Si hay una Provincia española especialmente perjudicada por las distintas decisiones que los sucesivos gobiernos del PSOE han venido adoptando en distintas materias es la Provincia de Alicante. No se trata ya únicamente de los graves perjuicios ocasionados al conjunto de la población por la ineptitud de estos gobiernos que son perfectamente constatables cuando se habla de materias como la economía, el desempleo, los recortes sociales, la manipulación de la Justicia o las “ligerezas” en política antiterrorista, sino también de perjuicios concretos y específicos derivados de las discriminaciones sufridas por la provincia en materia de inversiones, los retrasos en infraestructuras como el AVE y, especialmente, la desastrosa política hídrica o, mejor dicho, la ausencia de una auténtica política sobre los recursos hídricos.
Una de las primeras decisiones del Sr. Zapatero fue derogar el Plan Hidrológico Nacional en junio de 2005 que supuso, para empezar, la pérdida de millones de euros de la Unión Europea y la tala de raíz de cualquier aspiración de crecimiento sostenible del levante español. Tras aquella decisión, disfrazada con vacíos argumentos ecologistas, tan sólo se escondían mezquinos intereses partidistas y la visión mesiánica de un mequetrefe encumbrado a la Presidencia del Gobierno tras un brutal atentado terrorista.
Del famoso y tan cacareado “Plan Agua” que iba a ser la panacea para el sediento levante no queda más que las carísimas desaladoras, algunas obras menores y los mismos problemas hidrológicos sin resolver y sin visos de solución inmediata.
Pero el PSOE y su Presidente del Gobierno parece que no se conforman con el desastre que dejan tras de si y antes de abandonar próximamente el poder, tal y como parece que vaticinan todas las encuestas, han decidido dar una vuelta más a la tuerca de los agravios.
Parece que, si la indignación de tanta y tanta buena gente no lo impide, que la Confederación hidrográfica del Júcar ha decidido suprimir la mitad de las hectáreas de regadío existente dejando en la ruina absoluta a miles de agricultores que ya se las ven y desean para poder subsistir en estos difíciles tiempos.
Bueno sería, además, recordar que todos los expertos y científicos llevan años pronosticando el progresivo proceso de desertización de la Provincia de Alicante. Proceso que en el 2005 ya superaba el 40 % de la superficie de la Provincia y que de ponerse en marchas medidas correctoras urgentes alcanzará el 100 % en un plazo no superior a 60 años.
Pues bien, es evidente que ni la situación de miles de familias de agricultores pendientes de la última gota de agua para sus explotaciones en las que se ha invertido mucho dinero para maximizar el uso del agua de riego, ni la grave situación del proceso de desertización del territorio que se vería acelerado con un recorte de las zonas de regadío, parece que importe lo más mínimo a los responsables del Gobierno de la Nación, del Ministerio y de la CHJ.
El próximo días 23 de julio más de 40 Alcaldes, políticos provinciales y autonómicos, agricultores y ciudadanos se han dado cita en Monforte del Cid para levantar su voz contra esta tropelía y exigir una rectificación inmediata.
La razón no les falta, pero muchas veces ni con la razón se puede convencer a quienes carecen de visión política, de generosidad y hasta de patriotismo.
Santiago de Munck Loyola
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