Refundar el centro derecha: una necesidad inaplazable.

Desde que se celebraron las últimas elecciones generales y, en especial, desde la formación del gobierno social-comunista gracias al apoyo de los separatistas vivimos en un ambiente político bastante crispado y tenso. Es cierto que el nuevo gobierno ha puesto en marcha una agenda política y legislativa que no fue respaldada por la mayoría de los electores, pero que se ve convalidada por una mayoría parlamentaria más que suficiente. 

Como también es cierto que el Presidente del Gobierno mintió cuando solicitó el voto a los españoles en la campaña electoral al prometer actuar de forma opuesta a como lo está haciendo, pero, en todo caso, correspondería a los votantes socialistas exigirle responsabilidades por haber sido estafados. El papel de la oposición no puede ser en este asunto más que el de simple notario e informador de dichos incumplimientos.

Sin embargo, da la sensación y así se nos transmite de que nos encontramos ante una situación de excepcional gravedad, no tanto porque el nuevo gobierno vaya a aplicar una agenda radical e izquierdista, sino porque para poder hacerlo va a comprar el apoyo de los independentistas con cesiones que van a suponer el fin de la unidad de España y, por consiguiente, de la propia nación española. Y tal como van las cosas es muy probable que vaya a ser así. Pero de ser así ¿cómo está actuando la oposición? ¿qué está haciendo el centro derecha español? 

Hay que recordar, en primer lugar, que a la luz de los resultados electorales del pasado noviembre, las fuerzas políticas del centro derecha fueron las primeras responsables de que la suma de socialistas, comunistas y separatistas lograse la mayoría absoluta. No llegar a acuerdos preelectorales entre PP, Ciudadanos y Vox impidió que la mayoría de votos del centro derecha se tradujera en una mayoría parlamentaria. Es un hecho evidente que no admite discusión. Primaron los intereses partidistas sobre el interés general;  entre los dirigentes de PP, C’s y Vox se impuso una visión miope y cortoplacista que resultó suicida y esta decisión no se correspondía con los negros augurios que ya nos anticipaban sobre un hipotético triunfo socialista. Ante una amenaza tan grave para la soberanía nacional, para la unidad de España y para la supervivencia de determinados valores ¿dónde quedó el patriotismo de los dirigentes de los tres partidos? ¿Dónde su capacidad de acuerdo y su generosidad en favor de bienes superiores? 

Ahora estamos ante tres nuevos retos electorales en Galicia, País Vasco y Cataluña y parece que algunos siguen en sus trece, es decir, en su visión miope y egoísta de la política partidista. La necesidad de llegar a acuerdos preelectorales es más que evidente si se quiere mejorar resultados electorales y, sobre todo, si se quiere sentar las bases para la construcción de un amplio movimiento político que, aglutinando diferentes sensibilidades, sea capaz de ofrecer una alternativa nacional y constitucional al frente social comunista separatista. 

Somos muchos los ciudadanos que creemos en la libertad política, económica y social, en la soberanía nacional, en la unidad de España, en la igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos, en el respeto a la Ley, en la solidaridad territorial y social o en la persona como centro de toda acción política que necesitamos un proyecto político plenamente democrático, abierto, participativo, de carácter nacional y con capacidad de integración territorial. Y, al contrario de lo que muchos analistas políticos afirman, no se trata de una competición para ver qué partido absorbe a otro. Se trata de una refundación del espacio de centro derecha, de una integración gradual y progresiva de los diferentes partidos que lo integran: coalición, confederación, federación y partido. Es cierto que a la vista del panorama actual y de los mini liderazgos que pueblan el centro derecha se antoja un objetivo inalcanzable. Pero, no cabe ninguna duda de que mientras “las derechas” sigan compitiendo entre si sus verdaderos adversarios políticos seguirán desguazando nuestra patria.

Santiago de Munck Loyola

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Ni pin, ni pon: Derecho a objetar contra el adoctrinamiento de los hijos.

A veces la indignación o las prisas no son buenas consejeras y todos podemos caer en errores involuntarios. Quizás es lo que a muchos nos ha podido pasar al escuchar a la Ministra Celaá, tras el último Consejo de Ministros, decir que "no podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padres" al manifestar la oposición del Gobierno a la implantación de eso que se ha venido en llamar el “pin parental” que no es otra cosa que la obligación de los centros educativos de informar a los padres de las actividades que se realicen en las aulas dentro de las actividades complementarias por parte de personal ajeno al centro docente y la autorización expresa de dichos padres para que sus hijos participen en ellas.

Tiene razón la ministra al afirmar que “los hijos no pertenecen a los padres” y la tiene fundamentalmente porque la “pertenencia” es una cualidad asociada al concepto de “propiedad”. Las personas, los seres humanos no pueden ser objeto de propiedad. La propiedad sólo es predicable de las cosas y de los animales. Así de simple. Y del mismo modo, los hijos tampoco pertenecen al Estado aunque esa pertenencia de los hijos, e incluso de los adultos, al estado omnipotente ha sido y es una constante en las ideologías totalitarias como el nazismo, el fascismo y el comunismo.

Es por consiguiente absurdo seguir entrando al trapo y debatir sobre a quién “pertenecen” los hijos. A nadie, es la respuesta, pero más importante que la idea de la pertenencia o de la propiedad son las ideas de la custodia y de la responsabilidad. Los hijos no son autónomos hasta la mayoría de edad y hasta entonces, y aún después en determinados supuestos, los padres son sus custodios y son los responsables de su crianza, alimentación, salud, formación, educación, ocio, etc. Son los padres, los progenitores, quienes en virtud de esa custodia y responsabilidad asumen toda una larga serie de obligaciones y de derechos, los padres y no el Estado. 

Un Estado moderno, democrático y sustentado en los valores de los derechos humanos sólo tiene un papel subsidiario frente al cumplimiento paterno de las obligaciones derivadas del correcto ejercicio de esa paternidad. Corresponde al Estado poner los medios educativos, sanitarios o sociales para que puedan ser usados por los padres para educar, cuidar y atender a los hijos y corresponde al Estado, mediante los oportunos mecanismos judiciales, intervenir cuando del incumplimiento de las obligaciones paternas puedan derivarse perjuicios para el menor de edad. Y no hay más. No hay que romperse la cabeza. 

No se trata pues de centrar el debate sobre la pertenencia o propiedad de los hijos porque es indiscutible. El debate hay que situarlo sobre el ejercicio de las responsabilidades que la paternidad conlleva y sus límites así como sobre el alcance de las facultades del estado. Y toca además hacerlo en relación al derecho de los padres a que sus hijos reciban o no determinadas enseñanzas en los centros escolares. Cuanto se habla del “pin parental” enseguida escuchamos a sus detractores proferir una larga lista de simplezas para descalificarlo. Pues bien, no se trata de que los padres puedan oponerse a que se impartan conocimientos de materias regladas. Si los padres creen que la tierra es plana o no creen en la teoría de la evolución no puede ser objeto de aplicación del “pin parental”. Se trata de conocimientos impartidos en el contexto de asignaturas regladas. De lo que se trata es de dilucidar si los padres pueden o no objetar a que sus hijos, fuera de las asignaturas regladas, es decir, en actividades complementarias, participen o no en las mismas. Y, atención, aquí tampoco se trata de poder objetar sobre los valores constitucionales. 

Se trata de poder oponerse y objetar a actividades o enseñanzas de adoctrinamiento religioso, político, moral, sexual, etc. Pretender educar a los niños en la llamada “ideología de género” es uno de los más claros objetivos de los detractores del “pin parental”, no nos engañemos, así se lo acabamos de escuchar a la ministra Montero. Y la ideología de género no es más que una ideología más, no es una verdad científica ni un dogma. Pretender desde el Estado inducir a los menores a experimentar sexualmente con su propio cuerpo, por citar otro ejemplo, va mucho más allá de lo que ha de considerarse un objetivo estrictamente pedagógico.

Pocas dudas pueden caber. La responsabilidad directa de la educación de los menores es de los padres, no del Estado. La familia tiene el deber y el derecho de educar y formar a sus hijos en los valores que mejor estime, en los valores acordes a los principios que sustentan nuestra convivencia y nuestra sociedad occidental. Y sí podría darse el caso de alguna familia yihadista que quisiera acogerse al “pin parental” para evitar la transmisión de los valores democráticos y occidentales a sus hijos, pero dicha hipótesis sería excepcional y la excepción no puede servir para descalificar una propuesta que busca preservar los legítimos derechos de los padres a proteger la educación de los hijos y a evitar su adoctrinamiento por parte del poder de turno.

Santiago de Munck Loyola

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¿Por qué dicen negociación cuando quieren decir claudicación?

Políticos de izquierdas, alguno despistado de derechas, comentaristas políticos y muchos ciudadanos repiten incesantemente que la solución al problema de los independentistas catalanes pasa por el diálogo. Parece que lo “progre”, lo molón, es repetir este mantra, el del diálogo. Y algunos lo matizan además, como el Presidente del Gobierno en funciones, que se trata de “diálogo dentro de la Constitución”. Una majadería, por mucho que se repita, no deja de ser lo que es una majadería. ¿Alguien ha prohibido dialogar en nuestro país? ¿Saben de verdad lo que significa dialogar? ¿Desde cuándo hay que hablar dentro de la Constitución o de las leyes? ¿Y qué significa eso?

La palabra diálogo no es otra cosa, tal y como lo define la Real Academia de la Lengua Española, que una “Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos”. Dicho en román paladino dialogar es hablar, conversar, platicar, departir y en España se puede hablar de todo esté dentro o no de la Constitución. Y los políticos además de poder hacerlo cuando, como y donde quieran tienen a su disposición no sólo un Parlamento Nacional (de “parlar”, hablar) sino 17 parlamentos regionales. Por cierto, cuando el demagogo presidente del Parlamento catalán afirma que no va a consentir que el Tribunal Constitucional impida que se hable de cualquier tema, incluida la independencia, en su cámara regional, miente como un bellaco. En el Parlamento catalán se puede hablar de todo de independencia o del racismo del Sr. Torra (salvo cuando lo prohíbe el Sr. Torrent), pero lo que no se puede hacer es adoptar resoluciones contrarias a la Ley. Ni en el Parlamento catalán ni en ningún otro.

Por tanto, va siendo hora de desmontar ese discurso buenista a la vez que torticero. Nadie impide en España que se dialogue sobre el independentismo o sobre los genes superiores de Torra. El problema de Cataluña no es que falte diálogo, como tampoco es la solución. Tampoco hacen falta mesas de diálogo en las que poder hablar de espaldas a los españoles. Las únicas “mesas” de diálogo, en un estado de derecho, se llaman Parlamento donde los políticos deben hablar y expresar sus opiniones en representación de los votantes con luz y taquígrafos.

Pero no contentos con intentar vendernos esta moto del diálogo, a la misma le añaden el sidecar de la negociación. Diálogo y negociación para solucionar el problema de los independentistas. El problema es que los independentistas catalanes, al igual que los, bilduetarras y demás nacionalistas vascos entienden por negociación la rendición y la cesión de la otra parte. Llegan a la “mesa” exigiendo o pidiendo lo suyo pero no se plantean que a lo mejor el de enfrente puede poner encima de la mesa también lo suyo. El diccionario de la RAE ofrece dos significados sobre la palabra negociar que pueden tener aplicación en el mundo de la política:

2. intr. Tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro. U. t. c. tr.

3. intr. Tratar por la vía diplomática, de potencia a potencia, un asunto, como un tratado de alianza, de comercio, etc. U. t. c. tr.

De momento, descartemos la acepción segunda aunque signifique la fantasía de todo independentista. Nada impide a ningún gobierno, es más constituye una obligación, tratar asuntos públicos procurando su mejor logro. Sin embargo, los separatistas catalanes no buscan eso.

Por negociación entienden que ellos exigen la independencia y el Gobierno de España debe pactar con ellos cómo y cuándo otorgarla. No le demos más vuelta. No hay más. Los separatistas solo quieren “negociar” cuán y cómo van a conseguir la independencia.

Ahora bien, imaginemos por un momento una “negociación” de verdad. De una parte, tendríamos a los independentistas con su propuesta, la única, la independencia de Cataluña. De otra, al Gobierno de España pero no como hasta ahora sin propuesta alguna, sino con la lista de sus pretensiones que muy bien podrían ser: garantizar a todos los españoles los mismos derechos (fiscales, sanitarios o asistenciales) y obligaciones en todos los territorios de España, incluida Cataluña, (algo tan evidente como ejecutar un mandato constitucional, por cierto), establecer el mismo modelo educativo en todas las autonomías (como en cualquier país europeo), garantizar la educación en español en cualquier parte de España (como ocurre en Francia, Alemania o Gran Bretaña), establecer un mando único nacional sobre todas las Fuerzas y cuerpos de seguridad o suprimir los organismos autonómicos que duplican competencias estatales. Sería una lista de pretensiones absolutamente constitucional, incluso más, sería un simple cumplimiento en la mayor parte de los asuntos de los mandatos constitucionales ¿No? Y ahora a negociar ¿no?

Pues eso es lo que implica toda negociación, intentar acercar posturas y transaccionar. Lo que no nos pueden “vender” es su moto, ni imponer su monotema de la independencia. No, ni los independentistas, ni los que les compran su mantra de “diálogo y negociación” lo que en realidad quieren es en primer lugar que se hable solo y exclusivamente de su pretensión y, en segundo lugar, que la negociación sea una rendición, una claudicación del Estado ante su exigencia. Los independentistas no quieren negociar, solo imponer su objetivo. Que no nos vengan más con su cuento. Se han inventado un pasado inexistente para justificar su objetivo;

ocultan su pasado filonazi de los años treinta; santifican a asesinos como Companys;  se proclaman nación y nos niegan a los demás el derecho a serlo; se inventan un derecho a la autodeterminación que no existe en ningún país del mundo; agitan el espantajo de la independencia para tapar una profunda corrupción que empapa a todo el independentismo catalán y que durante décadas ha estado robando a manos llenas a los catalanes y, de paso, al resto de las españoles; se creen superiores genéticamente; postulan la existencia de dos clases de ciudadanos, de una parte, la clase política y, de otra, el resto otorgando a la primera la impunidad para vulnerar la ley, para delinquir, al usar la denominación de “presos políticos” en lugar de la simple realidad, políticos presos; participan por acción u omisión de la violencia y no sólo de la física, sino también de la violencia social que llevan décadas practicando. Su voluntad dialogante y negociadora no es más que una farsa porque solo quieren imponer su voluntad sin someterse a las reglas establecidas en la Constitución vigente, porque no creen en la democracia, ni en el estado de derecho y se pasan la soberanía del pueblo español por el arco del triunfo.

Si quieren negociación, que la tengan, pero que además de su carta, el Gobierno de España ponga sobre la mesa las suyas y que, para ello, pregunte al Parlamento español qué propuestas debe trasladar a la negociación. Mejor aún, que nos pregunte a los españoles. A ver si se atreve.

Santiago de Munck Loyola

10 N una oportunidad perdida. El abismo más cerca que nunca.

Para todo aquel que hubiese ignorado las encuestas del CIS (por cierto, el Sr. Tezanos a estas horas sigue sin dimitir tras el ridículo y descrédito al que ha sometido al organismo que dirige) los resultados de las elecciones generales del pasado domingo no habrán supuesto una gran sorpresa. El PSOE con Pedro Sánchez ganó las elecciones convocadas por él mismo tras ser incapaz de aglutinar voluntades para lograr su investidura de candidato y lo hizo perdiendo casi 800.000 votos, tres escaños en el Congreso y 29 en el Senado con la pérdida, además, de la mayoría absoluta que gozaba en esta cámara. Todo un logro, sí señor. Un estratega fino el Sr. Sánchez. 140 millones de euros gastados, más otros 60 millones correspondientes a las subvenciones a los partidos políticos, para que el Sr. Sánchez pudiera mejorar los resultados de su partido y poder dormir tranquilo sin tener en el Consejo de Ministros a los podemitas.

Pero no, todo parece indicar que el Sr. Sánchez no podrá dormir tranquilo durante una larga temporada si logra los votos necesarios para su investidura tras haber firmado ayer un acuerdo para gobernar en coalición con la ultraizquierda de Unidas Podemos, con el Sr. Iglesias como Vicepresidente del Gobierno de España. Firmado este acuerdo, socialistas y ultraizquierdistas, tienen que ponerse enseguida manos a la obra para conseguir los votos necesarios para investir al Sr. Sánchez Castejón. Iglesias ya se ha puesto a ello y, cómo no, ya ha iniciado contactos con los golpistas catalanes para buscar su abstención al menos y con los proetarras de Bildu. Así, repitiendo la misma estrategia que en Navarra podrá el Sr. Sánchez salir a decir que él no ha pactado con los bilduetarras ni con los naZindependentistas catalanes.

Parece que de antemano tienen asegurado el voto de los naZionalistas racistas del PNV a los que les da igual ocho que ochenta, es decir, a los que siendo una derechona rancia y racista les importa un bledo el color económico del gobierno de España aunque tenga tintes bolivarianos. Bueno, no es que les dé igual exactamente, es que cuanto peor sea el gobierno español mejor para ellos. La ultraizquierda podemita sacudirá el árbol y ellos recogerán las nueces.

Ha ocurrido lo que algunos dijimos que iba a ocurrir si el centroderecha no concurría unido a estas elecciones convocadas en medio de una grave crisis de supervivencia nacional. El centroderecha constitucionalista volvió a mirarse al ombligo y se presentó por separado. Y el resultado de tan poco patriótica decisión es que teniendo más votos que la izquierda, ésta ha ganado en número de escaños.

Según la proyección de escaños realizada por el Diario ABC de haber articulado candidaturas únicas en torno a la propuesta de Pablo Casado, España Suma, el centroderecha habría obtenido mayoría absoluta 177 escaños en el Congreso. Ni siquiera tuvieron la generosidad ni la altura de miras para presentar candidaturas únicas al Senado perdiendo la ocasión de hacerse con una mayoría absoluta en el Senado, imprescindible para poder activar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución.  Y esto es algo que sus votantes ni podemos ni debemos olvidar. Ninguno de los tres líderes de la derecha ocultó que la situación política española era y es de extrema gravedad con el independentismo violento en auge e incendiando las calles y con un gobierno izquierdista débil y acomplejado incapaz de articular un proyecto de cohesión nacional, pero dos de ellos, Rivera y Abascal, se negaron en redondo a aceptar la propuesta de Pablo Casado. ¿Es eso patriotismo? Pues no, por muchas banderas españolas que enarbolen, es simplemente egoísmo partidista y falta de visión de Estado.

El PP se ha quedado con 88 escaños en el Congreso, Vox con 52, Ciudadanos con 10 y Navarra Suma con 2. Podrán estar satisfechos, salvo en el caso de Ciudadanos, por aumentar su representación parlamentaria, pero no porque esos resultados sirvan para mejorar la situación política de España.

Resulta llamativo que el electorado haya castigado a Ciudadanos, según los comentaristas políticos más asiduos en los platós televisivos, por cumplir precisamente su compromiso electoral de abril, es decir, no facilitar la investidura de Pedro Sánchez y “su banda”. Quizás la explicación haya que buscarla en el hecho de que la radicalización del ambiente político no favorece las posiciones moderadas y en el incesante bombardeo crítico de la Secta y los medios afines por haber facilitado gobiernos regionales en Madrid, Andalucía, Murcia o Castilla y León. 

En todo caso si finalmente el PSOE y la ultraizquierda podemita logran la investidura del insomne de la Moncloa el centroderecha dispondrá de un período de quizás un año o dos para, además de cumplir su obligaciones como oposición, tratar de refundar un espacio político de cara a las siguientes elecciones, sea bajo la fórmula de coaliciones electorales, sea bajo unas nuevas siglas unitarias. Creo sinceramente que la situación crítica de España lo exige. Está en juego la defensa de la soberanía del pueblo español y, por tanto, la vigencia de la Constitución y de la unidad de España. El reto merece la pena. Superar diferencias políticas, personalismos y antiguos rencores es una obligación patriótica.

Santiago de Munck Loyola