Otro éxito del PP alicantino: La imagen corrupta de Alicante lastra las nuevas inversiones.

El Diario El Mundo, en su edición de Alicante, publica hoy un interesante artículo que viene a ratificar lo que desde estas páginas se ha venido denunciando desde hace tiempo. La ciudad de Alicante es hoy, desgraciadamente, un referente de corrupción que perjudica claramente su desarrollo. Los culpables de esta situación no sólo están en el Ayuntamiento de la ciudad, están en parte del tejido social y empresarial que ha sido complaciente, cuando no colaborador necesario, y, sobre todo, están entre los dirigentes provinciales del Partido Popular, los Sres. Císcar y José Juan Zaplana, Presidente y Secretario General de esta formación política. Ambos han consentido y amparado esta situación, han protegido a los responsables y han asfixiado cualquier iniciativa interna dentro de su partido para promover la honradez y la regeneración política del mismo. No se puede decir más claro.

Santiago de Munck Loyola.

La imagen corrupta de Alicante lastra las nuevas inversiones.

• Los empresarios admiten que la dudosa reputación por los corrupción que afectan a la alcaldesa y su Gobierno dificultan la llegada de inversiones y dañan la 'marca Alicante'.

• Su principal promesa electoral ha quedado en nada. Lo dijo inmediatamente después de una atronadora victoria en las elecciones de mayo de 2011. Su objetivo era atraer inversiones a Alicante que generaran puestos de trabajo. Casi tres años y medio después, el loable propósito de la alcaldesa Sonia Castedo se desvanece. Su complicada situación judicial (está imputada en dos procesos casos Brugal y Rabasa), la coyuntura económica marcada por la recesión y la falta de iniciativas de su equipo, han cortocircuitado el rimbombante anuncio del éxtasis electoral.

  Las inversiones que tenían que llegar a la ciudad brillan por su ausencia. Apenas han venido industrias, no se desarrollan nuevos proyectos hoteleros ni inmobiliarios, el palacio de Congresos, tantas veces prometido, duerme el sueño de los justos, y las grandes empresas nacionales de servicios no se molestan en pujar por contratos municipales porque se piensa que el pescado está vendido a los empresarios cercanos al poder local (a la contrata local más jugosa, la recogida de basuras -425 millones por 12 años- sólo se presentó una empresa el año pasado, la participada por Enrique Ortiz, FCC y Cespa; ninguna más).

  Castedo lo apostó todo a la Volvo, evento en el que nunca creyó el ayuntamiento, y a Ikea. Éste era el proyecto de un mandato. En principio, la multinacional mantiene que abrirá en 2016 (lo hará gracias a la tramitación exprés que supone la Actuación Territorial Estratégica validada por el Consell). La llegada del gigante del mueble supondría unos 600 empleos, entre directos e indirectos. A Ikea le sigue gustando Alicante, pero ya reconoce que precisamente no les entusiasman las conversaciones conocidas en los últimos meses y que ponen al descubierto un supuesto trato de favor de Castedo hacia Ortiz (dueño de los terrenos en los que se asentaría la tienda), unos diálogos que han manchado el proyecto y han llenado de sospechas el ansiado aterrizaje de la compañía.

  Esa permanente sombra de duda que hay en Alicante es lo que preocupa al empresariado, cuando la capital va estar en el escaparate mundial por la salida de la Volvo Ocean Race. Varios empresarios de la ciudad consultados por este diario (que prefieren guardar el anonimato) sostienen que hacer negocios en Alicante ahora mismo, con el ambiente de corrupción que se respira a raíz de los continuos escándalos judiciales, «es más que difícil». «Para atraer dinero e inversiones, no es bueno que los políticos de la ciudad salgan todos los días en los papeles entre acusaciones de corrupción», como comenta un conocido promotor inmobiliario con más de 40 años en el sector.

  «Damos una imagen de caciquismo, al estilo de los mejores años del PRI en México, dando la sensación que aquí, el cotarro lo controlan cuatro, sobre todo en el mercado del suelo, donde algunos juegan con las cartas marcadas», asegura de forma vehemente otro promotor alicantino, que destaca que todo lo que sucede en Alicante y que está relacionado con la corrupción que afecta a los políticos, sobre todo la que atañe a Castedo, se sabe y se conoce fuera de Alicante, tanto en el resto de España como en el extranjero: «Eso genera desconfianza e inseguridad jurídica en el fondo, la imagen de Alicante está muy dañada», añade este empresario alicantino.

  Según el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, «existe una desconfianza generalizada que merma de forma alarmante el consumo y las inversiones externas. Ya nadie se fía de nadie y eso no es bueno para los negocios». Otro constructor mantiene que «la imagen de Alicante está manchada, y eso hay que erradicarlo». Este empresario agrega que «el dinero busca rentabilidad y tranquilidad, y si tiene miedo o piensa que su marca puede ser asociada a la corrupción, se va a otro sitio, así de simple», enfatiza.

  Por todo ello, los empresarios consultados coinciden en una cosa: es prioritaria una regeneración que devuelva la confianza y la credibilidad en las instituciones, un paso obligado para atraer inversiones. Pocos se quieren acercar a lo que huela a corrupto. Este miércoles, la influyente Asociación de la Empresa Familiar, celebra en Elche su entrega de premios a compañías de la provincia. La entidad se ha ido a la localidad vecina para no invitar a Sonia Castedo, evitando así una foto incómoda. Así está Alicante.
• http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/09/28/5427d29cca47419a2b8b4575.html
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El Muy Histriónico Jordi Pujol.

Es difícil imaginar la que se habría organizado esta tarde en Cataluña si un político no nacionalista hubiese comparecido ante el Parlamento catalán y hubiese actuado como lo ha hecho Jordi Pujol. Como mínimo, los independentistas estarían a estas horas rasgándose las vestiduras y se habrían echado a las calles para clamar contra los ataques y las ofensas al pueblo de Cataluña representado por su Parlamento autonómico. Pero nada de eso ha ocurrido ni va a ocurrir porque el compareciente era de los suyos el ex “Muy Honorable” Jordi Pujol. Que en esta comparecencia Jordi Pujol se iba a envolver en la bandera catalana, como hizo en los años 80 con ocasión del caso Banca Catalana, ya lo imaginábamos porque es la estrategia recurrente y victimista de los independentistas; que iba a alegar móviles patrióticos para intentar justificar su evasión continuada de impuestos era perfectamente previsible; que no iba a responder a ninguna de las cuestiones que le planteasen sus señorías también era de esperar y que no iba despejar ninguna duda en torno a los millonarios negocios de sus hijos o en torno a la financiación de CiU entraba en todos los pronósticos.

Jordi Pujol iba al Parlamento catalán a hablar de su libro y sólo de su libro, es decir,  del supuesto legado paterno amasado no se sabe muy bien cómo hace décadas en torno a la importación de algodón, que él heredo y del que su propia hermana no tenía conocimiento al parecer y para el que durante 34 años no supo encontrar el momento adecuado para regularizarlo ante la hacienda pública. Y punto. Pero lo que pocos o nadie se esperaba es que, además de lo anterior, el Sr. Pujol se permitiese el lujo de despreciar, abroncar y descalificar al pueblo de Cataluña representado en ese Parlamento. Y lo ha hecho sin cortarse un pelo. Pujol ha acusado a los miembros del Parlamento catalán de mentir, de infantilismo, de falta de audacia y de frivolidad, entre otras cosas. E, incluso, en medio de la bronca o regañina que estaba soltando a los parlamentarios se ha permitido el lujo, tal y como ha sido interpretado por muchos, de amenazar al señalar que si se corta una rama se pueden cortar todas.

No ha faltado nada, salvo conocer la verdad, en la comparecencia de Pujol. A sus mentiras por omisión, a sus descalificaciones a los parlamentarios, a su bien pagado papel teatral de abnegado político enriquecido misteriosamente en pro de un proyecto independentista ha añadido, además, toda una loa a sus 23 años de gestión pública y de su partido. ¡Vamos, que se vio obligado a forrarse y a evadir impuestos, como mínimo, por su amor a Cataluña!

La teatral actuación del ex presidente catalán, forjador del independentismo y paradójicamente elegido español del Año en 1984 por el Diario ABC mientras se lo llevaba “crudo”, no habría sido posible sin la imprescindible colaboración de CiU y de Esquerra Republicana de Cataluña que, no sólo han preparado las condiciones escénicas de esta comparecencia sino que, además, la han reforzado con su actitud política a lo largo de la sesión parlamentaria. Resulta llamativo que ni el número uno de ERC, el Sr. Junqueras, ni la número dos de esta formación, Sra. Rovira, han querido estar presentes en la comparecencia de Pujol. No han querido dar la cara seguramente para no incomodar a su más que probable próximo socio de gobierno. Y de la intervención del representante de CiU para qué hablar: un rato de incienso para el compareciente, autodenominado “no corrupto”, y mucho rato de “estopa” para los demás grupos de la oposición que no son más que unos carroñeros, unos impertinentes y unos enemigos de Cataluña. Patético.

Visto lo visto parece que se ha desvanecido un espejismo que llevaba décadas flotando en la atmósfera política española y, desde luego, en los subvencionados medios de comunicación catalanes, el oasis catalán no existía. Y en su lugar está dibujándose la realidad que se asemeja más a una pestilente charca institucionalizada llena de sucios negocios, de comisiones, de evasiones de capital, de paraísos fiscales, de financiación ilegal de partidos, de escuchas telefónicas ilegales, de espías de opereta, de coches de lujo, de bolsas negras rebosantes de billetes, de amenazas y atentados contra los discrepantes y demás cosas que seguramente descubriremos si, rota una rama, empiezan a romperse las demás, mientras los concejales del PSC siguen haciendo el juego a los independentistas pronunciándose, municipio tras municipio, a favor de la consulta ilegal. Al tiempo.

Santiago de Munck Loyola

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La penúltima traición electoral del Partido Popular.

Si el votante de centro derecha podía albergar alguna duda sobre la lealtad del actual Partido Popular con su electorado, la reciente decisión de Mariano Rajoy de guardar en un cajón la reforma de la actual legislación sobre el aborto la habrá despejado del todo. Desde la victoria electoral de noviembre de 2011, el Partido Popular ha venido incumpliendo de forma sistemática, no sólo el programa electoral con el que concurrió a las elecciones, sino, lo que es más grave, los propios fundamentos ideológicos sobre los que se supone se asentaba esta formación política.

Desde un primer momento, el Gobierno de Mariano Rajoy, centró todos sus esfuerzos visibles en tratar de enderezar la situación económica heredada del anterior Gobierno y causada en gran parte por la irresponsable actuación de todas las administraciones públicas, incluidas las gobernadas por el propio Partido Popular. No hay más que ver cómo ha sido gestionada y gobernada la Generalidad Valenciana primero por Francisco Camps y después por Alberto Fabra, por ejemplo. Para afrontar la delicada y peligrosa situación económica que podía desembocar en la quiebra de España, el Gobierno del Partido Popular no tuvo problema alguno en ir en contra de sus promesas electorales sobre política fiscal o sobre la prestación de servicios públicos, por citar algunos casos, aplicando recetas que no pocos especialistas calificaron de socialdemócratas y que, desde luego, no tenían encaje ni en el programa electoral ni, por supuesto, en los pilares ideológicos propios de un partido de centro-derecha. La Política, pese a la mayoría absoluta otorgada por los votantes, quedaba marginada por la economía.

Tras los resultados de las elecciones europeas se encendieron numerosas alarmas en los despachos de la Calle Génova y tras consultar a los “gurús” de siempre (¿Para qué escuchar a las bases?) parece que la estrategia popular pasa por dos ejes diseñados exclusivamente en función de cálculos y expectativas electorales. Un eje político de bajo perfil consistente en lavarse la cara ligeramente vendiendo la inexistente intención de promover la regeneración democrática y en no “molestar” aparcando los compromisos más ideológicos como en el caso de la reforma de la Ley del aborto. Y un segundo eje consistente en tratar de beneficiarse de los efectos de la endeble recuperación económica promoviendo reformas fiscales tanto en el estado como en las autonomías que al final se traduzcan en algo más de dinero en el bolsillo de los ciudadanos que tienen la suerte de conservar su empleo.

A los anuncios fiscales de Cristóbal Montoro ayer se sumó el Presidente Alberto Fabra comunicando en las Cortes Valencianas una próxima rebaja en el tramo autonómico del IRPF y nuevos gastos de índole social. Aunque se esté por principios a favor de aligerar la presión fiscal para incentivar la economía no queda más remedio que plantearse dudas sobre la coherencia, la oportunidad y la responsabilidad de estos anuncios cuando se tiene en cuenta el continuo discurso sobre la infrafinanciación de nuestra Comunidad Autónoma, cuando se constata el incremento continuo del déficit y la deuda de la misma y cuando a diario cientos de miles de ciudadanos sufren en sus carnes los recortes sociales y los efectos de los impagos de la Generalidad Valenciana.

Un programa electoral es un contrato entre el gobernante y el votante. Y cuando se incumple sistemáticamente un programa electoral, primero alegando circunstancias sobrevenidas o ignoradas previamente, y después, alegando razones de simple oportunismo político, se está rompiendo dicho contrato y, por tanto, se está poniendo en cuestión uno de los fundamentos de todo gobierno democrático que no es otro que la legitimidad de ejercicio del poder. Es evidente que los dirigentes del Partido Popular han venido traicionando desde el primer día la confianza de los votantes que dieron su respaldo a un programa concreto y a un determinado perfil ideológico. No es de recibo que un partido con mayoría absoluta, tras casi tres años de gobierno, archive una reforma legislativa prometida en su programa mintiendo además a los ciudadanos al justificar que esta decisión responde al deseo de encontrar un punto de consenso con la oposición, algo por otra parte imposible. A los socialistas no les tembló el pulso en 2004 para derogar en un mes leyes del Partido Popular como la de Educación o proyectos como el del trasvase del Ebro. El Partido Popular podía y debía haber derogado en un mes la “Ley Aido” y haber restablecido la ley del 85, sobre la que existía más consenso social, hasta haber elaborado una nueva regulación. Pero no lo hicieron. No quisieron porque les faltó valor y decencia. De los estómagos agradecidos de los cargos públicos populares no se espera nada. El pesebre es el pesebre. Pero ¿volverán a callar los cientos de miles de afiliados del PP? Lo más probable es que sí.

Santiago de Munck Loyola

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José Ciscar y José Juan Zaplana deberían dimitir a la par que la Alcaldesa.

Poco o nada ha cambiado en la situación procesal de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, salvo el hecho que ha sido imputada en un nuevo caso, el asunto “Rabasa”, promovido por la acusación particular, Izquierda Unida. Poco o nada ha cambiado con respecto al año 2012 en su situación procesal porque su estatus sigue siendo el mismo, el de imputada. Al día de hoy ni está procesada por delito alguno ni, mucho menos, condenada. Y ya sabemos lo que en España significa estar imputado. Por cierto, hay que denunciar que el lento funcionamiento de la justicia que alarga durante años la instrucción de los casos y, con ello, las imputaciones constituye una burla a los derechos fundamentales y libertades públicas protegidos por la Constitución en el Artículo 24.

Y, de repente, como si una nueva imputación supusiera un cambio radical en el estatus judicial de la Alcaldesa se monta todo un espectáculo. Periódicos que durante años han omitido cualquier crítica o noticia adversa a la gestión de la Alcaldesa, ven la luz, se caen del caballo y empiezan a publicar noticias con todo lujo de detalles. Y en el PP se ponen muy nerviosos y empiezan a enseñar la puerta de salida a la Alcaldesa y a buscarle sustituto. ¿Tanto ha cambiado el asunto? Evidentemente no. Pero hay elecciones municipales dentro de 9 meses y el PP teme que los alicantinos le pasemos factura por haber convertido nuestra ciudad en un paradigma de la corrupción y del “chalaneo” político-empresarial. Y a esa circunstancia hay que añadir otra muy enraizada en lo más profundo de algunas personas. Los miserables suelen ser oportunistas. Suelen actuar como las aves carroñeras y se alimentan de los despojos. Dicho de otra forma, siempre hay gente dispuesta a hacer leña del árbol caído. Pero seamos serios. Muy poca gente y muy pocos medios de comunicación de Alicante que hoy andan despotricando se han atrevido en los últimos años a alzar su voz contra los abusos y la gestión de Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante. En el PP nadie, salvo dos personas y pagamos con la expulsión por ello, alzó la voz públicamente. Todos los concejales del PP, todos sin excepción desde Carlos Castillo hasta Luis Barcala, han permanecido callados como tumbas, han sido partícipes de una nefasta gestión municipal y han avalado con su presencia en el equipo de gobierno el desprestigio de nuestro Ayuntamiento. Y la dirección provincial del PP no sólo ha avalado estos años a la Alcaldesa sino que, además, conocida su primera imputación la promocionó concediéndole el mando sobre el desmembrado PP de la ciudad. No es posible olvidar que ante la corrupción no caben las medias tintas. O se denuncia o se transige y lo segundo, cuando se ostentan responsabilidades políticas, es complicidad.

Hay que decirlo alto y claro: si en 2012 Sonia Castedo podía, pese a estar imputada, seguir al frente de la Alcaldía y del PP con la bendición y protección de José Ciscar y de su mano derecha, José Juan Zaplana, hoy, en 2014, no debería existir ninguna razón objetiva para lo contrario. Y si ahora sus protectores, José Ciscar y José Juan Zaplana, han cambiado de criterio es que se equivocaron gravemente dañando a esta ciudad y si ahora entienden que la imputación no le permite seguir al frente del Ayuntamiento, son ellos dos los que también deben irse a casa, porque son ellos dos los responsables de que estando imputada haya permanecido durante dos años representando al PP y a los alicantinos en el Ayuntamiento. No lo harán con toda seguridad porque ambos personajes no se han distinguido nunca por su defensa de los valores y principios que deben animar el servicio a la ciudadanía, sino que se mueven por simples cálculos electoralistas.

Con todo, no hay que olvidar que Sonia Castedo goza de la presunción de inocencia y, al día de hoy, es inocente. Andar pidiendo su prisión preventiva es una majadería propia de ignorantes y de oportunistas sin escrúpulos. ¿Tendría que dimitir? Parece que sí. Tendría que haberlo hecho en 2012, porque está bajo sospecha judicial por múltiples causas, porque ha incumplido sistemáticamente el programa electoral por el que elegida y porque no ha representado a los alicantinos, tal y como evidencian las grabaciones difundidas, con la dignidad y altura que el cargo institucional y la representación de todos los alicantinos requería.

Santiago de Munck Loyola

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Ayuntamiento de Alicante: llueve sobre mojado.

Lo han vuelto a conseguir. La ciudad de Alicante vuelve a ser noticia en toda España gracias a los líos judiciales de su Alcaldesa, Sonia Castedo. Por segunda vez en menos de dos años, un juez vuelve a imputar a la Alcaldesa, en este caso el juez que instruye el 'Caso Rabasa', por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y junta a ella ha imputado a su amigo, el autodenominado “la polla insaciable”,  el empresario Enrique Ortiz.

Nuestro Ayuntamiento vuelve a ser un referente nacional y no precisamente por la calidad de los servicios que presta, sino por las sospechas de corrupción que salpican a varios de sus más relevantes cargos públicos. Todo un logro labrado, paso a paso, desde hace muchos años y del que quedan muchas facetas por descubrir. El descrédito del Ayuntamiento de Alicante y de los cargos políticos que lo dirigen es absoluto y merece una condena sin paliativos. Al margen de las responsabilidades que los procedimientos judiciales en curso contra la alcaldesa y varios concejales populares terminen por determinar (hasta ahora todos son inocentes) lo cierto e innegable es que existe una clara responsabilidad política por haber deteriorado y arrastrado por el fango la imagen y el nombre del Ayuntamiento de Alicante. Y las cosas claras: la responsabilidad política de haber llegado hasta este punto de descrédito es exclusivamente del Partido Popular, de sus dirigentes que no sólo no han querido adoptar medidas para evitarlo, sino que además han sido encubridores políticos y protectores de esta escandalosa situación, y de sus afiliados que, salvo honrosas excepciones, han permanecido mudos, dóciles y sumisos ante esta desastrosa y repugnante forma de hacer política.

Hoy, en el Partido Popular andan muy preocupados con esta situación. Pero que no se engañe el lector, la preocupación no deriva de cuestiones éticas o de principios políticos, no. La preocupación deriva de un simple cálculo electoral. Están evaluando el daño en término de votos que toda esta situación les va a reportar en las próximas elecciones municipales. Y hoy existe esta preocupación porque cuando debían haber tomado medidas ejemplarizantes no sólo no las tomaron, sino que además reforzaron la posición política de la Alcaldesa.

Cuando hace casi dos años Sonia Castedo fue imputada por primera vez, los responsables del PP alicantino, José Ciscar y José Juan Zaplana, se alinearon con ella, asistiendo incluso el segundo a una cena de homenaje organizada con ocasión de la imputación. Pusieron en marcha los mecanismos para expulsar a los pocos afiliados que entonces reclamaron que la alcaldesa y cualquier otro concejal imputado fuesen apartados del Grupo Municipal Popular. Y fraccionaron al PP alicantino para poder sortear las normas internas que impedían que la Alcaldesa pudiera presidirlo y la nombraron Coordinadora de las fracciones resultantes. Es evidente que si entonces hubiesen actuado con firmeza, si entonces la hubiesen apartado del Grupo Popular (otra cosa no podían hacer porque el acta de concejal es de ella) hoy el panorama sería muy diferente y no estarían hablando de “buscarle una salida digna” o de encontrar un “recambio” que esquive el fatal pronóstico electoral que se anuncia para mayo.

José Císcar, José Juan Zaplana y todos los concejales del equipo de gobierno, cómplices con su silencio de toda esta situación, son los principales responsables de lo que está pasando. Han sido incompetentes, sectarios, complacientes y tolerantes con conductas inaceptables, encubridores políticos de una forma de gobernar “bananera” en el peor sentido de la expresión. Ahora andan como locos buscando una solución al problema que ellos mismos han creado pero no lo hacen porque crean en la regeneración política, no lo hacen por principios, lo hacen sólo por puro mercantilismo electoral. Y decidan lo que decidan, la solución que encuentren, el recambio que busquen nacerá viciado de origen porque, una vez más, lo harán sin contar con sus abnegados militantes cuya opinión les importa muy poco. Si los problemas judiciales de Sonia Castedo la incapacitan políticamente para seguir gobernando y tienen que “buscarle una salida digna” (o sea otro cargo público) ¿no la incapacitan para seguir cobrando de otro presupuesto público? La única salida digna es dejar la política y buscarse la vida como cualquier ciudadano. ¿Y el recambio? ¿Van a preguntar a los afiliados? ¿Va a salir de entre los miembros de un Equipo de Gobierno responsable de adjudicaciones escandalosas y corresponsable de la sucia imagen de nuestro Ayuntamiento?

Peor no se podía haber gestionado esta situación. Los José Ciscar, José Juan Zaplana, Sonia Castedo, Andrés Llorens, Marta García-Romeu, Juan Seva, Antonio Ardid, Miguel Valor, Carlos Castillo, María Ángeles Goitia, Sonia Alegría, Pablo Sandoval, Adrián Santos, Belén González, Oti García-Pertusa, Juan Zaragoza, Mariano Postigo, María del Carmen de España, Luis Barcala y Tomy Duarte han estafado políticamente a los ciudadanos de Alicante, han defraudado la confianza de los votantes y han abierto la puerta del gobierno de la ciudad a la izquierda alicantina. Lamentablemente lo comprobaremos en unos meses.

Santiago de Munck Loyola

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La reforma de la ley del aborto: el PP ni está ni se le espera.

No tomarse en serio al adversario político es uno de los peores errores que se puede cometer. Y otro grave error es no aprender del adversario, siempre hay algo en sus estrategias y sus tácticas que merece la pena ser tenido en cuenta. Ambos errores los ha venido cometiendo, una y otra vez, el Partido Popular. Desconozco las causas de esta forma de proceder, arrogancia, soberbia, prepotencia,… pero lo cierto es que se repite una y otra vez. Ocurrió cuando Rodríguez Zapatero se puso al frente del PSOE y no sólo fue menospreciado por los populares, sino que incluso en las filas socialistas hubo quien le llamaba “Bambi”. Pues bien, “Bambi” o “Pancartero” ganó contra muchos pronósticos las elecciones generales de 2004 y dejó noqueada durante años a la derecha española. Y a Zapatero no le tembló el pulso para ponerse de inmediato a cumplir lo que había ido prometiendo detrás de las pancartas y en su programa electoral.

El 16 de abril de 2004 Zapatero fue investido Presidente del Gobierno y a los 3 días, el 19 de abril, ordenó la retirada de las tropas española de Irak. A las pocas semanas de formar gobierno, el 18 de mayo de 2004, dejó en suspenso por decreto ley la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que había sido promulgada el 23 de diciembre de 2002 por el segundo gobierno de José María Aznar y que pretendía reformar y mejorar la educación en España. Ni tan siquiera llegó a aplicarse. Y a mediados de junio del mismo año su gobierno derogó el trasvase del Ebro recogido en el Plan Hidrológico Nacional. Como puede verse, no tardó ni dos meses en ejecutar tres de las principales promesas que había hecho a sus votantes.

Esta semana, casi tres años después de que el Partido Popular ganase las elecciones generales por mayoría absoluta hemos conocido por algunos medios de comunicación que el Gobierno está sopesando enterrar el anteproyecto de Ley sobre la modificación de la regulación del aborto. Hay que recordar que el programa electoral para las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011 el Partido Popular incluía la modificación de la ley del aborto, es decir, que se trata de uno de los compromisos electorales por los que fue elegido mayoritariamente (Página 108. Medida 6ª “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto…”).

Tres años han pasado y el Sr. Rajoy, su gobierno, su Grupo Parlamentario y sus cientos de miles de afiliados no han tenido tiempo para cumplir algo tan elemental que habían prometido: cambiar el modelo actual, cambiar el modelo establecido en la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se puede comprender que, entre tantas cabezas pensantes y sin un liderazgo político y moral evidente, no sean capaces de alumbrar una nueva regulación que aglutine a todas las supuestas “sensibilidades” existentes en el PP, pero bien que podían haber hecho algo muy simple para empezar a cumplir de una vez alguna de sus promesas, podían y pueden aún, imitar al Sr. Zapatero y suspender la aplicación de esta Ley o sencillamente derogarla dejando vigente la anterior regulación, un mal menor, la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985.

Hay quien se escuda diciendo que hacerlo ahora no sería conveniente desde un punto de vista electoral lo que vendría a corroborar la idea de que, al fin y al cabo, lo que cuenta es asegurarse la poltrona, no los principios, ni los compromisos. ¿Y por qué no lo han hecho antes? ¿Acaso se les ha votado para que se aseguren la poltrona o para que cumplan con lo prometido? Y ¿Dónde están las voces de las decenas de miles de cargos públicos del PP que asumieron ese programa electoral? Nunca antes un partido político se ha situado tan lejos y ha despreciado tanto a sus votantes como éste. La aparición de “Podemos” parece que les ha venido bien porque piensan que levantando ahora la bandera de que viene el coco recuperarán a sus votantes y, por eso, no tienen problemas en que los grandes grupos mediáticos den cancha a esta formación. Pero se equivocan, están alimentando a una fiera que terminará por comérselos.

Padecemos un partido de centro derecha hegemónico cobarde, soberbio y acomplejado que entiende la política como un medio y no como un fin. De los principios han pasado a lo “políticamente correcto” y de lo “políticamente correcto” han dado el salto a la “política sostenible” de la burocracia partidista y de la casta dirigente. Una pena.

Santiago de Munck Loyola

La regeneración democrática y los sucedáneos oportunistas.

Todo parece indicar que el Partido Popular ha puesto en el primer lugar de su agenda política la “regeneración democrática” o, mejor dicho, un sucedáneo de la “regeneración democrática”, una visión muy particular sobre esta idea. Ministros, algunos cargos públicos y dirigentes populares llevan varias semanas hablando de regeneración y bajo esta idea están trasladando a la opinión pública propuestas como la discutible elección directa de alcaldes o la drástica reducción de aforados. Es verdad que en el Programa Electoral del Partido Popular del año 2011, ignorado en la Comunidad Valenciana y en especial en Alicante, ya se apuntaban algunas propuestas de regeneración, pero tiene lo suyo que se acuerden de ello después de tres años de gobierno y que las propuestas hasta ahora hechas públicas sean tan raquíticas e interesadas.

Hablar de regeneración tras tres años de gobierno y hacerlo en los términos que se hace significa que se trata de una respuesta estratégica a los resultados electorales últimos y que no responde a un íntimo convencimiento de la necesidad de regenerar nuestro sistema democrático. Hablamos, por tanto, de tácticas y no de principios políticos, no nos dejemos engañar. Encuesta tras encuesta, los datos señalan que la mayoría de los ciudadanos se ha distanciado de los políticos, de los partidos y del propio sistema democrático que ellos monopolizan y que algunos de ellos corrompen con el silencio cómplice de los demás, salvo honrosas excepciones. Los ciudadanos demandan fundamentalmente ejemplaridad, participación y firmeza ante la corrupción. De ninguna de esas cosas han hablado los dirigentes populares cuando han empezado a levantar la bandera de la regeneración democrática. Y haciendo un paréntesis no puedo olvidar un documento del PPCV apoyado por Alberto Fabra, José Ciscar, José Juan Zaplana y otros líderes regionales del PP en el que se indica textualmente que no resulta admisible reivindicar la idea de regeneración democrática en el seno del Partido Popular, para justificar la expulsión de los afiliados regeneracionistas.

Hay algo básico y esencial que olvidan los conversos a la regeneración democrática y es que para promoverla, para intentar convencer a los ciudadanos de la honestidad y nobleza de sus propuestas hay que tener credibilidad. Nuestro sistema político, nuestra democracia necesita medidas de regeneración porque los principales actores del sistema, los partidos políticos, lo han deteriorado, lo han prostituido porque se han convertido en unas maquinarias burocráticas que no cumplen con los mandatos constitucionales. La mayoría de los partidos políticos padecen un fuerte déficit de democracia interna y han dejado de ser cauce de participación ciudadana. Son organizaciones endogámicas poco permeables a las necesidades sociales porque su funcionamiento se sustenta en una clase política privilegiada frente a los ciudadanos. Por ello, la primera medida regeneradora que debería ser puesta sobre la mesa es la regeneración de los propios partidos políticos, de los agentes que han de regenerar, a su vez, el sistema político. Si esa regeneración interna, en este caso del Partido Popular, apostando por la democracia interna, por el debate interno y la participación de sus militantes y simpatizantes, por la transparencia en su financiación, por el cumplimiento de los programas y por el rigor frente a los aprovechados y corruptos, no se produce de forma previa no pueden tener credibilidad sus propuestas de regeneración del sistema político. La prueba de ello es que las dos iniciativas recientemente puestas en circulación no nacen de un debate interno en el que los afiliados hayan podido discutir y realizar propuestas, no. Nacen de un gabinete que analiza resultados y encuestas y una dirección política, un sanedrín, que marca el rumbo y reparte los argumentarios de arriba a abajo.

Lo sensato y coherente sería que, una vez arreglada la propia casa por dentro, se realizasen propuestas de regeneración creíbles. Y dentro de esas medidas, lo prioritario para la mayoría de los ciudadanos no es, seguramente, cómo se elige a los alcaldes. Lo más probables es que la mayoría de los ciudadanos apostase por la ejemplaridad de la clase política, por acabar de una vez con los privilegios (aforamientos, tributación fiscal especial, ingresos exagerados, pensiones especiales, etc.) de quienes dicen que creen ahora en la regeneración, y por cualquier medida para erradicar la corrupción, para exigir responsabilidades por la mala gestión de algunos, para recuperar el dinero distraído de las arcas públicas, etc. La corrupción no sólo se combate con leyes, se previene con más democracia en las instituciones y en los partidos políticos. Regeneración democrática sí, sucedáneos no.

Santiago de Munck Loyola

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Clase, casta y regeneración política.

Mucho se está usando y escribiendo sobre el concepto de “Casta política” desde que la gente de “Podemos” lo sacase del armario en la extensa y servil red de medios de comunicación que se ha puesto a su servicio. No hay que olvidar que dichos medios tienen propietarios y que, como en todas partes, hay empresarios dispuestos a todo con tal de obtener beneficios, incluso a suicidarse. Y tan de modo está el concepto que sin ir muy lejos, el Secretario General del PSPV, que acumula cuatro cargos entre los que paradójicamente se encuentra el de flamante Secretario del PSOE para la Regeneración Democrática, el Sr. Ximo Puig, ha descalificado recientemente el discurso de esa formación y el uso que hace de la idea de “casta política” calificándolo de viejo y atribuyendo su paternidad intelectual al italiano Gaetano Mosca, añadiendo de paso que "Gaetano Mosca por otra parte fue uno de los intelectuales a los que Mussolini en su momento acudió con frecuencia". Se trata, sin duda, de un fallido intento de vincular ideológicamente a Podemos y a cuantos usan el concepto de casta política con el fascismo. Ni que decir tiene que los “ramalazos” autoritarios y totalitarios de Podemos son más que evidentes, pero hay que tener más rigor a la hora de encuadrar las ideologías. ETA, por ejemplo, no es una banda fascista por mucho que algunos se empeñen, porque ideológicamente está y siempre ha estado en el espectro de las ideologías totalitarias de la izquierda que las hay y muchas.

La casta política es una idea vieja que desde el siglo XIX ha salido a la luz cada vez que en una sociedad política se entraba en una fase de profunda degeneración del sistema y en España se ha venido usando con profusión desde entonces de forma cíclica.

Políticos, clase política, casta política e incluso castuza son expresiones frecuentes en estos tiempos que sobrevuelan los debates políticos, que se emplean como armas arrojadizas y que, en definitiva, se han hecho presentes con fuerza en medio de un amplio rechazo ciudadano hacia todo lo que tenga que ver con la política, como respuesta al grave daño social que la crisis económica ha generado en muchos españoles. La imprevisión de los políticos ante la crisis y la propia gestión de la misma han provocado una profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema político que ha entrado también en crisis.

Cada cual usa esos conceptos a su conveniencia e interés, pero no está de más recordar que las generalizaciones no son buenas y que cada uno de esos términos (políticos, clase política, casta política o castuza) es diferente y deberían ser usados con mucho más seriedad de lo que se viene haciendo. Hay quien como Felipe González se ufana de pertenecer a esa “casta política” que protagonizó la transición y quizás debería haber usado mejor el término de “clase política” al referirse al conjunto de políticos protagonistas de aquella época histórica pues, aunque él pertenezca a la “casta política”, no toda aquella clase política terminó transformándose en una casta.

Hace pocos días, ante la celebración de elecciones internas el próximo 20 de septiembre, un miembro de VOX escribió lo siguiente: “El futuro de este partido pasa sin ninguna duda por Santi Abascal. No es casta, tiene la cabeza bien amueblada, ideas claras, sabe expresarlas en el lenguaje que entiende la gente, se sabe rodear bien…”. Nótese la promoción a la defensiva: no es casta. Es evidente que para el defensor de Santiago Abascal como futuro líder de VOX éste no es casta. Sería interesante conocer su idea sobre su concepto de casta, pero a priori parece que dista mucho de la idea que tiene la mayor parte de la gente. Santiago Abascal, actual Secretario General de VOX, tiene 38 años. En 1999, con 23 años  ocupó su primer cargo público como concejal del PP en Llodio (Álava) y desde entonces ha ido saltando de cargo en cargo sin bajarse prácticamente de los presupuestos públicos hasta finales de 2013.

Nadie discute el valor, el sacrificio y el patriotismo de un joven de 23 años para en 1999 atreverse a ser concejal en el País Vasco, ni el suyo ni el de otros tantos miles de personas que allí y en otras partes de España se han jugado la vida por unos nobles ideales, sin que hayan tenido las mismas oportunidades de promoción y protección política gozando de iguales o mayores capacidades que él. Y tampoco se pone en tela de juicio su capacidad o no de liderazgo. Pero los hechos son tozudos por evidentes. Alguien que nunca ha sabido o querido ganarse la vida fuera del paraguas que proporciona un partido político es, se quiera o no, para bien o para mal, miembro de la llamada casta política. Como lo era el anterior Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que salvo un breve paréntesis de tres años como ayudante de cátedra universitaria, desde 1986 se dedicó plenamente a la política, es decir, se desarrolló personal y profesionalmente bajo el paraguas protector de un partido político a diferencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y como ellos muchos otros que resulta ocioso citar ahora. No se trata de juzgar aquí como buena o mala esa circunstancia, sino de subrayar lo que es evidente y de enlazarlo con la coherencia o no de enarbolar un discurso regenerador de la política como el que proclama VOX.

Hablamos de clase política porque muchos políticos han construido un sistema que les privilegia frente a los auténticos soberanos de la democracia, los ciudadanos. La clase política goza de privilegios que todos conocemos: fiscales, retributivos, judiciales, en materia de pensiones, etc. Y dentro de la clase política existe, además, la casta política que a los anteriores privilegios suma unos rasgos específicos como pueden ser la cooptación en el origen de sus cargos, la ausencia de experiencia y de actividades profesionales previas a su dedicación política, su dependencia y protección, en su caso, de las redes partidistas, su profesionalización en la subsistencia política (es distinto un profesional político, un político profesional y un profesional de la política) y en no pocos casos la ausencia de la formación específica que la política y la gestión de las administraciones públicas debería requerir. La regeneración es ya una exigencia social y su desarrollo requiere ideas nuevas y audaces, coherencia política y, sobre todo, políticos que sean conscientes de que su valor y credibilidad política depende de su trayectoria vital y del valor de su palabra que es la que habrán de comprometer para firmar un contrato para el cambio con el ciudadano.

Santiago de Munck Loyola

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“Los putos españoles tarados” D. Arturo Balaguer dixit.

Dicen que un día malo lo tiene cualquiera. Y es evidente que el 17 de agosto de 2014, D. Arturo Balaguer, asesor y miembro del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Orihuela merced al “dedazo” de la Alcaldía, no tuvo un día especialmente bueno o inspirado. Varios medios de comunicación se han hecho eco del tuit que el periodista, o “agroperiodista” como él mismo se denomina, publicó y en el que llamaba “putos españoles tarados” a los madrileños que veranean en nuestras tierras con “niños maleducados”. Un día malo lo tiene cualquiera, dicen, pero hay personas que por razón de su cargo o de su profesión no pueden permitírselo. Es muy significativo el uso de los insultos concretos que el “agroperiodista” emplea: “putos españoles tarados”. El odio a lo español es evidente, amén de su fobia a los madrileños y a sus niños. Lo extraño es que alguien con tan mala educación y sin complejo alguno en hacer pública exhibición de la misma sea capaz de distinguir a un niño maleducado de otro.

Un día malo lo puede tener cualquiera, pero cuando, como en el caso que nos ocupa, no se procede a borrar ese tuit, ni a pedir disculpas por ello, es que no se trata de un día malo, sino de una determinada forma de ser y proceder, de una actuación consciente y deliberadamente ofensiva lanzada contra los cientos de miles de madrileños que veranean en nuestras tierras y que, en muchos casos, tienen una segunda vivienda aquí. El Gobierno Municipal de Orihuela debería haber despedido ya a este “maestro del agroperiodismo” y si no lo hace habrá que deducir que suscribe sus palabras y sus insultos a esas decenas de miles de madrileños que veranean en Orihuela, muchos de ellos propietarios de viviendas, que también pagan allí sus impuestos al Ayuntamiento y no, precisamente, para que desde el consistorio se les insulte.

Un día malo lo puede tener cualquiera y alguien podría pensar que también ha sido ése el caso de José Juan Zaplana, Secretario General del PP Alicantino, quien tampoco ha estado demasiado afortunado a la hora de exigir el cese del D. Arturo Balaguer. Lo cierto es que lo raro es que el Secretario Provincial de los Populares tenga un buen día. Pero bien, centrándonos en el asunto, tras pedir correctamente el cese del asesor y las públicas disculpas de la Alcaldía de Orihuela por los insultos a los madrileños, el Sr. Zaplana ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para meter una cuña en defensa de la impresentable propuesta del PP para reformar deprisa y corriendo el sistema de elección de los Alcaldes. Así, el Sr. Zaplana ha señalado que "El problema de fondo es que en Orihuela decidieron la Alcaldía quienes perdieron las elecciones [los Verdes apoyados por el PSPV]. Si quien gobernara fuera el más votado, el PP, este individuo no habría tenido sitio en el Ayuntamiento y nos hubiéramos ahorrado este sofoco. Si estas son las formas que utilizan quienes llegan al abrigo de un gobierno de izquierdas, no las queremos". Disciplinado mensajero, el Sr. Zaplana repite el argumentario oficial allí donde tiene ocasión. No en balde, ante las negras expectativas electorales el PP se ha lanzado a una carrera suicida para reformar la Ley Electoral y evitar así la pérdida de muchas alcaldías, algo que motiva especialmente a cuantos no habiéndose ganado nunca la vida fuera del paraguas de la política ven peligrar su sustento.

No está de más recordar que el problema de fondo es que en Orihuela hubo una mayoría de votantes que no querían que gobernase el Partido Popular y que por eso el Partido Popular no sumó más votos que el resto. El problema de fondo es que el Partido Popular no ha podido ni tan siquiera promover una moción de censura en Orihuela porque tiene a algunos de sus dirigentes locales imputados en presuntos casos de corrupción. El problema de fondo es que 5 de los 12 concejales del PP están siendo investigados, que la ex alcaldesa y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Mónica Lorente, está doblemente imputada, por el caso Brugal y por adjudicar el contrato de una obra en una plaza cuando ya estaba inaugurada y que otros cuatro ediles más también tienen cuentas pendientes con la justicia. El problema de fondo es que éstas son las consecuencias de elaborar las listas a “dedazo” y de practicar una política contraria a la idea de regeneración democrática. El problema de fondo, en fin, es que hay más vecinos de Orihuela que no querían que volviera a gobernar este PP que los que sí querían.

Mucho habría que volver a hablar sobre la elección directa de los Alcaldes, sobre cómo hacerlo, sobre si es bueno o no que el PP incentive con ello el “frentepopulismo” o facilite que BILDU pueda lograr más alcaldías, por ejemplo, pero traer a colación este tema a propósito del impresentable comentario del asesor digital del Alcalde de Orihuela es una simpleza oportunista que denota otro mal día.

Santiago de Munck Loyola

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La elección directa de los alcaldes.

Una de las consecuencias de los resultados de las últimas elecciones europeas ha sido el encendido de alarmas en el Partido Popular ante la previsible pérdida de numerosas alcaldías en las elecciones municipales que habrán de celebrarse en mayo del 2015. Lamentablemente estas alarmas no han activado un proceso interno de autocrítica para analizar las causas de la pérdida de apoyo electoral sufrida y corregir los errores cometidos. Lo que han activado las alarmas es la búsqueda de mecanismos legales para garantizar poder conservar las alcaldías en riesgo de pérdida a pesar de la sangría de votos. ¿Tanto miedo provoca a los populares la irrupción de Podemos o el declive del bipartidismo? ¿Tan poca confianza tienen en sus propias políticas?

En el Partido Popular han encontrado la solución para poder seguir gobernando los ayuntamientos a pesar de obtener menos votos: reformar las reglas de juego, reformar la ley para que resulte automáticamente elegido Alcalde el candidato más votado siempre que supere el 40 % de los votos. Esto de cambiar las reglas de juego en medio de un partido es propio de trileros y tramposos, pero ésta es, al parecer, el tipo de regeneración que algunos dirigentes populares quieren vendernos a los ciudadanos para “fortalecer” la democracia. La experiencia demuestra, una y otra vez, que las reformas legislativas hechas deprisa y corriendo, respondiendo a fenómenos coyunturales y sin contar con un amplio consenso suelen ser contraproducentes y esta lleva todo el camino de serlo. Y no se trata de una simple reforma de la Ley electoral, sino que se trata de todo un cambio que afecta directamente a la Ley de Bases de Régimen Local y a procedimientos relativos a la distribución de competencias en las corporaciones o a la figura de la moción de censura, por ejemplo.

Los defensores de esta idea, la elección directa de los alcaldes en estos supuestos, lo hacen alegando que así se facilitaría que gobernase la lista más votada. Dicen que no es democrático que pueda ser elegido alcalde alguien que se ha quedado en segundo o tercer lugar merced a los pactos postelectorales. Sin embargo, estos argumentos que a primera vista podrían parecer lógicos no se ajustan a la realidad.

Hay que empezar por aclarar que en España los ciudadanos no elegimos directamente ni al Presidente del Gobierno, ni a los Presidente autonómicos ni a los Alcaldes. Los ciudadanos elegimos a representantes, diputados y concejales, para que sean ellos los que elijan en su ámbito, Congreso, Parlamentos Autonómicos o Plenos Municipales, al Presidente del Gobierno, a los Regionales o a los Alcaldes. Se trata de un sistema fundamentalmente parlamentarista recogido en la propia Constitución. Es el Parlamento, el Congreso en concreto, el que elige al Presidente del Gobierno y este principio parlamentarista es el que se ha implantado de arriba abajo hasta llegar a los Ayuntamientos. Si nadie cuestiona este principio y, por tanto, no se cuestiona la legitimidad democrática de un Presidente de Gobierno elegido merced a las alianzas parlamentarias que sean precisas ¿a qué viene cuestionar ahora, a pocos meses de la celebración de unas elecciones municipales, la legitimidad y la calidad democrática de los alcaldes elegidos por los concejales?

Para los defensores de esta reforma unilateral y arbitraria del sistema de elección de los alcaldes es poco democrático que no pueda gobernar la lista, que no el candidato, más votada. Entonces ¿es más democrático que alguien con un 40 % de los votos pueda gobernar aplicando políticas no votadas y contrarias a la mayoría social?

Es cierto que nuestros sistemas de representación adolecen de muchos defectos y que es preciso realizar reformas para mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones. Tenemos una Constitución que hasta ahora ha funcionado razonablemente bien y que es perfeccionable. Pero esta Constitución contiene principios y reglas de participación que inspiran el conjunto del sistema político. Abordar apresuradamente, de forma partidista y sin visión de estado algo tan importante como la reforma de las reglas de juego y de participación ciudadana de unas instituciones tan importantes y cercanas a los ciudadanos como son los Ayuntamientos no es admisible. Debemos mejorar la calidad de nuestra representación de modo que el voto de un ciudadano de Soria valga lo mismo que el voto de un ciudadano de Madrid, por ejemplo, algo que ahora no existe. Debemos mejorar la capacidad de elección de los ciudadanos que se ven obligados a votar listas cerradas impuestas por los partidos sin procesos previos de democracia interna. Debemos mejorar la vinculación y la responsabilidad de los cargos electos ante los electores de modo que votar no sea otorgar un cheque en blanco por cuatro años. Debemos buscar nuevas fórmulas que permitan al ciudadano intervenir directamente a través de las nuevas tecnologías en los procesos de toma de decisiones. En fin, que hay muchas tareas pendientes por delante para mejorar la calidad democrática de nuestro sistema político sin necesidad de acudir a reformas improvisadas y sin consenso que solo buscan un satisfacer un interés egoísta coyuntural.

Santiago de Munck Loyola

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Ppandilla de mentirosos.

Para cualquier persona decente y medianamente informada, la catarata de declaraciones de distintos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana sobre la corrupción, sobre la regeneración o sobre la ridícula línea roja del Sr. Fabra son sencillamente vomitivas. Tras el varapalo sufrido por el PPCV en las elecciones europeas, toda una pandilla de colocados, desinformados, embusteros o hipócritas se está dedicando a realizar manifestaciones de distinta índole, tomado de paso a los ciudadanos por idiotas, a ver si consiguen lavar la cara de un partido que ellos mismos han ensuciado con su actitud, con su cobardía o con su complicidad.

Hace unos días era la Sra. Bonig la encargada de mentir a la ciudadanía. Ayer mismo, le tocaba el turno a la portavoz del Consell y titular de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, quien, a propósito de las duras críticas realizadas por empresarios alicantinos a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo,  se apresuraba a señalar que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aplicado la línea roja en los cargos que dependen orgánicamente de él. Es decir, que ha aplicado la estrambótica línea roja a los cargos que él mismo, con el Diario Oficial en la mano, ha nombrado. Y, claro, como él no ha nombrado a Sonia Castedo no puede hacer nada ya que su trata un cargo municipal cuya acta de concejal le pertenece. Para remachar su engaño añadía que respecto a los cargos que no dependen orgánicamente del jefe del Consell es una circunstancia distinta, porque compete al ámbito del partido. Y uno se pregunta ¿acaso no es el mismo el Jefe del Consell que el jefe del partido (el PPCV) en este caso? Y sin pestañear terminó afirmando que “el Ejecutivo valenciano es el más comprometido con la tolerancia cero contra la corrupción”. Un ejecutivo que llega incluso a cargar la factura de “los arreglos del cocido” a los contribuyentes.

Fabra es el Presidente de la Generalidad Valenciana y simultáneamente Presidente del PPCV al igual que el Sr. Ciscar es vicepresidente de la Generalidad y Presidente Provincial del PP de Alicante. Así que mejor que no nos vengan con cuentos de desdoblamientos de personalidad según el cargo de que se trate. Y la actitud de uno y otro ante la corrupción es igual de falsa, complaciente y tolerante. No nos engañemos. En Alicante lo han demostrado y lo siguen demostrando con creces. Solo hay que remitirse a “la prueba del algodón” y no la pasan ni en sueños. ¿De qué nos sirve a los alicantinos que al Sr. Fabra le gusten o no las grabaciones entre Sonia Castedo y el Sr. Ortiz, “la polla insaciable”, si no hace nada al respecto? Porque hacer, claro que puede hacer. ¡Ya está bien de mentir a los alicantinos! Es cierto que no puede obligar a la Sra. Castedo a dejar la Alcaldía o a dejar su acta. Pero el Sr. Fabra sí que puede, en tanto que Presidente del PPCV, abrir un expediente disciplinario a la afiliada Castedo por conductas contrarias a los Estatutos del PP, puede ordenar a los concejales populares del consistorio alicantino que la expulsen, en compañía del vicealcalde procesado, del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Alicante y puede, además, destituirla como Coordinadora de los distritos del PP en Alicante, ese cargo que los Sres Ciscar y JJ Zaplana se inventaron para sortear la famosa línea roja del propio Fabra. Y al margen de grabaciones tiene sobrados motivos para intervenir de forma contundente: un gobierno municipal en Alicante bajo sospecha judicial y al servicio de un empresario, concursos millonarios fraudulentos, pelotazos por doquier, amaños en las contratas públicas y en el PGOU, destituciones ilegales de funcionarios, arbitrariedades por doquier, abandono de los intereses generales, facturas de campaña electoral pagadas con dinero negro por el Sr. Ciscar según la Guardia Civil, financiación paralela de las sedes populares, contabilidad opaca a la militancia, nepotismo, despilfarro,… ¿Qué más necesita?

Con ello, sí que podría empezar a tener cierta credibilidad esa supuesta tolerancia cero con estas conductas absolutamente deleznables. Y para reforzar su credibilidad podría destituir o promover la destitución de los cargos orgánicos del PP de Alicante, al Presidente Provincial, Sr. Ciscar, y al Secretario general, Sr. Zaplana, por haber permitido y favorecido esta situación tan poco edificante hasta el punto de haber destruido al PP de la Ciudad, para dividirlo en distritos y poder finalmente situar en la cúspide a la alcaldesa plurimputada.

Pero ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. El Sr. Fabra, sin liderazgo político y sin credibilidad ciudadana, responsable de la expulsión de los afiliados populares que hace tiempo empezaron a denunciar la deriva pestilente de la corrupción, no va a ser capaz de dar un golpe de timón semejante. Hay demasiado en juego y su debilidad política no le va a permitir reflejar con hechos contundentes su presunta apuesta por la honradez y por la ejemplaridad ante los ciudadanos. D. Alberto Fabra se va a seguir conformando con las continuas y patéticas declaraciones de sus voceros. Pero las palabras, sin hechos que las avalen ya no sirven. Los ciudadanos no quieren seguir creyendo a quienes no son capaces de poner orden en su propia casa que, cada día que pasa, huele peor.

Santiago de Munck Loyola

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