A la imperiosa necesidad de reducir las deudas de las administraciones públicas, cada una de ellas está respondiendo de diferente manera y usando distintos mecanismos. Entre ellas, las Comunidades Autónomas están acudiendo al mercado inmobiliario para hacer caja con la venta de su patrimonio inmobiliario y poder obtener así ingresos que palien su falta de liquidez. En unos casos se trata de la venta de terrenos, solares o edificios y en otros de la venta de participaciones de sus empresas públicas. http://www.elpais.com/articulo/economia/comunidades/venden/patrimonio/3000/millones/reducir/deficit/elpepueco/20111228elpepieco_4/Tes
Muy diferente es el caso de las Administraciones Locales, de los Ayuntamientos. Bien es cierto que en el conjunto de la deuda de las Administraciones públicas de deuda de los municipios, con ser grande, no constituye el eje del problema de las administraciones públicas. Sin embargo, el impacto social de las deudas municipales es enorme. La inmensa mayoría de los Ayuntamientos españoles se encuentra en situación de emergencia. La caída brusca de los ingresos corrientes ha hecho que muchos Ayuntamientos no puedan ya ni pagar con regularidad las nóminas de los empleados públicos. La adopción de planes de saneamiento y de recortes se ha impuesto, pero tarde. Hoy no se puede hacer frente a la mayoría de los gastos contraídos en los tiempos de bonanza. Y lo bancos no prestan la financiación necesaria ni siquiera en los municipios con capacidad de endeudamiento.
Miles de pequeñas y medianas empresas y de autónomos de todos y cada uno de los pueblos de España son acreedores de los Ayuntamientos. Éstos carecen en su inmensa mayoría de liquidez para poder pagar a sus proveedores, con lo que el pago de las deudas se va demorando mes tras mes causándoles enormes perjuicios y conduciéndoles, en un gran número de casos, al cierre directo de sus pequeños negocios. El impago de los Ayuntamientos a sus proveedores ha provocado, además, un efecto dominó: cuando cierra forzosamente un proveedor municipal suele arrastrar en su caída a muchos de sus propios proveedores.
Las medidas adoptadas hasta hora por el anterior gobierno socialista se han demostrado insuficientes, cuando no contraproducentes. No hay que olvidar que el llamado Plan Zapatero supuso la construcción en tiempos de crisis de miles de nuevos centros y dotaciones municipales que ahora deben funcionar y, por tanto, que han incrementado, en muchos casos, los gastos corrientes de Ayuntamientos que a penas podían hacer frente a sus anteriores gastos de funcionamiento. De otra parte los créditos ICO aprobados hace unos meses para que los Ayuntamientos pudieran hacer frente al pago de parte de su deuda con proveedores se han otorgado en condiciones de muy difícil cumplimiento para la mayoría de los pequeños y medianos Ayuntamientos que, en casos de demora de las amortizaciones mensuales, verían en peligro la periódica aportación del Estado con la que actualmente sostienen la mayor parte de sus gastos corrientes. Por último, las severas limitaciones establecidas por el Gobierno Zapatero a la concertación de operaciones de Tesorería no han hecho más que agravar la situación de caja de las entidades locales.
Resulta imperioso que el Gobierno de Rajoy arbitre medidas que alivien la difícil situación de los Ayuntamientos. Conjugar control del gasto, disminución del déficit, reducción de la deuda municipal y alivio de tesorería es posible, difícil pero posible. Junto a todas las limitaciones y restricciones necesarias en cuanto al gasto de los entes locales hay que facilitar financiación para que los Ayuntamientos puedan saldar sus deudas a proveedores y, con ello, salvar miles de puestos de trabajo. Y a tiempos excepcionales corresponden medidas excepcionales. No tiene sentido, ni lógica alguna que, mientras las Comunidades Autónomas pueden vender patrimonio para sanearse, no puedan hacerlo los Ayuntamientos salvo para reinvertir el producto obtenido en vivienda protegida o, en su caso, en nuevo patrimonio. Muchos Ayuntamientos podrían pagar a sus proveedores vendiendo parte de su patrimonio y aunque se trate de una medida excepcional debería autorizarse. De igual modo debería el Gobierno flexibilizar las condiciones de concertación de operaciones de tesorería y, sobre todo, los plazos de amortización de las mismas porque el actual sistema está imposibilitando en un gran número de casos la viabilidad de tales operaciones. Y, por último, el Gobierno debería habilitar fondos a través del ICO para la concertación de estas operaciones de tesorería que, al día de hoy, la banca privada no concede.
Con éstas y con otras medidas de urgencia y de carácter excepcional, el Gobierno de Rajoy puede aliviar en buen aparte la asfixiante situación de la mayoría de los municipios que, mientras tanto y como administración más cercana a los ciudadanos, deben seguir prestando servicios, incluso en muchos casos, supliendo las deficiencias de las manirrotas Comunidades Autónomas.
Santiago de Munck Loyola
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