Las recientes medidas económicas de carácter urgente adoptadas por el Gobierno de Rajoy han producido desconcierto más entre los propios que entre los extraños. En efecto, entre el importante paquete de medidas iniciales el Gobierno ha aprobado un incremento “temporal” de determinados impuestos. Reducción del gasto con la aprobación de algunos recortes presupuestarios e incremento de la recaudación con el visto bueno a determinados incrementos impositivos constituyen las dos principales bazas para atajar el déficit existente que, según parecen haber descubierto, es mayor del que venía anunciando el Gobierno socialista saliente.
Llama la atención, en primer lugar, que en un exceso de cortesía política, evidentemente inmerecida, los portavoces del nuevo Gobierno hayan hablado de la existencia de un traspaso de poderes ejemplar. ¿Dónde está la ejemplaridad? ¿En que los ministros cesantes no se han atrincherado tras las mesas de los despachos ministeriales? Si ejemplar es mentir sobre el déficit del Estado a los ministros entrantes, que venga Dios y lo vea. Hablar de un traspaso ejemplar en estas condiciones es, desde luego, engañar a la opinión pública y lo cortés no quita lo valiente. El Gobierno saliente se ha ido mintiendo una vez más. Así de claro y así de poco ejemplar.
En segundo lugar, las medidas adoptadas, por mucho que se alegue la existencia de un déficit superior al previsto o al anunciado por el Gobierno saliente, desconciertan profundamente a quienes desde hace años venimos sosteniendo la existencia de una política económica diferente. Los recortes presupuestarios son absolutamente necesarios y los inicialmente adoptados por el Gobierno son, con seguridad, la punta del iceberg, pero son, en todo caso, claramente insuficientes y, en algunos casos, tienen un carácter más bien simbólico. Hay mucho más campo donde meter la tijera y, según parece, en el segundo paquete de medidas adoptadas por el Gobierno, se ha avanzado algo más en esa dirección.
Sin embargo, lo que chirría desde una perspectiva liberal conservadora es el incremento de la fiscalidad. Recortes y aumento de impuestos eran, al parecer, las dos únicas técnicas usadas hasta ahora por el anterior gobierno para reducir el déficit y de su carácter socialdemócrata nadie duda. Y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy parecen señalar que el Gobierno ha apostado por profundizar en esa línea de carácter socialdemócrata rompiendo así con una trayectoria y unas perspectivas que configuraban una auténtica alternativa económica.
La reducción del déficit exige recortar gastos y aumentar los ingresos. En el recorte de gastos queda mucho campo por explorar. A título de ejemplo, recortar las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal en un 20 % es claramente insuficiente. ¿Por qué no el cien por cien? ¿Tiene lógica alguna aumentar los impuestos para poder seguir pagando el 80 % restante? ¿Y el gigantesco parque móvil? ¿Y las televisiones públicas deficitarias? ¿Y los salarios de sus Señorías, los móviles, las dietas, los viajes,…? ¿Por qué no se minoran las transferencias a las Comunidades Autónomas en proporción al coste de los servicios públicos duplicados con los del Estado?
En cuanto al ámbito del incremento de ingresos, un incremento “temporal” de los impuestos conllevará irremediablemente a una nueva reducción del consumo. Con menos dinero en el bolsillo, los ciudadanos reduciremos nuestro consumo y a menos consumo, menos actividad productiva y, por tanto, más desempleo. Es de cajón. La denostada curva de Laffer demostró su efectividad en los Gobiernos de Aznar: la recaudación tributaria del Estado se incrementó con menores tipos impositivos. No tiene, por tanto, mucha lógica ni coherencia alguna con los antecedentes el anunciado incremento de impuestos. El aumento de ingresos puede lograrse ampliando las medidas anunciadas de lucha contra el fraude fiscal. Centrarse como se ha anunciado en el control de los pagos en efectivo constituye el “chocolate del loro” en la persecución del fraude fiscal. Según los técnicos de hacienda la puesta en marcha de otras medidas podría hacer incrementar la recaudación en más de 30.000 millones de euros. Puede también lograrse un aumento de ingresos con la venta de activos de las administraciones públicas, del Estado, tales como participaciones en sociedades, empresa pública y bienes inmuebles. Y, desde luego, se produciría un incremento de la recaudación de ingresos con una bajada de impuestos que reactivara el bajo consumo existente, incentivara la inversión y generase la creación de puestos de trabajo: a más empleados, más contribuyentes, más consumo y más recaudación.
Es de suponer, a falta de explicaciones públicas, que el incremento “temporal” de impuestos obedece a la imperiosa necesidad de obtener liquidez con la que reducir drásticamente el déficit y contentar, de paso, a los mercados y a la Señora Merkel y que, se ha acudido a esta incoherente medida porque no era posible apostar por su reducción como motor de la reactivación económica a medio plazo. En todo caso, conviene recordarlo, no se trata de medidas programáticas anunciadas previamente y suponen un cierto continuismo que podrá de momento aliviar algo las maltrechas arcas públicas, pero que a medio plazo no servirá para generar empleo, que es o debería ser la principal prioridad del Gobierno.
Santiago de Munck Loyola
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