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jueves, 18 de noviembre de 2010

Sáhara: ¿Tenemos política exterior propia o el Gobierno paga algún favor?

No lo entiendo, sinceramente. Y casi prefiero no entenderlo. Me refiero a la posición que el Gobierno Español y el PSOE está adoptando en relación no sólo a los dramáticos acontecimientos que están teniendo lugar estos días en el Sahara, sino también, desde hace años con todo lo relativo al referéndum de autodeterminación pendiente y a las propias relaciones con el país vecino, Marruecos. Del discurso socialista solidario y comprometido con el pueblo saharaui no queda más que viejas fotos y antiguos textos en las hemerotecas y algún que otro “verso suelto”, pero, sobre todo, queda la sensación de una utilización sin escrúpulos de una noble causa sacrificada por un pragmatismo genuflexo o como pago de favores pasados adeudados al dictador marroquí.

Produce sonrojo escuchar a cargos gubernamentales hablar del régimen de Marruecos como de una democracia. Pero para vergüenza ajena las propias intervenciones de la Ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, por cierto, según se comenta, vetada como interlocutora por el Gobierno marroquí por su condición femenina y sustituida por el cesado Moratinos en su última visita a Marruecos. Basta escuchar la entrevista realizada por Pedro J. a la Ministra ayer (http://fonoteca.esradio.fm/2010-11-17/entrevista-de-pedro-j-a-trinidad-jimenez-19361.html) para darse cuenta del nivel de representación exterior que tiene España. Lo más sorprendente es que ante las numerosas denuncias de las atrocidades que, al parecer, el Gobierno de Marruecos está llevando a cabo, diga la Ministra que el Gobierno Español no puede condenarlas sin que haya una investigación previa, que el gobierno español está esperando a los resultados de la investigación a realizar ¿por quién? Por el propio gobierno marroquí, es decir, por el denunciado. O es tonta la ministra, o nos toma por tontos a los ciudadanos. Los peores augurios que se cernían sobre la política exterior española cuando la nombraron para el puesto se están cumpliendo de sobra. No tiene ni la capacidad, ni la inteligencia, ni la astucia suficiente para salir del paso y tratar de “salvar los muebles”.


Un gobierno como el nuestro que no es capaz de condenar la muerte violenta de un ciudadano español a manos de la policía marroquí, que no es capaz de defender con firmeza la libertad de información de los medios de comunicación españoles y que consiente que se los difame e insulte por parte del Gobierno de Marruecos sin levantar la más mínima protesta diplomática, que no es capaza de condenar las constantes violaciones de los derechos más elementales de la población saharaui es que no tiene una política exterior digna de tal nombre y, si la tiene, no es suya, es la del vecino.

¿Hay que esperar a que el Gobierno de Marruecos se investigue a si mismo? ¿La defensa de los derechos humanos pasa por que el torturador se investigue a si mismo? ¿Y si el verdugo concluye que lo ha hecho todo bien? ¿Se trata de una nueva doctrina diplomática? ¿Se va a actuar igual cuando Israel vuelva a machacar a flotillas humanitarias? ¿Está de broma la ministra, no?

Es evidente que este Gobierno ha roto con uno de los pilares de la política exterior española que, en relación al Sahara, había sido mantenido, al menos formalmente, inalterable durante los últimos 30 años. Este mismo Gobierno que cuando era oposición reclamaba incesantemente consenso en la política exterior española, va ahora por libre. Seguramente el sátrapa marroquí se está cobrando alguna deuda. Si no es así, no se entiende.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 15 de noviembre de 2010

DISCRECIONALIDAD = CORRUPCIÓN.


Hace unos días por la tarde, escuchaba en la radio un programa de la COPE en el que participaban varias concejalas de Alicante. Enseguida se enzarzaron en un agrio debate sobre la corrupción que era usada como arma arrojadiza y en el que “y tú más” era el principal argumento. Lo sorprendente fue escuchar en repetidas ocasiones que la palabra “imputado” era considerada, poco menos, como una prueba de la existencia de delitos. Para alguna de las contertulias el hecho de que “fulano” hubiese sido imputado era casi como una condena que le inhabilitaba para la política. Sinceramente, parece muy poco serio que cargos públicos hagan semejantes exhibiciones públicas de su ignorancia, subrayándola además con un tono de voz elevado. Hoy se ha hecho público que el Portavoz socialista en las Cortes Valencianas ha sido imputado por presuntos delitos cometidos cuando fue Alcalde de Alicante como consecuencia de una querella del PP. Y ya andan sueltos los voceros de turno condenando a este señor como un presunto delincuente por el hecho de haber sido imputado. La corrupción vuelve a ser un arma arrojadiza en la política diaria y cobra mayor fuerza ante la proximidad de una convocatoria electoral.



Que alguien sea imputado judicialmente como consecuencia de la interposición de una querella no quiere decir, ni mucho menos, que haya cometido un delito o que esté procesado porque ni siquiera se han practicado las diligencias judiciales que permitan sostener la existencia de indicios racionales de criminalidad en su conducta. El concepto de “imputación” está siendo utilizado con tanta alegría como ignorancia para tratar de descabalgar a mucha gente de las listas electorales. Los políticos de uno u otro signo así como los periodistas deberían ser mucho más cuidadosos y escrupulosos a la hora de usar con fines electorales los trámites judiciales.

La corrupción es un mal ampliamente extendido que afecta a todas las esferas tanto públicas como privadas. Y ciñéndonos a la corrupción pública, a la política, hay para todos. Según la Memoria del año 2009 del Fiscal General del Estado, los casos judiciales abiertos por partidos políticos son los siguientes:

PSOE, 264 casos.
PP, 200 casos.
CC, 43 casos.
CiU, 34 casos.
IU, 20 casos.
GIL, 17 casos.
UM, 7 casos.
BNG, 3 casos.
PNV, 3 casos.

A ellos habría que añadir los correspondientes a grupos independientes o los abiertos contra funcionarios o empleados públicos sin el concurso de representantes políticos.

Por tanto, a la vista de estas cifras resulta ridículo e incluso hipócrita que los representantes de los partidos políticos intenten identificar a sus adversarios políticos con la corrupción. El “y tú más” al que nos tienen acostumbrados no puede ni debe calar en la opinión pública.

Es cierto que en el ranking mundial de la corrupción, España no es considerada como una de las naciones más corruptas.   En http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results España aparece en el puesto nº 30 con 6,1 puntos mientras que con 9,3 puntos aparecen tres países escandinavos como los menos corruptos. Pero, aún así, es necesario buscar fórmulas que asfixien las prácticas corruptas. Según publicaba el Diario el Mundo a finales de 2009, la corrupción ha sustraído en los últimos 10 años, y en tan sólo 28 casos, 4.158 millones de euros. Una pasada y eso tan sólo en lo relativo a lo que se contabiliza en los casos sub iudice.

En el ámbito público hay dos fuentes principales en las que nacen la mayoría de los casos de corrupción: el urbanismo y las contrataciones públicas. Pese a los esfuerzos legislativos realizados en los últimos años en los que se ha ganado en transparencia, no se ha atacado la causa primera que favorece la aparición de cualquier práctica corrupta. Tanto en el ámbito del urbanismo, como en el de las contrataciones públicas la principal causa de la aparición de prácticas corruptas es la discrecionalidad en muchos procedimientos por parte de políticos como de funcionarios. Cuando un procedimiento de calificación o clasificación de suelo depende un última instancia del contenido favorable o no de un determinado informe o de una decisión política se abre claramente la puerta a prácticas ilegales. El establecimiento de criterios tasados y objetivos por Ley en todos y cada uno de los pasos de los procedimientos urbanísticos y la eliminación del carácter discrecional en los mismos sería un paso decisivo y una mayor garantía para la erradicación de prácticas ilegales. Y otro tanto ocurre en los procedimientos de contratación de bienes, obras y servicios de las administraciones públicas. La legislación vigente en esta materia ha complicado enormemente los procedimientos pero no ha resuelto en absoluto las graves deficiencias que ya se habían detectado con la anterior legislación. Son necesarias reformas legislativas que simplifiquen y hagan más transparentes los contratos, que establezcan criterios puramente objetivos para las adjudicaciones, que primen la relación precio calidad y eliminen cualquier la posibilidad de cualquier valoración subjetiva en los criterios de adjudicación de los contratos. Tanto en el terreno del urbanismo como en el de las contrataciones, el derecho comparado ofrece excelentes ejemplos para desterrar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la toma de decisiones. Solo hace falta una decidida voluntad política para llevarlo a cabo, aunque parece que a la clase política no le interesa mucho.

Santiago de Munck Loyola.



sábado, 13 de noviembre de 2010

COSPEDAL Y PAJÍN: ¿DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA?


En estos días viene siendo noticia la polémica levantada por los ingresos de la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal. A los socialistas manchegos les parece escandaloso que acumule dos sueldos: uno público como senadora autonómica del PP y otro semipúblico como Secretaria General del Partido Popular. Su indignación es tal que incluso van a reformar una Ley autonómica para impedir que Cospedal pueda seguir percibiendo simultáneamente estas dos retribuciones. Es una iniciativa acertada e insuficiente, aunque también hay que decirlo es una medida hipócrita porque los proponentes, los socialistas castellano manchegos, a juzgar por su silencio, estaban muy contentos con que Leyre Pajín percibiera no dos, sino tres retribuciones simultáneas provenientes del erario público.

Cospedal recibe dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, como Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibe otros 3.560 euros del Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su función. Pajín percibió durante mucho tiempo tres retribuciones: como secretaria de Organización del PSOE, como ex secretaria de Estado de Cooperación Internacional y como senadora por la Comunidad Valenciana, cerca de 240.000 euros anuales también. Aunque existe mucha más opacidad en su caso es de suponer que ahora percibirá dos retribuciones públicas simultáneas, como senadora y como ministra. Habrá quien argumente que las retribuciones percibidas de un partido político no son públicas, pero de todos es sabido que los ingresos económicos de los partidos políticos tienen en un 90 % su origen en las subvenciones públicas. Por tanto, hay que considerar estos ingresos a efectos prácticos y, sobre todo, éticos como de carácter público.

Pero éstos no son los únicos casos de cargos políticos con varias retribuciones públicas simultáneas. La lista puede ser interminable. Piénsese además el enorme número de empresas públicas, incluidas las financieras, en cuyos Consejos de Administración están sentados cargos políticos y que cobran sustanciosas dietas por asistencia a los órganos de representación de dichas entidades, dietas que se acumulan sin problema alguno a otras retribuciones salariales públicas. Es posible que los políticos españoles no estén entre los mejor pagados de la Unión Europea, pero muchos están pagados varias veces para compensar.

Del mismo modo que acumulan diferentes ingresos pero con un mismo origen, el erario público, bajo fórmulas distintas (sueldos, dietas, indemnizaciones, pensiones, etc.) también se produce otro fenómenos que distorsiona claramente el funcionamiento del sistema democrático, su limpieza y transparencia. Se trata de la acumulación de cargos institucionales que, además, están retribuidos. Es muy frecuente encontrarse con políticos que forman parte del poder ejecutivo, como alcaldes o concejales, y del poder legislativo, como diputados autonómicos, nacionales o senadores. Al margen del debate que podría abrirse sobre la independencia de los poderes y de su propia virtualidad en nuestra realidad, lo cierto es que se trata de una práctica cuando menos anómala. No existe incompatibilidad y, si bien es cierto que algunos partidos la establecen en sus reglamentos internos señalando excepciones, lo habitual es que la excepción se convierta en la norma. Es materialmente imposible desempeñar adecuadamente las funciones de Alcalde y, al mismo tiempo, las de Diputado y cuando se simultanean los dos puestos es evidente que uno de ellos no se desempeña con la dedicación, eficacia y responsabilidad que es exigible en puestos de esa relevancia. O la alcaldía está mal atendida o el escaño mal representado. Y lo que es indecente es cobrar íntegramente las retribuciones de los dos cargos porque se está percibiendo una retribución íntegra por un cargo que no se desempeña con dedicación absoluta.

El perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas exige la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la percepción que de las mismas tenemos los ciudadanos y, entre ellas, están el establecer unos criterios claros y ejemplarizantes sobre el uso del dinero de los contribuyentes en cuanto a las retribuciones de los cargos públicos y el delimitar muy claramente las incompatibilidades para el ejercicio de varios cargos públicos simultáneamente.

Es una cuestión de principios y de sentido común que debería ser asumida por todos los dirigentes políticos con independencia de su militancia. Los criterios son sencillos y fáciles de llevar a la práctica mediante las reformas legislativas precisas:

- Prohibir la percepción de más de una retribución proveniente del erario público sea en forma de sueldo, dieta, compensación o indemnización.

- Prohibir el desempeño de dos o más cargos públicos simultáneamente.

Con ello, nuestras instituciones y nuestros representantes ganarían credibilidad y respaldo social. Seguro.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 12 de noviembre de 2010

DESAHUCIOS DE VIVIENDAS: TODOS COMO EL DE RAFAEL VERA.

A pesar de los famosos e invisibles “brotes verdes” anunciados hace tiempo por el Gobierno, lo cierto es que la recesión que padecemos sigue golpeando con fuerza a las familias españolas. Y una de las consecuencias más grave de esta recesión es la pérdida de la vivienda de miles de familias por no poder hacer frente a los pagos de su hipoteca. Entre 84.000 y 300.000 ejecuciones hipotecarias, dependiendo de la fuente que se consulte, se habrán producido cuando haya acabado este año. Eso significa que cuando estos procedimientos hayan concluido miles de familias se habrán quedado sin hogar y, si tienen suerte, lo harán sin deber dinero al banco pues la práctica abusiva y consentida por la clase política de permitir una nueva retasación de la vivienda a la hora de ejecutar la hipoteca está haciendo que, en muchos casos, además de perder la vivienda se sigue debiendo dinero al banco. No es raro el día en que tenemos conocimiento a través de algún programa televisivo de actualidad de casos tristes y duros de personas que se ven en la calle por culpa del impago de su hipoteca. Lo cierto es que hasta el día de hoy tan sólo IU ha realizado una propuesta para impedir los desahucios por impago de la hipoteca como consecuencia de la crisis. Resulta francamente desoladora la falta de sensibilidad y de solidaridad de la clase política en cuyas manos está impedir que este drama se siga extendiendo.

Y en medio de este panorama resulta sorprendente la resolución del tribunal constitucional dictada hace casi un año, el 9 de diciembre de 2009, suspendiendo la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo que preveía el desalojo del Ex Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, condenado por malversación de fondos públicos, el caso de los “Fondos Reservados”. El 18 de octubre de 2004, el Tribunal Supremo había condenado a Rafael Vera como responsable de la malversación de 645 millones de pesetas (3,8 millones de euros) procedentes de los fondos reservados que estaban asignados al Ministerio del Interior. El Alto Tribunal confirmó que en concepto de responsabilidad civil Vera reembolsase los 141 millones de pesetas por el dinero que había sustraído y, por tanto, el decomiso de las fincas "La Berzosilla" (situada en Torrelodones, Madrid) y "El Relumbrar" (Albacete), propiedades que decía el Supremo habían sido "adquiridas con el dinero proveniente de un delito". Rafael Vera recurrió al Tribunal Constitucional solicitando la suspensión del desalojo de la finca “la Berzosilla” ya que alegaba que era su vivienda habitual y la de su familia y que carecía de otra vivienda alternativa donde ubicarse. Sorprendentemente la Sala Segunda del Tribunal Constitucional suspende la ejecución de la sentencia del Supremo porque, según queda constatado "en una consolidada doctrina constitucional", salvo "supuestos excepcionales", las resoluciones judiciales que ordenan el desalojo de la vivienda o local "pueden originar un perjuicio difícilmente reparable que aconseja optar por la suspensión de la ejecución".

El Alto Tribunal subraya que "la pérdida de la posesión del inmueble podría dar lugar a un perjuicio difícilmente reparable en su integridad, al generar una situación irreversible".

La Sala accede a la petición de suspensión, ya que, de lo contrario, "la Administración podría efectivamente proceder al desalojo del recurrente de su domicilio permanente y habitual que comparte con su familia, con los consiguientes perjuicios difícilmente reparables que supone la privación de posesión de la citada vivienda". Para colmo, esta esperpéntica sentencia añade que "el desalojo forzoso del recurrente del domicilio que ocupa desde hace más de 20 años supone un perjuicio difícilmente reparable en su integridad y, por tanto, suficiente para justificar la suspensión".

A todo esto hay que añadir un dato relevante, la celeridad. El Constitucional ha tardado solo tres meses en atender la solicitud de suspensión de Rafael Vera.

Al leer esta sentencia hay que plantearse por qué no se aplica el mismo criterio para cualquier ciudadano. Si "la pérdida de la posesión del inmueble podría dar lugar a un perjuicio difícilmente reparable en su integridad, al generar una situación irreversible", ¿no ocurre lo mismo cuando la pérdida de la posesión de un inmueble es de un honrado ciudadano que por culpa de la crisis no puede pagar su hipoteca? O ¿acaso los perjuicios difícilmente reparables en su integridad sólo se dan cuando se trata del desahucio de un delincuente y no de un ciudadano corriente? ¿No se puede ordenar el desalojo de un delincuente porque ocupa su domicilio desde hace 20 años y sí se puede desalojar a miles de familias que no han cometido delito alguno?

Si la justicia funcionase como es debido, esta resolución debería servir de antecedente para que cualquier ciudadano obtuviese el mismo trato y con la misma rapidez que Rafael Vera. Pero no es así. Es evidente que hay dos varas de medir en la justicia española y que la falta de respuesta de la clase política ante una sentencia semejante huele a corporativismo rancio. Con esa doctrina jurisprudencial lo mejor que podrían hacer es extenderla para todos los ciudadanos y, en consecuencia, legislar lo necesario para impedir semejante agravio comparativo.

Santiago de Munck Loyola.

sábado, 6 de noviembre de 2010

LOS MAESTROS DE LA COMUNICACIÓN.


La comunicación política cuando no está debidamente orientada o cuando el mensaje que se pretende trasladar a la sociedad es débil o inconsistente se convierte en un arma muy peligrosa cuyas heridas requieren tiempo para su sanación. La reciente entrevista a Mariano Rajoy en el diario El País es una buena muestra de ello. En ella, Mariano Rajoy afirmó que le gustaba el plan de recortes que el primer ministro británico, David Cameron, ha implantado en su país. Y esa afirmación hecha sin matizar ha sido hábilmente utilizada por los socialistas para estructurar todo un discurso que están repitiendo como loros estos días. De ella deducen que si a Rajoy le gusta lo que Cameron ha hecho en Gran Bretaña es que piensa hacer lo mismo en España. Es decir que Rajoy tiene un “programa oculto” y que ese programa consiste en realizar recortes sociales. Se trata de un prodigioso razonamiento deductivo que, analizado serenamente, no se sostiene y, sin embargo, lo han sabido convertir en toda una pieza de artillería con la que están continuamente machacando. Ni que decir tiene que la situación británica no es comparable con la española y que, por consiguiente, las recetas que allí puedan ser aplicables no tienen por qué ser válidas para España, pero no importa. Han descubierto un “programa oculto” y lo han identificado con recortes sociales.


Y tiene su gracia la cosa. Resulta cuando menos sorprendente que sean precisamente los socialistas los que pongan el grito en el cielo ante la hipótesis de que Rajoy pretenda hacer recortes sociales. Ellos nunca lo harían, no. No sé si trata de la arrogancia que el poder otorga en muchas ocasiones o si simplemente se trata de cinismo político. ¿Cómo pueden denunciar que los demás quieran o pretendan hacer recortes sociales? ¿Qué legitimidad tienen para hacerlo quienes llevan años realizando recortes sociales sin precedentes?

No hay mayor recorte social que el paro. Hace poco más de dos años, Zapatero, a pesar de que en su mesa estaban todos los informes que señalaban la existencia de una grave crisis económica, negó su existencia y prometió el pleno empleo para esta legislatura. Y la política económica que siguió no hizo más que agravar la situación multiplicando los efectos devastadores del paro. Y para recortes sociales ahí está la rebaja salarial media de un 5 % de las retribuciones de los funcionarios en 2010 y de un 8% en 2011. Para recorte social ahí está la congelación de las pensiones incumpliendo el Pacto de Toledo y negándose a su debate en el Congreso de los Diputados. Para recorte social ahí está la subida del IVA que afecta a ricos y a pobres por igual. Para recorte social ahí está la supresión del cheque bebé. O para recorte social ahí está la supresión de la devolución de los 400 euros del IRPF. Y la lista de recortes sociales perpetrada por este gobierno socialista no se acaba ahí, sino que puede completarse con muchas otras decisiones de carácter fiscal o laboral adoptadas por este Gobierno.

Éste sí que era y es un programa oculto. Ni una de estas medidas figura en el programa socialista con el que concurrieron a las elecciones de 2008. Habrá quien lo justifique alegando que se trata de decisiones impuestas por una realidad imprevisible hace dos años. Pues ya hay que ser torpes para no haber previsto la que se nos venía encima. Pero no, no se trata de imprevisión. Se trata de un gran engaño, de una gran mentira que sirvió para ganar las elecciones últimas.



Que los autores de esta gran estafa hablen ahora de un “programa oculto” de la oposición no tiene credibilidad alguna. Que los autores de tanto recorte social en los últimos meses traten de denunciar hipotéticas propuestas de recortes sociales de la oposición, es una auténtica burla a la inteligencia y al sentido común. Eso sí, hay que reconocerles que para comunicar mentiras son unos auténticos maestros.



Santiago de Munck Loyola.

viernes, 5 de noviembre de 2010

DEL DICHO AL HECHO.

La necesidad de proyectar una determinada imagen y unos valores concretos hace que muchos políticos terminen por decir y enunciar cosas en las que realmente no creen o que, ni siquiera, han formado parte de su bagaje intelectual o de sus reflexiones y compromisos personales. Tal es así que leen discursos grandilocuentes, evidentemente redactados por terceros, cargados de nobles ideas y buenos propósitos, pero que realmente no se corresponden con sus convicciones íntimas. Hay que suponer que es así, que no son plenamente conscientes del alcance de sus palabras y que, por tanto, es normal que su acción política no se corresponda con sus palabras e ideas. Porque, de lo contrario, lo que hay que suponer es que son unos auténticos cínicos y que no les importa usar la mentira como instrumento permanente de comunicación.

La decisión del PSOE de vetar las enmiendas de la Oposición en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 para impedir que en el Parlamento se pueda hablar de la congelación de las pensiones constituye una buena prueba de ello. Este veto socialista, escudándose en una interpretación restrictiva y posiblemente fraudulenta del Reglamento del Congreso, tiene por finalidad que ni tan siquiera se pueda discutir o hablar sobre la citada congelación de las pensiones. No se trata ya de que se rechacen las enmiendas destinadas a impedir la congelación, sino de impedir lo más elemental: que se pueda hablar de ello. Si el Congreso de los Diputados, si el Parlamento donde reside la soberanía nacional no es el lugar adecuado para que se discuta sobre ello algo muy profundo quiebra en el sistema democrático.

Hay que recordar lo que José Luis Rodríguez Zapatero manifestó en su discurso de investidura el jueves, 15 de abril de 2004, en el Congreso de los Diputados:

“Estoy decidido a propiciar que las Cámaras puedan ejercer efectiva y eficazmente su misión fundamental de controlar al Gobierno. Es una cuestión de racionalidad política: en esta Cámara reside la soberanía nacional. Es una cuestión de pedagogía política: un Parlamento anquilosado, prisionero del Gobierno, pierde su condición de referente político para el ciudadano. Es una cuestión de valores políticos: aquí es donde debe concretarse el diálogo y la transacción en una sociedad plural.”

¡Qué abismo entre estas palabras y la decisión de vetar las enmiendas de la Oposición! O simplemente mentía entonces o nunca se enteró de lo que leía. Y, en todo caso, es evidente que el deseo de revitalizar la acción parlamentaria nunca formó parte de su acervo democrático. Felipe González usó sólo una vez el veto. José María Aznar ninguna. Y Zapatero lo ha usado ya 60 veces. Las cifras hablan por sí solas de las convicciones democráticas del Presidente y, sobre todo, de su capacidad de mentir a la sociedad española.

Cada día es mayor la distancia y más acusado el contraste entre sus palabras y sus hechos. Tanto discurso escrito por terceros, tantos cientos de asesores en la Moncloa sólo consiguen evidenciar la profunda vaciedad intelectual del personaje.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 29 de octubre de 2010

El “gatillazo” de la reforma de la Ley Electoral. (y 5ª parte).

El margen de maniobra, sin tocar la Constitución, para mejorar la representatividad de nuestras instituciones democráticas con ocasión de la reforma de la LOREG existe y cuestión a parte es que los dos grandes partidos quieran realmente abordarla.

Con ser realmente importante este aspecto, existen otros que también merecen ser abordados para profundizar en una senda de regeneración democrática de la vida política. Sin embargo es más que probable que las reformas que se van a acometer de la Ley Electoral van a seguir un camino muy diferente al que se supone que debe seguir una voluntad real de regenerar la vida democrática de nuestras instituciones políticas. En el fondo, los partidos políticos no quieren, ni pueden prescindir de la situación privilegiada que ostentan en la actualidad pese a que todos los estudios sociológicos vienen poniendo de relieve, desde hace tiempo, un progresivo distanciamiento de la ciudadanía y una pérdida progresiva de credibilidad de los propios partidos políticos.

Es el caso de la financiación de los partidos y de las campañas electorales. Hoy, los partidos políticos sólo pueden subsistir con sus estructuras actuales gracias a las subvenciones públicas. A pesar de las cifras de afiliados que exhiben, a veces con un infantilismo preocupante, lo cierto es que el compromiso políticos de tanto afiliado no se traduce en un compromiso económico para sostener al partido de su preferencia. Resulta chocante que mientras que se congelan las pensiones y mientras los recursos públicos no llegan para cubrir las necesidades más elementales de millones de ciudadanos, los partidos políticos y los sindicatos reciben anualmente centenares de millones de euros de las arcas públicas. Lo que podía ser hasta necesario hace 30 años para consolidar un sistema de partidos tras una larga dictadura con dinero público, hoy es un anacronismo y una flagrante injusticia. Los partidos políticos y los sindicatos deberían sostenerse únicamente de las cuotas de sus afiliados y de los donativos y prescindir del dinero público. Es evidente que ello les obligaría a reducir sus sobredimensionadas estructuras administrativas o adaptarlas a una mentalidad diferente basando su funcionamiento en el voluntariado y en la participación asociativa. Por otra parte, es de sobra sabido la poca incidencia que tienen las campañas electorales sobre la decisión del voto. Quince días de campaña electoral, por mucho dinero que se invierta en ella, modifican muy poco unas tendencias de voto estructuradas a lo largo de meses o años. Y, como botón de muestra, basta recordar lo que ocurrió en los años 80 con la millonaria campaña de la llamada operación Roca y el frustrado partido reformista.

Pero si hay algo verdaderamente importante que se ha dejado en el tintero en esta propuesta de reforma del Régimen Electoral es la deuda que nuestra sociedad, nuestra democracia, tiene contraída con las víctimas del terrorismo y, en concreto, con los exiliados vascos. Mientras se regula en la Ley el voto de los emigrantes, resulta que quienes han tenido que emigrar forzosamente del País Vasco para salvar su vida no pueden decidir con su voto el futuro de su tierra de la que han tenido que exiliarse. Desde que nuestra democracia echó a andar, más de 350.000 personas tuvieron que abandonar el País Vasco por miedo y no pueden ejercer allí su voto. Tan sólo durante los mandatos de Ibarretxe, más de 150.000 personas se exiliaron. Mientras tanto, el sistema político vive bajo la ficción de que las instituciones vascas son democráticas y representan la voluntad de los vascos. Se aceptan sin cuestionarse por la clase política unos resultados electorales y unas instituciones que nacen desde la legalidad, pero no desde la legitimidad. No son legítimas unas instituciones surgidas de unos procesos electorales viciados porque en ellos no pueden participar quienes bajo la amenaza del terror deben abandonar su tierra.

Y nadie puede negar que, sin violencia, con plena libertad y con la participación de 350.000 personas expulsadas del censo electoral los resultados serían muy distintos. Y la reforma de la LOREG brinda una ocasión de oro para articular los mecanismos legales necesarios para que los exiliados vascos puedan, con las garantías judiciales que sean necesarias, participar en los procesos electorales vascos. Es una deuda que nuestra sociedad democrática tiene que saldar de una vez. La dignidad y la justicia de nuestra democracia lo exige.



Santiago de Munck Loyola

martes, 26 de octubre de 2010

La crisis económica de los ayuntamientos.

La larga crisis económica que estamos viviendo afecta por igual a todas las administraciones públicas que han visto disminuidos sensiblemente sus ingresos, teniendo que mantener una extensa red de servicios de carácter público. Y esta crisis se hace especialmente evidente y perceptible en las corporaciones locales cuyos ingresos corrientes, sustentados en gran parte en el sector inmobiliario, han caído de forma espectacular. Su proximidad a los ciudadanos y su íntima conexión con el tejido económico inmediato del que se proveen hacen especialmente visibles los efectos de esa drástica reducción de los ingresos y, por tanto, de las negativas consecuencias de sus dificultades de tesorería y de liquidez. La salida inmediata de todas las administraciones públicas, incluidas las municipales, ha sido aumentar su endeudamiento.

Las Corporaciones Locales han venido aumentando su endeudamiento por encima de límites razonables, al igual que las demás Administraciones Públicas. Bien es cierto que la deuda de las Corporaciones Locales, fundamentalmente los Ayuntamientos, es relativamente pequeña si se compara con las deudas autonómicas o estatal. La media por habitantes es de 910 euros en el caso de las Corporaciones Locales, de 2.600 en el caso de las Comunidades Autónomas y de 12.500 euros en el caso del Estado. Sin embargo, con ser mucho más reducida es paradójicamente la más llamativa, la más perceptible por el conjunto de los ciudadanos, sobre todo, en los miles de municipios pequeños y medianos de España.

¿La razón? La proximidad, la cercanía de la administración al administrado. En los municipios pequeños y medianos, las dificultades de tesorería se perciben claramente en el entorno inmediato: retrasos en los pagos a proveedores, muchos de ellos del propio municipio, dificultades con las nóminas, reducciones de jornadas y salarios a empleados que en su mayoría residen en el propio municipio, eliminación o reducción de servicios, subidas de tasas e impuestos, etc. Por tanto, los efectos de la crisis son percibidos de forma directa y rápida por los ciudadanos quienes, en la mayoría de los casos, señalan como responsables a los gestores municipales de la situación. Y todo el mundo es consciente de lo que eso significa cuando las fechas de las elecciones municipales se aproximan.

Un informe reciente de la FEMP señalaba que un tercio de la deuda de los Ayuntamientos se debe principalmente a la prestación de servicios ajenos a las competencias municipales y a la ausencia de transferencias específicas para su desempeño. Es muy probable que se trate de bastante más que un tercio. Durante las últimas décadas, los Ayuntamientos han ido aumentando el catálogo de la prestación de servicios mucho más allá de las competencias que la Ley les otorga y sin dotarse de los mecanismos específicos de financiación para su sostenimiento. Los ingresos corrientes abultados por los provenientes de las tasas e impuestos urbanísticos servían para pagar todo o casi todo en un ejercicio de irresponsabilidad colectiva sin límites. Ahora, en plena sequía urbanística, la solución financiera propuesta por la mayoría pasa por pedir más dinero al Estado y a las Comunidades Autónomas a través de una reforma del sistema de financiación de los Ayuntamientos. Es como si el dinero y los recursos fuesen ilimitados. Y no es así. La solución pasa por un cambio radical de mentalidad. Hay que gastar menos y hay que gastar mejor. Y hay que hacerlo adaptándose a las circunstancias. No hay otra solución.

El deseo de todo regidor municipal de ofrecer a sus vecinos toda clase de servicios y prestaciones públicas choca con una realidad brutal: no hay dinero para todo. Y si se quiere hacer sólo queda incrementar los ingresos a través de la subida generalizada de tasas, precios públicos e impuestos, algo inaceptable para políticos y contribuyentes. Por tanto, hay que replantearse la situación y no queda más remedio que ajustar los gastos a los ingresos disponibles, salvo que se quiera hacer inviable el sistema. El café gratis para todos hoy no es una opción válida.

Al amparo de la Ley y con la vista siempre puesta en las urnas, los Ayuntamientos han aumentado sus prestaciones de forma progresiva sin un sustento sólido para su financiación regular. De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local los Ayuntamientos tienen unas competencias obligatorias, unas prestaciones públicas que desarrollar, en función de su población. Un municipio, según el Artículo 25. 1. de esta Ley para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Según el art. 27 de la misma Ley pueden también desarrollar otras competencias delegadas por otras administraciones y según el art. 28 realizar otras actividades complementarias a las de otras administraciones. Pero hay un mínimo obligatorio de competencias establecido en el art. 26. Si se toma como ejemplo un municipio de 7.000 habitantes nos encontramos con que el art. 26 señala que las competencias mínimas de ese Ayuntamiento son: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas, parques públicos, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. Y no hay más. Fuera de estas competencias obligatorias, cualquier otra actividad o competencia que desarrolle tiene carácter voluntario o, en su caso, delegado teniendo, por tanto, que estar dotada de la correspondiente transferencia de recursos. Es evidente que gran parte de las competencias desarrolladas por los municipios de tamaño similar son voluntarias y que, por tanto, su financiación depende igualmente de la capacidad económica de la Corporación. Sin embargo, la irresponsabilidad de los gobiernos locales está ampliamente consolidada. Se asumen competencias voluntarias, se prestan nuevos servicios sin una base sólida de financiación y nadie pone freno a este disparate.

En la prestación de competencias voluntarias, de servicios no obligatorios ni delegados, deben regir, al menos, dos criterios fundamentales si no se quiere acabar con Ayuntamientos inviables:

- El principio de subsidiariedad. Una Administración no debe asumir una competencia o una prestación de servicios que ya esté siendo desarrollado satisfactoriamente por otra administración o por la propia iniciativa privada. Con ello se evitaría una innecesaria duplicidad de servicios, con su correspondiente coste, y una competencia desleal hacia los propios contribuyentes. ¿Qué hacen las Policías Locales asumiendo funciones que no les corresponden? ¿Qué pinta un Ayuntamiento proporcionando clases de tenis o de inglés cuando hay entidades privadas que lo hacen satisfactoriamente? No vale argumentar que así se garantiza el acceso a todo el mundo a esas actividades, pues se garantiza igual y a menor precio mediante otras fórmulas como las subvenciones o cheques escolares.

- El principio de progresividad fiscal. Es una práctica generalizada en la mayoría de los Ayuntamientos establecer precios públicos sin cumplir los requisitos legales para ello y prescindir de la capacidad contributiva del usuario. No es que sólo se cobren servicios municipales sin cubrir los costes de los mismos, sin memorias económicas, sin controles de eficiencia ni criterios económicos algunos, sino que, además, se hace sin tener en cuenta la capacidad económica del usuario. Café para todos y, si se apura, gratis es la fórmula habitual. Con unos recursos económicos limitados no tener en cuenta la capacidad contributiva de los usuarios resulta de todo punto profundamente injusto. Con ello, se acaban antes los recursos y no es posible atender verdaderas necesidades de muchos ciudadanos. Cobrar a todos los usuarios de una escuela infantil, por ejemplo, el mismo precio con independencia de su situación familiar y su capacidad económica es profundamente inmoral e injusto. Cobrar por debajo de coste clases de tenis a alguien que acude a tomarlas cómodamente en su coche de alta gama, lo mismo. Por ello, en tiempos de crisis, más que nunca es preciso aplicar criterios de progresividad fiscal.

Por último, hay que señalar que la ejecución del Plan E, como del Plan Confianza de la Comunidad Valenciana, lejos de mejorar la situación económica de los Ayuntamientos la van a empeorar. La puesta en funcionamiento de todas las nuevas infraestructuras va a requerir un enorme esfuerzo de los Ayuntamientos en el incremento del gasto corriente: más personal y nuevos gastos de mantenimiento. Ese no es el camino adecuado para reflotar los Ayuntamientos.

Santiago de Munck Loyola

sábado, 23 de octubre de 2010

¡Cuánta hipocresía!

Hay que ver la que ha montado el Alcalde de Valladolid con sus desafortunadas declaraciones sobre el nombramiento de Leire Pajin como Ministra de Sanidad, Igualdad y Políticas Sociales. Según recogen todos los medios de comunicación el Sr. Alcalde del PP León de la Riva se despachó a gusto al dar su opinión sobre el citado nombramiento y, como cierre a su intervención sobre Pajín, apostilló: "Tengo que decir que cada vez que le veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a decir aquí". Es cierto que el alcalde se ha disculpado por activa y por pasiva por sus declaraciones a las que él mismo ha calificado como un "exceso verbal". A mi no me gusta nada este nombramiento y no por “los morritos” de la Ministra, algo que entiendo no viene a cuento, sino por la parca preparación intelectual de la misma, su inexperiencia y su trayectoria política y personal.

Descalificarla por su aspecto físico está fuera de lugar. Pero, claro, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid el PSOE y los de la ceja han salido en tromba para pedir su dimisión acusándole de machista y, de paso, para descalificar a los 700.000 afiliados del PP aludiendo a su genética (Rubalcaba dixit). Y, sinceramente, no creo que se trate de un asunto de machismo, sino de buena educación, ¿o acaso sería admisible una crítica sobre el físico en el caso de que el criticado fuera un hombre? Evidentemente, no.

El Alcalde de Valladolid no ha estado acertado. No, señor. Tendría que haber copiado al Alcalde de Getafe y Presidente de la Federación Española de Municipios, Pedro Castro, que el 3 de diciembre de 2008 dijo: "¿Por qué hay tanto tonto de los cojones que votan a la derecha?". (http://www.youtube.com/watch?v=vzVIufLNG98)

Y no pasó nada. Ningún socialista pidió su dimisión ni él se disculpó con los 10.500.000 de españoles que votan a la derecha. Tampoco los de la farándula, los de la ceja abrieron la boca para mostrar su indignación, ni se rasgaron las vestiduras como ahora. Políticamente es mucho más correcto insultar a diez millones y medio de españoles que a una ministra. ¡Dónde va a parar!. A lo mejor, si el Alcalde de Valladolid se hubiese referido a Leire Pajín como “tonta de los cojones” o, perdón, “tonta del c…” no habría pasado nada. Sería mucho más progresista y políticamente mucho más correcto. Es que estos del PP no aprenderán nunca.
¡Por Dios, cuanta hipocresía!

Santiago de Munck Loyola

viernes, 22 de octubre de 2010

El “gatillazo” de la reforma de la Ley Electoral. (4ª parte).


El artículo 68.3 de la Constitución de 1978 señala que la elección de los miembros del Congreso de los Diputados se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Con esta redacción, los padres de la constitución vinieron a zanjar un viejo debate que ha venido subsistiendo desde el siglo XIX entre los partidarios de un sistema electivo de corte mayoritario y los defensores de una fórmula distributiva. Con el paso del tiempo, la mayor parte de las democracias occidentales han ido adoptando sistemas electorales basados en fórmulas distributivas en detrimento de las fórmulas mayoritarias. Sin embargo, el debate sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de las fórmulas se ha venido manteniendo. Se trata, en el fondo, de una pugna entre el principio de mandato mayoritario frente a la representatividad. Durante el Siglo XIX, en Gran Bretaña, Jhon Stuart Mill, defensor del sistema proporcional, y Walter Bagehot, partidario del sistema mayoritario, mantuvieron una larga polémica que resulta particularmente ilustrativa para conocer las ventajas e inconvenientes de cada sistema.

En todo caso, el mandato constitucional señala una clara elección a favor de la fórmula proporcional para el Congreso. Sin embargo, desechada la posibilidad de la fórmula mayoritaria, quedan abiertas otras puertas para mejorar un sistema proporcional corregido, como el vigente, que es susceptible de mejorar para lograr una mejor representación de la voluntad popular. El art. 68.3 de la C.E. se decanta por “criterios de representación proporcional”, es decir, por cualquiera de las variantes, y son muchas, basadas en esos mismo criterios de proporcionalidad. Y es la LOREG la que opta por el sistema proporcional corregido con la Ley D’Hont.

Dentro de los sistemas proporcionales o distributivos podemos encontrar dos grandes grupos según la solución elegida para, una vez asignados los escaños según los números enteros de cada partido, asignar los escaños restantes en función de las fracciones de cada partido o candidatura:

a) La fórmula del resto mayor que, a su vez, ofrece dos variantes: la Hare-Niemeyer, la Droop, Hare-Andrae, la Imperiali y la Imperiali reforzada.

b) La fórmula de la media mayor con las variantes D’Hont, la Sainte-Laguë, la Imperiali y la Hagenbach-Bischoff.

Tal y como se puede observar existen numerosas fórmulas que matizan y corrigen la proporcionalidad atenuándola o reforzándola. La modificación de la fórmula vigente y sus sustitución por otra que corrija sus defectos y que, en definitiva, otorgue a las instituciones representativas una mayor identificación con la voluntad real de los ciudadanos depende de la voluntad de nuestros políticos. Resulta paradójico que la mayoría de los políticos coincidan en que nuestro sistema electoral tiene defectos y que resulta injusto el desigual valor que el sistema introduce en el voto de los ciudadanos pero, después, este reconocimiento no se traduce en una voluntad de cambio. Es evidente que el actual sistema favorece a los dos grandes partidos nacionales y que sus dirigentes se encuentran muy a gusto con este sistema. Reconocen sus defectos, sí, pero se benefician de los mismos ya que garantiza la posibilidad de conformar amplias mayorías parlamentarias aunque ése no haya sido el mandato popular en las urnas.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 21 de octubre de 2010

El “gatillazo” de la reforma de la Ley Electoral. (3ª parte).

Aplicando la propuesta de ampliación del Congreso a 400 escaños con asignación inicial de 1 diputado por circunscripción, podemos ver cual habría sido el resultado en las pasadas elecciones generales de 2008 y qué variaciones se habrían producido en la composición del Congreso de los Diputados:

La comparación de los resultados sobre 350 escaños (2008) y 400 escaños sería la siguiente:

Lo más destacable es lo siguiente: 
  • La sobrerrepresentación de PSOE y PP disminuye ligeramente. 
  • CIU y ERC adquieren una ligera sobrerrepresentación. 
  • IU dobla el número de diputados pero sigue estando infrarrepresentada. 
  • UPyD aumenta su infrarrepresentación.
Por tanto, no parece decisiva para mejorar la representación de los partidos la propuesta de aumentar a 400 escaños el Congreso ni la disminución a uno de los diputados inicialmente asignados a cada circunscripción. Se mejora, pero de forma muy tenue.
Quedan dos elementos específicos del régimen electoral que también se pueden modificar sin cambiar la Constitución: la Ley D’Hont y el porcentaje mínimo para tener representación en el Congreso. El límite del 3% no parece tener excesiva influencia habida cuenta del tamaño relativamente pequeño de las circunscripciones electorales. Es la Ley D’Hont la que de verdad altera el mandato popular favoreciendo a los partidos más votados en detrimento de los demás y su aplicación resulta verdaderamente perturbadora al combinarse con unas circunscripciones electorales pequeñas.
Si las elecciones de 2008, se hubiesen celebrado en una circunscripción electoral única que abarcase todo el territorio nacional, la aplicación de la Ley D’Hont en combinación con el límite del 3% habría arrojado los siguientes resultados:
PSOE 169 escaños
PP 156         “
IU 14            “
CIU 11         “

Es decir, los dos grandes partidos mantendrían prácticamente los mismos resultados, al igual que CIU. Sólo IU se beneficiaría igualando casi su porcentaje de voto con el de escaños. Todos los demás grupos pequeños desaparecerían al no llegar al 3% mínimo de votos.

Santiago de Munck Loyola.

Una remodelación inspirada en una tarde de domingo.

El domingo pasado, el Presidente del Gobierno afirmó ante los periodistas que no iba a haber una remodelación del gobierno, tan sólo iba a sustituir al Ministro de Trabajo. Hoy, tres días después, ZP anuncia una remodelación amplia del Gobierno y en la rueda de prensa ha manifestado que se le ocurrió el domingo por la tarde. Así pues nos encontramos con una remodelación improvisada al amparo de una tranquila tarde dominical y ante una mentirijilla más del personaje. No pasa nada, hombre, si al Presidente se le ocurre de repente que tiene que cambiar el gobierno pues se cambia y ya está. Una ocurrencia de última hora, una improvisación más no significan nada en un país que lo resiste todo. Cada cual es libre para determinar la seriedad y responsabilidad con que se toman determinadas decisiones y parece evidente el nivel utilizado para estas cosas por el Presidente del Gobierno.

Hace tan sólo dos años parecía fundamental, básico e imprescindible crear un ministerio como el de Igualdad. Los que osaban criticarlo eran unos retrógrados y, además, machistas. Hoy ya no hace falta el citado ministerio. Sus exiguas y discutibles competencias son integradas en el ministerio de sanidad. Y los ciudadanos no se merecen, al parecer, ni una explicación por la supresión de esta piedra angular de la política ministerial socialista. Claro que, desaparecido el ministerio de igualdad, abandonan el gobierno cuatro mujeres y sólo se incorporan dos. ¿No habíamos quedado en que la paridad era imprescindible?

Leire Pajín, esa estadista de verbo florido y natural, augur fallida de acontecimientos planetarios, brillante intelectual sin par en el orbe socialista, protectora de tránsfugas familiares, crisol de salarios múltiples, fustigadora de empleados de cruceros y portadora de una pulsera curativa denostada por la profesión médica pasa a ser la nueva ministra de sanidad, igualdad y políticas sociales. Increíble pero cierto. Es de suponer que entre la militancia socialista no había nadie con más capacidad y preparación para hacerse cargo de esta cartera ministerial o que sus destellos han cegado la visión del Presidente quien no ha podido, por tanto, vislumbrar otro candidato para el cargo, pero ahí está Dª Leire, para regocijo de su clan familiar.

Valeriano Gómez es el nuevo ministro de trabajo. Un viejo conocido para muchos vecinos de Rivas-Vaciamadrid y para los cooperativistas de Pablo Iglesias, (fiasco cooperativo en el que cientos de familias perdieron sus ahorros quedándose sin viviendas y del que no se rindieron cuentas como era de esperar), de la PSV o de lo que más tarde sería conocido en esa localidad como Casa Romanas, conjunto de viviendas en el que adquirirían casa varios militantes socialistas tras la supervisión, allá por los 80, del Ministerio de Trabajo en el que Valeriano Gómez trabajaba. Miembro a principios de los 90 de Fundescoop e IPADE, fundaciones de UGT que recibieron más de 1800 millones de Ptas. y vinculadas a la tristemente famosa PSV. Es de suponer que tras su participación en las manifestaciones contra la reforma laboral, el nuevo ministro se apresurará a dejarla en suspenso. ¿A que sí?

Rosa Aguilar es una incógnita. Su evolución resulta asombrosa. Poco tiene que ver aquel discurso que compartía en los años 90 con Julio Anguita con su posicionamiento actual en este Gobierno.

Rubalcaba, Trinidad Jiménez y Jáuregui tienen ya una acreditada trayectoria política que permite prever pocas sorpresas en el desempeño de sus nuevas responsabilidades.

En todo caso, parece que esta improvisada remodelación carece de coherencia con los planteamientos anteriores del Presidente del Gobierno. Da la impresión de que se trata de una huida hacia delante en la que se ha fortalecido a quien, en teoría, mejor puede tratar de enderezar una más que complicada tendencia electoral. No en balde Rubalcaba es un político con los colmillos retorcidos, intrigante y con muchos resortes del estado a su entera disposición.



Santiago de Munck Loyola