Nadie da duros a pesetas.

 

Cuando uno no se lee la letra pequeña de un contrato es muy probable que se termine llevando una sorpresa. Y eso es, precisamente, lo que a muchos les está pasando al ir conociendo poco a poco los planes fiscales del gobierno social-comunista de España. No, los 140.000 millones de euros que España va a recibir de la Unión Europea para intentar salir de la catástrofe económica provocada por la gestión del Covid19 no son gratis, no son una ayuda desinteresada. La mitad de esa cantidad, es decir, 70.000 millones de euros vienen en forma de préstamo y, por tanto, hay que devolverlos. Un pequeño detalle omitido por el Presidente del Gobierno en todas y cada una de sus intervenciones públicas autolaudatorias. 

 

Poco a poco, con anuncios, rectificaciones, matizaciones, negativas, excusas y contradicciones ya vamos sabiendo cómo piensa el gobierno social-comunista ajustar las cuentas públicas para conseguir los 70.000 millones que hay que devolver y así se lo ha comunicado a la Unión Europea, por cierto, antes que al Parlamento y al conjunto de los españoles. 

 

Cuando el dinero de la caja no alcanza para pagar todas las obligaciones que uno tiene solo tiene tres opciones: la primera, reorganizar sus prioridades y eliminar todos los gastos superfluos y los prescindibles hasta equilibrar ingresos y gastos. La segunda, aumentar los ingresos hasta alcanzar el nivel de gasto comprometido y aquí también hay dos vías cuando hablamos de la caja pública, bajar la presión fiscal para reactivar la economía y terminar recaudando más o bien aumentarla directamente lo que supondrá un notable incremento inicial con una caída de recaudación posterior. Y la tercera opción es combinar las dos vías anteriores.

 

Según los planes remitidos a Bruselas por el Gobierno la vía escogida por el Gobierno es la más sencilla: aumentar los impuestos especialmente a las clases media y baja, exprimirnos fiscalmente. No sólo se prevé una subida de las contribuciones en el ámbito laboral y especialmente en las cotizaciones a la seguridad social, sino que se pretende recaudar más aumentando el impuesto de sucesiones con la excusa de la armonización territorial, incrementando el impuesto sobre el Patrimonio con la misma excusa, aumentando la fiscalidad al diésel combustible empleado por los transportistas y por los ciudadanos menos pudientes o creando un nuevo impuesto por circular por la carreteras que ya hemos pagado con la excusa de contribuir al mantenimiento de la red viaria.

 

Los apologetas del gobierno siempre justifican estas decisiones aludiendo a la necesidad de homologarnos con Europa y tratan así de vestirlas con un aura de modernidad que no se compadece con la realidad. Puestos a homologarnos ¿Por qué no lo hacemos con los sueldos o las pensiones de alemanes, belgas o franceses?

 

La realidad es bien distinta. En la UE, casi la mitad de sus miembros no tienen ningún impuesto de sucesiones. Junto a España, lo mantienen Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Croacia, Italia, Lituania, Polonia, Hungría y Eslovenia.

 

En cuanto al impuesto sobre el patrimonio no existe ninguna posibilidad de homologación porque España es la excepción en la UE, ya que es el único país en el que aún se aplica. Francia ya lo suprimió a partir del 1 de enero del 2018 y lo reemplazó por un gravamen sobre las viviendas con un valor superior a 1,3 millones de euros, excluyendo los bienes no inmobiliarios. Muchos países nunca han tenido un impuesto sobre el patrimonio (entre otros, Italia, Grecia, Portugal, la República Checa, Hungría o el Reino Unido), mientras que otros Estados lo han ido eliminando en las últimas décadas.

 

Lo que es evidente es que el Gobierno no contempla ni un solo recorte en el gasto. Tendremos que devolver 70.000 millones de euros a Europa, pero nuestras administraciones seguirán viviendo como si fueran ricas. No se plantean acabar con las administraciones duplicadas, con los cientos de organismos-chiringuitos inútiles, con los cientos de millones de euros anuales destinados a subvencionar a Partidos Políticos y a las 3.284 franquicias de patronal y sindicatos, con los regalos millonarios a empresas en quiebra técnica como la compañía aérea chavista “Plus Ultra”, con los cientos de millones anuales destinados a televisiones estatales y autonómicas deficitarias, con las pensiones privilegiadas de la clase política, con el despilfarro en asesores en todas las administraciones públicas, con los regalos en material militar a nuestros queridos vecinos del sur, con la reforma de la caja de pensiones para evitar su uso para quienes nunca han contribuido a la misma, en definitiva, el Gobierno no se plantea en modo alguno hacer las profundas reformas que el Estado de una sociedad avanzada necesita.

 

Apostar por más hachazos fiscales será aplicar una simple tirita a una herida profunda, un parche que momentáneamente podrá funcionar, pero que inevitablemente terminará en una terrible hemorragia. ¿Por qué será que da la sensación de que estamos en manos de indolentes, perezosos, dogmáticos, manirrotos e irresponsables? ¿Por qué tienen tan poca empatía con los ciudadanos más vulnerables? Y, sobre todo, ¿por qué nos mienten tanto?

 

Santiago de Munck Loyola