer, que ello repercuta en la calidad de las
prestaciones. Y en esta estrategia parece que participan, sin ningún reparo,
las empresas concesionarias que, al final, hacen recaer los recortes en los
trabajadores con el fin de mantener e incluso incrementar sus beneficios
empresariales a pesar de la dureza de la crisis. Hasta ahora al obtener una
adjudicación de un contrato para prestar estos servicios públicos, el
adjudicatario se subrogaba en las relaciones existentes con los trabajadores
que venían prestando el servicio para el antiguo adjudicatario. Sin embargo,
los últimos conflictos evidencian que ya no es así. Las empresas licitan a la
baja y automáticamente intentan repercutirla en los empleados con el
consiguiente deterioro del servicio público prestado mediante la gestión
privada.
El
debate sobre la gestión pública o privada de servicios públicos siempre ha
estado presente entre los partidos políticos y últimamente los ciudadanos hemos
podido asistir a la confrontación dogmática entre la izquierda y la derecha.
Hay quienes defienden a ultranza la bondad de la gestión privada y tratan de
identificarla con una mayor economía y eficiencia y desde posiciones
ideológicas contrarias se defiende la gestión pública de los servicios públicos
como la única válida. Sin embargo, se trata de un debate falso y tramposo. Los
que en un municipio o en una comunidad defienden la gestión pública a ultranza,
resulta que en no pocas ocasiones allí donde gobiernan no tienen reparo alguno
en apostar por el modelo de gestión privada. Basta recordar que, por ejemplo,
en Rivas Vaciamadrid, quizás el municipio más grande gobernado por IU con
mayoría absoluta, la Empresa Municipal de la Vivienda está gestionada por una
empresa privada mientras el Ayuntamiento se manifiesta una y otra vez contra
cualquier iniciativa privatizadora del gobierno regional madrileño.
Sin
embargo, la elección entre una fórmula u otra no es tan simple ni puede
obedecer simplemente al color político del gobernante. Hay que tener en cuenta
que al coste de cualquier servicio público hay que añadirle cuando está
privatizado o externalizado, como gusta a algunos denominarlo, el importe del IVA
que cada Ayuntamiento ha de abonar a la empresa gestora y el propio beneficio
empresarial de la misma. La diferencia entre la gestión directa o a través de
un concesionario sería mucho menor si las administraciones públicas no tuvieran
que pagar el IVA en los casos de gestión de servicios públicos a través de
empresas privadas, pero no es así y no parece que el Ministerio de Hacienda
esté dispuesto a aligerar la presión fiscal a los municipios ni a los
contribuyentes. La elección entre la gestión privada o pública de los servicios
públicos no puede ni debe depender de dogmas políticos, de ideologías, sino del
sentido común, de las características propias del servicio a prestar, de la
capacidad operativa de la administración, de la capacidad económica y de la
cualificación de los gerentes del mismo y, sobre todo, de la obligación
política de prestar al ciudadano los mejores servicios con la máxima
eficiencia.
Desgraciadamente
no siempre impera el sentido común ni gran parte de la clase política dirigente
está a la altura para asumir y poner en marcha retos semejantes. Da la
sensación que muchas veces se opta por el camino más fácil. Seguramente,
nuestro Ayuntamiento cuenta con la capacidad humana y técnica para ofrecer
muchos servicios públicos de forma directa y con unos niveles de calidad y
eficiencia similares o superiores a los de muchas empresas pero da la sensación
de que falta la voluntad, la valentía y la capacidad en sus rectores para
apostar por ello o que priman más los intereses particulares que los del
conjunto de los alicantinos.
Santiago
de Munck Loyola
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domingo, 12 de enero de 2014
Rivas: sigue el melodrama “Todo sobre tu ladrillo”.
Tras
la tregua de las fiestas navideñas, los ripenses y los ciudadanos en general
han podido asistir a un nuevo capítulo del divertido e interesante melodrama
que bien podría titularse “Todo sobre tu ladrillo”, interpretado por los
dirigentes de Izquierda Unida de Rivas-Vaciamadrid. Las miradas y la atención
del público se han dirigido allí donde el Alcalde, José Masa, ha dirigido el
foco, al ladrillo de la vivienda de su adversario Pedro del Cura. Hay que
reconocer que el Sr. Masa siempre ha sido un político hábil, de principios
escasos o mudables, pero hábil. Haciendo uso de esos principios no ha tenido
reparo alguno en filtrar o dejar que se filtre al Diario conservador la Razón,
y de éste a todos los medios, la situación de la vivienda de su adversario.
Todo el mundo anda hablando sobre la vivienda de Pedro del Cura, que si es muy
grande, que si es de VPO, que si ha cometido infracciones administrativas, que
si se otorgó a si mismo una licencia de obras, etc. Y mientras se habla de ello
no se habla de lo fundamental, es decir, del ladrillo del Ayuntamiento, de qué
hay del desfase contable de 21 millones de euros en la Empresa Municipal de la
Vivienda.
Y
si hábil es Masa hay que ver qué torpes son otros. Por la banda izquierda, el
Sr. Pedro del Cura se apresuró a emitir un comunicado lacrimógeno sobre el
origen de su patrimonio y el de toda su familia cercana remontándose en el
árbol genealógico hasta el segundo o el tercer grado. Penoso, pero sería interesante
conocer el nombre del responsable de comunicación de IU para que Masa le
proporciones un puesto de trabajo municipal, si aún no lo tiene, y que el PP le
condecore. La segunda torpeza por la misma banda no es otra que la de convocar
una consulta interna para intentar deslegitimar a un alcalde elegido por
mayoría absoluta y conseguir que, pese a la tremenda gravedad del asunto,
apenas el 55% de los afiliados de Izquierda Unida acudiese a votar. Realizar
una consulta así podrá tener su valor de puertas adentro pero cuando se
publicita como se ha hecho, un demócrata no tiene más remedio que recordar que
la legitimidad y la soberanía para elegir o destituir a un Alcalde está en el
Pleno de la Corporación y que lo que por allí no pase podrá ser muy “caribeño”
pero carece de valor alguno. Y para torpeza, por la banda derecha, la del Consejero
de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo
Cavero, que anunció el martes pasado al ser preguntado sobre las presuntas
irregularidades en las reformas de la vivienda de Pedro del Cura que su
Consejería estaba "abriendo diligencias previas" para "analizar
e investigar" dichas obras y que "cualquier obra que se produzca en
una vivienda protegida se debe comunicar previamente a la Comunidad de
Madrid". Y se ha quedado tan ancho. Debe ser que su Consejería no tiene
problema más urgente que investigar las denuncias de La Razón y Pepe Masa. Como
es de suponer que el Sr. Consejero no desea hacer una aplicación
discriminatoria de la Ley deberá abrir también diligencias a las miles de
viviendas protegidas que en Rivas-Vaciamadrid han sido objeto de reformas, la
inmensa mayoría sin comunicación previa a la Comunidad y una buena parte de
ellas incluso sin licencia municipal. ¿O se va a limitar a la de Pedro del
Cura? Todo el mundo sabe que en el municipio hay centenares o quizás miles de
viviendas unifamiliares protegidas que rebasan el límite legal de superficie
porque cuentan con sótanos, buhardillas o anexos no legalizables ni por las limitaciones
del régimen de VPO ni por los parámetros de edificabilidad municipales. Y entre
ellas, por ejemplo, seguramente las de muy altos cargos del Gobierno Municipal
del sector del Alcalde. Pues nada, que desembarquen decenas de inspectores de
la Comunidad y que paseen por la calles del municipio. Se van a poner las botas
a multas. Y la cuarta torpeza por la banda derecha, la del Partido Popular
local aceptando presidir una Comisión de Investigación sobre la EMV. Dicen que
cuando Napoleón quería que un tema se dilatase o no saliese enseguida creaba una
comisión. Y la misma táctica ha usado el “Napo” local, crear una comisión y
dejar que los participantes se ahoguen en los papeles de la misma. Y el PP
encantado de presidir lo que sea, aunque sea esta comisión. Pero no nos
engañemos, de lo que se está hablando es de un desfase contable muy importante,
de peritaciones, de informes técnicos de mucha complejidad, de aplicaciones
presupuestarias y de técnicas financieras que sobrepasan el conocimiento medio
de los concejales. El análisis y estudio de lo ocurrido parece que ya está
hecho por los técnicos de la Comunidad de Madrid, que de ello algo deben
entender, y si no se considera suficiente bastaría con solicitar una auditoría
externa. Se mire por donde se mire de esa documentación y de sus resultados solo cabe deducir dos
posibilidades: si se han cometido o no delitos y eso debe determinarlo la
justicia o si ha habido o no negligencias o responsabilidades políticas que
deben ser depuradas en el Pleno municipal con luz y taquígrafos.
Pedro
del Cura y sus seguidores repiten machaconamente que todo este melodrama
político obedece a su honesto y sincero objetivo de defender el patrimonio de
todos los vecinos e incluso que el referéndum interno que convocaron se hacía
para votar la petición de dimisión de Masa y el inicio de acciones legales
"para la restitución del patrimonio público que haya podido verse mermado
por las irregularidades" en la gestión de la Empresa Municipal de la
Vivienda (EMV). Pero no hay que engañarse. Izquierda Unida repite melodrama. Al
igual que hace poco más de 20 años, Izquierda Unida utiliza las instituciones
democráticas como escenario de sus luchas de poder internas y lo hace sin
escrúpulo alguno, por encima de la gobernabilidad de las instituciones y del
sentido del voto en las urnas. El poder es el poder y en la lucha por el mismo
pueden llevarse todo por delante. Y les importa un pimiento la ética, la
estética y el patrimonio municipal. Y si no es así, si de verdad a Izquierda
Unida le importa algo el patrimonio municipal y el dinero del contribuyente
hágase la prueba del algodón. Pedro del Cura y los suyos tienen una ocasión de
oro para demostrar la sinceridad de sus preocupaciones investigando y pidiendo
explicaciones no sólo con respecto a la EMV, sino también con respecto al
primer Plan de Vivienda Joven en el que el suelo cedido gratis por el
Ayuntamiento fue cobrado a los jóvenes por la gestora que se embolsó más de 100
millones de pesetas por la cara o con respecto al expediente nº 407/01, por el
que el Gobierno Municipal pagó 48.382.208 de pesetas a la empresa Centro
de Ocio Comercial La Plaza de Rivas, participada por los amiguetes de Masa, por
un proyecto arquitectónico que nunca se realizó. Y que no vengan con que se
trata de asuntos prescritos, que podrán serlo judicialmente pero no
políticamente ya que los responsables siguen pululando entre el patrimonio
municipal. Verá el lector como estos presuntos defensores del patrimonio
municipal no mueven un dedo. Y la explicación está en que han sido cómplices
por pasividad de todo lo anterior y beneficiarios constantes hasta en lo
personal de un repudiable modo de entender la gestión pública.
Lo
que sí está quedando más que patente en este melodrama es que Izquierda Unida
es una organización irresponsable institucionalmente que ha venido gestionando
a su antojo el municipio como si de un coto privado se tratase, siempre con la
inestimable colaboración del PSOE, ya sea a la hora de construir la estructura
municipal, convertida en agencia de colocación de afines, o de gestionar el
patrimonio municipal dilapidado en oscuras y sucias maniobras y, lo que es
peor, es una organización que ha estafado ideológica y electoralmente no sólo a
los vecinos, sino a la mayoría de sus honrados militantes, que han tenido que
soportar o descubrir ahora el doble discurso, la doble moral de unos dirigentes
prestos a denunciar cualquier iniciativa privatizadora de otras
administraciones mientras habían privatizado, sin ningún tipo de escrúpulos, la
joya de la corona ripense, la gestión del suelo, del ladrillo y de la vivienda
pública en pleno boom urbanístico. ¡Vaya joyitas!
Santiago
de Munck Loyola
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jueves, 9 de enero de 2014
Comienza el navajeo.
Durante los últimos días los
ciudadanos estamos asistiendo a un nuevo espectáculo político, el cruce de
navajas entre distintos dirigentes políticos a propósito de las elecciones
municipales que habrán de celebrarse en mayo de 2015. Los medios de
comunicación están recogiendo casi diario las declaraciones de unos y otros
sobre quién habrá de encabezar determinadas candidaturas o sobre quién se
postula para ello. Y en el Partido Popular hay, por su peculiar sistema de
designación de candidatos, verdaderos especialistas en estas lides. Desde hace
semanas en Madrid se están lanzando globos sobre la candidatura popular a la Casa de la Villa madrileña. La
designación de Ana Botella parece estar en el aire y el entorno de la Secretaria General ,
Mª Dolores de Cospedal, ha filtrado que la preferida para encabezar el cartel
electoral es nada menos que la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de
Santamaría.
Más cerca, en nuestra Comunidad,
hemos contemplado con cierta diversión el primer escarceo entre la alcaldesa de
Alicante Sonia Castedo y el Secretario General del PPCV Serafín Castellano a
propósito de quién habrá de encabezar el cartel electoral en la ciudad de
Alicante. Serafín Castellano ha dejado claro que entre sus preferencias no está
el que repita Sonia Castedo habida cuenta sus problemas judiciales. Y Sonia
Castedo, que según el Presidente Provincial Popular y enemigo político de
Serafín Castellano, José Ciscar, es el mejor activo electoral del PP, le ha
respondido, vía Twitter, con su ya conocida frase sobre el retorno de los
esputos lanzados al cielo. La respuesta del Secretario General ha sido poner de
manifiesto su aprecio personal por Sonia Castedo y, simultáneamente, filtrar
que su preferido para encabezar la candidatura popular al Ayuntamiento de
Alicante es el exvicepresidente de la Diputación y actual director de la Cámara de
Comercio, Carlos Mazón, “ripollista” de pro. Así que todo parece indicar
que las espadas, mejor dicho, las navajas están en alto mientras que el
Presidente Fabra anda autoproclamándose candidato a la Generalitat y
promoviéndose a si mismo.
Pero si uno va más allá de estos
juegos de esgrima político descubre algo profundamente preocupante. En ninguno
de los casos en los que se está debatiendo quién ha de encabezar o no las
candidaturas se habla de las preferencias de los militantes, de los afiliados
quienes en buena lógica democrática deberían ser en última instancia los que
eligiesen a los candidatos. Pero no, no es así. En el Partido Popular siguen
anclados en los rancios y antidemocráticos métodos de designación de candidatos
que tan malos resultados han proporcionado y a la vista está en las sedes
judiciales y en los resultados de la gestión de nuestra Comunidad. Y los medios
de comunicación participan con toda naturalidad de esta manera de entender la
política. Parece que lo único que importa es saber quién es el preferido por el
Presidente Provincial o por el Secretario General para ser candidato y no quién
es el preferido por las bases del partido. A nadie le importa, al parecer, qué
piensan los afiliados o a quien prefieren. Al fin y al cabo, todo el mundo da
por sentado que tragarán, como siempre, apoyarán y votarán a cualquiera que
desde la cúpula sea impuesto como candidato. No es de extrañar pues que las
listas electorales estén plagadas de falsos liderazgos, de incompetentes y de
arribistas y cuanto más sumisos con los de arriba, mejores puestos obtendrán en
las candidaturas.
A un demócrata debería importarle
poco a quien prefiere como candidato un alto cargo del partido y mucho lo que
las bases del partido prefieren. Pero lamentablemente no es así con los
resultados que todos padecemos. Una vez más la regeneración democrática y junto
a ella la democracia interna brillan por su ausencia en estos “juegos florales”
de nuestros presuntos políticos.
Santiago de Munck Loyola
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