La resaca del sucedáneo de
referéndum del 9-N está dejando a la vista toda clase de reacciones y de
actitudes políticas y económicas que no hacen sino abrir aún más la
incertidumbre sobre nuestro futuro. Es tal el cúmulo de tensiones que ni
siquiera existe unanimidad dentro de los principales partidos políticos y los
diferentes bloques ideológicos. En el campo de los independentistas la única
coincidencia existente en torno al 9-N radica en valorar lo ocurrido en pasado
domingo como un auténtico éxito de participación y en traducirla como el deseo
unánime de los catalanes en votar en un auténtico referéndum para lograr la
independencia. Su discurso no podía ser otro aunque la realidad sea tozuda y
sea un ejercicio de ciencia ficción convertir el hecho de que ni siquiera uno
de cada tres catalanes haya acudido a las urnas para reclamar su supuesto
derecho a la independencia en una fiesta de participación ciudadana. Si hay
algo claro en la sociedad catalana es que el mundo de la política está cada día
más lejos del ciudadano porque ni la última reforma del Estatuto que no fue
apoyada por más de la mitad de los votantes ni esta llamada a las urnas han
logrado movilizar a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña que siguen
manteniéndose al margen de una clase política empeñada en levantar conflictos,
en generar victimismos que justifiquen su propia existencia y, con ello, su
modus vivendi. Y, en este mismo campo, al margen de la interesada valoración de
esta jornada, la división se manifiesta en la hoja de ruta que hay que abrir a
partir del 9-N. Unos apuestan por unas elecciones plebiscitarias y
constituyentes para imponer la ruptura mientras que otros se decantan por unas
supuestas negociaciones, en realidad imposiciones, con el Gobierno de España
para convocar un referéndum legal.
Pero donde más diferencias de
opiniones y de estrategias se plantean es en el campo de los no
independentistas. Desde posiciones como la de VOX cuya estrategia política
parece que pasa exclusivamente por ir presentando querellas a diestro y
siniestro, así consiguen algo de notoriedad en los medios de comunicación, y por pedir el empleo de la fuerza si fuere
necesario para impedir la seudovotación, estrategia judicial compartida en
parte por UPyD aunque acompañada de un discurso diferente, hasta la actitud del
Partido Popular que oscila entre la pasividad y la cobardía disfrazada de prudencia.
Hay quien trata de justificar la aparente inacción popular como una forma de
respuesta medida y calculada ante unos hechos carentes de soporte legal y, por
tanto, de legitimidad. No ha habido un referéndum ilegal, ni una consulta y,
por tanto, no hay que responder a lo que no existe, dicen. Pero lo cierto y
verdadero es que, pactado o no con Arriolas de por medio, las urnas han salido
a la calle, burlando la Ley
y las resoluciones del Tribunal Constitucional, que se han utilizado medios
públicos para ello y que cuantos han querido han podido participar en este
simulacro. Y que ese hecho está suponiendo una fractura interna entre los
populares que exigían más firmeza y quienes respaldan la actitud del Presidente
del Gobierno. Sea cual fuere el grado de respuesta más adecuado, lo indudable
es que una vez más los tres días de silencio del Presidente del Gobierno desde
el día 9-N han desorientado a muchos ciudadanos y suponen una actitud
inaceptable frente a unos hechos gravísimos. Es evidente que Mariano Rajoy
nunca ha sido un líder ni pretende ejercer liderazgo político alguno, algo que
resulta imperdonable en una situación tan convulsa como la presente.
Y si hay fractura interna ante
esta cuestión en el partido del gobierno también la hay en el partido
socialista. Hay destacados líderes socialistas que incluso han manifestado su
apoyo a la suave actitud del Presidente del Gobierno. A pesar de ello, el
mensaje oficial socialista no puede ser más desconcertante. Las manidas frases
del “es hora de la política y no de los tribunales” no por tópicas dejan de ser
peligrosas. Si con ello los socialistas quieren decir que ante la vulneración de
la ley por los políticos independentistas los tribunales de justicia deben
mirar hacia otro lado lo que están subrayando una vez más es que en España hay
dos clases de ciudadanos, de una parte, los de la clase política con patente de
corso para vulnerar la ley y, de otra, el resto al que nada ni nadie nos libra
de responder ante la justicia si infringimos las leyes. Y si con ese mensaje
están dando por supuesto que es el propio Gobierno el que maneja la justicia
también están dando una sonora patada al Estado de Derecho. La justicia es y
debe ser independiente y todos somos o debemos ser iguales ante la Ley , con cargo público o sin
él. La aparente equidistancia socialista entre el Gobierno de España y los
independentistas catalanes solo sirve para alentar a estos últimos en su
desafío no sólo ya al Estado, sino a la propia soberanía del pueblo español
que, les guste o no a algunos, existe y es el único depositario de la misma. Si
los socialistas insisten en presentar como solución una reforma de la constitución
hacia el federalismo se engañan a si mismos e intentan engañar a los ciudadanos.
Saben o deberían saber que el federalismo no va a ser aceptado por los
independentistas porque entre otras muchas cosas el federalismo supone la
igualdad jurídica y competencial entre todas las regiones españolas, los
hipotéticos estados federados. Empeñarse en que el Gobierno dialogue con
quienes solo pretenden imponer sus propias tesis resulta inútil y absurdo. No
se puede dialogar sobre cómo fraccionar o romper la soberanía del pueblo
español.
Es cierto que es hora del
diálogo, pero también de la
Justicia. Pero no parece que los interlocutores existentes
estén por la labor. Quizás haya que ir planteándose que el diálogo deba
establecerse entre la propia sociedad, con otros agentes capaces de anteponer
el interés general a los intereses partidistas pero para ello hace falta que
los ciudadanos despertemos, reaccionemos y seamos capaces de enviar a sus casa
a toda una clase política tan mezquina como inoperante. Estamos ante un grave
problema generado por la clase política que no interesa, al parecer, a la
mayoría de los ciudadanos catalanes si medimos ese interés por su afluencia a
las urnas, pero que sí preocupa al conjunto de la sociedad española y de cuya
solución o agravamiento depende, no nos engañemos, el nivel de bienestar social
y económico del conjunto de los españoles. Buena parte de la clase política
viene situando de forma prioritaria en su agenda el reparto y la ampliación de sus
propias cuotas de poder y no la solución de los graves problemas que afectan a
la mayoría de los ciudadanos y no hay ninguna duda de que terminarán pagando
por ello.
Santiago de Munck Loyola
No hay comentarios:
Publicar un comentario