La filípica de Sonia Castedo.

A pocos, sobre todo en Alicante, ha pasado inadvertida la filípica con que la Alcaldesa nos ha obsequiado el pasado fin de semana desde las páginas del Diario Información y desde las redes sociales. Son posiblemente las recientes manifestaciones de algunos vecinos, organizadas por la izquierda, pidiendo su dimisión la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Sonia Castedo y, por tanto, el motivo de su furibundo ataque, más que defensa, contra todo aquél que no esté a su lado. Hace dos años algunos pedimos la dimisión o, en su caso, el apartamiento del Grupo Municipal Popular de cuantos estuviesen bajo fundada sospecha judicial y eso nos costó la expulsión del Partido Popular. Y mientras reivindicábamos públicamente la necesidad de ejemplaridad en la clase política y la regeneración del propios Partido Popular, otros, incluido el Secretario Provincial Popular José Juan Zaplana, asistían a cenas de homenaje a la Alcaldesa organizadas con ocasión de su primera imputación judicial, la protegían, como José Ciscar o Alberto Fabra, desmantelando el PP de la ciudad de Alicante para que ella pudiese ser la Coordinadora del mismo o la apoyaban abiertamente como los concejales del Gobierno Municipal. Por ello, hoy, cuando muchos de ellos eluden fotografiarse junto a ella en actos públicos, cuando algunos se postulan entre bambalinas para sustituirla en el sillón a pesar de ser corresponsables de su política o cuando se lanzan en las redes sociales clamando por su cabeza mientras han estado callados como tumbas durante dos años, es necesario examinar la trayectoria y la credibilidad de los que se están pronunciando sobre este asunto. Y, visto lo visto, no cabe ninguna duda de que las cotas de oportunismo político, de miseria moral, de cobardía y de carroñería son difíciles de igualar.

Se equivoca la Alcaldesa al afirmar que estamos ante una campaña de acoso y derribo lanzada por una izquierda que fue incapaz de ganarle en las urnas cuando la lista por ella encabezada obtuvo 18 concejales. No, el mérito de aquel triunfo no fue de ella, o al menos sólo de ella, el mérito lo fue de unas siglas, de un proyecto político y de miles de ciudadanos que lo respaldaron y a los que ella y su partido han traicionado: traición a los principios éticos, a las personas, al proyecto y a un programa electoral sistemáticamente incumplido. Y no, no es sólo la izquierda la que únicamente pide ahora su dimisión. La pide buena parte del electorado popular,  la piden muchos antiguos militantes populares y buena parte de los actuales, eso sí, estos últimos en  privado.

Dice la Alcaldesa que la izquierda ha cambiado el discurso y que ahora basa su petición de dimisión, no en la existencia de responsabilidades penales, sino en la existencia de responsabilidades políticas y lanza retóricamente la pregunta sobre qué son responsabilidades políticas para pasar a endosarlas a sus detractores, en un delirante retruécano, por ensuciar al parecer la imagen de Alicante. Es cuando menos dudoso que se haya pasado de la exigencia de dimisión por responsabilidades penales a las políticas. La izquierda sabrá. Pero para quienes no nos situamos en ese territorio político existe primero la presunción de inocencia y hemos demandado su dimisión, o al menos su apartamiento, desde hace tiempo porque sí existen responsabilidades políticas muy claras que todo aquel que se dedica al noble arte de la política debería conocer y practicar. Es indudable que la imagen de nuestro Ayuntamiento y de nuestra ciudad está gravemente dañada y ello no es consecuencia de la casualidad sino fruto de una determinada forma de gobernar, de decisiones concretas individuales y colectivas imputables a unos cargos públicos y a un partido concreto que las ha consentido, amparado y protegido. No son responsables de la mala imagen de nuestro consistorio quienes denuncian conductas poco ejemplares, sino quienes las practican.

Y es muy posible que las bochornosas conversaciones que hemos escuchado y sus transcripciones entre la Alcaldesa de nuestra ciudad y su “amigo” Ortiz puedan estar recortadas, como ella alega, pero no cabe ninguna duda de que su tono es inaceptable no sólo por los temas tan importantes que se tratan con tanta familiaridad sino también por el nivel tan chabacano que traslucen. Si se tratase de conversaciones “privadas” en el sentido de conversaciones que tratan sobre temas personales entre dos colegas, nada que objetar. Allá cada cual con sus amistades y su nivel de educación. Pero se trata de conversaciones que, aunque se califican de “privadas”, versan sobre asuntos públicos muy importantes que inciden en el desarrollo de la ciudad y, por tanto, en el bienestar de los alicantinos. Una Alcaldesa que se precie y que ame tanto a su ciudad como dice amar nuestra Alcaldesa no puede consentir que ninguna autodenominada “polla insaciable” se dirija a ella en esos términos y no ya por su dignidad personal, sino por la dignidad de todos los ciudadanos a los que representa.

Dice la Sra. Castedo “díganme una sola actuación que yo haya realizado para beneficiar a Enrique Ortiz. ¡Sólo una! No pueden. Simplemente… no la hay. Pero seguirán ensuciando el nombre de la ciudad para intentar hacerme caer”. Pues todo parece indicar que la lista de actuaciones sospechosas de beneficiar al Sr. Ortiz es larga y precisamente por ello estamos donde estamos. Ni más, ni menos. Baste citar que algo raro hay cuando en medio de una pavorosa crisis económica se licita un contrato de 420 millones de euros y sólo concurre al mismo una sola empresa, participada casualmente por el Sr. Ortiz. Y para qué hablar del trasiego de planos del PGOU, de la contrata de limpieza viaria, de la limpieza de colegios, del mantenimiento del cementerio, de obras, de IKEA, de viajes a Portugal en aviones privados, etc. Pero el final de esta cita es ya el colmo. Envolverse en la bandera de Alicante, tal y como hacen los totalitarios frente a las críticas, no es de recibo. Nadie ensucia el nombre de Alicante por criticar y denunciar prácticas políticas poco estéticas y poco recomendables. El nombre de Alicante lo ensucian quienes gobiernan la ciudad como un cortijo al servicio de los amigotes.

Para quienes seguimos creyendo en los mismos ideales y principios políticos que han traicionado la Sra. Castedo y el Partido Popular de Alicante ya es irrelevante que ella dimita o no, que sea o no sustituida por uno de sus concejales porque una cosa es evidente: la política de Sonia Castedo es la política del Partido Popular y no es que lo diga un servidor, es que lo dice por escrito el propio Partido Popular. Tiempo ha habido para rectificar pero no han querido. Tiempo ha tenido la inoperante oposición municipal para actuar pidiendo, por ejemplo, la disolución de la Corporación habiendo como había motivos legales para ello y no lo ha hecho. Quedan pocos meses para las próximas elecciones municipales y muchos de los que seguimos creyendo en los mismos ideales y principios políticos del centro derecha sabemos que el Partido Popular de Alicante ni nos ha representado ni nos puede representar. Que se laven o no ahora la cara nos resulta irrelevante. No nos van a volver a engañar porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Santiago de Munck Loyola

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Los disparates socialistas de Pedro Sánchez.

No parece que la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE haya supuesto, de momento, la consolidación de un nuevo proyecto político sólido y coherente. El socialismo español no termina de encontrar una hoja de ruta propia que le permita presentarse ante la sociedad española como una alternativa de gobierno creíble a pesar de los intentos por ofrecer la imagen contraria avalados por encuestas precocinadas como la que se acaba de publicar este fin de semana. Las últimas ideas o propuestas lanzadas por el dirigente socialista, bastante disparatas por cierto, no parecen responder a un sólido y elaborado programa de gobierno, sino que más bien se asemejan a globos sonda, a ocurrencias electoralistas o, lo que es más preocupante, a posicionamientos obligados quizás por la influencia de Podemos.

Hace unos días, el líder socialista, preguntado sobre qué Ministerio sobraría, respondió con rotundidad y sin matizaciones que sobraba el Ministerio de Defensa. Faltó tiempo para que saltaran todas las alarmas en Ferraz y para que se apresuraran a “matizar” esta afirmación señalando que lo que en realidad quería decir es que había que reducir su presupuesto. Pero, no nos engañemos, dijo lo que dijo y lo hizo sin matización alguna. Y si en Ferraz piensan de verdad que hay que reducir el presupuesto vamos listos los españoles.

Ya unos pocos días antes, el Sr. Sánchez había defendido que las víctimas de violencia de género tuvieran funerales de Estado, con todo lo que ello supone. Y también los “apagafuegos” de Ferraz habían tenido que salir a la palestra para aclarar semejante propuesta matizando que en realidad lo que quería decir es que en los oficios religiosos por esas víctimas debería haber alguna presencia gubernamental.

Ayer mismo, sin ir más lejos, el líder socialista anunció que en el caso de llegar al gobierno subiría el sueldo a los docentes y es de suponer que se estaba refiriendo de forma exclusiva a los docentes que dependen de las administraciones públicas. Constituye todo un misterio conocer la razón por la que sólo esta categoría de empleados públicos, los docentes, van a ser premiados con un incremento salarial y no así el resto de empleados públicos. Los mal pensados apuntan a que este guiño a los docentes públicos obedece a la indudable capacidad de los mismos de influir en las mentes de los escolares, pero es toda una incógnita la razón de fondo de esta inusitada promesa. Empleados públicos lo son también los médicos, los bomberos, los policías, los administrativos, etc. y todos ellos han venido sufriendo una pérdida salarial enorme durante los últimos años con congelaciones salariales y recortes retributivos impuestos primero por Zapatero y continuados después por Rajoy. No cabe pensar pues otra cosa que con este nuevo socialismo la igualdad es relativa y que depende de de la arbitrariedad del gobernante de turno.

Y, por si fuera, poco los socialistas y su nuevo líder andan todavía perdidos respecto al independentismo catalán. De una parte sus correligionarios en los ayuntamientos catalanes andan votando favorablemente las mociones a favor del referéndum ilegal presentadas por los partidos separatistas. De otra, sigue proponiendo, como lo venía haciendo su antecesor Pérez Rubalcaba, una reforma constitucional para hacer de España un estado federal como fórmula para acabar con las tensiones rupturistas de los independentistas. Sin embargo, el Sr. Sánchez y su partido no nos explican dos cuestiones básicas: de una parte qué entienden exactamente por un estado federal, si se trata de que todos los estados federados (las actuales comunidades autónomas) gocen de iguales competencias o no o si, por el contrario, se trata de resucitar esa peculiar idea del federalismo “asimétrico” y, de otra, si embarcarse en semejante reforma constitucional va a ser aceptada por los independentistas y, por tanto, va a servir para acabar con esta pesadilla rupturista. Si una cosa está clara es que promover una estructura federal a través de la reforma constitucional para no arreglar nada es un disparate político.

Es de desear que el nuevo líder socialista encarne un nuevo proyecto sólido y apto para el conjunto de España y que con el tiempo ocurrencias como las anteriores sean sólo el recuerdo de disparates transitorios y no el anticipo de una política que de hacerse realidad sería un desastre.

Santiago de Munck Loyola

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Nace un nuevo partido de y para la Provincia de Alicante: Esperanza Ciudadana.

COMUNICADO.

1-10-2014.

En el día de ayer se constituyó una nueva formación política “Esperanza Ciudadana”con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos de la Provincia de Alicante un proyecto político basado en la defensa de los intereses de la Provincia y en la regeneración democrática de las instituciones.

Ante la ausencia de un proyecto político capaz de hacer frente a los numerosos retos que el reconocimiento y el progreso de Alicante plantea y de combatir de forma decidida la degeneración política actual, nace Esperanza Ciudadana y lo hace como un partido político de carácter provincial, alicantinista y regenerador de la vida pública que va a basar su actuación en el desarrollo de los siguientes ejes:

1º Promover el protagonismo de los ciudadanos de Alicante para reformar,  transformar y remover los obstáculos que impiden el desarrollo de una sociedad más democrática, más justa y más honrada.

2º Impulsar la participación política y social de los ciudadanos que creen en la persona como el centro, protagonista y destinatario de la acción política y social, en la familia como eje vertebrador de la sociedad, en la libertad real y la igualdad de los españoles en todos los niveles, en la igualdad de oportunidades, en la dignidad de la persona, en la democracia como expresión de la soberanía del pueblo español, en el diálogo y la tolerancia.

3º Promover la regeneración democrática impulsando medidas que favorezcan la ejemplaridad, la transparencia, la eficacia, la igualdad, la participación ciudadana y la concepción de la dedicación política como expresión temporal de una vocación de servicio al ciudadano.

4º Defender los intereses de la Provincia de Alicante ante la administración autonómica y estatal, reivindicando el protagonismo económico, social y político que por su peso y capacidad le corresponde.

Los promotores de Esperanza Ciudadana han manifestado la voluntad de esta formación de concurrir a las próximas elecciones locales y autonómicas.

Otro éxito del PP alicantino: La imagen corrupta de Alicante lastra las nuevas inversiones.

El Diario El Mundo, en su edición de Alicante, publica hoy un interesante artículo que viene a ratificar lo que desde estas páginas se ha venido denunciando desde hace tiempo. La ciudad de Alicante es hoy, desgraciadamente, un referente de corrupción que perjudica claramente su desarrollo. Los culpables de esta situación no sólo están en el Ayuntamiento de la ciudad, están en parte del tejido social y empresarial que ha sido complaciente, cuando no colaborador necesario, y, sobre todo, están entre los dirigentes provinciales del Partido Popular, los Sres. Císcar y José Juan Zaplana, Presidente y Secretario General de esta formación política. Ambos han consentido y amparado esta situación, han protegido a los responsables y han asfixiado cualquier iniciativa interna dentro de su partido para promover la honradez y la regeneración política del mismo. No se puede decir más claro.

Santiago de Munck Loyola.

La imagen corrupta de Alicante lastra las nuevas inversiones.

• Los empresarios admiten que la dudosa reputación por los corrupción que afectan a la alcaldesa y su Gobierno dificultan la llegada de inversiones y dañan la 'marca Alicante'.

• Su principal promesa electoral ha quedado en nada. Lo dijo inmediatamente después de una atronadora victoria en las elecciones de mayo de 2011. Su objetivo era atraer inversiones a Alicante que generaran puestos de trabajo. Casi tres años y medio después, el loable propósito de la alcaldesa Sonia Castedo se desvanece. Su complicada situación judicial (está imputada en dos procesos casos Brugal y Rabasa), la coyuntura económica marcada por la recesión y la falta de iniciativas de su equipo, han cortocircuitado el rimbombante anuncio del éxtasis electoral.

  Las inversiones que tenían que llegar a la ciudad brillan por su ausencia. Apenas han venido industrias, no se desarrollan nuevos proyectos hoteleros ni inmobiliarios, el palacio de Congresos, tantas veces prometido, duerme el sueño de los justos, y las grandes empresas nacionales de servicios no se molestan en pujar por contratos municipales porque se piensa que el pescado está vendido a los empresarios cercanos al poder local (a la contrata local más jugosa, la recogida de basuras -425 millones por 12 años- sólo se presentó una empresa el año pasado, la participada por Enrique Ortiz, FCC y Cespa; ninguna más).

  Castedo lo apostó todo a la Volvo, evento en el que nunca creyó el ayuntamiento, y a Ikea. Éste era el proyecto de un mandato. En principio, la multinacional mantiene que abrirá en 2016 (lo hará gracias a la tramitación exprés que supone la Actuación Territorial Estratégica validada por el Consell). La llegada del gigante del mueble supondría unos 600 empleos, entre directos e indirectos. A Ikea le sigue gustando Alicante, pero ya reconoce que precisamente no les entusiasman las conversaciones conocidas en los últimos meses y que ponen al descubierto un supuesto trato de favor de Castedo hacia Ortiz (dueño de los terrenos en los que se asentaría la tienda), unos diálogos que han manchado el proyecto y han llenado de sospechas el ansiado aterrizaje de la compañía.

  Esa permanente sombra de duda que hay en Alicante es lo que preocupa al empresariado, cuando la capital va estar en el escaparate mundial por la salida de la Volvo Ocean Race. Varios empresarios de la ciudad consultados por este diario (que prefieren guardar el anonimato) sostienen que hacer negocios en Alicante ahora mismo, con el ambiente de corrupción que se respira a raíz de los continuos escándalos judiciales, «es más que difícil». «Para atraer dinero e inversiones, no es bueno que los políticos de la ciudad salgan todos los días en los papeles entre acusaciones de corrupción», como comenta un conocido promotor inmobiliario con más de 40 años en el sector.

  «Damos una imagen de caciquismo, al estilo de los mejores años del PRI en México, dando la sensación que aquí, el cotarro lo controlan cuatro, sobre todo en el mercado del suelo, donde algunos juegan con las cartas marcadas», asegura de forma vehemente otro promotor alicantino, que destaca que todo lo que sucede en Alicante y que está relacionado con la corrupción que afecta a los políticos, sobre todo la que atañe a Castedo, se sabe y se conoce fuera de Alicante, tanto en el resto de España como en el extranjero: «Eso genera desconfianza e inseguridad jurídica en el fondo, la imagen de Alicante está muy dañada», añade este empresario alicantino.

  Según el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, «existe una desconfianza generalizada que merma de forma alarmante el consumo y las inversiones externas. Ya nadie se fía de nadie y eso no es bueno para los negocios». Otro constructor mantiene que «la imagen de Alicante está manchada, y eso hay que erradicarlo». Este empresario agrega que «el dinero busca rentabilidad y tranquilidad, y si tiene miedo o piensa que su marca puede ser asociada a la corrupción, se va a otro sitio, así de simple», enfatiza.

  Por todo ello, los empresarios consultados coinciden en una cosa: es prioritaria una regeneración que devuelva la confianza y la credibilidad en las instituciones, un paso obligado para atraer inversiones. Pocos se quieren acercar a lo que huela a corrupto. Este miércoles, la influyente Asociación de la Empresa Familiar, celebra en Elche su entrega de premios a compañías de la provincia. La entidad se ha ido a la localidad vecina para no invitar a Sonia Castedo, evitando así una foto incómoda. Así está Alicante.
• http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/09/28/5427d29cca47419a2b8b4575.html
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El Muy Histriónico Jordi Pujol.

Es difícil imaginar la que se habría organizado esta tarde en Cataluña si un político no nacionalista hubiese comparecido ante el Parlamento catalán y hubiese actuado como lo ha hecho Jordi Pujol. Como mínimo, los independentistas estarían a estas horas rasgándose las vestiduras y se habrían echado a las calles para clamar contra los ataques y las ofensas al pueblo de Cataluña representado por su Parlamento autonómico. Pero nada de eso ha ocurrido ni va a ocurrir porque el compareciente era de los suyos el ex “Muy Honorable” Jordi Pujol. Que en esta comparecencia Jordi Pujol se iba a envolver en la bandera catalana, como hizo en los años 80 con ocasión del caso Banca Catalana, ya lo imaginábamos porque es la estrategia recurrente y victimista de los independentistas; que iba a alegar móviles patrióticos para intentar justificar su evasión continuada de impuestos era perfectamente previsible; que no iba a responder a ninguna de las cuestiones que le planteasen sus señorías también era de esperar y que no iba despejar ninguna duda en torno a los millonarios negocios de sus hijos o en torno a la financiación de CiU entraba en todos los pronósticos.

Jordi Pujol iba al Parlamento catalán a hablar de su libro y sólo de su libro, es decir,  del supuesto legado paterno amasado no se sabe muy bien cómo hace décadas en torno a la importación de algodón, que él heredo y del que su propia hermana no tenía conocimiento al parecer y para el que durante 34 años no supo encontrar el momento adecuado para regularizarlo ante la hacienda pública. Y punto. Pero lo que pocos o nadie se esperaba es que, además de lo anterior, el Sr. Pujol se permitiese el lujo de despreciar, abroncar y descalificar al pueblo de Cataluña representado en ese Parlamento. Y lo ha hecho sin cortarse un pelo. Pujol ha acusado a los miembros del Parlamento catalán de mentir, de infantilismo, de falta de audacia y de frivolidad, entre otras cosas. E, incluso, en medio de la bronca o regañina que estaba soltando a los parlamentarios se ha permitido el lujo, tal y como ha sido interpretado por muchos, de amenazar al señalar que si se corta una rama se pueden cortar todas.

No ha faltado nada, salvo conocer la verdad, en la comparecencia de Pujol. A sus mentiras por omisión, a sus descalificaciones a los parlamentarios, a su bien pagado papel teatral de abnegado político enriquecido misteriosamente en pro de un proyecto independentista ha añadido, además, toda una loa a sus 23 años de gestión pública y de su partido. ¡Vamos, que se vio obligado a forrarse y a evadir impuestos, como mínimo, por su amor a Cataluña!

La teatral actuación del ex presidente catalán, forjador del independentismo y paradójicamente elegido español del Año en 1984 por el Diario ABC mientras se lo llevaba “crudo”, no habría sido posible sin la imprescindible colaboración de CiU y de Esquerra Republicana de Cataluña que, no sólo han preparado las condiciones escénicas de esta comparecencia sino que, además, la han reforzado con su actitud política a lo largo de la sesión parlamentaria. Resulta llamativo que ni el número uno de ERC, el Sr. Junqueras, ni la número dos de esta formación, Sra. Rovira, han querido estar presentes en la comparecencia de Pujol. No han querido dar la cara seguramente para no incomodar a su más que probable próximo socio de gobierno. Y de la intervención del representante de CiU para qué hablar: un rato de incienso para el compareciente, autodenominado “no corrupto”, y mucho rato de “estopa” para los demás grupos de la oposición que no son más que unos carroñeros, unos impertinentes y unos enemigos de Cataluña. Patético.

Visto lo visto parece que se ha desvanecido un espejismo que llevaba décadas flotando en la atmósfera política española y, desde luego, en los subvencionados medios de comunicación catalanes, el oasis catalán no existía. Y en su lugar está dibujándose la realidad que se asemeja más a una pestilente charca institucionalizada llena de sucios negocios, de comisiones, de evasiones de capital, de paraísos fiscales, de financiación ilegal de partidos, de escuchas telefónicas ilegales, de espías de opereta, de coches de lujo, de bolsas negras rebosantes de billetes, de amenazas y atentados contra los discrepantes y demás cosas que seguramente descubriremos si, rota una rama, empiezan a romperse las demás, mientras los concejales del PSC siguen haciendo el juego a los independentistas pronunciándose, municipio tras municipio, a favor de la consulta ilegal. Al tiempo.

Santiago de Munck Loyola

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La penúltima traición electoral del Partido Popular.

Si el votante de centro derecha podía albergar alguna duda sobre la lealtad del actual Partido Popular con su electorado, la reciente decisión de Mariano Rajoy de guardar en un cajón la reforma de la actual legislación sobre el aborto la habrá despejado del todo. Desde la victoria electoral de noviembre de 2011, el Partido Popular ha venido incumpliendo de forma sistemática, no sólo el programa electoral con el que concurrió a las elecciones, sino, lo que es más grave, los propios fundamentos ideológicos sobre los que se supone se asentaba esta formación política.

Desde un primer momento, el Gobierno de Mariano Rajoy, centró todos sus esfuerzos visibles en tratar de enderezar la situación económica heredada del anterior Gobierno y causada en gran parte por la irresponsable actuación de todas las administraciones públicas, incluidas las gobernadas por el propio Partido Popular. No hay más que ver cómo ha sido gestionada y gobernada la Generalidad Valenciana primero por Francisco Camps y después por Alberto Fabra, por ejemplo. Para afrontar la delicada y peligrosa situación económica que podía desembocar en la quiebra de España, el Gobierno del Partido Popular no tuvo problema alguno en ir en contra de sus promesas electorales sobre política fiscal o sobre la prestación de servicios públicos, por citar algunos casos, aplicando recetas que no pocos especialistas calificaron de socialdemócratas y que, desde luego, no tenían encaje ni en el programa electoral ni, por supuesto, en los pilares ideológicos propios de un partido de centro-derecha. La Política, pese a la mayoría absoluta otorgada por los votantes, quedaba marginada por la economía.

Tras los resultados de las elecciones europeas se encendieron numerosas alarmas en los despachos de la Calle Génova y tras consultar a los “gurús” de siempre (¿Para qué escuchar a las bases?) parece que la estrategia popular pasa por dos ejes diseñados exclusivamente en función de cálculos y expectativas electorales. Un eje político de bajo perfil consistente en lavarse la cara ligeramente vendiendo la inexistente intención de promover la regeneración democrática y en no “molestar” aparcando los compromisos más ideológicos como en el caso de la reforma de la Ley del aborto. Y un segundo eje consistente en tratar de beneficiarse de los efectos de la endeble recuperación económica promoviendo reformas fiscales tanto en el estado como en las autonomías que al final se traduzcan en algo más de dinero en el bolsillo de los ciudadanos que tienen la suerte de conservar su empleo.

A los anuncios fiscales de Cristóbal Montoro ayer se sumó el Presidente Alberto Fabra comunicando en las Cortes Valencianas una próxima rebaja en el tramo autonómico del IRPF y nuevos gastos de índole social. Aunque se esté por principios a favor de aligerar la presión fiscal para incentivar la economía no queda más remedio que plantearse dudas sobre la coherencia, la oportunidad y la responsabilidad de estos anuncios cuando se tiene en cuenta el continuo discurso sobre la infrafinanciación de nuestra Comunidad Autónoma, cuando se constata el incremento continuo del déficit y la deuda de la misma y cuando a diario cientos de miles de ciudadanos sufren en sus carnes los recortes sociales y los efectos de los impagos de la Generalidad Valenciana.

Un programa electoral es un contrato entre el gobernante y el votante. Y cuando se incumple sistemáticamente un programa electoral, primero alegando circunstancias sobrevenidas o ignoradas previamente, y después, alegando razones de simple oportunismo político, se está rompiendo dicho contrato y, por tanto, se está poniendo en cuestión uno de los fundamentos de todo gobierno democrático que no es otro que la legitimidad de ejercicio del poder. Es evidente que los dirigentes del Partido Popular han venido traicionando desde el primer día la confianza de los votantes que dieron su respaldo a un programa concreto y a un determinado perfil ideológico. No es de recibo que un partido con mayoría absoluta, tras casi tres años de gobierno, archive una reforma legislativa prometida en su programa mintiendo además a los ciudadanos al justificar que esta decisión responde al deseo de encontrar un punto de consenso con la oposición, algo por otra parte imposible. A los socialistas no les tembló el pulso en 2004 para derogar en un mes leyes del Partido Popular como la de Educación o proyectos como el del trasvase del Ebro. El Partido Popular podía y debía haber derogado en un mes la “Ley Aido” y haber restablecido la ley del 85, sobre la que existía más consenso social, hasta haber elaborado una nueva regulación. Pero no lo hicieron. No quisieron porque les faltó valor y decencia. De los estómagos agradecidos de los cargos públicos populares no se espera nada. El pesebre es el pesebre. Pero ¿volverán a callar los cientos de miles de afiliados del PP? Lo más probable es que sí.

Santiago de Munck Loyola

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José Ciscar y José Juan Zaplana deberían dimitir a la par que la Alcaldesa.

Poco o nada ha cambiado en la situación procesal de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, salvo el hecho que ha sido imputada en un nuevo caso, el asunto “Rabasa”, promovido por la acusación particular, Izquierda Unida. Poco o nada ha cambiado con respecto al año 2012 en su situación procesal porque su estatus sigue siendo el mismo, el de imputada. Al día de hoy ni está procesada por delito alguno ni, mucho menos, condenada. Y ya sabemos lo que en España significa estar imputado. Por cierto, hay que denunciar que el lento funcionamiento de la justicia que alarga durante años la instrucción de los casos y, con ello, las imputaciones constituye una burla a los derechos fundamentales y libertades públicas protegidos por la Constitución en el Artículo 24.

Y, de repente, como si una nueva imputación supusiera un cambio radical en el estatus judicial de la Alcaldesa se monta todo un espectáculo. Periódicos que durante años han omitido cualquier crítica o noticia adversa a la gestión de la Alcaldesa, ven la luz, se caen del caballo y empiezan a publicar noticias con todo lujo de detalles. Y en el PP se ponen muy nerviosos y empiezan a enseñar la puerta de salida a la Alcaldesa y a buscarle sustituto. ¿Tanto ha cambiado el asunto? Evidentemente no. Pero hay elecciones municipales dentro de 9 meses y el PP teme que los alicantinos le pasemos factura por haber convertido nuestra ciudad en un paradigma de la corrupción y del “chalaneo” político-empresarial. Y a esa circunstancia hay que añadir otra muy enraizada en lo más profundo de algunas personas. Los miserables suelen ser oportunistas. Suelen actuar como las aves carroñeras y se alimentan de los despojos. Dicho de otra forma, siempre hay gente dispuesta a hacer leña del árbol caído. Pero seamos serios. Muy poca gente y muy pocos medios de comunicación de Alicante que hoy andan despotricando se han atrevido en los últimos años a alzar su voz contra los abusos y la gestión de Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante. En el PP nadie, salvo dos personas y pagamos con la expulsión por ello, alzó la voz públicamente. Todos los concejales del PP, todos sin excepción desde Carlos Castillo hasta Luis Barcala, han permanecido callados como tumbas, han sido partícipes de una nefasta gestión municipal y han avalado con su presencia en el equipo de gobierno el desprestigio de nuestro Ayuntamiento. Y la dirección provincial del PP no sólo ha avalado estos años a la Alcaldesa sino que, además, conocida su primera imputación la promocionó concediéndole el mando sobre el desmembrado PP de la ciudad. No es posible olvidar que ante la corrupción no caben las medias tintas. O se denuncia o se transige y lo segundo, cuando se ostentan responsabilidades políticas, es complicidad.

Hay que decirlo alto y claro: si en 2012 Sonia Castedo podía, pese a estar imputada, seguir al frente de la Alcaldía y del PP con la bendición y protección de José Ciscar y de su mano derecha, José Juan Zaplana, hoy, en 2014, no debería existir ninguna razón objetiva para lo contrario. Y si ahora sus protectores, José Ciscar y José Juan Zaplana, han cambiado de criterio es que se equivocaron gravemente dañando a esta ciudad y si ahora entienden que la imputación no le permite seguir al frente del Ayuntamiento, son ellos dos los que también deben irse a casa, porque son ellos dos los responsables de que estando imputada haya permanecido durante dos años representando al PP y a los alicantinos en el Ayuntamiento. No lo harán con toda seguridad porque ambos personajes no se han distinguido nunca por su defensa de los valores y principios que deben animar el servicio a la ciudadanía, sino que se mueven por simples cálculos electoralistas.

Con todo, no hay que olvidar que Sonia Castedo goza de la presunción de inocencia y, al día de hoy, es inocente. Andar pidiendo su prisión preventiva es una majadería propia de ignorantes y de oportunistas sin escrúpulos. ¿Tendría que dimitir? Parece que sí. Tendría que haberlo hecho en 2012, porque está bajo sospecha judicial por múltiples causas, porque ha incumplido sistemáticamente el programa electoral por el que elegida y porque no ha representado a los alicantinos, tal y como evidencian las grabaciones difundidas, con la dignidad y altura que el cargo institucional y la representación de todos los alicantinos requería.

Santiago de Munck Loyola

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Ayuntamiento de Alicante: llueve sobre mojado.

Lo han vuelto a conseguir. La ciudad de Alicante vuelve a ser noticia en toda España gracias a los líos judiciales de su Alcaldesa, Sonia Castedo. Por segunda vez en menos de dos años, un juez vuelve a imputar a la Alcaldesa, en este caso el juez que instruye el 'Caso Rabasa', por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y junta a ella ha imputado a su amigo, el autodenominado “la polla insaciable”,  el empresario Enrique Ortiz.

Nuestro Ayuntamiento vuelve a ser un referente nacional y no precisamente por la calidad de los servicios que presta, sino por las sospechas de corrupción que salpican a varios de sus más relevantes cargos públicos. Todo un logro labrado, paso a paso, desde hace muchos años y del que quedan muchas facetas por descubrir. El descrédito del Ayuntamiento de Alicante y de los cargos políticos que lo dirigen es absoluto y merece una condena sin paliativos. Al margen de las responsabilidades que los procedimientos judiciales en curso contra la alcaldesa y varios concejales populares terminen por determinar (hasta ahora todos son inocentes) lo cierto e innegable es que existe una clara responsabilidad política por haber deteriorado y arrastrado por el fango la imagen y el nombre del Ayuntamiento de Alicante. Y las cosas claras: la responsabilidad política de haber llegado hasta este punto de descrédito es exclusivamente del Partido Popular, de sus dirigentes que no sólo no han querido adoptar medidas para evitarlo, sino que además han sido encubridores políticos y protectores de esta escandalosa situación, y de sus afiliados que, salvo honrosas excepciones, han permanecido mudos, dóciles y sumisos ante esta desastrosa y repugnante forma de hacer política.

Hoy, en el Partido Popular andan muy preocupados con esta situación. Pero que no se engañe el lector, la preocupación no deriva de cuestiones éticas o de principios políticos, no. La preocupación deriva de un simple cálculo electoral. Están evaluando el daño en término de votos que toda esta situación les va a reportar en las próximas elecciones municipales. Y hoy existe esta preocupación porque cuando debían haber tomado medidas ejemplarizantes no sólo no las tomaron, sino que además reforzaron la posición política de la Alcaldesa.

Cuando hace casi dos años Sonia Castedo fue imputada por primera vez, los responsables del PP alicantino, José Ciscar y José Juan Zaplana, se alinearon con ella, asistiendo incluso el segundo a una cena de homenaje organizada con ocasión de la imputación. Pusieron en marcha los mecanismos para expulsar a los pocos afiliados que entonces reclamaron que la alcaldesa y cualquier otro concejal imputado fuesen apartados del Grupo Municipal Popular. Y fraccionaron al PP alicantino para poder sortear las normas internas que impedían que la Alcaldesa pudiera presidirlo y la nombraron Coordinadora de las fracciones resultantes. Es evidente que si entonces hubiesen actuado con firmeza, si entonces la hubiesen apartado del Grupo Popular (otra cosa no podían hacer porque el acta de concejal es de ella) hoy el panorama sería muy diferente y no estarían hablando de “buscarle una salida digna” o de encontrar un “recambio” que esquive el fatal pronóstico electoral que se anuncia para mayo.

José Císcar, José Juan Zaplana y todos los concejales del equipo de gobierno, cómplices con su silencio de toda esta situación, son los principales responsables de lo que está pasando. Han sido incompetentes, sectarios, complacientes y tolerantes con conductas inaceptables, encubridores políticos de una forma de gobernar “bananera” en el peor sentido de la expresión. Ahora andan como locos buscando una solución al problema que ellos mismos han creado pero no lo hacen porque crean en la regeneración política, no lo hacen por principios, lo hacen sólo por puro mercantilismo electoral. Y decidan lo que decidan, la solución que encuentren, el recambio que busquen nacerá viciado de origen porque, una vez más, lo harán sin contar con sus abnegados militantes cuya opinión les importa muy poco. Si los problemas judiciales de Sonia Castedo la incapacitan políticamente para seguir gobernando y tienen que “buscarle una salida digna” (o sea otro cargo público) ¿no la incapacitan para seguir cobrando de otro presupuesto público? La única salida digna es dejar la política y buscarse la vida como cualquier ciudadano. ¿Y el recambio? ¿Van a preguntar a los afiliados? ¿Va a salir de entre los miembros de un Equipo de Gobierno responsable de adjudicaciones escandalosas y corresponsable de la sucia imagen de nuestro Ayuntamiento?

Peor no se podía haber gestionado esta situación. Los José Ciscar, José Juan Zaplana, Sonia Castedo, Andrés Llorens, Marta García-Romeu, Juan Seva, Antonio Ardid, Miguel Valor, Carlos Castillo, María Ángeles Goitia, Sonia Alegría, Pablo Sandoval, Adrián Santos, Belén González, Oti García-Pertusa, Juan Zaragoza, Mariano Postigo, María del Carmen de España, Luis Barcala y Tomy Duarte han estafado políticamente a los ciudadanos de Alicante, han defraudado la confianza de los votantes y han abierto la puerta del gobierno de la ciudad a la izquierda alicantina. Lamentablemente lo comprobaremos en unos meses.

Santiago de Munck Loyola

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La reforma de la ley del aborto: el PP ni está ni se le espera.

No tomarse en serio al adversario político es uno de los peores errores que se puede cometer. Y otro grave error es no aprender del adversario, siempre hay algo en sus estrategias y sus tácticas que merece la pena ser tenido en cuenta. Ambos errores los ha venido cometiendo, una y otra vez, el Partido Popular. Desconozco las causas de esta forma de proceder, arrogancia, soberbia, prepotencia,… pero lo cierto es que se repite una y otra vez. Ocurrió cuando Rodríguez Zapatero se puso al frente del PSOE y no sólo fue menospreciado por los populares, sino que incluso en las filas socialistas hubo quien le llamaba “Bambi”. Pues bien, “Bambi” o “Pancartero” ganó contra muchos pronósticos las elecciones generales de 2004 y dejó noqueada durante años a la derecha española. Y a Zapatero no le tembló el pulso para ponerse de inmediato a cumplir lo que había ido prometiendo detrás de las pancartas y en su programa electoral.

El 16 de abril de 2004 Zapatero fue investido Presidente del Gobierno y a los 3 días, el 19 de abril, ordenó la retirada de las tropas española de Irak. A las pocas semanas de formar gobierno, el 18 de mayo de 2004, dejó en suspenso por decreto ley la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que había sido promulgada el 23 de diciembre de 2002 por el segundo gobierno de José María Aznar y que pretendía reformar y mejorar la educación en España. Ni tan siquiera llegó a aplicarse. Y a mediados de junio del mismo año su gobierno derogó el trasvase del Ebro recogido en el Plan Hidrológico Nacional. Como puede verse, no tardó ni dos meses en ejecutar tres de las principales promesas que había hecho a sus votantes.

Esta semana, casi tres años después de que el Partido Popular ganase las elecciones generales por mayoría absoluta hemos conocido por algunos medios de comunicación que el Gobierno está sopesando enterrar el anteproyecto de Ley sobre la modificación de la regulación del aborto. Hay que recordar que el programa electoral para las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011 el Partido Popular incluía la modificación de la ley del aborto, es decir, que se trata de uno de los compromisos electorales por los que fue elegido mayoritariamente (Página 108. Medida 6ª “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto…”).

Tres años han pasado y el Sr. Rajoy, su gobierno, su Grupo Parlamentario y sus cientos de miles de afiliados no han tenido tiempo para cumplir algo tan elemental que habían prometido: cambiar el modelo actual, cambiar el modelo establecido en la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se puede comprender que, entre tantas cabezas pensantes y sin un liderazgo político y moral evidente, no sean capaces de alumbrar una nueva regulación que aglutine a todas las supuestas “sensibilidades” existentes en el PP, pero bien que podían haber hecho algo muy simple para empezar a cumplir de una vez alguna de sus promesas, podían y pueden aún, imitar al Sr. Zapatero y suspender la aplicación de esta Ley o sencillamente derogarla dejando vigente la anterior regulación, un mal menor, la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985.

Hay quien se escuda diciendo que hacerlo ahora no sería conveniente desde un punto de vista electoral lo que vendría a corroborar la idea de que, al fin y al cabo, lo que cuenta es asegurarse la poltrona, no los principios, ni los compromisos. ¿Y por qué no lo han hecho antes? ¿Acaso se les ha votado para que se aseguren la poltrona o para que cumplan con lo prometido? Y ¿Dónde están las voces de las decenas de miles de cargos públicos del PP que asumieron ese programa electoral? Nunca antes un partido político se ha situado tan lejos y ha despreciado tanto a sus votantes como éste. La aparición de “Podemos” parece que les ha venido bien porque piensan que levantando ahora la bandera de que viene el coco recuperarán a sus votantes y, por eso, no tienen problemas en que los grandes grupos mediáticos den cancha a esta formación. Pero se equivocan, están alimentando a una fiera que terminará por comérselos.

Padecemos un partido de centro derecha hegemónico cobarde, soberbio y acomplejado que entiende la política como un medio y no como un fin. De los principios han pasado a lo “políticamente correcto” y de lo “políticamente correcto” han dado el salto a la “política sostenible” de la burocracia partidista y de la casta dirigente. Una pena.

Santiago de Munck Loyola

La regeneración democrática y los sucedáneos oportunistas.

Todo parece indicar que el Partido Popular ha puesto en el primer lugar de su agenda política la “regeneración democrática” o, mejor dicho, un sucedáneo de la “regeneración democrática”, una visión muy particular sobre esta idea. Ministros, algunos cargos públicos y dirigentes populares llevan varias semanas hablando de regeneración y bajo esta idea están trasladando a la opinión pública propuestas como la discutible elección directa de alcaldes o la drástica reducción de aforados. Es verdad que en el Programa Electoral del Partido Popular del año 2011, ignorado en la Comunidad Valenciana y en especial en Alicante, ya se apuntaban algunas propuestas de regeneración, pero tiene lo suyo que se acuerden de ello después de tres años de gobierno y que las propuestas hasta ahora hechas públicas sean tan raquíticas e interesadas.

Hablar de regeneración tras tres años de gobierno y hacerlo en los términos que se hace significa que se trata de una respuesta estratégica a los resultados electorales últimos y que no responde a un íntimo convencimiento de la necesidad de regenerar nuestro sistema democrático. Hablamos, por tanto, de tácticas y no de principios políticos, no nos dejemos engañar. Encuesta tras encuesta, los datos señalan que la mayoría de los ciudadanos se ha distanciado de los políticos, de los partidos y del propio sistema democrático que ellos monopolizan y que algunos de ellos corrompen con el silencio cómplice de los demás, salvo honrosas excepciones. Los ciudadanos demandan fundamentalmente ejemplaridad, participación y firmeza ante la corrupción. De ninguna de esas cosas han hablado los dirigentes populares cuando han empezado a levantar la bandera de la regeneración democrática. Y haciendo un paréntesis no puedo olvidar un documento del PPCV apoyado por Alberto Fabra, José Ciscar, José Juan Zaplana y otros líderes regionales del PP en el que se indica textualmente que no resulta admisible reivindicar la idea de regeneración democrática en el seno del Partido Popular, para justificar la expulsión de los afiliados regeneracionistas.

Hay algo básico y esencial que olvidan los conversos a la regeneración democrática y es que para promoverla, para intentar convencer a los ciudadanos de la honestidad y nobleza de sus propuestas hay que tener credibilidad. Nuestro sistema político, nuestra democracia necesita medidas de regeneración porque los principales actores del sistema, los partidos políticos, lo han deteriorado, lo han prostituido porque se han convertido en unas maquinarias burocráticas que no cumplen con los mandatos constitucionales. La mayoría de los partidos políticos padecen un fuerte déficit de democracia interna y han dejado de ser cauce de participación ciudadana. Son organizaciones endogámicas poco permeables a las necesidades sociales porque su funcionamiento se sustenta en una clase política privilegiada frente a los ciudadanos. Por ello, la primera medida regeneradora que debería ser puesta sobre la mesa es la regeneración de los propios partidos políticos, de los agentes que han de regenerar, a su vez, el sistema político. Si esa regeneración interna, en este caso del Partido Popular, apostando por la democracia interna, por el debate interno y la participación de sus militantes y simpatizantes, por la transparencia en su financiación, por el cumplimiento de los programas y por el rigor frente a los aprovechados y corruptos, no se produce de forma previa no pueden tener credibilidad sus propuestas de regeneración del sistema político. La prueba de ello es que las dos iniciativas recientemente puestas en circulación no nacen de un debate interno en el que los afiliados hayan podido discutir y realizar propuestas, no. Nacen de un gabinete que analiza resultados y encuestas y una dirección política, un sanedrín, que marca el rumbo y reparte los argumentarios de arriba a abajo.

Lo sensato y coherente sería que, una vez arreglada la propia casa por dentro, se realizasen propuestas de regeneración creíbles. Y dentro de esas medidas, lo prioritario para la mayoría de los ciudadanos no es, seguramente, cómo se elige a los alcaldes. Lo más probables es que la mayoría de los ciudadanos apostase por la ejemplaridad de la clase política, por acabar de una vez con los privilegios (aforamientos, tributación fiscal especial, ingresos exagerados, pensiones especiales, etc.) de quienes dicen que creen ahora en la regeneración, y por cualquier medida para erradicar la corrupción, para exigir responsabilidades por la mala gestión de algunos, para recuperar el dinero distraído de las arcas públicas, etc. La corrupción no sólo se combate con leyes, se previene con más democracia en las instituciones y en los partidos políticos. Regeneración democrática sí, sucedáneos no.

Santiago de Munck Loyola

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Clase, casta y regeneración política.

Mucho se está usando y escribiendo sobre el concepto de “Casta política” desde que la gente de “Podemos” lo sacase del armario en la extensa y servil red de medios de comunicación que se ha puesto a su servicio. No hay que olvidar que dichos medios tienen propietarios y que, como en todas partes, hay empresarios dispuestos a todo con tal de obtener beneficios, incluso a suicidarse. Y tan de modo está el concepto que sin ir muy lejos, el Secretario General del PSPV, que acumula cuatro cargos entre los que paradójicamente se encuentra el de flamante Secretario del PSOE para la Regeneración Democrática, el Sr. Ximo Puig, ha descalificado recientemente el discurso de esa formación y el uso que hace de la idea de “casta política” calificándolo de viejo y atribuyendo su paternidad intelectual al italiano Gaetano Mosca, añadiendo de paso que "Gaetano Mosca por otra parte fue uno de los intelectuales a los que Mussolini en su momento acudió con frecuencia". Se trata, sin duda, de un fallido intento de vincular ideológicamente a Podemos y a cuantos usan el concepto de casta política con el fascismo. Ni que decir tiene que los “ramalazos” autoritarios y totalitarios de Podemos son más que evidentes, pero hay que tener más rigor a la hora de encuadrar las ideologías. ETA, por ejemplo, no es una banda fascista por mucho que algunos se empeñen, porque ideológicamente está y siempre ha estado en el espectro de las ideologías totalitarias de la izquierda que las hay y muchas.

La casta política es una idea vieja que desde el siglo XIX ha salido a la luz cada vez que en una sociedad política se entraba en una fase de profunda degeneración del sistema y en España se ha venido usando con profusión desde entonces de forma cíclica.

Políticos, clase política, casta política e incluso castuza son expresiones frecuentes en estos tiempos que sobrevuelan los debates políticos, que se emplean como armas arrojadizas y que, en definitiva, se han hecho presentes con fuerza en medio de un amplio rechazo ciudadano hacia todo lo que tenga que ver con la política, como respuesta al grave daño social que la crisis económica ha generado en muchos españoles. La imprevisión de los políticos ante la crisis y la propia gestión de la misma han provocado una profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema político que ha entrado también en crisis.

Cada cual usa esos conceptos a su conveniencia e interés, pero no está de más recordar que las generalizaciones no son buenas y que cada uno de esos términos (políticos, clase política, casta política o castuza) es diferente y deberían ser usados con mucho más seriedad de lo que se viene haciendo. Hay quien como Felipe González se ufana de pertenecer a esa “casta política” que protagonizó la transición y quizás debería haber usado mejor el término de “clase política” al referirse al conjunto de políticos protagonistas de aquella época histórica pues, aunque él pertenezca a la “casta política”, no toda aquella clase política terminó transformándose en una casta.

Hace pocos días, ante la celebración de elecciones internas el próximo 20 de septiembre, un miembro de VOX escribió lo siguiente: “El futuro de este partido pasa sin ninguna duda por Santi Abascal. No es casta, tiene la cabeza bien amueblada, ideas claras, sabe expresarlas en el lenguaje que entiende la gente, se sabe rodear bien…”. Nótese la promoción a la defensiva: no es casta. Es evidente que para el defensor de Santiago Abascal como futuro líder de VOX éste no es casta. Sería interesante conocer su idea sobre su concepto de casta, pero a priori parece que dista mucho de la idea que tiene la mayor parte de la gente. Santiago Abascal, actual Secretario General de VOX, tiene 38 años. En 1999, con 23 años  ocupó su primer cargo público como concejal del PP en Llodio (Álava) y desde entonces ha ido saltando de cargo en cargo sin bajarse prácticamente de los presupuestos públicos hasta finales de 2013.

Nadie discute el valor, el sacrificio y el patriotismo de un joven de 23 años para en 1999 atreverse a ser concejal en el País Vasco, ni el suyo ni el de otros tantos miles de personas que allí y en otras partes de España se han jugado la vida por unos nobles ideales, sin que hayan tenido las mismas oportunidades de promoción y protección política gozando de iguales o mayores capacidades que él. Y tampoco se pone en tela de juicio su capacidad o no de liderazgo. Pero los hechos son tozudos por evidentes. Alguien que nunca ha sabido o querido ganarse la vida fuera del paraguas que proporciona un partido político es, se quiera o no, para bien o para mal, miembro de la llamada casta política. Como lo era el anterior Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que salvo un breve paréntesis de tres años como ayudante de cátedra universitaria, desde 1986 se dedicó plenamente a la política, es decir, se desarrolló personal y profesionalmente bajo el paraguas protector de un partido político a diferencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y como ellos muchos otros que resulta ocioso citar ahora. No se trata de juzgar aquí como buena o mala esa circunstancia, sino de subrayar lo que es evidente y de enlazarlo con la coherencia o no de enarbolar un discurso regenerador de la política como el que proclama VOX.

Hablamos de clase política porque muchos políticos han construido un sistema que les privilegia frente a los auténticos soberanos de la democracia, los ciudadanos. La clase política goza de privilegios que todos conocemos: fiscales, retributivos, judiciales, en materia de pensiones, etc. Y dentro de la clase política existe, además, la casta política que a los anteriores privilegios suma unos rasgos específicos como pueden ser la cooptación en el origen de sus cargos, la ausencia de experiencia y de actividades profesionales previas a su dedicación política, su dependencia y protección, en su caso, de las redes partidistas, su profesionalización en la subsistencia política (es distinto un profesional político, un político profesional y un profesional de la política) y en no pocos casos la ausencia de la formación específica que la política y la gestión de las administraciones públicas debería requerir. La regeneración es ya una exigencia social y su desarrollo requiere ideas nuevas y audaces, coherencia política y, sobre todo, políticos que sean conscientes de que su valor y credibilidad política depende de su trayectoria vital y del valor de su palabra que es la que habrán de comprometer para firmar un contrato para el cambio con el ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

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