La corrupción no tiene ADN.

Hoy, Jaume Matas, ex Presidente del Gobierno balear y ex Ministro de Medio Ambiente, ha sido condenado a seis años de prisión por la comisión de diversos delitos tales como fraude a la administración, falsedad documental, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Y junto a este miembro de la clase política ha sido condenado otro de la clase periodística, Antonio Alemany, a tres años y nueve meses de prisión. Benefactor y beneficiado han sido encontrados culpables por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. No se trata se sentencias firmes y habrá que esperar, en todo caso, a la resolución de los recursos que ambos condenados van a interponer pero son condenas sin paliativos que ponen una vez más sobre la mesa el problema de la corrupción, el uso de los recursos públicos en beneficio particular.

Los casos de corrupción siempre han sido y son usados por los partidos políticos como un arma arrojadiza y también, como no, por algunos miembros de la clase periodística más atentos al servicio de su causa ideológica que al servicio de la verdad. Cada vez que un caso de corrupción toma protagonismo no faltan a su cita los linchadores mediáticos, los voceros políticos y los acríticos militantes de los partidos dispuestos a repetir hasta la saciedad las consignas recibidas en los argumentarios de rigor que se pueden resumir en el simplista “y tú más”. Los ciudadanos nos merecemos algo más que estúpidas explicaciones y argumentos estériles a la hora de abordar los problemas de la corrupción. La corrupción es un problema que afecta a todos los partidos políticos sin excepción. A más cuota de poder, más casos de corrupción porque las mismas leyes que facilitan el uso de la arbitrariedad, que es la razón de fondo en todos los casos de corrupción, se aplican se gobierne en 10, 500 o 1000 Ayuntamientos, en 1, 5 o 10 Comunidades Autónomas. Mientras nuestro sistema legal no acabe con la discrecionalidad en las decisiones políticas y, por tanto, con la arbitrariedad, seguirán produciéndose casos de corrupción.

La corrupción no tiene un color político determinado aunque algunos medios se empeñen en magnificar unos casos y en silenciar otros en función de la ideología a la que sirven. Es una simpleza de primer orden y una muestra evidente de maniqueísmo adjudicar a la corrupción un determinado ADN o un color político concreto. Jaume Matas es el cuarto Presidente Autonómico condenado. Antes que él lo fueron Gabriel Urralburu del PSOE, presidente de Navarra entre 1984 y 1991, sentenciado en 1998 por la Audiencia de Navarra a once años de prisión, nueve de inhabilitación para cargo público y multa de 4.700.000 € por sendos delitos de cohecho continuado y contra la Hacienda Foral; el Tribunal Supremo le redujo la condena a cuatro años de prisión, por un delito continuado de cohecho. Después fue condenado el Presidente de Aragón entre 1993 y 1995, José Marco del PSOE, por la Audiencia Provincial de Zaragoza a 13 meses de cárcel y 6 años de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad en documento público en el denominado "caso del Sillón y a 9 meses de prisión y dos años de inhabilitación absoluta por malversación. El tercer Presidente autonómico fue Juan Hormaechea, Presidente de Cantabria, primero como independiente elegido en la lista de AP y después como cabeza de lista de UPCA, condenado en 1994 a 6 años de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Por mucho que algunos se empeñen la corrupción no está vinculada a una ideología concreta y sostener esa afirmación es una ofensa gratuita a millones de españoles, sea cual sea su color político.

La simpleza con que algunos medios abordan la corrupción convirtiéndose en simples palmeros de los partidos políticos hace que muchos ciudadanos resten credibilidad e importancia a las necesarias denuncias que la prensa, libre e independiente, debería realizar. Cuando las denuncias periodísticas terminan siendo asociadas a posicionamientos partidistas concretos por ese maniqueísmo antes evidenciado, los ciudadanos acaban por poner en el mismo lote a los partidos políticos y a los medios de comunicación, quienes con un posicionamiento sectario acaban por debilitar lo que debería ser una condena general y sin paliativos de cualquier indicio de corrupción.

Santiago de Munck Loyola