COSPEDAL Y PAJÍN: ¿DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA?

En estos días viene siendo noticia la polémica levantada por los ingresos de la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal. A los socialistas manchegos les parece escandaloso que acumule dos sueldos: uno público como senadora autonómica del PP y otro semipúblico como Secretaria General del Partido Popular. Su indignación es tal que incluso van a reformar una Ley autonómica para impedir que Cospedal pueda seguir percibiendo simultáneamente estas dos retribuciones. Es una iniciativa acertada e insuficiente, aunque también hay que decirlo es una medida hipócrita porque los proponentes, los socialistas castellano manchegos, a juzgar por su silencio, estaban muy contentos con que Leyre Pajín percibiera no dos, sino tres retribuciones simultáneas provenientes del erario público.

Cospedal recibe dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, como Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibe otros 3.560 euros del Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos para el desempeño de su función. Pajín percibió durante mucho tiempo tres retribuciones: como secretaria de Organización del PSOE, como ex secretaria de Estado de Cooperación Internacional y como senadora por la Comunidad Valenciana, cerca de 240.000 euros anuales también. Aunque existe mucha más opacidad en su caso es de suponer que ahora percibirá dos retribuciones públicas simultáneas, como senadora y como ministra. Habrá quien argumente que las retribuciones percibidas de un partido político no son públicas, pero de todos es sabido que los ingresos económicos de los partidos políticos tienen en un 90 % su origen en las subvenciones públicas. Por tanto, hay que considerar estos ingresos a efectos prácticos y, sobre todo, éticos como de carácter público.

Pero éstos no son los únicos casos de cargos políticos con varias retribuciones públicas simultáneas. La lista puede ser interminable. Piénsese además el enorme número de empresas públicas, incluidas las financieras, en cuyos Consejos de Administración están sentados cargos políticos y que cobran sustanciosas dietas por asistencia a los órganos de representación de dichas entidades, dietas que se acumulan sin problema alguno a otras retribuciones salariales públicas. Es posible que los políticos españoles no estén entre los mejor pagados de la Unión Europea, pero muchos están pagados varias veces para compensar.

Del mismo modo que acumulan diferentes ingresos pero con un mismo origen, el erario público, bajo fórmulas distintas (sueldos, dietas, indemnizaciones, pensiones, etc.) también se produce otro fenómenos que distorsiona claramente el funcionamiento del sistema democrático, su limpieza y transparencia. Se trata de la acumulación de cargos institucionales que, además, están retribuidos. Es muy frecuente encontrarse con políticos que forman parte del poder ejecutivo, como alcaldes o concejales, y del poder legislativo, como diputados autonómicos, nacionales o senadores. Al margen del debate que podría abrirse sobre la independencia de los poderes y de su propia virtualidad en nuestra realidad, lo cierto es que se trata de una práctica cuando menos anómala. No existe incompatibilidad y, si bien es cierto que algunos partidos la establecen en sus reglamentos internos señalando excepciones, lo habitual es que la excepción se convierta en la norma. Es materialmente imposible desempeñar adecuadamente las funciones de Alcalde y, al mismo tiempo, las de Diputado y cuando se simultanean los dos puestos es evidente que uno de ellos no se desempeña con la dedicación, eficacia y responsabilidad que es exigible en puestos de esa relevancia. O la alcaldía está mal atendida o el escaño mal representado. Y lo que es indecente es cobrar íntegramente las retribuciones de los dos cargos porque se está percibiendo una retribución íntegra por un cargo que no se desempeña con dedicación absoluta.

El perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas exige la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la percepción que de las mismas tenemos los ciudadanos y, entre ellas, están el establecer unos criterios claros y ejemplarizantes sobre el uso del dinero de los contribuyentes en cuanto a las retribuciones de los cargos públicos y el delimitar muy claramente las incompatibilidades para el ejercicio de varios cargos públicos simultáneamente.

Es una cuestión de principios y de sentido común que debería ser asumida por todos los dirigentes políticos con independencia de su militancia. Los criterios son sencillos y fáciles de llevar a la práctica mediante las reformas legislativas precisas:

- Prohibir la percepción de más de una retribución proveniente del erario público sea en forma de sueldo, dieta, compensación o indemnización.

- Prohibir el desempeño de dos o más cargos públicos simultáneamente.

Con ello, nuestras instituciones y nuestros representantes ganarían credibilidad y respaldo social. Seguro.

Santiago de Munck Loyola