De acuerdo con una información publicada hoy por un Diario nacional, el Ministerio
de Hacienda está preparando un borrador de reforma las competencias que
desarrollan los municipios. El objetivo de esta reforma es eliminar
duplicidades y asegurar la financiación de los servicios que prestan. Con ello,
se podría lograr el ahorro por parte de los municipios de 3.500 millones de
euros anuales. La reforma pasaría por una modificación del Art. 25 de la Ley de
Bases del Régimen Local definiendo de una forma más clara y limitativa las
competencias que deben y pueden desarrollar los entes locales.
Según
el borrador de la reforma, al año de entrar en vigor los Ayuntamientos deberían
someter a evaluación el conjunto de sus servicios para ajustarlos al principio
de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades. Si tras la evaluación, el
Ayuntamiento no pudiera mantener algunos servicios municipales, debería
proceder a su supresión, cuando se trate de servicios no obligatorios; y podría
privatizarlos, sin son servicios obligatorios que no conllevan el ejercicio de
funciones públicas. Igualmente, el borrador prevé que las diputaciones puedan
asumir algunas competencias de municipios de menos de 20.000 habitantes y la supresión
de las competencias de Sanidad y Educación que hasta ahora ejercían algunos
municipios.
Abordar
una reforma de las competencias de las administraciones públicas venía siendo
ya una exigencia del sentido común. Es preciso clarificar quién hace qué con el
objetivo de evitar las duplicidades que existen en los distintos niveles
administrativos. Y es cierto que en este campo, muchos Ayuntamientos,
impulsados por las siempre crecientes demandas ciudadanas a su administración
más próxima de más servicios y animados por los ingresos de las épocas de
bonanza, han ido creciendo asumiendo competencias facultativas y, en ocasiones,
impropias. Ahora, en época de escasez, no hay ingresos suficientes para
mantener unas estructuras sobredimensionadas.
Admitiendo
que esta reestructuración de las competencias es absolutamente necesaria hay
que resaltar que, simultáneamente, debería abordarse el eterno problema de la
financiación de los entes locales. Las reglas de juego deben ser absolutamente
claras y no parece muy procedente reformar sólo una parte del reglamento. El
recorte o la redefinición de competencias municipales es sólo una parte del
problema o del conjunto de problemas que afectan al funcionamiento de los entes
locales. Acometer el recorte de competencias y no abordar la reforma
financiación de los entes locales es hacerse trampas al solitario.
Privatizar
servicios públicos como medida de ahorro es una falacia. No sirve como regla
general: privatizar no es sinónimo de ahorro. Hay servicios públicos que sí
pueden ser objeto de privatización manteniendo o mejorando su calidad y
disminuyendo sus costes, pero en muchos otros casos esa regla no funciona.
Piénsese que a los costes que implica un determinado servicio prestado por un
ente público hay que añadir el beneficio empresarial y el IVA, conceptos éstos
no imputables en la gestión pública de ese servicio. Es muy posible que la
solución para una prestación económica y eficiente de un determinado servicio
público pase por la introducción de parámetros de control, de calidad y de
productividad en el ámbito de los entes públicos. Es decir, por la introducción
en el ámbito público de criterios de gestión privados. Hay cierta tendencia
social a demonizar a los empleados públicos como los responsables de que los costes
de los servicios que prestan sean superiores a los costes de los servicios
prestados por el sector privado, pero, salvo excepciones, la responsabilidad en
la gestión es de los políticos que, en vez de hacer política, se meten a
gestores sin la adecuada preparación para ello y desplazan a los profesionales
relegándoles a la función de ejecutores de decisiones adoptadas desde
perspectivas puramente políticas.
A
todo lo anterior hay que añadir algunos elementos más que impiden a los
Ayuntamientos lograr una mayor eficiencia de los recursos públicos. Se trata de
las contradicciones entre las leyes administrativas y las laborales. Supongamos
que un Ayuntamiento tiene el servicio de limpieza viaria adjudicado mediante
concurso a una empresa privada y que ese mismo Ayuntamiento puede reasignar a
su propio personal a la limpieza viaria porque, como consecuencia de la crisis
no necesita tantos en el departamento de obras y servicios. Pues bien, al
vencimiento de la contrata, el Ayuntamiento no puede municipalizar el servicio
de limpieza y asignárselo a sus propios operarios. Si quiere municipalizar el
servicio debe absorber a los trabajadores de la contrata y debe hacerlo a pesar
de la prohibición de contratar más personal porque así lo prevé la legislación
laboral. Así pues no queda más remedio que volver a licitar la contrata y
seguir con los operarios propios “a medio gas”. Otro ejemplo de las
dificultades legales con las que se encuentran los Ayuntamientos se refiere a
la posibilidad de dedicar ingresos patrimoniales a la cancelación de las deudas
financieras. Hoy, si un Ayuntamiento consigue vender un solar, a pesar de la
crisis, no puede dedicar el precio obtenido al pago de los préstamos que tenga
concertados. Debe necesariamente reinvertir ese dinero en una inversión también
patrimonial que, con seguridad, generará más gasto corriente y contribuirá así
a asfixiar más a la tesorería municipal.
En
definitiva, estamos ante una situación sumamente compleja y delicada para la
inmensa mayoría de los Ayuntamientos, sobre todo los pequeños y la solución no
pasa sólo por abordar una parte del conjunto de los problemas municipales. Ni
la delimitación de competencias municipales, ni el impulso a privatizaciones,
ni los recortes de servicios públicos por sí solos suponen la solución de esta
situación. Es preciso un proyecto más amplio y ambicioso que reforme a la vez
la financiación de los entes locales, la dirección y gestión de los mismos, las
normas de contratación de personal, bienes y servicios, las competencias y los
mecanismos de control y coordinación con las demás administraciones. Y si no se
hace, seguiremos “parcheando”.
Santiago
de Munck Loyola
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