Ni pin, ni pon: Derecho a objetar contra el adoctrinamiento de los hijos.

A veces la indignación o las prisas no son buenas consejeras y todos podemos caer en errores involuntarios. Quizás es lo que a muchos nos ha podido pasar al escuchar a la Ministra Celaá, tras el último Consejo de Ministros, decir que "no podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padres" al manifestar la oposición del Gobierno a la implantación de eso que se ha venido en llamar el “pin parental” que no es otra cosa que la obligación de los centros educativos de informar a los padres de las actividades que se realicen en las aulas dentro de las actividades complementarias por parte de personal ajeno al centro docente y la autorización expresa de dichos padres para que sus hijos participen en ellas.

Tiene razón la ministra al afirmar que “los hijos no pertenecen a los padres” y la tiene fundamentalmente porque la “pertenencia” es una cualidad asociada al concepto de “propiedad”. Las personas, los seres humanos no pueden ser objeto de propiedad. La propiedad sólo es predicable de las cosas y de los animales. Así de simple. Y del mismo modo, los hijos tampoco pertenecen al Estado aunque esa pertenencia de los hijos, e incluso de los adultos, al estado omnipotente ha sido y es una constante en las ideologías totalitarias como el nazismo, el fascismo y el comunismo.

Es por consiguiente absurdo seguir entrando al trapo y debatir sobre a quién “pertenecen” los hijos. A nadie, es la respuesta, pero más importante que la idea de la pertenencia o de la propiedad son las ideas de la custodia y de la responsabilidad. Los hijos no son autónomos hasta la mayoría de edad y hasta entonces, y aún después en determinados supuestos, los padres son sus custodios y son los responsables de su crianza, alimentación, salud, formación, educación, ocio, etc. Son los padres, los progenitores, quienes en virtud de esa custodia y responsabilidad asumen toda una larga serie de obligaciones y de derechos, los padres y no el Estado. 

Un Estado moderno, democrático y sustentado en los valores de los derechos humanos sólo tiene un papel subsidiario frente al cumplimiento paterno de las obligaciones derivadas del correcto ejercicio de esa paternidad. Corresponde al Estado poner los medios educativos, sanitarios o sociales para que puedan ser usados por los padres para educar, cuidar y atender a los hijos y corresponde al Estado, mediante los oportunos mecanismos judiciales, intervenir cuando del incumplimiento de las obligaciones paternas puedan derivarse perjuicios para el menor de edad. Y no hay más. No hay que romperse la cabeza. 

No se trata pues de centrar el debate sobre la pertenencia o propiedad de los hijos porque es indiscutible. El debate hay que situarlo sobre el ejercicio de las responsabilidades que la paternidad conlleva y sus límites así como sobre el alcance de las facultades del estado. Y toca además hacerlo en relación al derecho de los padres a que sus hijos reciban o no determinadas enseñanzas en los centros escolares. Cuanto se habla del “pin parental” enseguida escuchamos a sus detractores proferir una larga lista de simplezas para descalificarlo. Pues bien, no se trata de que los padres puedan oponerse a que se impartan conocimientos de materias regladas. Si los padres creen que la tierra es plana o no creen en la teoría de la evolución no puede ser objeto de aplicación del “pin parental”. Se trata de conocimientos impartidos en el contexto de asignaturas regladas. De lo que se trata es de dilucidar si los padres pueden o no objetar a que sus hijos, fuera de las asignaturas regladas, es decir, en actividades complementarias, participen o no en las mismas. Y, atención, aquí tampoco se trata de poder objetar sobre los valores constitucionales. 

Se trata de poder oponerse y objetar a actividades o enseñanzas de adoctrinamiento religioso, político, moral, sexual, etc. Pretender educar a los niños en la llamada “ideología de género” es uno de los más claros objetivos de los detractores del “pin parental”, no nos engañemos, así se lo acabamos de escuchar a la ministra Montero. Y la ideología de género no es más que una ideología más, no es una verdad científica ni un dogma. Pretender desde el Estado inducir a los menores a experimentar sexualmente con su propio cuerpo, por citar otro ejemplo, va mucho más allá de lo que ha de considerarse un objetivo estrictamente pedagógico.

Pocas dudas pueden caber. La responsabilidad directa de la educación de los menores es de los padres, no del Estado. La familia tiene el deber y el derecho de educar y formar a sus hijos en los valores que mejor estime, en los valores acordes a los principios que sustentan nuestra convivencia y nuestra sociedad occidental. Y sí podría darse el caso de alguna familia yihadista que quisiera acogerse al “pin parental” para evitar la transmisión de los valores democráticos y occidentales a sus hijos, pero dicha hipótesis sería excepcional y la excepción no puede servir para descalificar una propuesta que busca preservar los legítimos derechos de los padres a proteger la educación de los hijos y a evitar su adoctrinamiento por parte del poder de turno.

Santiago de Munck Loyola

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